
Dos empleados del retén fúnebre trasladan el cadáver del hombre asesinado por su hijo en Benetússer en 2010.
jmartinez@lasprovincias.es
Delirios transitorios, alteraciones afectivas y de conducta, alucinaciones, manías persecutorias o brotes de esquizofrenia acaban muchas veces en tragedia. Los diagnósticos de los forenses se repiten en la mayoría de los juicios a parricidas que apuñalaron, estrangularon o golpearon hasta la muerte a un ser querido y odiado por su mente enferma. Trece mujeres y nueve hombres han perdido la vida a manos de sus hijos en los últimos doce años en la Comunitat Valenciana.
La lista negra de los 20 parricidios, dos de ellos dobles, comienza el 5 de junio de 2000. Un día fatídico para una familia de Moncada. Un chico de 15 años en tratamiento psiquiátrico mató de 14 puñaladas a su madre. El menor, que llevaba varias semanas sin asistir al colegio y recibía tratamiento psicológico, había intentado suicidarse un mes antes del crimen. El 3 de febrero de 2002, un joven vecino de Gandia decapitó a su madre, colocó la cabeza sobre una estantería junto a sus apuntes de Derecho Civil, varias fotos familiares y dos velas. El homicida había discutido con su progenitora porque le exigía que estudiara más.
Otro hombre que atravesó el umbral que separa la demencia y el parricidio fue Gabriel M. El 16 de octubre de 2003, el enfermo mental estranguló a su madre con la cuerda de una persiana en Alicante. El 21 de diciembre de ese mismo año, un joven argentino mató de varias puñaladas a su padre en Llucena. El autor del crimen sufría brotes psicóticos.
Otras dos muertes violentas conmocionaron el 1 de julio de 2004 a los vecinos de Onda. Un dentista mató a cuchilladas a su madre y luego se suicidó. El parricida, que padecía ataques de ansiedad, estaba obsesionado con el secuestro de su mujer. Un rapto que sólo existía en su mente enferma.
Convivió con el cadáver
El 12 de febrero de 2006, una anciana apareció muerta con signos de estrangulamiento en su casa en Guardarmar del Segura. Su hijo, que llevaba una semana conviviendo con el cadáver, confesó el crimen. En diciembre de 2006, otra mujer y un hombre murieron en sendos parricidios en Alicante y Benitatxell. Ella fue asfixiada y él recibió una cuchillada mortal.
En Catarroja, Sergio F. asesinó con un sable a sus padres en septiembre de 2007. El joven tenía entonces 19 años. En 2008, cuatro personas más murieron a manos de sus hijos en Valencia, Llíria y Alfafar; en 2009, un joven mató a sus padres a golpes con un bate de béisbol y un televisor; y en 2010 se registraron otros dos parricidios en la avenida de Burjassot de Valencia y Benetússer.
Cinco víctimas en 2012
En 2012 han muerto cinco personas a manos de sus hijos en Alzira, Algemesí, Alicante y Orihuela. El 12 de febrero de 2012 falleció Elisa Ventura, de 92 años, en su casa de Alzira. La víctima lo había dado todo por su hijo para aliviar la enfermedad mental que sufría, pero Jesús Perepérez degolló con un cuchillo a su madre y luego se entregó a la policía.
El 7 de agosto, Milagros V. S., de 43 años, mató a su madre a golpes con un palo en una vivienda de la calle Germans Pellicer de Algemesí. La víctima y su hija habían discutido días atrás por la propiedad de un coche. Milagros V. estaba muy enfadada porque su madre figuraba como titular del vehículo que conducía el hermano de la homicida.
En Alicante, un hombre con problemas psiquiátricos propinó una brutal paliza a su padre con una barra de hierro. La víctima, que tenía 79 años, murió en el hospital el 23 de septiembre de 2012. Y en una pedanía de Orihuela, un joven toxicómano de 27 años mató el pasado sábado a sus padres a cuchilladas. El parricida se ahorcó horas después en una finca de la localidad murciana de Beniel.
22 víctimas en 20 fechas fatídicas
6 de junio de 2000. Un menor mata a su madre en Moncada.
3 de febrero de 2002. Un vecino de Gandia decapita a su madre.
