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Blasco Ibáñez

El Cabanyal no puede esperar
Paco Moreno 05-07-2012 | 6:12 | 1

El Cabanyal se ha convertido de nuevo en la zona cero de Valencia, con una sentencia de la Audiencia Nacional que avala el decreto del Ministerio de Cultura que paralizó la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Un fallo que ya se veía venir y que confirma la mala gestión política que ha llevado el Gobierno de Mariano Rajoy para reanudar las obras.

Mala para la defensa de la tesis del gobierno municipal y magnífica para los partidos y asociaciones de vecinos que se oponen al actual plan urbanístico, que cuentan con otro triunfo judicial. Si existe la patata caliente perfecta, no es otra que la decisión que debe tomar ahora el ministerio sobre el decreto de 2010. Si lo mantiene, cumple con la sentencia de la Audiencia, aunque  entonces el golpe a la alcaldesa Rita Barberá es tremendo.

Era ahora o nunca cuando debía hacerse la prolongación de Blasco Ibáñez. Después de años de dudas, falta de financiación y demoras inconcebibles sobre el plan urbanístico, se sumó un decreto del Gobierno socialista que daba carpetazo al proyecto y ordenaba respetar la actual trama urbana. Su redacción era tan dura que la interpretación del Ayuntamiento fue que no permite conceder ninguna licencia de obras, ni pública ni privada.

Y así estaban las cosas hasta que ganó Rajoy y la mayoría de los vecinos del Cabanyal, que han apoyado al PP en sucesivas elecciones municipales, confiaban en que por fin se retomaría el derribo de viviendas, la apertura de calles y la construcción de la avenida, además de equipamientos públicos como colegios y zonas verdes.

Pero con lo que no se contaba era con la pereza del ministerio en resolver el tema, con las dudas de políticos de Madrid que tienen muy lejana la degradación del barrio. En el Ayuntamiento se confiaba en una derogación rápida, lo que no ha sucedido. Eso habría facilitado entonces la retirada del recurso municipal y de la Generalitat en el Tribunal Constitucional, otra bomba todavía por explotar.

Hace unos días, la asociación de vecinos del Cabanyal denunció la insalubridad de decenas de viviendas de propiedad pública, que en teoría deberían ser derribadas. La situación ha llegado en la zona al límite, con inmuebles ocupados ilegalmente, solares convertidos en vertederos y calles que son un verdadero escaparate de basura de todo tipo. Y en los últimos dos años, con las licencias de obras suspendidas, la cosa ha ido a peor.

Ya no es tiempo de más retrasos. El Ministerio de Cultura debe decir ya si mantiene el decreto o lo deroga, si considera que la prolongación supone un expolio al atravesar la zona declarada Bien de Interés Cultural o que la exministra González-Sinde se excedió. En opinión de la Audiencia Nacional no, lo que ya es un tanto para los vecinos opositores a la avenida.

Si 2012 es el último año en el calendario maya, debe ser el primero para el Cabanyal. Con o sin prolongación, el asunto ya no admite más retraso. En los últimos meses han surgido iniciativas como la colaboración de la Universitat de València para construir colegios mayores e incluso dependencias universitarias. Son ofertas que no se pueden dejar escapar.

 

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La hora de González-Sinde
Paco Moreno 18-09-2010 | 8:30 | 0

Es hora de que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, nos diga a todos qué obras puede autorizar o acometer el Ayuntamiento en el barrio del Cabanyal. El informe de la Abogacía del Estado sobre esta cuestión ha servido, una vez más, para escuchar dos interpretaciones totalmente distintas, la de la alcaldesa Rita Barberá y la que ofreció después la portavoz socialista, Carmen Alborch.

¿La orden que paralizó el plan del Cabanyal en enero afecta a todo tipo de obras? ¿Cuáles sí y cuáles no? ¿También fuera de la zona protegida declarada Bien de Interés Cultural? ¿Qué es expolio cuando se habla de calles que ya son auténticos solares? ¿Invitamos a la ministra a que pasee por la calle San Pedro para que lo compruebe?

La deriva de todas estas preguntas nos lleva a una situación absurda. ¿Abrirá el Ministerio de Cultura una ventanilla de licencias urbanísticas para responderlas una a una? Decir que el Ayuntamiento podrá autorizar obras que no supongan derribos, como se ha leído estos días, tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué derribos? Junto al bulevar Serrería, por ejemplo, una promoción pública de viviendas tiene pendiente la demolición de una pequeña nave. El resto son solares, muy alejados de la zona protegida. El proyecto está paralizado para cumplir la orden ministerial. ¿Se puede derribar? 

Es decir, que el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España debe estar pendiente de un “árbitro de la elegancia” gubernamental que diga si se puede tirar una casa ruinosa para hacer un aparcamiento o un jardín. ¿Y si luego resulta que no le gusta el jardín y lo declara un expolio?

Demasiadas dudas, demasiadas preguntas. La oposición dice que lo tiene claro y propugnan que sólo hay que rehabilitar. Pero como no gobiernan conviene que los que sí lo hacen sepan con exactitud qué hacer en el limbo obligado por el recurso en el Tribunal Constitucional. La defensa legítima de la prolongación de Blasco Ibáñez, con la mayoría en las urnas varias veces, estará en la vía judicial durante varios años. ¿Qué hacer hasta que se resuelva?

¿Da licencia el Ayuntamiento para rehabilitar un edificio afectado por la prolongación? ¿Y si luego resulta que el Constitucional da la razón a la alcaldesa Barberá? ¿De quién sería la culpa del desastre?

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