La semana pasada asistíamos a todo un hito histórico en el caso de los niños robados, al menos, en la Comunidad Valenciana. Comenzaba la primera exhumación en tierras valencianas de los cuerpos de cinco bebés, supuestamente robados, en el cementerio municipal de Alicante que fueron enterrados entre 1962 y 1980. Después de cinco largas horas, se encontraban restos humanos en la primera de las fosas. Fue un día muy emotivo para Antonio quien, a sus 81 años, aún recordaba el lugar exacto donde enterraron el cadáver de una de sus hijas mellizas. O eso le dijeron. El caso, como tantos otros, está plagado de irregularidades. Le dijeron que la niña había muerto sin más y le enviaron a comprar una ‘cajica’. No le dejaron ver a la niña ni antes ni después. Le entregaron un pequeño ataúd precintado. Y hasta hoy.
Antonio y su hija, María José Picó, la hermana superviviente, están convencidos de que aquella niña, hoy sería una mujer de mediana edad, sigue vive. Para saberlo, deberán esperar unas tres semanas más que se suman a 50 años de incertidumbre y desesperación. Las muestras de ADN han sido enviadas al Instituto Nacional de Toxicología para cruzarlas con la de los familiares. A decir verdad, pocos esperaban hallar restos óseos. Pensaban que en las tumbas sólo hallarían arena. Ése es el gran dama del caso de los niños robados: la psicosis que ha despertado. Personas que dieron por muertos a sus retoños hace 50, 60 años y, ahora, en el ocaso de sus vidas sienten la duda atenazadora de no saber. Si hicieron lo suficiente. Si patalearon, preguntaron e insistieron lo bastante. ¿Murieron de muerte natural, esas cosas pasaban, o se los robaron? La duda es razonable, según la portavoz de las víctimas en Alicante, sólo de marzo a diciembre de 1962 se dieron por muertos a 483 bebés en el Hospital General de Alicante. El año en que Antonio enterró a su pequeña. Da que pensar.
Según el abogado Enrique Vila, quien destapó el escándalo junto a Antonio Barroso, presidente de ANADIR, las exhumaciones son fundamentales porque son la vía para probar que hubo delito. Se lamenta que no haya unidad en el criterio de los fiscales. Algunos no las encuentran necesarias, no las ordenan y los casos acaban archivándose. Aun así, ya se han producido once más en País Vasco, Cádiz y Barcelona. Precisamente de Barcelona nos llega otro hito. Mediante requerimiento judicial se ha conseguido que la Casa Cuna Santa Isabel de la ciudad condal entregue los nombres de las madres biológicas de los once denunciantes. De este modo, los hijos podrán conocer a sus madres naturales, si aún continúan vivas, y preguntarles si los dieron en adopción libremente o no. Un proceso que podría repetirse en Valencia. Antes de llegar a la denuncia civil, cada primer sábado de mes, un grupo de personas se reúne ante la puerta de la casa Cuna Santa Isabel, como modo de presión. Pocos medios cubren la protesta ante las puertas de la institución cuya responsable, Sor Aurora, fue nombrada por el consistorio Hija Adoptiva de Valencia.
Quizá aquellas madres, de Barcelona, de Valencia, dieran libremente a sus hijos en estas instituciones. La vida. Y cuando sus hijos las encuentren no sepan muy bien qué decirles. Que nadie les robó. Simplemente vinieron al mundo cuando nadie les llamó. Pero ese es el drama que este proceso judicial que bien puede durar una década, el desconocimiento. El dolor. La falta de sincronía entre hijos que buscan a madres que no quieren ser encontradas. O madres que buscan a unos hijos desconocen que están viviendo la vida de otros.