16 de octubre de 2003. Estrangula a su madre en Alicante.
21 de diciembre de 2003. Un joven mata a su padre en Llucena.
1 de julio de 2004. Mata a su madre en Onda y luego se suicida.
6 de febrero de 2006. Estrangula a su madre en Guardamar.
4 de diciembre de 2006. Asfixia a su madre en Alicante.
24 de diciembre de 2006. Mata a su padre en Benitatxell.
16 de septiembre de 2007. Asesina a sus padres en Catarroja.
12 de mayo de 2008. Mata a su padre adoptivo en Llíria.
16 de mayo de 2008. Asfixia a su madre en un piso en Valencia.
4 de agosto de 2008. Mata a cuchilladas su padre en Alfafar.
19 de noviembre de 2008. Mata a su madre en Valencia.
23 de enero de 2009. Mata a sus padres a golpes en Valencia.
10 de abril de 2010. Mata a su madre en Valencia y se suicida.
8 de noviembre de 2010. Un hombre mata a su padre en Benetússer.
12 de febrero de 2012. Un enfermo mental degüella a su madre en Alzira.
7 de agosto de 2012. Una mujer mata a su madre a golpes con un palo en Algemesí.
23 de septiembre de 2012. Muere un anciano tras ser golpeado por su hijo en Alicante.
17 de noviembre de 2012. Mata a cuchilladas a sus padres en Orihuela y se ahorca.
Imputado por maltrato animal tras practicar sexo con su perra en Torrent y ser descubierto por una vecina
Un hombre de 65 años fue imputado por un presunto delito de maltrato animal tras ser sorprendido cuando practicaba sexo con su perra en un piso de la localidad valenciana de Torrent. El acto de zoofilia trascendió el pasado 25 de octubre porque una vecina llamó al teléfono de emergencias 112.
Los hechos ocurrieron sobre las 19 horas. La mujer subía por las escaleras del edificio donde reside para entrar en su casa, y vio a través de una ventana (del patio de luces) cómo un individuo penetraba al can dentro de una vivienda de la finca.
El Centro de Coordinación de Emergencias envió al lugar una patrulla de la Policía Local, que se entrevistó con la vecina y llamó a la puerta de la casa donde estaban el hombre y la perra. Los agentes se quedaron perplejos cuando abrió el individuo, que estaba desnudo y tenía el pene erecto.
Tras recriminarle su actitud y pedirle que se vistiera, el hombre golpeó al pastor alemán en presencia de los agentes. Fuentes judiciales señalaron que los policías instruyeron las correspondientes diligencias por un delito de maltrato animal y las enviaron al juez de guardia de Torrent. También tomaron declaración a la testigo y avisaron a un centro de protección de animales para que se hicieran cargo del perro. El Código Penal castiga el maltrato animal con penas de entre tres meses y un año de prisión.
Un día después de los hechos, el individuo acudió al retén de la Policía Local para pedir que le devolvieran a su perra. El hombre dijo que echaba de menos al animal.
La localidad de Silla lucha contra la violencia de género con tan sólo un click de ratón
La Policía Local de Silla utiliza desde el año pasado el Sistema Integral de Violencia de Género (VioGen). Es la primera localidad de la Comunitat Valenciana que aplicó este sistema, según informaron fuentes municipales. Se trata de una aplicación informática común para todos los Cuerpo y Fuerzas del Estado para mejorar la eficacia en el seguimiento de las mujeres que sufren la violencia de género con el fin de evitar una nueva agresión. A través de esta base de datos, VioGen, la policía de cualquier punto de España puede acceder a la información sobre las víctimas, agresores y cualquier medida preventiva de protección y alejamiento existente en cada caso. “Es una herramienta de trabajo muy completa, donde dispones de un tratamiento global y permite un seguimiento integral”, advierten desde la Policía Local.
