Garzón en una visita a Paterna. Pablo Mammana

El Consell anunció la pasada semana que ha contratado a la Fundación Baltasar Garzón por 30.000 euros para garantizar la transparencia y la lucha contra corrupción. La pregunta que surge es: ¿por qué la Generalitat contrata al ex juez Garzón, que según una sentencia firme del Tribunal Supremo y tomada por unanimidad de los siete magistrados en 2012, cometió prevaricación y llegó a los bordes del Estado de Derecho al permitir escuchas entre abogados y defendidos en el caso Gürtel. ¿No hay nadie mas adecuado para luchar contra la transparencia y la corrupción?

Una manifestación a favor de Garzón.

La sentencia en la que se inhabilita al ex juez Garzón,por ordenar escuchas entre abogados y sus defendidos, durante once años por prevaricación no tiene desperdicio y recoge frases tan contundentes como las siguientes:

– “El acusado causó con su resolución una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demás derechos afectados anejos al mismo, o con otras palabras, como se dijo ya por el instructor, una laminación de esos derechos y (…) colocó a todo el proceso penal español, teóricamente dotado de las garantías constitucionales y legales propias de un Estado de Derecho contemporáneo, al nivel de los sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados, (…) admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado”.

– “Prescindió de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtiendo de esta forma las previsiones constitucionales y legales sobre el particular en meras proclamaciones vacías de contenido“.

Es decir, al dañar el derecho a la defensa, Garzón puso a España, según la sentencia, al nivel de Corea del Norte, la antigua URSS (la de Stalin, Lenin y otros similares), la Camboya de Pol Pot, la Alemania de Hitler o la España de Franco. Algo que ocurría en tiempos pasados y que ya uno pensaba que era propio de otros países.

Es decir, prescindió de los medios previstos para obtener información situando por encima el fin de la investigación, un principio que un Estado de Derecho no puede permitir.

Garzón en una visita a Valencia.

Y la pregunta es por qué la Generalitat se va a gastar 30.000 euros en un señor apartado once años de la carrera judicial por prevaricación al cuestionar uno de los principios esenciales del Estado de Derecho. ¿Qué piensa el Consell que puede aportar precisamente en el campo de la transparencia y de la corrupción?, puntos a lo que se refirió el pasado viernes la vicepresidenta Mónica Oltra.

Mónica Oltra saluda a Hervè Falciani. EFE

Baltasar Garzón se une a Helvé Falciani, el informador del banco del HSBC sobre miles de evasores fiscales, para ser la cara del Consell en su lucha contra la corrupción. Dos nombres mediáticos, pero que aún falta ver cuáles serán sus aportaciones reales.

Según la Generalitat Valenciana, el contrato con la fundación de Garzón incluye la celebración de seminarios, jornadas o congresos relacionados con la prevención de las malas prácticas administrativas y el fraude vinculados con sistemas y modelos informáticos de alertas tempranas.

Junto a Garzón, Falciani colabora con la administración valenciana sin cobrar sueldos ni dietas y se dedica a intercambiar de manera esporádica experiencias sobre las nuevas aplicaciones informáticas. Esta relación todavía no se ha hecho efectiva, aunque desde la Conselleria de Transparencia anuncian que será una realidad a partir de 2018.

El convenio con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que también contempla la adquisición de licencias para implantar algoritmos de detección automática de irregularidades a través del sistemas de alertas antifraude, se anunció como un nuevo movimiento en aras de la transparencia. Habrá que ver en que queda todo.