MISA POR MARÍA JOSÉ CARRASCOSA EN BUÑOL, SU PUEBLO NATAL

LA FAMILIA CARRASCOSA FUE ARROPADA EN LA IGLESIA DONDE INNES-CARRASCOSA CONTRAJERON MATRIMONIO

El párroco Juan José Segarra Gómez de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, de Buñol (Las Ventas), celebró una eucaristía por el amparo y protección de María José Carrascosa el sábado por la tarde, donde asistieron los padres de Carrascosa mientras la pequeña Victoria permanecía con su tía ajena a los acontecimientos puesto que no está pasando muy buenos momentos; la hija de María José está afectada de ver que su madre, como la llama ya actualmente, no puede volver a casa y sólo tiene la cifra de 14 años en su mente, como nos cuenta su tía: “era inevitable que se enterara ya de la Sentencia de Condena de mi hermana, lo está viviendo con mucha amargura e incomprensión cada día que pasa, ya no es tan niña”.

Sin duda otro fin de semana muy emotivo para la familia Carrascosa. Los padres de María Jos

é agradecieron al párroco y al pueblo de Buñol el gesto de solidaridad y apoyo, quienes fueron obsequiados por un pequeño cofre lleno de esperanza y un rosario muy significativo. El padre, José Carrascosa, dirigió unas palabras de agradecimiento mientras la madre, Maruja Peñalver, aturdida lloraba pidiendo a Dios que no les abandonara.

El párroco expresó ante los ojos del Señor donde contrajo matrimonio Carrascosa que tanto ella como su familia no están solos.
Entre lágrimas y abrazos se sintieron muy gratificados por los numerosos vecinos y amigos de la comarca quienes unos años antes fueron testigos del enlace matrimonial de la pareja Innes-Carrascosa, éstos también esperan que los representantes políticos de nuestro país hagan algo por esta ciudadana española, envuelta en un conflicto de jurisdicciones entre España y Estados Unidos de América.

La familia Carrascosa se pregunta cuándo terminará esta agonía por la que están pasando, posiblemente esta semana se sabrá el informe del psicólogo que decidirá si la hija de María José debe viajar o no a Estados Unidos como pretende el padre, avalado éste por la Sentencia del Juez Venezia.

JUSTICIA PENAL DE LA EDAD MEDIA EN ESTADOS UNIDOS

F. Javier Sánchez-Pego

Ex-Magistrado del Tribunal Supremo

No conozco a María José Carrascosa ni a nadie que tenga relación con ella, pero he seguido con atención las noticias sobre su proceso en Estados Unidos desde que, hace varios meses, me impresionó la patética imagen que divulgaron los medios de información con motivo de su comparecencia ante el tribunal que había de resolver una incidencia previa al juicio. Vestida con uniforme de presidiaria y cargada de cadenas, ofrecía un aspecto sugerente de cautividad medieval que parecía incrementar las huellas de sufrimiento en su rostro, con expresión de incertidumbre y temor, después de más de dos años en prisión provisional. Semejante forma de presentar al reo ante un tribunal y, más aún, de exhibirlo “coram populo”, responde a un evidente propósito vejatorio. Ni siquiera a un condenado por sentencia firme se le puede infligir ese trato público degradante, porque las penas de prisión son privativas de libertad pero no del derecho a la dignidad personal. “Nadie será objeto… de ataques a su honra”, dice el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, paradójicamente con preponderante intervención de EE.UU.

La antijuricidad de esa exhibición infamante se acrecienta cuando es aplicada a quien se encuentra provisionalmente preso en espera de ser juzgado, como es el caso, porque entonces se vulnera además el principio de presunción de inocencia, garantizado por el artículo 11 de la misma Declaración de Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad…”.

Pero hay otra cuestión gravísima y preocupante, cual es la condena a catorce años de cárcel que un juez de aquella nación, llamado Donald Venezia (sí, que conste su nombre), ha impuesto a dicha mujer española por el delito de haber incumplido la sentencia de otro juez norteamericano que la ordenaba devolver a su ex marido, en EE.UU. a la hija de ambos, anteriormente traída por ella a España. Para tan exorbitante condena ese sistema jurídico medieval permite, según parece, la configuración artificiosa de nueve delitos sobre una sola conducta ilícita (caso de que realmente lo sea). Tal delito único comportaría en España una pena de tres a cuatro años de prisión, en el peor de los casos. La de catorce años correspondería a un delito de homicidio con alguna circunstancia de agravación, puesto que, si no alcanza la calificación especialmente agravada de asesinato, la pena legalmente asignada es de entre diez y quince años. Todo ello, poco más o menos, como en cualquier otro país civilizado.

