Pantano de La Serena. / Brígido

La historia es como es y no como nos gustaría que hubiera sido. El régimen de Franco es el responsable de la construcción de los principales pantanos españoles gracias a los que ahora se están abasteciendo muchas ciudades españolas.

El régimen de Franco, con perdón, fue responsable de muchas barbaridades, pero como cualquier gobernante tuvo su parte positiva. Hoy, con una sequía que asola gran parte del país, España bebe gracias al dictador. Los hechos son incostestables. De los diez pantanos más grandes de España, uno se terminó en 1935, ocho durante el régimen franquista y el décimo se empezó a construir durante este periodo aunque se finalizó en 1989.

Embalse de la Serena (Badajoz). Finalizado en 1989, pero iniciado a mediados de los 70 en el marco de los planes de desarrollo. Tiene capacidad para albergar 3.220 hectómetros cúbicos y es el tercer embalse más grande de Europa.

Embalse de Alcántara (Cáceres). Finalizado en 1969, su capacidad es de 3.162 hectómentros cúbicos.

Embalse de Almendra (Salamanca). Tiene una capacidad total de 2.648 hectómetros cúbicos de agua y fue inaugurado en 1970.

Embalse de Buendía (Guadalajara). La presa fue inugurada en 1958 y su capacidad de embalsamiento es de 1.638 hectómetros cúbicos de agua.

Embalse de Mequinenza (Zaragoza). Se construyó en 1966. Su volumen alcanza los 1530 hectómetros cúbicos.

Embalse de Cijara (Badajoz). Fue construido en el año 1956 y puede almacenar hasta 1.505 hectómetros cúbicos de agua.

Embalse de Valdecañas (Cáceres). Su construcción finalizó en 1963. Embalsa hasta 1.446 hectómetros cúbicos de agua.

Embalse de Ricobayo (Zamora). Finalizado en 1935, embalsa 1.200 hectómetros cúbicos.

Pantano de Alarcón.

Embalse de Alarcón (Cuenca). La capacidad del embalse es de 1.112 hectómetros cúbicos. En la cola de este pantano se sitúa el canal de trasvase Tajo-Segura, siendo aquí donde se mezclan sus aguas con las del Júcar.

Embalse de Iznájar (Córdoba). Se terminó en 1969. Con su capacidad de 981 hectómnetros cúbicos, es el más grande de Andalucía.

Y el embalse de Alarcón es fundamental para el abastecimiento, tanto para la población como para el regadío, de la Comunitat. Sólo este pantano supone un tercio de las reservas del sistema Júcar.

Fuente: iagua

Varios muertos en una imagen de la contienda.

La respuesta es compleja e interesada. Se trata de utilizar una figura propia de la época medieval (la Santa Cruzada) y aplicarla trasnochadamente, muchas veces con un interés político detrás, a un conflicto del siglo XX. La Guerra Civil tuvo un carácter religioso indudable como también lo tuvo la II República desde el mismo proceso constitucional cuando se llegó a aprobar una ley para expulsar a una orden religiosa. Pero, ¿fue una cruzada?

Para entender la historia hay que estudiarla en su contexto. La eliminación de la Iglesia de la vida pública fue una continua reivindicación de los partidos republicanos de izquierdas y de las propias izquierdas. La quema de conventos cuando triunfo la República en 1931 se repitió en 1936 con cifras estremecedoras: Sólo en julio de 1936 se quemaron 500 templos en España.

Si a ello se añade el asesinato del clero o de católicos por el mero hecho de serlo, se puede entender la situación y alguna manifestación por parte de la jerarquía que quizá hou pueda sonar extemporánea. Hay que tener en cuenta que durante el conflicto armado fueron asesinados 12 obispos y un administrador apostólico; 4.184 sacerdotes (uno de cada siete), 2.365 religiosos (uno de cada cinco) y 283 religiosas. En diócesis como Barbastro se ejecutó al 88% del clero, incluyendo al prelado.

Ataque a una iglesia de Málaga.

Así parte de la jerarquía católica al menos mirócon buenos ojos al Alzamiento y que algunos prelados, como Marcelino Olaechea (Pamplona), Rigoberto Doménech (Zaragoza) y Tomás Muniz (Santiago) se refirieran a este como cruzada. Aunque todo sea dicho el primero que utilizó el término fue el general Mola en una alocución del 15 de agosto de 1936. También el político catalán Francesc Cambó empleó este término en un artículo publicado en La Nación de Argentina el 17 de noviembre de 1934.

Pero esta no fue la postura oficial ni de la Santa Sede ni de la jerarquía española. En julio de 1937 la jerarquía católica emitiría un comunicado, conocido como Pastoral Colectiva del Episcopado Español, en la que establecería su posición sobre la guerra y en la que en ningún momento se hace alusión a una supuesta cruzada. La suscribieron todos los prelados que seguían vivos y en zona segura salvo el de Tarragona, el cardenal Francesc Vidal i Barraquer, y el de Vitoria, Mateo Múgica.