La localidad de Silla vivió un episodio traumático de violencia de género en 2003. Un caso que puso los pelos de punta a los vecinos de la localidad y desde el que la Policía Local junto a las autoridades han puesto todos los medios a su alcance para que no vuelva a repetirse. Fue en este año cuando la Policía Judicial puso en marcha el sistema de seguimiento y tratamiento integral con un contacto específico y personalizado con la víctima de la Violencia de Género. “La plantilla está integrada por gente especializada como abogados, psicólogos, criminólogos, lo que hace más fácil nuestra labor”, explican desde el cuerpo policial. Gracias a ello, “hace tiempo que no tenemos víctimas con lesiones importantes ni casos graves”, añaden. Un problema que podrá atenuarse todavía más con la aplicación del VioGen.
Con tan sólo un click de ratón, la Policía de cualquier punto de España, a donde se haya desplazado la víctima, puede acceder a su ficha y a la valoración policial de riesgo realizada por los agentes que llevan el seguimiento personalizado. “Si la mujer maltratada disponía hasta ahora de una garantía con el seguimiento personalizado ahora estará protegida en cualquier lugar de España”, explican. En el caso de cambio de domicilio, la policía envía una alerta al cuerpo policial pertinente para seguir con la protección de la mujer. “También intentamos evitar con ello el incumplimiento de las órdenes de alejamiento”, añaden fuentes policiales.
A pesar de los recortes presupuestarios del consistorio de Silla, el equipo de gobierno y todas las fuerzas políticas siguen apostando por mejorar la calidad del servicio de la protección de las víctimas de la violencia de género. “esta es una competencia que vamos a seguir apoyando a pesar de que la situación económica del Ayuntamiento nos obliga a recortar en algunas partidas”, advierte el alcalde de la localidad, Serafín Simeón.
ADA DASÍ.
Un halo de misterios y fatalidades rodean al peculiar edificio de ocho alturas en Valencia. Desde el año 1968, la finca parece tener una atracción fatal por las caídas mortales, los delitos de sangre y los delincuentes. El número 1 de la calle Tres Forques, en tiempos pasados el 78 de la calle Cuenca, ha sido escenario de siete truculentos sucesos. Siete muertes en extrañas circunstancias.
El edificio fue construido en 1957, el año que fallecieron 81 personas por la riada. El primer mal agüero. Una placa del Ministerio de Vivienda anuncia que el inmueble está acogido a los beneficio de la Ley de 15 de julio de 1954, un elemento franquista que todavía perdura en el tiempo.
En aquellos años, la vedette Gracia Imperio, bautizada con el sobrenombre de la artista de los ojos musulmanes, ya había debutado en el teatro de La Zarzuela de Madrid. Era una de las estrellas de la revista y las lentenjuelas, una mujer explosiva que se codeó con Antonio Machín y triunfó en Madrid, Barcelona y Valencia. Nada hacía presagiar su trágica muerte en uno de los pisos del maldito edificio.
El 1 de noviembre de 1968, un modisto descubrió los cadáveres de la conocida vedette y su exnovio en la vivienda que la artista había alquilado en el número 78 de la calle Cuenca. La dueña del Mogambo Club de Valencia y de casi todas las casas del edificio, Mercedes Viana, ofreció a Emilia Argüelles, el nombre real de Gracia Imperio, la posibilidad de instalarse en uno de sus pisos. La vedette iba a residir una temporada en Valencia porque dos salas de fiestas la habían contratado.
Pero la muerte y el misterio se dieron la mano aquel fatídico día de noviembre. La Policía halló las espitas del gas abiertas en la vivienda. Minutos antes, el modisto había llamado de forma insistente a la puerta. Nadie contestó. Llevaba una llave del domicilio porque tenía que preparar el vestuario de la artista. Sin embargo, no quiso entrar y llamó al portero del edificio para que le acompañara. Temía que hubiera ocurrido algo grave. Y no se equivocó.
Nada más abrir la puerta, notaron un fuerte olor a gas y segundos después encontraron los cadáveres de Emilia Argüelles y Vicente Alberto Artal en la cama. ¿Suicidio, accidente o asesinato? LAS PROVINCIAS informó al día siguiente de la trágica noticia con un titular a tres columnas y letras mayúsculas: «GRACIA IMPERIO, MUERTA POR INTOXICACIÓN DE GAS». El caso policial se cerró sin culpables, pero se reabrió cinematográficamente el año pasado con el rodaje de un documental sobre las extrañas muertes y los espectáculos de varietés de la época.
