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Las tasas judiciales no se recuperan aunque se gane el recurso

2013 octubre 11

Sorprendida me he quedado al leer en mi email la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 1ª, de 5 de septiembre de 2013, que desde Sepín se me trasladaba.

Dicha sentencia no es que no se ajuste a la Ley, que se ajusta a la perfección, pero como tantas otras veces, no se ajusta a lo que es “justo” para el ciudadano. En el supuesto de la sentencia, una persona recurre en apelación, por lo que debe abonar los 800 euros fijos mas un variable, en concepto de tasa judicial. Su recurso es estimado íntegramente pero, en cambio, no tiene derecho, según nuestras leyes actuales, a que se le abone el gasto que le causado verse en la necesidad de tener que recurrir para que le diesen la razón.

Y el motivo de esto, ¿cual es? Pues muy sencillo. El artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho artículo establece que en caso de estimación total o parcial del recurso de apelación (entre otros) no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Y en realidad, si lo pienso bien, es una injusticia para el que se ve en la necesidad de recurrir, pero también sería una injusticia que tuviese que pagar la parte a la que finalmente perjudica el recurso sólo porque el tribunal de primera instancia no ha hecho bien su trabajo, no?

En primera instancia las costas son así, haciéndolo muy sencillo para que sea comprendido por todos. Uno reclama algo, el otro se opone. Si finalmente el que reclama tenia derecho a lo que reclamaba, gana y el otro paga las costas. Si no tenía derecho a lo que reclamaba, pierde y paga las costas este primero al que ha sido demandado. En segunda instancia, los motivos para recurrir son por aplicar preceptos de forma errónea por el Juzgador de primera instancia o por valorar, este mismo juzgado, erróneamente la prueba practicada en el juicio. Por ello, entiendo que en parte no sería justo que el que es parte recurrida en un recurso de apelación, encima de que el recurso no le favoreciera tuviese que pagar por no hacer bien su trabajo el juzgado de primera instancia.

Mi conclusión, aunque quizá un poco aventurada, es que la devolución del importe de la tasa, en caso de estimación del recurso de apelación en los casos comentados, debería ser a cargo de quien realmente cobra esa tasa como consecuencia de un mal trabajo por parte de la Administración de Justicia.

El indulto: Para quién y qué es lo que supone.

2013 enero 31
por AVT Abogados

 

Últimamente no hacemos más que leer y escuchar cosas sobre el indulto. Es un término legal que nunca ha tenido la presencia en los medios que está teniendo ahora, y por eso voy a recoger lo que establecen las leyes sobre el indulto.

 

¿Qué es el indulto?

Empezando por el Código penal, en sus artículos 4.3, 4.4 y último párrafo así como el artículo 130.1.4º, dicen lo siguiente:

El artículo 130.1.4º del CódigoPenal, recoge el indulto como causa que extingue la responsabilidad penal, por lo que el condenado no cumplirá la condena impuesta.

El artículo 4, en sus apartados 3, 4 y último dicen lo siguiente:

 “3. (El Juez o Tribunal…) Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.

4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada.

También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria.”

En España, tenemos la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. En ella se establece por un lado, quienes pueden ser indultados, por otro, las clases de indultos, y por último, el procedimiento para solicitarlo y concederlo.

 

¿Quién puede solicitarlo?

En cuanto a quienes pueden ser indultados, cabe decir que la Ley recoge que podrán ser indultados los reos de toda clase de delitos, y podrán serlo de toda o parte de la pena. 

Se exceptúan los procesados criminalmente que no hayan sido aún condenados por sentencia firme, los que estuviesen a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena y, los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme. En cambio, se exceptúan estas excepciones, en el caso de que a juicio del Tribunal sentenciador hubiesen razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle el indulto.

 

Clases de indulto

En cuanto a las clases de indultos, a grandes rasgos cabe decir que existen dos tipos, el total y el parcial. El total supone la remisión de todas las penas a las que hubiese sido condenado y todavía no hubiese cumplido el reo. El parcial supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las que hubiese sido condenado y no hubiese cumplido todavía el reo.

