Aunque con el derribo del viejo ‘ayuntamiento nuevo’ acabaran tres décadas de polémicas sobre las actuaciones urbanísticas alrededor del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, la pax tripartita que se vislumbraba con el acceso al gobierno de quienes han estado detrás de las algarabías de los últimos años en el urbanismo de la ciudad no tardará en truncarse, tampoco junto al Botánico. Hace unos días, Las Provincias nos adelantaba la intención del gobierno municipal de reducir la edificabilidad residencial del barrio del Botánico en unos 200.000 m², por lo que un buen puñado de edificios quedará fuera de ordenación. No malintencionado, pero si errado, el consistorio quiere relajar la densidad de aquel lado del ensanche, rebajando a cuatro las alturas de los edificios. Y claro, actuar en la ciudad consolidada –y tan largamente consolidada- no es ni fácil, ni inocuo.

Las consecuencias de esta vuelta al urbanismo de ‘varita mágica’, de la imposición sin consenso y sin ni siquiera consulta,  las pagarán los vecinos. Dejar fuera de ordenación una veintena de edificios todavía jóvenes no va a mejorar el paisaje urbano ni la calidad de vida –al menos, no durante lo que queda de siglo-, pero sí que va a complicar mucho la cotidianeidad de sus residentes y propietarios. Porque, ¿cuáles son las consecuencias de que el planeamiento declare una edificación como fuera de ordenación? Muy simplemente: a partir de la aprobación del plan, cualquier obra en el edificio que exceda de la mera conservación está prohibida, especialmente las rehabilitaciones tendentes a prolongar la vida útil de la construcción, pero también las necesarias para el cambio de uso de los locales –lo que complica la apertura de nuevos negocios y, de paso, ahoga a un barrio ya en el camino de la decadencia-, la renovación de las viviendas, la instalación de antenas de telefonía y un largo etcétera.

Pese a todo, lo más grave no es que no puedan realizarse obras, sino que se vacía el patrimonio de los propietarios sin contraprestación, en forma de una “expropiación” velada sin justiprecio. El objetivo de la declaración como fuera de ordenación es que los edificios desaparezcan y den lugar a otros acordes al nuevo planeamiento. Y, lógicamente, cuando eso ocurra, ya sea de forma sobrevenida –por ejemplo, por un derribo accidental- o por el paso del tiempo, quienes hoy poseen un edificio de diez plantas, tendrán que repartirse uno de cuatro, por lo que, en el camino, pierden más de la mitad de la superficie de sus viviendas y locales. No me confundan: no es que la figura sea siempre injusta per se, ni siempre inadecuada; el problema reside en el uso caprichoso y técnicamente injustificado que le da el gobierno municipal.

Aun con todo, el dislate no acaba ahí. El núcleo de la operación es, por supuesto, la ampliación del Jardín Botánico, objetivo deseado y duramente peleado por casi todos durante años. Pero frente a la posición que venía manteniendo tradicionalmente el Ayuntamiento, partidario de ampliar el Botánico, del que es propietario la Universitat –que cobra a los visitantes-, sin privar a los vecinos de un lugar de esparcimiento, ahora nos encontramos con que el Ayuntamiento, cual Gea de la mitología clásica, también quiere ceder a la universidad el reconocido Jardín de las Hespérides… si es que un tribunal no lo anula. Tras más de treinta años, el culebrón del ‘solar de los Jesuitas’ no acaba.