“El día que murió Gracia Imperio” es un largometraje que investiga los misterios que envolvieron el caso, a la vez que analiza la revista en el contexto de la sociedad española de la época. Emilia Argüelles llevó de cabeza a la censura franquista porque acostumbraba a cantar mostrando sus pechos y siempre le persiguió un mal llamado halo de misterio, vinculado a su éxito con los hombres y su paso por la prisión por un aborto. A partir de 1962, Gracia Imperio se bajó del teatro para subirse a las salas de fiestas y espectáculos de variedades. Y es aquí donde Valencia se cuela en la vida y la muerte de la artista. Fue la reina del Broadway valenciano, es decir, los teatros de Ruzafa (que han desaparecido de la trama urbanística). Hasta una falla la eligió para hacer su ninot principal. Pero fue en en el edificio maldito, en un piso alquilado, donde encontró la muerte junto a Vicente Alberto Artal Such, un exnovio que residía en Valencia.
«Los amigos y compañeros de Gracia Imperio son muy mayores o ya están muertos», asegura Francesc Betriu, director del largometraje. La cinta cuenta con «opiniones controvertidas» porque ella era «compleja», según Betriu, Cafeterías, teatros y salas sirvieron de localizaciones, aunque la Valencia de la vedette está demasiado lejana en el tiempo y ausente socialmente. Las cámaras no han entrado en el piso donde se encontró el cadáver de la artista de los ojos musulmanes, pero sí viajaron al cementerio de Madrid, donde reposan los restos de Gracia Imperio. El filme, con 700.000 euros de presupuesto, ha sido subvencionado por el Ministerio de Cultura y el IVAC con 75.000 y 90.000 euros respectivamente. Radiotelevisión Valenciana RTVV ha comprado los derechos de emisión.
Tiempo después, otro vecino del edificio, el cuñado de Mercedes Viana (la dueña del Mogambo Club y 11 pisos de la finca), falleció al caer o arrojarse por el hueco de la escalera. «Tenía problemas mentales», recuerda Lidia Domínguez. La cuarta víctima fue un joven de 18 años. Murió en su domicilio en el octavo piso tras consumir presuntamente drogas cuando celebraba su cumpleaños con sus amigos. Sus padres no estaban en casa.
El siguiente suceso se cobró la vida de una niña de dos años. La menor cayó al vacío cuando jugaba a saltar sobre una cama junto a una ventana. Su hermano también se precipitó cuando intentaba agarrarla, pero sobrevivió a la caída e ingresó en estado grave en un hospital. Otra de las personas fallecidas residía en la puerta 15. «Era un hombre muy trabajador y educado», recuerda Pedro Rubio, un mecánico que tiene dos pisos en el inmueble. «Su madre llevaba varios días sin poder contactar con él por teléfono, y cuando vinieron para ver qué pasaba descubrieron el cadáver», añade el vecino.
Un estafador del caso de la Nueva Esperanza, una inmobiliaria que cobró más de 100 millones de las antiguas pesetas por viviendas que nunca entregó, también tuvo su domicilio en el número 1 de la calle Tres Forques. Otro delincuente «saltó del tercer piso cuando huía de la Policía y se rompió la piernas», afirma Rubio. «Tanto suceso da un poco de mal rollo, pero no hay que obsesionarse», dice Pedro Tárraga, un taxista que vive con su pareja en un piso alquilado.
Y en la madrugada del pasado jueves, Javier O., uno de los vecinos de la puerta 10, mató presuntamente a una prostituta y escondió el cadáver en el trastero del edificio. El homicida, de 40 años y con antecedentes policiales, fue detenido unos 10 minutos después por la Policía Nacional en el centro de la ciudad. El sospechoso llevaba la ropa manchada de sangre y un cuchillo cuando fue apresado en la calle Balmes.
Los gritos de la víctima despertaron a varios vecinos, que llamaron a la Policía o se asomaron por la mirilla de su puerta, como hizo Benito Grande, un inquilino del tercer piso. Eran las cinco de la madrugada. Al lugar de los hechos acudieron con urgencia varias patrullas de la Policía Nacional. Los agentes descubrieron el cadáver de la mujer en el portal de la finca.
