La eliminación de la paga extra de Navidad de los funcionarios no es un recorte ni exagerado ni fuera de lugar. Si que es triste y lamentable que un país no pueda hacer frente a los compromisos contraídos y tras cinco años de crisis siga siendo incapaz de zafarse de los ataques de unos mercados que exigen medidas que no les sacian.
Una de las cuestiones que se debe analizar cuando se elige una empresa para trabajar es que riesgos y virtudes tiene dicho puesto de empleo. Hasta 2007, con la bonanza por bandera, se consideró que ser funcionario era tener trabajo fijo, seguridad absoluta, ser indemne a las crisis. Cinco años después es evidente que estas cualidades han sido perdidas por el cuerpo de funcionarios. España, como empresa, no tiene esas características. Por tanto, los funcionarios ya no tienen un puesto de trabajo seguro. Triste, sí. Real, también.
En el sector privado, las reducciones de jornada y/o salario se han convertido en habituales. Hay un grupo muy reducido de empresas que aún van bien mientras que el más numeroso han congelado salarios, los han bajado o han firmado finiquitos.
Los motivos que han provocado el recorte de salarios en la empresa pública o privada son los mismos. Los gastos han superado los ingresos por lo que se ha tenido que poner fin a la insostenible situación.
Uno de los grupos de trabajadores de empresas privadas que están sufriendo los recortes de salarios son los trabajadores de los Institutos Tecnológicos de la Comunitat (1.700 a cierre de 2010). Me cuentan desde este sector que el hecho de bajar el sueldo ha hecho que varias decenas de investigadores han abandonado su puesto de empleo para irse a otro en el que cobran su salario íntegro.
¿Cuántos funcionarios va a abandonar su plaza para irse a la empresa privada?
Me sorprende poderosamente que los estudios siguen diciendo que los jóvenes quieren ser funcionarios. Yo, personalmente, lo desaconsejo. España no me parece una empresa fiable. Pese a ello, el pálpito es que aún se vive mejor de trabajador público que de privado.
El recorte de salarios de los funcionarios se fundamenta, principalmente, en que su empresa (el Estado) no puede atender los pagos. Intentar convencer al Gobierno de que pague los salarios que no puede tiene la misma posibilidad de éxito que pelear en una fábrica recién cerrada porque se mantengan las nóminas de los exempleados.
“Es que yo me hice funcionario por tener una seguridad”, podría decir un funcionario. Bien, de acuerdo, pero es que ahora las cosas ya no son así.
La falta de incentivos para el crecimiento económico así como de un nuevo modelo económico (principal problema de España y causante de que crisis se agrave) se ha unido en los últimos años a subidas de impuestos. Ambas situaciones han agravado la situación de miles de empresas lo que ha supuesto, como he dicho, congelación o bajadas en el salario y/o despidos.
¿Porqué los trabajadores públicos deben ser indemnes a la crisis mientras los empleados de empresas privadas aumentan (con la reforma laboral, por ejemplo) sus riesgos a perder lo que también son sus derechos?
La supresión de la paga extra está muy lejos de ser una injusticia contra los funcionarios. Lamentablemente y simplemente es que los funcionarios están sufriendo lo que previamente han padecido los trabajadores de empresas privadas.
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