Establece esta Ley que serán condiciones tácitas de todo indulto, (es decir, que el indulto no pueda darse sin estas condiciones), las siguientes:

  1. Que no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos.
  2. Que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte.

Para finalizar, en el artículo 18 de la tan mencionada Ley se establece que la concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable con arreglo a las cláusulas con que hubieres sido otorgado.

 

 

LAS TASAS JUDICIALES: Cuales son los procesos declarativos?

2012 noviembre 21

Cuando la ley habla de que se debe pagar una tasa judicial por la interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos, muchos no saben a qué se está refiriendo la Ley exactamente con eso.

Pues bien, debemos saber que en nuestra legislación civil vigente existen dos tipos de procesos declarativos: el juicio ordinario y el juicio verbal (artículo 248 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por el JUICIO ORDINARIO se tramitan los siguientes procedimientos:

-          Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

-          Las demandas que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial de cualquier otro derecho fundamental.

-          Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración de entidades mercantiles.

-          Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso de tramitarán por el procedimiento que corresponda en función de la cuantía reclamada.

-          Demandas en las que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación.

-          Los que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia.

-          Las demandas que ejerciten el derecho de retracto.

-          Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a los propietarios la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad.

**** Por ejemplo, si se quiere hacer cesar a un vecino de ruidos molestos, actividades ilegales o molestas, que quite un techo que puso sin autorización y que afecta a la estética de la finca, entre otros…

-          Cualquier demanda cuya cuantía exceda de 6.000 euros y aquellas cuyo interés económico sea imposible de calcular.

 

Por el JUICIO VERBAL se tramitan las siguientes demandas:

-          Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer la finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.

-          Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer esa finca.

-          Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

-          Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

-          Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.

-          Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

-          Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.

-          Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

-          Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

-          Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.

-          Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

-          Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

-          Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de esta Ley.

-          Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior.

 

Pero además, existen otros tipos de procesos declarativos, calificados como especiales, entre los que se encuentran comprendidos los procedimientos matrimoniales, sobre capacidad de las personas, filiación y menores; procedimientos para la división judicial de patrimonios (herencias y liquidación del régimen económico matrimonial), el proceso monitorio (para reclamar deudas que consten documentalmente como facturas, albaranes, etc) y el juicio cambiario (para reclamar el impago de letras de pago, cheques y pagarés).

LAS TASAS JUDICIALES: Juicios, recursos y exenciones al pago.

2012 noviembre 21

Ante la publicación en el BOE en el día de hoy de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y su consecuente entrada en vigor mañana día 21/11/2012, voy a concretar un poco el contenido de esta Ley.

Estas tasas tienen el carácter de estatales, por lo que serán exigibles en todo el territorio nacional, y además, sin perjuicio de las tasas que las propias CCA puedan exigir en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras.

Las tasas van a tener que pagarse cuando se realicen los siguientes actos procesales:

1.- Interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil.

2.- La formulación de reconvención.

3.- La petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

4.-La solicitud de concurso de acreedores necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

5.- Interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

6.- Interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil, así como interposición del recurso de apelación contra sentencias y de casación en el mismo ámbito civil y también en el contencioso administrativo.

7.- Interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

8.- Oposición a la ejecución de títulos judiciales.

 

Pero la Ley también ha previsto una serie de EXENCIONES al pago de las tasas, que son las siguientes:

Las exenciones objetivas son:

1.- Interposición y ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

2.- Interposición de demanda y presentación de ulteriores recursos cuando se trate de procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuaciones de la Administración electoral.

3.- Solicitud de concurso voluntario por el deudor.

4.- Interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

5.- La petición inicial de procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros.

6.- La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en caso de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

Desde un punto de vista subjetivo, están exentos del pago de las tasas:

1.- Las personas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2.- El Ministerio Fiscal.

3.- La Administración General del Estado, de las CCAA, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

4.- Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las CCAA.

5.- En el orden social: los trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, tendrán una exención del 60 % en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de recursos de suplicación y casación.

IMPAGO DE PENSIÓN DE ALIMENTOS: Como afrontarlo

2012 septiembre 28

En la actualidad, dada la situación económica existente en nuestro país, es frecuente que padres (en sentido genérico) que tienen la obligación de pagar una pensión de alimentos a su/s hijo/s por así haberlo establecido una sentencia judicial, se vean imposibilitados para atender dicha obligación.