El homicida escondió el cuerpo en un trastero donde los vecinos guardan bicicletas y utensilios viejos. «Había señales de arrastramiento y la puerta del trastero estaba abierta», explica un inquilino del inmueble. Un médico del SAMU certificó la muerte de la mujer y dejó el camino libre a los investigadores y el forense.
Un equipo de Policía Científica realizó una minuciosa inspección en el portal del edificio, el cadáver y las escaleras, donde un rastro de gotas de sangre llevó a los agentes hasta el piso donde residía el detenido: la puerta 10 en la quinta planta de la finca. Mientras tanto, agentes del Grupo de Homicidios recogían los primeros testimonios de un compañero de piso del homicida y de varios vecinos que habían oído golpes y gritos.
Según la reconstrucción de los hechos realizada por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, el homicida bebió una botella de vino durante la cena con un compañero de piso. Al parecer, Javier O. también consumió cocaína. Ambos residen en sendas habitaciones realquiladas por un tercer hombre, que también vive en la vivienda. Uno de los inquilinos se marchó a trabajar, el otro se fue a dormir a su habitación y Javier O. contrató los servicios de una prostituta brasileña. La víctima, que no llevaba ningún documento de identidad, recibió una paliza mortal sobre las cinco de la madrugada. Un vecino escuchó sus gritos poco antes del crimen. «Oí golpes y luego la mujer gritó algo en un idioma extranjero», asevera Benito Grande. Era Edilene Oliveira, de 32 años, que intentaba zafarse de su agresor. El juez de guardia decretó ayer el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza para el presunto homicida.
1. Transmisión de información sobre violencia de género.
Los medios de comunicación han conseguido en los últimos años que la violencia contra la mujer haya superado su dimensión estrictamente privada, policial y judicial para pasar a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, un ataque a la esencia de la democracia.
La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer debe garantizar, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se debe tener especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.
Además, los medios de comunicación deben fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos, así como no embellecer las informaciones sobre violencia de género (es decir, omitir detalles escabrosos para evitar el morbo y el sensacionalismo) y preservar los derechos de la víctima.
Pero es también obligación del funcionario policial no facilitar determinada información sobre la violencia de género. Asimismo, nunca se deben facilitar a los medios de comunicación la filiación de las víctimas ni sus direcciones.
La identidad de la víctima se debe proteger al máximo, ya que la difusión de un caso de violencia de género conlleva una segunda victimización en muchos casos.
Cuando se facilitan datos a los medios de comunicación sobre un caso de violencia de género (a través de una nota de prensa o declaraciones de un portavoz policial) se deben evitar entrar en aspectos que pudieran interpretarse como justificación de la acción violenta o eximentes de responsabilidad.
Así, la principal pauta es respetar la intimidad de la víctima y sus familiares. Tanto los periodistas como los funcionarios policiales que ejercen de portavoces tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de la mujer maltratada. Para ello, los agentes no pueden facilitar a los periodistas ningún dato identificativo de la víctima ni sus familiares.
En las notas de prensa referidas a episodios de violencia de género sólo hay que reseñar la edad de la víctima, pero en ningún caso su nombre, ni dirección del domicilio familiar, ni el nombre de la población donde ocurrió el delito si la localidad tiene pocos habitantes y es fácil reconocer a la persona afectada.
Respecto al detenido, los medios de comunicación suelen omitir los nombres y apellidos de los implicados y los sustituyen por las iniciales, excepto si el asunto afecta a personas de relevancia pública.
Una vez que hay sentencia firme, nada impide a un periódico publicar los nombres y apellidos de los condenados, aunque se deben omitir estos datos en los casos, por ejemplo, de que los detenidos sean menores de edad o se reconozca a una víctima por la identidad del agresor.
2. Consecuencias penales.
Tanto los gabinetes de prensa policiales como los propios periodistas deben poner especial énfasis en las consecuencias penales a la hora de transmitir o publicar, respectivamente, una información sobre violencia de género.
Todas las semanas se difunden notas de prensa con estadísticas sobre el número de detenidos por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los juzgados también facilitan sentencias a los medios de comunicación sobre condenas por delitos de violencia de género.
