Las Provincias
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La hora de González-Sinde
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Paco Moreno | 18-09-2010 | 18:30

Es hora de que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, nos diga a todos qué obras puede autorizar o acometer el Ayuntamiento en el barrio del Cabanyal. El informe de la Abogacía del Estado sobre esta cuestión ha servido, una vez más, para escuchar dos interpretaciones totalmente distintas, la de la alcaldesa Rita Barberá y la que ofreció después la portavoz socialista, Carmen Alborch.

¿La orden que paralizó el plan del Cabanyal en enero afecta a todo tipo de obras? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿También fuera de la zona protegida declarada Bien de Interés Cultural? ¿Qué es expolio cuando se habla de calles que ya son auténticos solares? ¿Invitamos a la ministra a que pasee por la calle San Pedro para que lo compruebe?

La deriva de todas estas preguntas nos lleva a una situación absurda. ¿Abrirá el Ministerio de Cultura una ventanilla de licencias urbanísticas para responderlas una a una? Decir que el Ayuntamiento podrá autorizar obras que no supongan derribos, como se ha leído estos días, tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué derribos? Junto al bulevar Serrería, por ejemplo, una promoción pública de viviendas tiene pendiente la demolición de una pequeña nave. El resto son solares, muy alejados de la zona protegida. El proyecto está paralizado para cumplir la orden ministerial. ¿Se puede derribar? 

Es decir, que el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España debe estar pendiente de un “árbitro de la elegancia” gubernamental que diga si se puede tirar una casa ruinosa para hacer un aparcamiento o un jardín. ¿Y si luego resulta que no le gusta el jardín y lo declara un expolio?

Demasiadas dudas, demasiadas preguntas. La oposición dice que lo tiene claro y propugnan que sólo hay que rehabilitar. Pero como no gobiernan conviene que los que sí lo hacen sepan con exactitud qué hacer en el limbo obligado por el recurso en el Tribunal Constitucional. La defensa legítima de la prolongación de Blasco Ibáñez, con la mayoría en las urnas varias veces, estará en la vía judicial durante varios años. ¿Qué hacer hasta que se resuelva?

¿Da licencia el Ayuntamiento para rehabilitar un edificio afectado por la prolongación? ¿Y si luego resulta que el Constitucional da la razón a la alcaldesa Barberá? ¿De quién sería la culpa del desastre?