Aún hay más, por cuanto a la desmesura de la condena se añade el menosprecio institucional hacia nuestra Administración de Justicia, según datos suministrados por los medios de información pública. Ocurre que la mujer había obtenido sentencia en España (Valencia, julio 2005) que le otorgaba la custodia de la hija, mucho antes de que su ex marido consiguiese lo propio en EE.UU. (fecha no especificada de 2006, notificada en agosto, con requerimiento y retirada de pasaporte a la mujer, que había vuelto a Norteamérica para gestiones de negocios). Es un dato importantísimo porque puede llegar a excluir la malicia y, por tanto, el delito o, como mínimo, a atenuarlo muy cualificadamente. Pues no, porque el juez Venezia ha incluido entre los fundamentos de su extraña sentencia un razonamiento en el que, dirigiéndose a la acusada, dice algo así como que “usted ha podido manipular a la Justicia española, pero esas cosas no suceden en los Estados Unidos”. Ante ello, el ex marido (Peter Innes es su nombre), tras felicitarse por la elevada condena que ha caído sobre su ex mujer, se atreve a censurar “la torpeza de jueces españoles que no aplicaron la propia legislación española y la aberrante legislación y práctica judicial española, que fomenta la orfandad de los hijos de padres separados”, según es conocido por información pública.

Y aquí es donde la actitud de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores peca de negligente, porque, si bien es discutible que se preste escasa ayuda a un español ante la Justicia de otro estado, bajo el criterio de no injerencia en ella, lo que no puede ser en absoluto de recibo es la pasividad frente a los públicos y graves menosprecios que he relatado, dirigidos hacia nuestro Estado de Derecho. Es obligado exigir la rectificación de esas altanerías, haciendo notar que en España no existe el tercermundismo jurídico que tal vez se padezca en EE.UU. ¿O tendremos que constatar, una vez más, que el Derecho internacional no existe porque en su ámbito prevalece la razón de la fuerza?

Añadiré unas breves anotaciones, por si quedase alguna duda. La destinataria de la tremenda condena ha permanecido más de tres años en prisión provisional (no sé si incondicional o con posibilidad de fianza no prestada), lo que es inadmisible en un asunto de escasa complejidad y que debió ser, sobre todo, considerado de escasa gravedad. La acusada volvió a comparecer en el juicio vestida de presidiaria y cargada de cadenas, y para que los miembros del jurado popular desechasen cualquier residuo de presunción de inocencia, se dice que el juez les advirtió que no se dejasen influir por algún posible sentimentalismo. El fiscal dedicó más de una hora a su acusación y el abogado defensor empleó tan sólo unos diez minutos en no decir nada útil. El juez tardó más de un mes en dictar sentencia tras el veredicto del jurado, lo que es mucha dilación en una causa sencilla y con preso, y además parece que ha dicho que podría revisarla si la niña fuese devuelta a su padre en EE.UU; de modo que no rigen allí principios tan esenciales del enjuiciamiento como la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal únicamente a través de un juicio con todas las garantías y la invariabilidad de las sentencias en beneficio de la seguridad jurídica. Todos los datos de hecho han sido difundidos mediáticamente y así los cuento.

Es oportuna reflexión final que la contemplación de esa Justicia norteamericana debe conducirnos a ser más tolerantes con los defectos de la nuestra. Parece que los jueces estadounidenses tienen gran prestigio entre sus conciudadanos y son muy respetados. No tiene ello explicación razonable si los juicios penales adolecen de la falta de garantías e incurren en las vulneraciones de los Derechos Humanos que he relatado y si los jueces tratan a todos con tan arbitraria severidad. ¿O no es a todos?

SWORN TRANSLATION

Consular Agency of the United States of America in Valencia

Mr. David Nordlund.

Hay un sitio en internet en el que figura una foto de la menor Victoria Solenne. Como es natural, no voy a poner el enlace, aunque es muy fácil de encontrar. Al lado mismo de la foto figura el siguiente texto:

(…)A día de hoy, Victoria sigue en España, oculta de su padre como resultado de una familia española extraviada y un inepto sistema judicial español. (…)

VICTORIA, CUANDO LLEGUE EL DÍA QUE ENCUENTRES ESTA PÁGINA POR FAVOR ENVÍAME UN CORREO DONDE DICE "CONTACTA CON NOSOTROS". "TE EXTRAÑO UN MONTÓN Y TE AMO MUCHÍSIMO". ES MUY IMPORTANTE QUE TÚ ENTIENDAS QUE LAS COSAS NO SIEMPRE SON COMO APARENTAN SER. VOY A HABLARTE DE TU FAMILIA AQUÍ EN LOS ESTADOS UNIDOS. ¡¡¡¡¡TODOS TE EXTRAÑAMOS Y TODOS TE ESTAMOS ESPERANDO!!!!!

Pero es de público conocimiento que la citada niña está bajo la tutela de la Generalidad Valenciana. Por tanto, la niña está bien cuidada. Y si la niña está bien atendida, ¿qué se persigue con esa web? Desestabilizarla, si puede. Hacer todo el daño que pueda a la familia Carrascosa. El progenitor, porque de padre no tiene nada, sabe exactamente en donde está. Lo que ocurre es que no puede ir a verla y no puede porque tiene causas pendientes con la justicia española.