Convertir una noticia en espectáculo, destacar excesivamente un episodio de violencia de género o poner un titular sensacionalista conlleva un riesgo, ya que el autor del delito de violencia de género tiene tendencia al protagonismo. Además, algunas noticias sensacionalistas refuerzan las actitudes de un maltratador debido al efecto mimetismo.
Las imágenes sangrientas, los dramas contados con exceso de morbo, la información poco contrastada y los testimonios inoportunos de algunos vecinos ayudan muy poco en la prevención de los malos tratos en el ámbito familiar. Los expertos en delitos de violencia de género no son partidarios de la censura, pero insisten en que hay que informar con más prudencia y menos sensacionalismo.
3. La segunda victimización, un sufrimiento añadido.
Las personas que sufren episodios de violencia de género padecen en muchos casos lo que se conoce como segunda victimización, que es un sufrimiento añadido que les infieren las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir las diligencias: policías, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, entre otros.
Asimismo, la segunda victimización es la angustiosa situación que supone revivir el papel de víctima durante el protocolo de actuación para los casos de violencia de género, y con el agravante de que este nuevo daño psíquico se genera por la intervención de instituciones y profesionales de las que la víctima espera ayuda y apoyo. Por ello, la persona afectada no es sólo víctima de un delito, sino también de la negligencia del sistema.
El daño psíquico que sufren las víctimas de malos tratos, así como la vulnerabilidad de estas personas, conlleva que sea más fácil que puedan padecer nuevos perjuicios, especialmente si reviven el episodio de violencia varias veces en una relación asistencial (médica, policial, jurídica, psicológica, social, etc.) que genera la segunda victimización.
El protocolo de actuación en los casos de violencia de género victimiza de nuevo a la persona afectada al obligarla a contar la historia de su trauma por enésima vez, con el consiguiente riesgo de recaída en el daño moral padecido.
La calidad de la atención sanitaria, policial y periodística determinará si la víctima presenta en un futuro nuevas denuncias por violencia de género. La intervención debe ser apropiada en función de la situación de crisis de la persona afectada. Los objetivos en la primera toma de contacto o primera actuación del funcionario policial son fundamentalmente dos: aumentar la seguridad personal de la mujer agredida para que se sienta protegida y seguidamente informarle de sus derechos.
En definitiva, hay que reducir al mínimo las molestias a las mujeres derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Esto se consigue cuando se presta a la víctima una atención lo más adecuada, agradable y eficaz posible. El protocolo no ha de ser seguido sin contemplaciones por la persona afectada, sino que son los profesionales (sanitarios, agentes sociales, psicólogos, funcionarios policiales, abogados, jueces y fiscales) los que se tienen que coordinar para actuar según las características específicas de cada víctima y sin generar más daños psíquicos a las mujeres.
El sentimiento de indefensión, la sensación de que le responsabilicen en parte del episodio de violencia, la presunta indulgencia con el agresor, o el hecho de que pongan en tela de juicio los hechos que relata o juzguen su forma de vida, su indumentaria, etcétera, son aspectos que contribuyen también a la segunda victimización y que afectan a la toma de decisiones de la mujer afectada.
Durante la entrevista que periodista o el funcionario policial mantienen con la denunciante hay que evitar realizar comentarios que puedan generar un sentimiento de culpabilidad en la mujer. Existe una tendencia en las víctimas a sentirse personalmente responsables o culpables por el incidente traumático, por no ser capaces de detener la violencia o por tolerar los malos tratos. Además de informarle de sus derechos, el agente puede hacerle comprender que no está sola y que otras personas se interesan por ella y le ayudarán a superar el trauma.
Si se actúa con delicadeza y eficacia desde el principio se puede reducir la carga de culpabilidad y autocondena que pesa gravemente sobre las víctimas de malos tratos, y evitar su segunda victimización.
En los casos en los que las víctimas o los testigos son niños se debe evitar que los procedimientos sufran dilaciones innecesarias. El lenguaje y los aspectos formales tienen que tener en cuenta la edad y el desarrollo del menor. Asimismo, los funcionarios policiales tratarán de que el niño no declare más veces (de las que estrictamente sean necesarias) sobre los mismos hechos violentos que sufrió o presenció.
