Las Provincias
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Fecha: enero, 2015
¿Huerta o parque?
Víctor Soriano 18-01-2015 | 11:46 | 1

En mi segundo artículo en este blog, hace aproximadamente un mes, hablamos ya de la propuesta de revisión del PGOU de la ciudad de Valencia. Aunque tengo en el tintero varios temas que los lectores han ido planteándome durante estas semanas, me parece interesante, aún a riesgo de resultar redundante, reflexionar sobre una idea de aquella revisión del Plan General de la capital que ahora recoge también el nuevo PGOU de Alboraya –municipios gobernados por partidos políticos de colores opuestos, dicho sea de paso-, y que parece que pueda generalizarse en el área metropolitana: clasificar una parte de la huerta como parque sin que deje de ser huerta.

¿Qué sentido tiene esta ‘artimaña’? Es sencillo: la ley urbanística vigente en la Comunitat Valenciana impone la obligación de respetar un estándar mínimo de 10 m2 de zonas verdes por habitante en el conjunto del municipio, de los cuales al  menos la mitad tienen que estar destinados a parques públicos. Así pues, ambos municipios -si bien Alboraya de un modo más flagrante, pues se ve abocado a esta técnica ante una propuesta excesiva de crecimiento del suelo y una falta sistémica de zonas verdes- han recurrido a clasificar ingentes superficies de huerta como parques públicos de la red primaria, adscribiéndolos a determinados sectores urbanizables residenciales, terciarios o industriales, de modo que los propietarios de esa huerta dejarán de serlo en algún momento y en su lugar recibirán un solar sobre el que edificar –en el caso de los más afortunados-. Ahora bien, los ayuntamientos se han apresurado a explicar que no tienen la intención de reconvertir en parque esta huerta, que ahora está protegida, sino que pretenden que mantenga su fisonomía actual, como espacio agrícola, sólo que de titularidad pública.

Es evidente que mientras que la ley aprobada el año pasado por la Generalitat impone que los ciudadanos tengan para su disfrute al menos 10 m2 de zonas verdes (5 m2 de parques), mediante estas decisiones de los planificadores de Valencia y Alboraya se desvirtúa por completo el contenido de ese derecho, contabilizando como parque lo que, claramente, no lo es. Y es que un parque es un espacio en el que poder realizar actividades de ocio al aire libre, que esté abierto a toda la ciudadanía sin limitaciones por su edad o por sus condiciones físicas; un lugar, donde, en definitiva, se pueda pasear, llevar a los niños a jugar, leer un libro o sacar a los perros. Y la huerta, por sus propias características de espacio eminentemente agrícola, si bien contribuye, a su manera –en mi opinión, excepcional-, al esparcimiento de la ciudadanía del área metropolitana que la envuelve, no sustituye las funciones de los parques.

Más allá de eso, la propia norma autonómica establece qué condiciones de ubicación (centralidad y buenos accesos) deben contar los parques, lo que en los casos de Valencia y, especialmente, de Alboraya (la zona de huerta inmediatamente al norte de la acequia de Vera), no se cumplen en absoluto. De este modo, se priva a los habitantes de estos municipios del derecho que la ley les reconoce a una superficie de zonas verdes y además se les aparta de ellas de forma que, aún si considerásemos la huerta como zona verde (que ni es, ni puede serlo), sería casi imposible para cualquier ciudadano hacer uso de esos espacios en su vida cotidiana por su difícil accesibilidad y lejanía con respecto a los cascos urbanos.

La huerta no es un jardín”. Esta es una frase que los agricultores repiten con insistencia cuando se habla con ellos de la necesaria protección de la huerta, y no les falta razón. La huerta es un complejo paisaje cultural, fruto de una yuxtaposición de diferentes elementos, pero en el que el elemento agrícola es el principal; y es que la huerta no existiría sin agricultores ni sin actividad agraria. La forma adecuada de proteger la huerta no es convertirla en un intento de parque escasamente concretado (un ejemplo de ello lo tenemos en Sociópolis), sino tomando medidas para su dinamización, que, por cierto, no se encuentran por ninguna parte en los planes.

Por supuesto que es legítimo que los ayuntamientos decidan políticamente que desean poner espacios de huerta pública a disposición de los ciudadanos, pero el mecanismo será otro –se me ocurren varias opciones, todas ellas, creo, viables, para conseguirlo sin un excesivo coste para las arcas públicas o incluso sin coste alguno-, y en ningún caso el de sustituir las zonas verdes; los parques que la ley, la teoría de la ciencia urbanística y el sentido común reconocen como un derecho imprescindible para el desarrollo de la vida en la ciudad, especialmente para los niños y las personas mayores.

No debemos volver a los tiempos previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria en que las decisiones en materia urbanística se tomaban en función de cálculos económicos de despacho que favoreciesen las ansías urbanizadoras de ayuntamientos desesperados por obtener fondos con los que financiar sus promesas electorales. No. Los ciudadanos necesitan un respeto absoluto a las buenas prácticas, especialmente en el urbanismo; y pasar de puntillas, burlando la ley, en un aspecto que afecta tan de pleno la vida cotidiana de las personas, no parece, en absoluto, una buena práctica.