Ante este incumplimiento hay dos posibles vías, una civil y otra penal. Hoy voy a tratar sobre la vía penal.

El artículo 227 del Código Penal establece en su párrafo primero que: ”El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.”

La comisión de este delito únicamente se da cuando se cumplen unos determinados requisitos, siendo uno de ellos, y el que aquí nos atañe, la voluntariedad en el impago. Que quiere decir esto? Pues bien, que únicamente se entiende que se comete el delito de impago de pensiones cuando el obligado al pago NO PAGA PORQUE NO QUIERE, por lo que aquel que no paga porque su situación económica es mala y no puede afrontar ese pago no está cometiendo el mencionado delito, únicamente está incumpliendo una obligación civil.

Por ello, en el juicio lo que se debe probar es la mala situación económica que el progenitor obligado al pago está pasando, para que la sentencia sea absolutoria, dado que en este caso el IMPAGO ES INVOLUNTARIO.

En este sentido hay números sentencias, pero una de las más recientes que dimanan de la Audiencia Provincial de Valencia, es la de 14 de junio de 2011, en cuya fundamentación argumenta lo siguiente:

“Consta que, con independencia de lo que hubiese sucedido con anterioridad, y como ha quedado plasmado en los hechos probados que ha debido corregir este Tribunal ante la absoluta falta de pronunciamiento acerca de ello en la resolución recurrida el recurrente, la obligación de pagar 250 Euros se impuso al recurrente en Sentencia de 24 de febrero de 2009, y consta, véase el Folio 28 de la causa, que en el mes de abril de ese año el recurrente percibía únicamente un subsidio de 421 Euros y pagaba una habitación de 175 Euros lo que en el momento del juicio se mantenía en 426 de subsidio y 150 de habitación.

Es claro que al recurrente, que acredita que carece de bienes, no habiéndose demostrado por la acusación que reciba otros ingresos, no puede serle reprochado en esta vía que no atienda aquello que le vino impuesto pues carece absolutamente de posibilidades, por lo que esta jurisdicción, represiva y sancionadora de conductas, no debe entrar a pronunciarse, pues en los casos como el que nos ocupa se han de dar, como sostiene el apelante, dos elementos para afirmar que con su actuar el recurrente llenó los requisitos del tipo, pues NO TODO IMPAGO DE PENSIONES CONSTITUYE EL ILÍCITO QUE AQUÍ SE PERSIGUE, SINO QUE LO SERÁ AQUEL CUYO AUTOR, PUDIENDO, NO QUIERE PAGAR.

Y la falta de estos dos elementos se aprecia claramente en el actuar del recurrente en el caso que nos ocupa, pues no puede dejar de afirmarse que el recurrente carece de patrimonio con el que hacer frente a la obligación de pago, por lo que malamente puede extraerse de esa falta de caudal que no paga por no querer, pareciendo que no lo hace porque no puede, pues en ocasiones y en lo que ha podido parece que ha acudido a atender las necesidades de su descendiente, por lo que no pueden encontrarse en su actuar los elementos objetivos y subjetivos del tipo por el que viene siendo acusado, debiendo estimarse el recurso y revocarse la sentencia que viene dada, absolviendo al apelante del delito del que viene acusado, y ello declarando de oficio las costas, en ambas instancias.”

El nuevo procedimiento de desahucio: la ley 37/2011, sobre medidas de agilización procesal

2011 noviembre 1
por AVT Abogados

El pasado 10 de octubre fue aprobada la Ley 37/2011, sobre Medidas de Agilización Procesal, que ha sido publicada en el BOE en fecha 11 de octubre de 2011.

Esta Ley modifica, entre otras cosas, el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo al procedimiento de desahucio por falta de pago de una manera muy curiosa y que, una vez se lleve a la práctica, veremos si agiliza, como pretende hacer, o ralentiza todavía más la Justicia.