4. Tercera o cuarta victimización.
Además de los policías, guardias civiles, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, existen otros factores sociales que pueden generar la segunda, tercera o incluso una cuarta victimización. Estos son los medios de comunicación. Asimismo, el tratamiento informativo de una noticia o reportaje sobre un caso de violencia de género puede hacer mucho daño a la persona protagonista de esa información, es decir, a la víctima.
Si ya es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede resultar aún más humillante para esta persona que todo el barrio o el pueblo conozca su caso a través de los medios de comunicación.
Por ello, el respeto a la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser la principal pauta tanto para los periodistas como para los gabinetes de prensa policiales. Los medios de comunicación tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de las víctimas, por lo que no debenfacilirar ningún dato identificativo de estas personas ni de sus familiares.
El infortunio y la muerte se dieron la mano en la madrugada del 20 de enero en la plaza del Olmo en Navajas. Un hombre de 45 años, José Enrique Valero Blasco, murió decapitado por un toro embolado que se encaramó a una montaña de leños, el lugar que la víctima había elegido para presenciar el festejo taurino.
Tras cortar la cuerda el hijo del alcalde y soltar el rabo otro aficionado, el astado sólo tardó unos segundos en subir al montón de troncos de la hoguera de San Antonio. Allí había tres hombres. Dos de ellos saltaron y lograron esquivar al animal, pero José Enrique Valero cayó entre los leños y un muro. El hueco parecía una trampa mortal.
El toro de unos 400 kilos de peso aplastó a la víctima. La muerte fue inmediata. La cabeza del hombre quedó separada del tronco. Cómo sucedió la decapitación es algo que tendrá que desvelar la autopsia. Los testigos conjeturaban ayer que el animal pudo haber pisoteado al aficionado cuando su cabeza estaba entre dos troncos. Otros comentaban la posibilidad de que el armazón de hierro que sujeta las bolas de fuego se hubiera enganchado en el cuello del hombre. Las llamaradas y las chispas impidieron una visión clara de lo que había ocurrido.
Pero el cuerpo quedó tendido. Un joven de Segorbe se percató de la terrible escena. El aficionado se desprendió de la sudadera para tapar la parte superior del torso. Su intención no era otra que ocultar el horror. De inmediato, un médico de la empresa Covasa entró en el recinto del festejo taurino. «Cubrió el cadáver con una sábana para que el resto de la gente no pudiera ver el drama», relató una vecino de Navajas.
El trágico suceso tuvo lugar minutos después de las doce de la noche del 20 de enero. Era el primer embolado del toro, de la ganadería de Vicente Machancoses de Picassent, y quizás cabeceó, por este motivo, con más fijación en aquello que ardía en la punta de sus cuernos.
Tras la muerte del aficionado, el toro fue sacado del recinto para que entrara la ambulancia. Muchos de los vecinos se marcharon con los ojos humedecidos. Otros permanecieron en la plaza hasta que llegaron los agentes de la Guardia Civil de Segorbe y el juez de guardia. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Castellón para practicarle la autopsia.
El alcalde de Navajas, José Vicente Torres, se mostró muy impresionado por el suceso. «Soy aficionado a los toros y he recogido y ayudado a gente herida en varias ocasiones, pero jamás había visto algo igual», afirmó la primera autoridad municipal.
Torres explicó que los festejos programados para el fin de semana no se suspendieron porque a las fiestas de San Antonio Abad «acude mucha gente de fuera del municipio». Sin embargo, durante el sábado las banderas municipales lucieron crespones negros, y sobre las dos de la tarde se guardaron cinco minutos de silencio tras otro festejo taurino.
La víctima se desplazó el viernes por la noche a Navajas con un compañero del trabajo y una amiga. José Enrique Valero era soltero y no tenía hijos. Desde hace ocho años residía en la calle Comtes de Parcent en Almàssera, aunque sus padres, su hermana y las mayoría de sus amigos viven en Alboraya. La noticia de su muerte corrió ayer como la pólvora en esta localidad, donde era muy conocido por haber presidido el club de frontenis. Sus padres fueron informados de la tragedia a las cuatro de la madrugada a través de una llamada telefónica.
