Las Provincias
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Categoría: Seguridad Privada
La seguridad privada en Cumbres de Calicanto enfrenta a los vecinos

Un cartel que anuncia la vigilancia privada en la macrourbanización.

Delegación del Gobierno reconoce a la subfase Cumbres de Calicanto el derecho a tener vigilancia privada.

La ausencia de vigilancia privada en la urbanización de Cumbres de Calicanto podría dejar a los moradores a merced de la delincuencia organizada. Este es el temor de una gran número de vecinos de esta zona residencial con chalés y parcelas en tres términos: Torrent, Godelleta y Chiva. En los próximos días, los dos vigilantes que patrullaban las calles y los accesos de la urbanización dejarán de hacerlo. El motivo no es otro que la suspensión de este servicio por parte de la Delegación del Gobierno tras la denuncia de unos vecinos que se niegan a pagar la vigilancia privada.

La polémica surgió en 2007 cuando cerca de 80 residentes -el 10 por ciento de los habitantes de la primera fase de la urbanización- se negaron a pagar la cuota mensual para sufragar servicios como la iluminación, el mantenimiento y la vigilancia privada. Los vecinos siguieron percibiendo los citados servicios, por lo que los responsables de la comunidad de propietarios interpusieron unas 60 reclamaciones en el juzgado.

La respuesta de los residentes morosos fue denunciar «como ilegal» la vigilancia privada en uno de los tres núcleos de la urbanización, concretamente en la zona de Cumbres de Calicanto. Las otras dos colonias, San Miguel y Santo Domingo, mantienen sus vigilantes al no existir ningún conflicto entre sus vecinos. «Las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local sólo vienen ocasionalmente. Si ahora nos quitan la vigilancia privada, esta zona se va a convertir en un plato muy jugoso para las bandas organizadas de delincuentes», vaticina Antonio S., uno de los responsables de la comunidad de propietarios.

«Tengo dos hijos menores de edad, y compré mi casa en Cumbres de Calicanto porque tiene un servicio de seguridad privada desde la década de los 80», añade el residente. A pesar de este servicio de vigilancia, la urbanización ha sido escenario de terribles sucesos en los últimos años, como un doble asesinato y un tiroteo, y también se ha convertido en refugio de traficantes de droga. La comunidad de propietarios, que ha recurrido la resolución de la Delegación del Gobierno, aduce que un informe policial avala «la conveniencia del servicio de seguridad privada», y cuatro sentencias desvelan «los intereses ocultos de los vecinos que se oponen».

jmartinez@lasprovincias.es

Horas después del artículo publicado en LAS PROVINCIAS, uno de los vecinos que se oponen al servicio de seguridad privada nos envió la siguiente rectificación:

La lectura del artículo me lleva a una conclusión: o la información que han recibido para redactarlo es absolutamente insuficiente (o incluso malintencionadamente errónea), o existe algún “interés oculto”, pero no en los vecinos que se han opuesto al pago, sino en la propia redacción del artículo, por lo que, como espero y deseo que sea lo primero, quiero esbozar algunos aspectos del mismo que no se ajustan a la realidad y que deben conocer para valorarla con una objetividad de la que se ha carecido. Cuando se construyó en los años 70, la urbanización no fue cedida a los ayuntamientos por los problemas económicos y técnicos que tuvo la urbanizadora, lo que obligó a constituir la “Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto”, para que se encargara del mantenimiento de aceras, recogida de basuras, alumbrado público, administración, etc.

Además, mediante la decisión de asambleas con participación muy minoritaria, se contrató un servicio privado de autobuses (que incluso ha coexistido con el público) y vigilancia privada que, si bien no era deseada por gran parte de propietarios de los tres núcleos, se veían obligados a pagar porque los suministros básicos se pagaban en el mismo recibo. Pero la situación cambió en el momento en el que los ayuntamientos aceptaron la recepción de las fases de la urbanización que a cada término correspondía, por lo que pasaron a prestar todos los servicios citados (cuyo coste se repercute a través del IBI urbano o de tributos específicos para ello); evidentemente la Policía Municipal patrulla por sus términos (como en cualquier periferia urbana), así como la Guardia Civil, aunque no con la frecuencia que los vecinos querrían.

Simultáneamente, las pugnas por la gestión, al “control” del presupuesto recaudado, las incidencias detectadas en las auditorías de las cuentas anuales, ocasionó la ruptura en dos asociaciones, que pretenden imponer sus decisiones a los vecinos de los ámbitos territoriales que se han distribuido (que no coinciden con los términos municipales). Para ello se arrogan una condición de la que carecen, pretendiendo tener la consideración de comunidades de propietarios (para poder actuar con la posición legal de cualquier comunidad de vecinos), pese a que no existe ningún elemento común (ni piscinas, ni locales, ni establecimientos… sólo son viviendas repartidas en tres términos municipales e incluso atravesadas por una carretera).