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Desmantelar la V-15: una oportunidad (más) para la Albufera
Víctor Soriano 07-01-2015 | 5:36 | 0

Décimo Junio Bruto fundó Valencia en medio de una enorme área palustre que seguramente se parecía más a la actual laguna Véneta que a la llanura litoral que conocemos. La Albufera es memoria viva de esa historia. Lo que en su día fue un enorme lago ha mudado en el paisaje –más cultural que natural- que fue nuestro primer espacio natural protegido y el pulmón por excelencia del área metropolitana. Sobre lo que fue lago, y antes mar, hoy hay un mosaico de elementos (laguna, arrozales, bosque mediterráneo, núcleos urbanos tradicionales), diferentes entre sí, pero que juntos constituyen un espacio de gran valor ambiental y cultural y todo un referente identitario de la sociedad valenciana. Sin embargo, este paisaje de indudable valor es, como ocurre también con la huerta, de suma fragilidad.

La lucha de la Albufera por sobrevivir ante el avance imparable de la ciudad que la envuelve es uno de esos extraños casos en que David vence a Goliat, si bien no sin dañarse. Aunque no se materializaron algunos de los proyectos más agresivos, como la urbanización de la práctica totalidad de la restinga que ocupa el bosque de la Devesa –prevista por el plan urbanístico de 1966- o la alocada construcción de una autopista en viaducto sobre las aguas del lago, la Albufera no se libró de ser algo así como el cajón de sastre de la ciudad para todo aquello que tenía difícil encaje en el casco urbano, en la que igual cabía una sucesión infinita de discotecas que un autocine o las dotaciones e instalaciones más variopintas. No ha sido hasta tiempos muy recientes en que se han retrocedido algunos de los pasos en la degradación del hoy parque natural, como ha ocurrido con la recuperación de la playa del Arbre de Gos.

Pero, pese a todo, la Albufera no es un lugar olvidado ni mucho menos abandonado. Somos muchos los que recordamos a menudo que su recuperación, preservación y puesta en valor es una de las asignaturas pendientes de Valencia. Durante las recientes fiestas navideñas los vecinos del parque natural han clamado por el apaciguamiento del tráfico en la autopista, construida en la década de 1960, que lo penetra y que, vergonzosamente y sin sentido alguno, todavía sigue existiendo tres décadas después de la declaración del espacio natural protegido. Es una exigencia razonable ante la evidencia de que una autopista cuya única finalidad es servir de acceso al propio parque natural, pues en él concluye su trazado, no guarda coherencia con la necesidad de protección que la figura exige.

La conocida autopista de El Saler es hoy un monumento a los desmanes del pasado y a una visión del territorio y del turismo totalmente opuesta a la que hoy en día es unánimemente aceptada. Una vía de esas características, por la que circulan vehículos a gran velocidad, que segmenta el territorio y no es permeable a los tráficos peatonales –ni decir tiene que menos todavía a los faunísticos-, y que está ampliamente sobredimensionada, no tiene sentido en el marco de un espacio natural protegido, no sólo por motivos ecológicos, sino también por la calidad de vida de los ciudadanos de su entorno inmediato y porque supone un obstáculo a la proyección turística de la Albufera. El simple apaciguamiento del tráfico que reclaman los vecinos como solución más rápida al problema que sufren, aquí, no basta, sino que debe recurrirse a una opción mucho más ambiciosa: el desmantelamiento de la autopista y su sustitución por una vía parque que permita el acceso a velocidad moderada de los vehículos y dé continuidad a la CV-500 hasta la ciudad de Valencia, pero en la que los peatones y los ciclistas cuenten con espacios reservados y que permita los recorridos peatonales transversales, a través de la carretera, hoy imposibles salvo por pasarelas como la que une El Saler con su puerto.

El desmantelamiento de la autopista, totalmente necesario, y su sustitución por otro tipo de vía más vivible resolvería, además, la conexión peatonal y ciclista de la ciudad de Valencia y de los demás núcleos del área metropolitana con el parque natural de la Albufera, hoy marginalizada en pro del automóvil, y contribuiría notablemente –sin duda, más que ninguna otra medida posible- a la mejora de la calidad paisajística y ambiental de la Albufera, poniendo fin al error histórico que supuso tanto su construcción como el trato que todo el parque natural recibió en las décadas centrales del siglo pasado.

Las grandes decisiones en materia de política territorial nunca son fáciles ni poco controvertidas, y ésta, sin duda, sería una de ellas; pero huir de la polémica no puede ser una razón para no abrir el debate de la preservación de la Albufera, en cuyo orden del día el desmantelamiento de la autopista puede ser un buen primer punto.

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Sobre el autor Víctor Soriano
Víctor Soriano i Piqueras es Abogado en una de las principales firmas españolas, urbanista y doctorando en Derecho Administrativo en la Universitat de València. Tras graduarse en Derecho y en Geografía y Medio Ambiente realizó un máster en Derecho Ambiental en la Universidad 'Tor Vergata' de Roma, además de otros estudios de postgrado, y ha publicado el libro "La huerta de Valencia: un paisaje menguante".