En esta Comunidad parece que todo empieza y acaba en RTVV. Como Cataluña con el fetichismo de la independencia, aquí da la sensación de que la lámpara mágica que todo lo resolverá será la reapertura de Canal 9. Ayer mismo se puso de manifiesto en el informe sobre vulneraciones de los derechos lingüísticos. El cierre de RTVV era una de ellas. ¿A quién puede extrañarle?

Durante la escenificación de la “reconquista” lingüística, hubo mensajes que, como ya sucediera en el ámbito educativo, ponían el acento en el nuevo escenario de libertad que procura el tripartito. Es la misma clave que utilizó el conseller de Educación durante el inicio del curso escolar. Entonces se felicitó porque la “new age” había traído por fin educación frente a la etapa anterior en la que los estudiantes solo hallaban encontronazos con la policía. Como si antes del Pacte del Botànic no hubiera habido un trabajo sacrificado de los agentes educativos en la Comunidad Valenciana. Ahora sucede lo mismo con los derechos lingüísticos. Ayer se congratulaban algunos de que se fuera a “desplegar realmente” (ojo al adverbio) la Llei d’ús del valencià y de que se asegurara la protección que, por fin, iban a tener los hablantes de valenciano. Y lo decían refiriéndose al nuevo gobierno de la Generalitat mientras el Ayuntamiento de Valencia distingue al hablante “correcto” del “incorrecto”. Será que algunos valencianos, que hablan “com el feia el seu iaio” no tienen derechos lingüísticos salvo que aprendan el que enseñan en la escuela a la que, posiblemente, no pudieron ir. Parece como si, de nuevo, solo la llegada de algunas fuerzas políticas al poder abriera un espacio de libertad; como si hasta ahora hubiéramos vivido en la tiniebla del oscurantismo ancestral de la caverna y hubiéramos estado presos, entre llanto y crujir de dientes, en una mazmorra institucional. La libertad no llega con el tripartito. Ni el derecho a utilizar el valenciano y el deber de conocerlo a quienes habitan zonas valencianohablantes. Tampoco parece razonable flagelarnos por los problemas que aún, a estas alturas, surgen en su fomento e implantación. Es cierto que las instituciones valencianas deben velar por el respeto y el conocimiento de su propia lengua pero también que las medidas que se pongan en marcha sean proporcionales a la realidad. Es penoso que alguien no pueda expresarse en su lengua, sin duda, pero si los datos revelan que la discriminación no es un fenómeno generalizado, debe abordarse como un hecho aislado. Que urge erradicar, por supuesto, pero que no puede hacer girar la política sobre ese punto. Si es un hecho concreto y localizado, existen mecanismos para denunciarlo y exigir reparación. Mecanismos a los que también deberían acogerse quienes son excluidos por usar un valenciano no estándar, pues también son titulares del mismo derecho.