La situación hace que en realidad el único cometido de estas Asociaciones de propietarios, que legalmente son meras sociedades civiles (como cualquier otra asociación de vecinos de nuestras ciudades y pueblos) a las que constitucionalmente todo ciudadano tiene derecho a pertenecer o a abandonar, tiene como único cometido el contratar una vigilancia privada cuyo coste intentan que sea sufragado entre todas las personas que cuentan con una parcela, de forma que se reduzca su coste para los realmente interesados. Se llega al extremo de que “exigen” el mismo pago (alrededor de 30 euros mensuales) a aquellos propietarios de parcelas que carecen de construcción alguna y que no tienen nada que vigilar. Más aún, es discutible que en aplicación de la Ley de Protección de Datos puedan mantener legalmente la información que utilizan: si estás controlado se exige el pago, si no estás en su relación, como sucede en bastantes casos, no piden dinero por la “protección”.

Obviamente los vigilantes carecen de cualquier condición de autoridad pública, y si existe cualquier incidencia lo único que pueden hacer es llamar a la Policía o Guardia Civil, al margen de las gestiones que puedan realizar a algunas personas. Lamentablemente muchos vecinos pagan los recibos que emiten, con un formato casi idéntico al de los tributos emitidos por las entidades públicas, porque ignoran que son los ayuntamientos quienes les prestan los servicios, o bien porque temen no pagar las cuotas, para evitar las demandas judiciales con las que las asociaciones permanentemente amenazan con iniciar contra aquellos que quieren que se respeten sus derechos (el presupuesto de las asociaciones se reduce al coste de vigilancia, la administración por la emisión de recibos y multitud de gastos judiciales).

Consiguientemente el último párrafo del artículo “los intereses ocultos de los vecinos que se oponen” debería sustituirse por la realidad “los ocultos intereses personales de los cabecillas de las asociaciones”, por cierto liderada por una minoría, a cuyas asambleas no suele asistir más allá del 5% del “censo” de asociados que dicen tener. Agradecería que los artículos se publiquen una vez contrastadas las fuentes informativas, evitando redacciones e insinuaciones como las vertidas en éste; si no conociera la realidad habría recibido una visión absolutamente equivocada de los hechos. La credibilidad de su periódico no permite que se viertan afirmaciones gratuitas y erróneas como las de este artículo. Por cierto…no me identifico conscientemente, como puede suponer, por miedo a “represalias” (demandas, escritos…) como la mayor parte de las personas que aún pagan (o que de hecho aún pagamos aunque de muy mala gana) los recibos que se emiten por la asociación. Ojalá no puedan mantener el servicio de vigilancia, lo que mejorará drásticamente el ambiente en la urbanización y, en el caso de que puedan hacerlo que sus servicios y sus costes se ciñan exclusivamente a quienes los deseen. Supongo que no habrá escrito de rectificación en el diario, y si lo hay será sin la relevancia que se ha dado al artículo hoy publicado.

Un segundo correo de rectificación al primer artículo afirma textualmente:

“Le suplico que retire la palabra moroso de su enunciado o artículo como desee llamarlo hasta que un juez dicte sentencia y yo no desee pagar, porque si me permite un ejemplo lo mismo podría decir yo de alguien que fuera allegado suyo y escribir que es un moroso o morosa. Antes de escribir o de copiar lo que le han escrito y ponerlo a su nombre como es lo referente a la Guardia Civil, que no es cierto, y que si usted no hace las comprobaciones debidas y no corrige, yo por mi parte lo presentaré al cuartel de Aldaya y al de Chiva por si deben tomar medidas ante tal alarma social que con su escrito ha difundido”.

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Sobre el autor Javier Martínez
Javier Martínez Fernández nació en Granada, aunque reside en Valencia desde que tenía ocho años. Hijo de padres jienenses (naturales de Beas de Segura), también vivió en Almuñécar, Pilar de la Horadada y Elche. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactor del periódico Las Provincias desde 1989 y colaborador de Gestiona Radio y CV Radio Valencia. Javier siente y vive su profesión, aunque algunas veces se queja de que le toca bailar con la más fea: la crónica negra. Desde que se especializó en la crónica de sucesos, ha participado en tres seminarios de la Universidad CEU Cardenal Herrera (como ponente y organizador) sobre el periodismo de sucesos, es coautor de cuatro libros de formación para policías y guardias civiles, fue profesor del Máster de Periodismo de Las Provincias-CEU Universidad Cardenal Herrera y conferenciante en el Coloquio Internacional para una Comunicación Libre de Violencia celebrado en México en 2010. El autor de este blog ha intervenido también en numerosos programas de radio y televisión ('Espejo Público', 'Cuarto Milenio', 'Equipo de Investigación', 'Informe DEC', 'Sabor a ti', 'Esta noche cruzamos el Mississipi', 'Milenio 3' y 'El rastro del crimen') y publicó 30 reportajes en la revista especializada 'Así son las cosas' entre 2003 y 2007.

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