La carta fue enviada al episcopado mundial desde Francia con el objetivo de que llegara al mayor número posible de obispos. La pastoral era concebida como la exposición de unos hechos “que caracterizan nuestra guerra”. Los obispos aprovechan para desligarse de haber impulsado el Alzamiento o estar en conocimiento del mismo y muestran su rechazo a la contienda: “La Iglesia no ha buscado esta guerra ni la ha querido“.

En la pastoral quieren dejar claro que una de las dos partes en conflicto “iba a la eliminación de la religión católica en España”, lo cual no implicaba que la Iglesia se hubiera puesto incondicionalmente al servicio del otro bando. Por el contrario reclamaba su libertad de acción.

La parte de la misiva destinada a describir la II República se centraba en el incremento de la presencia comunista, especialmente a partir de las elecciones de febrero de 1936 de forma que en su opinión no se podían separar el fenómeno del Alzamiento con el de la revolución comunista. La pastoral reincide una y otra vez en este mismo punto.

En su apartado sexto se apuntaba cómo se había llevado a cabo la revolución comunista. Este punto, cargado de emoción ante la persecución sufrida, concluía con “nuestra palabra de perdón para todos y nuestro propósito de hacerles el bien máximo que podamos”.

El movimiento nacional era analizado en el apartado séptimo. Se le califica de la siguiente manera: “ha fortalecido el sentido de patria, contra el exotismo de las fuerzas que le son contrarias”. “Dentro del movimiento nacional se ha ha producido el fenómeno maravilloso del martirio -verdadero martirio, como ha dicho el Papa- de millares de españoles, sacerdotes, religiosos y seglares (…) El movimiento ha garantizado el orden en el territorio por él dominado (…), lo que permite esperar un régimen de justicia y paz para el futuro”.

También dejaban clara su posición ante el nuevo Estado en la que reclamaba su libertad de acción.

La Pastoral se podría quizá resumir en cinco ideas.

Primera: La Iglesia no había tenido nada que ver con el Alzamiento.

Segunda: En coincidencia con el Alzamiento se había producido una tremenda persecución religiosa, incoada bajo la República, pero que a partir de julio de 1936 había tomado proporciones y modalidades inesperadas.

Tercera: Esa persecución religiosa, unida a la revolución social para la implantación del comunismo, había sido llevada a cabo por anarquistas, comunistas y socialistas de izquierda.

Cuarta: La persecución, dirigida a la eliminación moral y física de la Iglesia en España, la había obligado a ponerse no tanto junto a los junto a los sublevados, como detrás en un intento de salvar la vida.

Quinta: Los que había protegido el Alzamiento y se habían visto envueltos en una guerra eran mayoritariamente católicos y cabía esperar de ellos que respetaran a la Iglesia.

La carta pues transparentaba la mentalidad tradicionalista del cardenal Gomá (y de la mayoría de los obispos) pues eran hombres de su tiempo. Esta era la mentalidad en la España de los 30 en la Iglesia, Tanto era así que el Estado nacional trató de aprovechar a su favor el efecto que tuvo la carta vinculando dos cuestiones distintas; por un lado la realidad de la persecución religiosa y por otra, los proyectos de restauración de  un nuevo régimen, De la unión de estos dos hechos se procuró deducir que la reconstrucción era una tarea católica. Era la mentalidad tradicionalista.

Posición del Papa

La posición papal aparece claramente en una alocución de Pío XI en Castelgandolfo en septiembre de 1936. En primer lugar reconoció sin atenuantes el martirio que muchos españoles estaban sufriendo. Para el Papa los sucesos persecutorios eran una amenaza más cuanto derivaban de un profundo desconocimiento de la verdad “Y de un odio satánico contra Dios”. Ni una sola vez se refirió al comunismo aunque por el contexto las referencias eran claras

Pero además el Papa conocía la dureza del enfrentamiento y por eso hizo una llamada al entendimiento de las fuerzas políticas, ya que en su opinión, y para los dos bandos, “porque eso no era bueno , porque tal actitud estaba muy lejos de un comportamiento cristiano, advertía paternalmente para que se corrigiera”.

El Papa no condenó a los que luchaban en el otro lado,  niquiso olvidar que eran cristianos y como tales hijos suyos, al igual que los nacionales  Esta alocución no fue muy del gusto de las autoridades del Alzamiento, queesperaban un tono más duro con los republicanos, que la difundieron con una censura previa de la útima parte en la que hablaba del amor de unos a otros y pedía la paz para España.

(*) La mayor parte del texto está basado en “Historia de la Iglesia en España 1931-1939’Tomo II. La Guerra Civil” de Gonzalo Redondo.

Control de los guardias de asalto.