Hasta ahora el procedimiento de desahucio por impago de rentas se tramitaba como un juicio verbal. ¿Esto que significa? Resumidamente, ante el impago de la renta se presenta una demanda de desahucio por impago, el Juzgado dicta un decreto en el que tiene por presentada la demanda, y señala día y hora para el juicio, así como día y hora para el lanzamiento del desahucio (desalojo forzoso). Este decreto así como una copia de la demanda se le notifica al demandado, quien deberá contestar en la vista de juicio. El día del juicio, si el inquilino no ha satisfecho todo lo adeudado hasta ese momento, se celebra juicio confirmando o modificando las cantidades adeudadas y, como suele ser lo habitual, al no comparecer el demandado, el procedimiento queda visto para sentencia y se declara el desahucio sin más trámites.

La sentencia se dicta dentro de los 5 días siguientes a la celebración del juicio y, una vez tenemos la sentencia, la ejecutamos solicitando que el lanzamiento se haga efectivo en la fecha prevista. Llegada la fecha prevista, una comisión del Juzgado acude al domicilio que debe ser desalojado y levanta un acta respecto a los desperfectos o enseres abandonados en el inmueble. Posteriormente, se ejecuta la parte dineraria (las rentas que adeuda hasta la fecha del lanzamiento).

Pues bien, con la nueva Ley este procedimiento se modifica en el sentido de que el desahucio por falta de pago se va a tramitar por el procedimiento monitorio. ¿Esto que quiere decir? Quiere decir que, en principio, el procedimiento promete ser más breve. Se presentará una demanda de desahucio, el Juzgado dictará un decreto admitiendo la demanda y señalando día y hora para el juicio, así como día y hora para el lanzamiento del desahucio (desalojo forzoso). Posteriormente, el Juzgado requerirá al demandado para que en el plazo de 10 días, desaloje el inmueble, pague lo que adeuda o se oponga por no estar conforme con la reclamación que se le hace, notificándole la fecha prevista del juicio y del lanzamiento.

Si se opone, se celebrará la vista de juicio, si paga, se enerva el desahucio (se impide), pero la gran novedad es que, si el demandado no desaloja, no paga y no se opone, se procederá al “inmediato lanzamiento” (desalojo forzoso) sin necesidad de notificarle nada posteriormente y evitando celebrar una vista de juicio totalmente innecesaria dadas las circunstancias.

Esperemos que esta modificación ayude a dotar de rapidez estos procedimientos y que no pase todo lo contrario al saturar de procedimientos monitorios los juzgados.

Desahucio por precario y divorcio: atribución del uso de la vivienda

2011 abril 8
por AVT Abogados

El motivo de escribir este post es la noticia relativa al desahucio de una mujer y sus tres hijas por su ex suegro.

Ante esto debo decir que esta sentencia del Alto Tribunal no es, ni mucho menos, pionera, pues ya en 2008 una Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de octubre, fijó como doctrina jurisprudencial que la situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación, y sin fijación de plazo por su propietario, para ser utilizada como vivienda familiar, una vez rota la convivencia conyugal, es la de precarista, con independencia de que en el proceso matrimonial se le haya atribuido el uso de la referida vivienda.

Esta sentencia vino a confirmar el criterio mantenido en la sentencia de fecha 26 de diciembre de 2005 fijándolo, como ya he dicho antes, como doctrina jurisprudencial.

Al hilo de lo comentado, me gustaría analizar el desahucio por precario de forma escueta, y para ello, considero de vital importancia, saber qué se entiende por “precarista” y, según el diccionario de la RAE, precarista es aquella persona que posee, retiene o disfruta en precario cosas ajenas. Y a colación de esta definición, lo oportuno es definir “precario”, y lo definimos como “aquello que se tiene sin título, por tolerancia o inadvertencia del propietario”.

Por lo anteriormente expuesto, cuando hablamos de desahucio en precario, nos referimos al desalojo mediante un procedimiento judicial de aquellas personas que posean un inmueble (generalmente vivienda) del que no sean propietarios ni tengan título para poseer, como podría ser un contrato de alquiler, de comodato, usufructo, etc… y sin pagar ningún tipo de contraprestación por dicha posesión.