Pero la muerte de José Enrique podría haberse evitado con una aplicación más severa del reglamento de festejos taurinos, según el sentir de los padres y la hermana del fallecido. «El montón de leña donde murió mi hermano era un obstáculo dentro del recinto», aseveró Mari Carmen Valero con voz compungida.
La Policía italiana detuvo en el aeropuerto romano de Fiumicino a una joven española, que aseguró trabajar como modelo, por transportar dos kilos y medio de cocaína pura en sus implantes mamarios y en sus caderas, según informaron las agencias France Press y Efe.
Según informaron fuentes policiales, la joven, de 33 años, fue detenida en el control de pasaportes tras desembarcar de un vuelo procedente de Sao Paulo (Brasil), una ruta considerada por los agentes italianos como habitual para la introducción de droga en el país.
A los policías de frontera les llamó la atención lo extraordinario de las curvas de la joven y sus respuestas sobre el motivo de su visita a Italia, que no les terminaron de convencer, lo que propició un control posterior.
En ese control posterior, dos agentes femeninas comprobaron que la modelo española llevaba droga de una purísima calidad en sus voluminosos implantes de pecho y glúteos. La detención de la mujer tuvo lugar el 22 de diciembre de 2011.
Dos prestigiosos forenses y el subdirector médico del centro penitenciario de Picassent coinciden al aseverar que no aprecian ningún trastorno mental grave en Francisco Planells, el hombre que mató a cuchilladas a tres de sus vecinos en la pedanía valenciana de Castellar. Los informes preliminares de los peritos aparecen en el sumario del triple crimen tras dos diligencias realizadas en diferentes momentos.
El primer reconocimiento está firmado por Juan Giner y Santiago Rincón, el subdirector del Instituto de Medicina Legal de Valencia y el jefe de servicio de la Clínica Médico Forense, respectivamente, con fecha 31 de octubre, tres días después de la matanza. Los forenses constataron que el asesino estaba orientado en espacio y tiempo y que su inteligencia y voluntad se encontraban dentro de los límites de la normalidad. El imputado estaba en condiciones de declarar ante el juez.
Tras escuchar su relato de los hechos y confesión durante cerca de media hora, el magistrado Juan Luis Beneyto decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para Planells. También ordenó una serie de pruebas para determinar su estado mental en el momento de los acuchillamientos. Otra de las incógnitas que espera despejar el juez con las nuevos informes es la frecuencia del consumo de sustancias estupefacientes por parte del imputado.
¿Esnifaba cocaína de forma habitual o era un consumidor esporádico? La respuesta a esta pregunta, los exámenes psiquiátricos y la pureza de la droga podrían descartar la psicosis tóxica que algunos expertos creen que sufrió Planells. Las alteraciones de la percepción de tipo paranoide explicarían también la ausencia de un móvil en el triple crimen.
El asesino confeso de Castellar afirmó en su primera declaración ante la Guardia Civil que había consumido un gramo de cocaína y un quinto de cerveza. Su abogado de oficio estaba presente. Horas después, Planells manifestó ante el juez que había tomado siete u ocho cervezas (botellines) tras ser asistido por otro letrado.
Durante su estancia en el centro penitenciario de Picassent, el imputado ha sido sometido a varias pruebas psiquiátricas que descartan una patología aguda. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, las conclusiones de un segundo informe resuelven en el mismo sentido que lo hicieron los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia. El preso no sufre trastornos mentales graves.
El examen, que está firmado por el subdirector médico de la cárcel, se encuentra ya en manos del juez. Los familiares y la esposa de Planells tampoco detectaron ningún comportamiento extraño del hombre de 33 años, excepto su adicción patológica a las máquinas tragaperras.
Ana G., la mujer del asesino, incluso declaró ante el juez que nuncia había visto tomar cocaína a su marido en los 16 años de matrimonio y noviazgo que llevaban juntos. También manifestó que la relación conyugal era buena y que Planells había superado ya la ludopatía. Sin embargo, varios testigos lo vieron jugar a dos máquinas tragaperras poco antes de que matara a cuchilladas a José Ramón, Héctor y Carmen. Del consumo de drogas tampoco hay la menor duda. El propio homicida explicó en su declaración que comenzó tomando cocaína en fiestas y extendió su consumo a algunos fines de semana.













