Las Provincias

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Pedro García Rabasa tenía razón
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Paco Moreno | 24-10-2011 | 12:02

Ya sé que el caso Monforte se ha centrado en la figura del concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por todas las implicaciones políticas colaterales. Que si delfín de Rita Barberá, que si un golpe al líder del relevo generacional de los Grau, Senent, Igual y Domínguez, que si la corrupción llega a todas partes. Frases que se encontraba en los periódicos, al igual que sucedía con su familia y amigos. Hoy se le veía emocionado al comentar la sentencia favorable. Pues al final, después de la absolución lógica y esperada del Tribunal Superior de Justicia, me quedo con el testimonio de los que menos han aparecido en la prensa, pero que estaban igualmente amenazados.

Los cuatro funcionarios municipales iban cada día a la sala de lo Penal con una cara entre el asombro, la estupefacción y la honda preocupación de ver sus carreras (alguna de más de 40 años como la del jefe de Planeamiento, Juan Antonio Altés), sucias con una mancha indeleble por la cabezonería de la Fiscalía y un juez instructor que no supo parar el tema a tiempo. La vía penal, como ha quedado demostrado, está para cosas más serias.

Y me quedo de este colectivo con la declaración del secretario general del Ayuntamiento, Pedro García Rabasa, que en 2004 estaba al frente de la secretaría de Urbanismo. Lo dijo dos veces, el primer día y el último, cuando insistió en que el criterio a la hora de pedir permiso a la Conselleria de Cultura para una obra en un entorno protegido no incluye el subsuelo, a no ser que se trata de una zona de vigilancia arqueológica o el centro histórico. Es la tesis que ha refrendado el tribunal.

Está claro que para hacer el aparcamiento de la calle Severo Ochoa hubo que demoler aceras y calzada. Es obvio, lo mismo que dijeron media docena de técnicos municipales, aunque el propósito era ejecutar un proyecto en subterráneo, sin ninguna afección visual desde el interior del jardín, que para más inri está cerrado por un muro de dos metros de altura.

Por eso creo que ha sido la declaración más coherente de todo el juicio, junto con la explicación que ilustró a todos del jefe de Planeamiento. García Rabasa sí que sabía que se trataba de un Bien de Interés Cultural y decidió que no era necesario el permiso previo. Por eso me quedo con ese recuerdo de una semana dentro de la sala, viendo las caras de García Rabasa, Altés, el jefe de Tráfico, Juan Casañ, y María José Gasull, arquitecta técnico de Planeamiento. Que olviden lo más rápido posible un mal sueño que ha durado 18 meses.

La sala ha decidido salvar la cara a la Fiscalía y no incluir las costas del proceso que pedía el abogado del Ayuntamiento, José Vicente Sánchez Tarazaga, quien recriminó la temeridad y mala fe de los primeros en todo el proceso. Para estas personas lo que menos importancia tenía, aunque la pregunta ya está en la calle: ¿Quién paga esta fiesta?