Lo más característico de la situación del precarista es que el propietario del bien puede poner fin a la posesión del precarista en cualquier momento.

El procedimiento judicial del desahucio por precario puede iniciarse por el propietario, y la demanda se dirigirá contra el precarista, aun en el caso de que se conozca que en el inmueble conviven mas personas, pues la sentencia de desahucio será extensiva a todos aquellos que convivan con el precarista.

La jurisprudencia ha establecido que deben cumplirse 3 requisitos necesariamente para el ejercicio de la acción de desahucio por precario, y estos requisitos son:

1. Que el demandante justifique suficientemente la titularidad del bien en cuestión por el que pretende el desahucio.

2. Identificarse la finca urbana objeto de reclamación.

3. Que el demandado esté en posesión de la finca o la disfrute, sin que haya contraprestación, renta o merced.

Es obvio que de los tres requisitos, con respecto a los dos primeros no tiene por qué surgir problemática alguna, salvo en casos excepcionales y demasiado complicados para comentarlos ahora. Pero no cabe decir lo mismo con respecto del tercer requisito: “Que el demandado esté en posesión de la finca o la disfrute, sin que haya contraprestación, renta o merced”, puesto que no son pocas las sentencias que han entrado a valorar lo que puede o no puede entenderse como contraprestación, renta o merced, a la hora de encontrarse con un procedimiento de estas características.

Un ejemplo de ello, es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª), de fecha 31 de marzo de 2008, en la que se establece en su Fundamento de Derecho Segundo, lo siguiente:

“Sentado lo anterior, el recurso ha de ser desestimado, por cuanto la demandada carece de título para la ocupación y conforme señala la Jurisprudencia el hecho de realizar obras de adaptación en el inmueble que viene ocupando, no puede estimarse como eliminador del precario, en tanto en cuanto no se acredite que son estimadas por el arrendador en concepto de contraprestación por el uso concedido, y en razón de él, y no en exclusivo beneficio del usuario del inmueble. Es evidente que el favorecer a otro permitiéndole ocupar una vivienda, no obliga al favorecedor a proporcionarle también los servicios de agua y luz, ni obviamente tampoco a acondicionarle la vivienda para comodidad del favorecido, teniéndose sentado con reiteración que no enerva el precario el hecho de que el ocupante u ocupantes hayan venido abonando todos los gastos relativos al inmueble, pues es doctrina jurisprudencial reiterada la que declara que el hecho de pagar merced o renta, que excluye la condición de precarista, no esta constituido por la mera entrega de una cantidad en dinero sino que ha de ser esa entrega por cuenta propia y a título de renta, y aceptada expresa o tácitamente en este concepto, lo que no consta haya ocurrido en el supuesto debatido.”

Aun así, la interpretación sobre lo que se entiende o no por contraprestación, renta o merced, suele generar debate en no pocos casos, por lo que siempre debemos estar pendientes de las novedades jurisprudenciales.

Divorcio express: el divorcio de mutuo acuerdo

2011 marzo 31

Hace algunos años apareció el llamado ‘divorcio express’, pero nadie sabía exactamente en que consistía. Por su denominación, lo previsible y acertado era pensar en un divorcio rápido, pero la cuestión es como se consigue esto en la práctica.

El concepto de divorcio express surge con la inclusión del denominado divorcio de mutuo acuerdo en la legislación civil, concretamente, y a nivel procedimental, en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este procedimiento se inicia con una demanda de divorcio y los documentos que debe acompañar son los siguientes:

1. Certificado de matrimonio

2. Certificado de nacimiento de los hijos, en caso de que hayan.

3. Propuesta de convenio regulador.

En la propuesta de convenio regulador lo que se recoge son todas aquellas medidas por las que ambas partes están de acuerdo en regirse después del divorcio. Estas medidas, en el caso de un matrimonio con hijos, son las siguientes:

1. Patria potestad y sistema de guarda y custodia de los hijos menores.

2. Atribución del uso de la vivienda familiar.

3. Régimen de visitas o distribución de los periodos de guardia y custodia, en los casos de custodia compartida.

4. Pensión de alimentos.

5. Pensión compensatoria, en caso de que se acuerde.

Además, hay que tener en cuenta que la legislación permite que en los casos de divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges, junto con el convenio regulador, presenten una propuesta de liquidación del régimen económico matrimonial, que tendrá pleno sentido cuando dicho régimen sea el de sociedad de gananciales, pero también cabe cuando en en el régimen de separación de bienes se ha creado un patrimonio común. Esto es muy aconsejable que se haga en este momento, pues el divorcio únicamente disuelve la sociedad de gananciales, pero no la liquida.

