La avaricia parece que no ha roto el saco durante muchos años en España. Cada vez trascienden más nombres de presuntos corruptos o de individuos con un afán desordenado de poseer, adquirir o esconder riquezas para atesorarlas. Los estafadores profesionales y los ladrones de guante blanco consiguen mucho dinero con artificios y engaños, mientras que algunos políticos y funcionarios aceptan sobornos con papel de regalo. Quizá sean todos de la misma calaña, aunque el delito es muy diferente.

La Guardia Civil registra un despacho durante la operación 'Enredadera' contra una trama de funcionarios corruptos.

Cuando no hay una novedad de la trama Gürtel, son los flecos de los ERE de Andalucía o de los papeles de Bárcenas, sin olvidarnos del caso Filesa, el fraude fiscal de la familia Pujol o el Caso Nóos. Día sí, y día también, nos despertamos con un nuevo caso de corrupción o una macrooperación del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que tienen ya unidades especiales para luchar contra esta lacra, aunque con pocos agentes especializados.

La mayoría de ellos cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, apropiación indebida o malversación de fondos sin intimidación ni amenazas. Tampoco usaron armas ni métodos violentos. Llevaban guantes blancos para no mancharse la manos, como hacen los expertos ladrones de joyas inmortalizados en la gran pantalla.

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

Los políticos y funcionarios corruptos, al igual que algunos estafadores y criminales, suelen utilizar métodos cada más sofisticados para no dejar pruebas de sus delitos. En cierta manera actúan como los grupos de delincuencia organizada. Falsifican documentos, blanquean capitales, defraudan a Hacienda, usan varios teléfonos móviles para eludir las escuchas telefónicas, mienten a sus familias y a sus amigos, cobran dinero tan negro como el carbón, sobornan a cargos públicos, infiltran a compinches en las instituciones…

Carlos Fabra, expresidente del PP en Castellón. Efe,

La lista de fechorías y delitos es interminable, pero causa más alarma social cuando los presuntos autores, implicados en la trama o culpables de los desfalcos son personas que tenían la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos; y por lo tanto, debían respetar, y nunca lapidar, los principios y normas que regulan el derecho administrativo.

Cuando se demuestre que cometieron los delitos y la sentencia sea firme, todo el peso de la justicia tiene que caer sobre estos corruptos de guante blanco. Y mientras tanto, la condena social está ya envuelta en papel de regalo, como las dádivas que presuntamente recibieron.