Cualquier persona decente sabe que lo conviene a Victoria Solenne es estar en donde está. Y lo mejor que le podría ocurrir es que volviera su madre. María José Carrascosa no puede volver con su hija, porque creyendo en la justicia viajó a Estados Unidos, y cayó en una trampa criminal. Peter Innes se ríe satisfecho. En su encierro no se le respetan sus Derechos Humanos. Y los hay que se alegran. Esos son Peter Innes y sus valedores. Ese es su sentido de la justicia. Peter Innes utilizó, para casarse en Buñol, el pasaporte de una anciana fallecida, cosa que le trae sin cuidado al juez Venezia, ese prodigio de crueldad, ese emisor de sentencias arbitrarias. Antes de este cruel juez, fue el honorable o no tan honorable juez Torack. A ninguno de los dos les tiembla el pulso cuando pisotean la razón y la justicia.

Hay españoles que critican a los jueces españoles y aplauden a los corruptos jueces de Nueva Jersey. A ellos no les interesa escuchar lo que se dice en este vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=izk4jx6jZjs&feature=related

El pasado lunes tuvo lugar una reunión en La Haya entre representantes legales de España, Estados Unidos y la Conferencia de la Haya, para tratar de la situación de María José Carrascosa, encarcelada en Nueva Jersey.

Asistieron por parte española Aurora Mejía, directora general de Cooperación Jurídica Internacional; Ana Gallego Torres, subdirectora general de este mismo organismo; Francisco Javier Forcada Miranda, juez del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza; Gema García, fiscal de Menores de Valencia; Marcos García-Montes, abogado de la familia Carrascosa; y Javier Pérez Roldán, abogado de Peter Innes.

Por parte estadounidense, acudieron Edward Torack, juez de Familia de la Corte de Justicia del Condado de Bergen y Bonnie J. Mizdol, fiscal de Familia de la misma Corte.

Y en lo que respecta la Conferencia de la Haya sus representantes fueron William Duncan, presidente de la Secretaría General; Céline Chateau, Jefe de Administración; Willy de Zoete, Asistente Administrativa del Presidente de la Secretaría General y Willem Van Der Endt, oficial de Servicios Generales.

Los representantes españoles explicaron que las sentencias de España son firmes e inamovibles, que el traslado de la menor no fue ilícito y que el Sr. Innes se sometió voluntariamente a la jurisdicción española, en un procedimiento instado por él mismo para la restitución de la menor. En el juico se falló que “no ha lugar a la restitución de la menor a los Estados Unidos y entrega a su padre.”

A la espera de lo que decidan los jueces estadounidenses tras haber escuchado a los españoles, la reflexión que procede es que habiéndose pronunciado los tribunales españoles sobre el caso, el gobierno español debió haber tomado las riendas del asunto desde el principio. En toda su ridiculez se muestran aquellas declaraciones de Fernando Villalonga en las presumió de hablar todos los días con María José por teléfono. También el gobierno valenciano debió presionar al de España para que cumpliera con sus obligaciones morales.

Si el gobierno español no es capaz de defender a una ciudadana que tiene el respaldo de los jueces españoles, ¿qué hará en otras situaciones menos claras? Si María José, ayudada de forma inmensa por su familia, no se hubiera defendido es posible que hubiera muerto en la cárcel. El gobierno español debería hacer lo posible para que saliera de la cárcel de inmediato. La familia Carrascosa está sufriendo una situación terrible de forma innecesaria.

La situación en la que se encuentra María José Carrascosa es sintomática. Viene a demostrar el desinterés de los gobernantes españoles hacia los gobernados. Puesto que la justicia española ha fallado a favor de María José Carrascosa y ella se encuentra presa en Estados Unidos y pendiente de juicio, debería ser el Estado español el que se encargara de su defensa.

El Estado está en mucha mejor situación que un particular para elegir la estrategia más conveniente en la defensa y para contratar al abogado ideal. Siempre respetará más un abogado al Reino de España que a un particular, sobre todo si, como es el caso, está en la cárcel y con poca capacidad de maniobra. Dada la situación que vive, en la que recibe constantes humillaciones y palizas, la actuación del Estado debería producirse, además de por justicia, por auxilio a una compatriota. María José Carrascosa puede haber cometido algún error o imprudencia, yo eso no lo sé; pero por encima de eso, lo que hay que tener en cuenta es que su situación es injusta. Como mínimo, el gobierno debería pedir explicaciones a los jueces españoles que han fallado a su favor y si no encuentra ningún error en sus argumentaciones, debe asumir de inmediato su defensa ante los tribunales estadounidenses.

Algunos españoles están en contra de María José y expresan su contento en los foros por las penalidades que sufre. Pero si están en contra suya es simplemente porque es mujer y ellos están en contra de las leyes españolas sobre la cuestión que les preocupa y exigen la custodia compartida. Con esta actitud quedan plenamente descalificados. Si fueran personas razonables dejarían sus problemas personales de lado para enjuiciar la situación de María José.

A las personas de bien les parece admirable el sacrificio que hace por su hija. Y aplauden la inestimable ayuda que le prestan sus padres y su hermana.