La demanda se presenta en el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al último domicilio conyugal, y debe ir firmada por abogado y procurador. A tenor de esto, cabe destacar que la legislación permite, siendo como es un procedimiento de mutuo acuerdo, que las partes tengan un mismo abogado y procurador o que cada uno tenga su propia representación y asistencia legal.

Presentada la demanda, en caso de que hayan hijos menores, el juez debe dar traslado al Ministerio Fiscal de la propuesta de convenio regulador para que éste examine si con lo pactado por las partes se perjudica en algo los derechos de los hijos, por ejemplo, en caso de que el régimen de visitas no sea proporcionado.

Si el Ministerio Fiscal entiende que alguno de los acuerdos no se ajusta a la legalidad o a lo que más interesa al menor, se da plazo a las partes para que modifiquen el acuerdo ante el que el Ministerio Fiscal muestra reservas. En caso de que esté plenamente conforme con el contenido del convenio regulador, el juzgado citará a las partes para que vayan al juzgado a ratificar el divorcio.

La ratificación del divorcio es un mero trámite en el que las partes van al mostrador de la secretaría del juzgado, dicen que van a ratificar el divorcio, el funcionario les muestra el convenio presentado con la demanda y firman un acta como que ratifican los solicitado en el convenio y demanda presentadas.

Después de la ratificación lo que queda esperar es que el juez dicte sentencia declarando el divorcio y aprobando como medidas del mismo lo propuesto en el convenio regulador. Además, es el propio juzgado el que se encarga de que en el Registro Civil se inscriba el divorcio, por lo que las partes ya no tendrán que preocuparse por nada.

En cuanto al tiempo que puede pasar desde que se presenta la demanda y hasta que se dicta sentencia, no puedo concretar nada pues va a depender fundamentalmente del volumen de trabajo que tenga e juzgado concreto y de su ritmo de trabajo. He tenido casos en los que en 3 meses los cónyuges han estado divorciados, y tenido otros que han tardado un poco más, pero lo que si es seguro es que es mucho mas rápido y sobretodo, beneficioso, que el divorcio contencioso.

Violencia de género: la importancia de denunciar los malos tratos y declarar

2011 marzo 28

De unos años a esta parte la sociedad en general está muy concienciada con el tema de la Violencia de Género, pero los casos de fallecimiento aumentan y las agresiones físicas y amenazas, dentro de este ámbito, también.

Escuchamos noticias cada día en el telediario que nos hace preguntarnos: ¿Que es lo que no funciona? Pues bien, una de las causas que hace que la Ley de Violencia de Género no evite lo que en principio debería evitar es, precisamente, la gran cantidad de casos en los que la víctima, por motivos que no vienen al caso, decide no ratificar su denuncia en sede judicial o, simplemente, no desea declarar en contra del presunto agresor.

Cuando hay una agresión, la víctima o cualquier persona puede poner en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado los hechos y de esta manera se están denunciando estos hechos.

Posteriormente, se detiene al denunciado, se le toma declaración en sede policial y se le pone a disposición judicial, donde deberá prestar declaración o acogerse a su derecho a no declarar. A su vez, a la víctima se le toma declaración ya en sede judicial, pero si la víctima sigue casada con el denunciado, el juez debe avisarle de que, en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene derecho a no declarar en contra de su marido.

Muchas veces, y otras muchas no, por motivos que ellas sólo conocen, se niegan a declarar en contra de su marido en virtud del artículo mencionado y, si no existe ningún otro testigo que haya visto los hechos denunciados y que declare en el juzgado, al denunciado se le deja en libertad y el día que se celebre el juicio, si la víctima sigue sin declarar contra su marido, el resultado normal es que absuelvan al imputado por no existir prueba de cargo contra él (como sería el testimonio de la víctima).

Este aviso de la dispensa que tiene de no declarar en contra de su marido debe el juez hacerla de oficio pues, en caso contrario, podríamos encontrarnos con la nulidad de esa declaración.

Por ello es por lo que, en menos ocasiones de las que a todos nos gustaría, no se le puede dar la finalidad prevista a la Ley de Violencia de Género.

La custodia compartida en Valencia, una realidad

2011 marzo 24

En fecha 24 de marzo de 2011, Les Corts aprobaron en un ‘pleno escoba’ la “Ley de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven”, una ley que ha provocado un intenso debate social ya que instaura en la Comunitat Valencia el sistema de custodia compartida como regla general.

Posteriormente, tras el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno Central, se acordó como medida cautelar, en tanto en cuanto se resuelva el recurso, la no entrada en vigor de dicha Ley. Pues bien, imagino que por el cambio de Gobierno producido tras las pasadas elecciones del 20-N, hoy, 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión de la entrada en vigor de dicha Ley y que la misma sea de aplicación inmediata.

Por ello, concluyo que esta Ley ya es de aplicación en la Comunidad Valenciana, y prosigo con una explicación ya dada en su día sobre lo que supone esta “nueva Ley”.

Debo empezar definiendo qué es la custodia compartida y, por custodia compartida se entiende todo sistema de relaciones entre padres, que ya no conviven, e hijos, en el que el hijo está con ambos progenitores el mismo periodo de tiempo, con la finalidad de que el hijo no vea mermado su derecho de crecer y vivir con ambos progenitores y de mantener la relación con otros parientes.

En la actualidad, el régimen por excelencia que se suele pactar, cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, o el que se establece por sentencia, cuando el procedimiento es contencioso, es el que coloquialmente llamamos “régimen de visitas”, consistente en fines de semana alternos y vacaciones por mitad para el progenitor que no ha obtenido la custodia de los menores (generalmente el padre).

El problema de este sistema tan extendido es que los menores son los que acaban sufriendo las consecuencias de la ruptura de sus padres, pues son ellos los que, al fin y al cabo, se ven privados de un padre o de una madre (salvo uno de cada dos fines de semana y la mitad de vacaciones), pero no sólo eso, sino que también se ven privados de poder disfrutar de las relaciones con otros parientes, como son los abuelos, tíos o primos, entre otros.

Pues bien, con el sistema de la custodia compartida, lo que se pretende evitar precisamente es eso, que el menor no sufra esas consecuencias, pues no debemos olvidar que en estos casos lo que prima es, siempre, el interés del menor.

Con la Ley 15/2005, de 8 de julio, se modificó el Código Civil en materia de separación y divorcio y se añadió la posibilidad de la custodia compartida, pero si bien es cierto que de eso ya hace 6 años, la realidad es que en Valencia no se ha estado acordando dicha medida salvo raras excepciones. Y digo “no se ha estado” porque desde la sentencia del pasado 1/10/2010, la cosa ha cambiado al revocar el Tribunal Supremo una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia en la que se oponía a la custodia compartida establecida por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Valencia. Hasta entonces lo habitual era que, si un Juzgado de Primera Instancia establecía el régimen de custodia compartida, la Audiencia Provincial, al resolver el recurso, con el famoso “corta y pega” incluyese un famoso párrafo (que todos los que nos dedicamos a esto en Valencia, conocemos de sobra) en contra de que se estableciese la custodia compartida.

Desde esta famosa sentencia han aumentado considerablemente los casos en los que, generalmente los padres, no se conforman con los fines de semana alternos e intentan acordar una custodia compartida o la solicitan si el procedimiento no es amistoso.

No debe pasarse por alto que para que se establezca la custodia compartida debe existir un informe psicológico que concluya que este sistema es el que mas favorece al menor en cuestión.

De todas maneras, este sistema de custodia seguirá dando de que hablar, pues el Código Civil nada establece con respecto a que pasa, en estos casos, con el uso de la vivienda familiar, la pensión de alimentos… temas que trataré en un futuro.