La II República comenzó con graves problemas de orden público como huelgas o quema de iglesias. Para dar respuesta, el Gobierno se planteó la creación de una policía preparada para intervenir en la ciudad y no utilizar así la Guardia Civil, más apropiada para las zonas agrarias. Fue la Guardia de Asalto, germen de la futura Policía Nacional que nació tras la Guerra Civil con la denominación de Policía Armada.

El encargado de crear el nuevo cuerpo fue Miguel Maura, entonces ministro de Gobernación del primer gobierno de la República previo a la aprobación de la Constitución de 1931. Según él mismo cuenta en sus memorias ‘Así cayó Alfonso XIII…‘, los sucesos del 11 y 12 de mayor de 1931 (la quema de iglesias y conventos) hizo evidente la imposibilidad de guardar el orden público con la Guardia Civil.

Los guardias civiles no tenian el armamento adecuado. Sólo contaban con un fusil mauser. Su uniforme, su rígida disciplina les hacía difícil adaptarse a la lucha callejera por lo que cada vez que se les ocurrió intervenir el número de bajas era muy elevado. Aplicaban el reglamento: tres tiros de atención y a partir de ahí fuego a discreción. Las carnicerías eran frecuentes.

Ante ello, Maura junto a Antonio Galarza plantearon la creación de un cuerpo de polícía armada al que desde el principio se le acordó llamar Guardia de Asalto. El encargado de organizarla fue el teniente coronel Muñoz Grandes, que siguió a su frente hasta 1935, una década después mandaría la División Azul y luego sería ministro de la Guerra durante la dictadura.

En menos de tres meses la estructura del nuevo cuerpo estaba listo. Una tropa uniformada, seleccionada y disciplinada. Su reglamento era muy rígido, no sólo en cuestiones de disciplina, sino también en las condiciones requeridas para el ingreso. Algunos de estos requisitos recuerdan a los demandados para cuerpos paramilitares comunes en la época en otros países europeos.

Un escuadrón de la Guardia Civil durante la República.

Así, el guardia de asalto tenía que medir al menos un metro y ochenta centímetros con una constitución física “excepcional”, en palabras de Maura. El candidato con la menor tara física “era rechazado sin piedad”. Su entrenamiento era intensivo. La organización de cuarteles, uniformes, armamento, material rodado y demás fue improvisado. Maura no tiene más que palabras de alabanza para la tarea de Muñoz Grandes, quien apenas unos años después dio un giro ideológico llamativo. En este sentido, hay quien le reprocha su tardanza a unirse al alzamiento del 18 de julio de 1936.

El resultado fue que la labor de creación se inició a fines de mayo y el 14 de octubre el cuerpo contaba ya con 800 miembros preparados para la acción, armados con porras y pistolas como armamento normal con material móvil que permitía acudir con rapidez a los puntos en los que se presentara una crisis. 

Durante el golpe de estado su fidelidad y actuación fue fundamental en muchos sitios para que fracasase. No obstante, la Guardia de Asalto fue fusionado, por decreto del 27 de diciembre de 1936 con la Guardia Nacional Republicana para formar el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior, aunque éste siguió manteniendo unas unidades de asalto y vanguardia que actuaron en operaciones militares.

Durante el alzamiento militar, el bloque de la Guardia de Asalto permaneció fiel al Gobierno de la República aunque guarniciones como las de Zaragoza y Valladolid, donde triunfó el golpe, también se sublevaron.

Mientras duró la guerra, estos guardia se distinguieron como una infantería fiable a la que la República siempre confiaba operaciones delicadas, como la supresión de los sucesos de Barcelona de mayo de 1937 (la purga de los anarquistas y trostkistas) o la toma de Belchite. Con el tiempo se convirtió en la élite del nuevo ejército republicano. 

El golpe de gracia fue contemporáneo al final de la guerra. Franco disolvió el Cuerpo de Seguridad Interior en marzo de de 1940. Al mismo tiempo hizo desaparecer el Cuerpo de Carabineros integrándolo en la Guardia Civil. Los pocos miembros de la Guardia de Asalto que superaron los expedientes de depuración se integraron en la recién creada Policía Armada.

Refugio antiáreo de la Guerra Civil en Valencia.

Las checas fueron cárceles no oficiales utilizadas por la República durante la Guerra Civil para detener extraoficialmente a personas consideradas enemigas del pueblo, torturarlas, y posteriormente ejecutarlas. Las ciudades en la que más se utilizó este procedimiento fueron Madrid y Barcelona, aunque Valencia ciudad tuvo cerca de 40, al margen de un barco prisión y las cárceles. En el conjunto de la Comunitat actuaron 55 durante el conflicto.

La mayor parte de ellas estaban controladas por militantes de la CNT, que consideraba que al tiempo de una guerra estaba realizando una revolución, y el PCE. El nombre procede de la Comisión Extraordinaria de la revolución rusa (abreviada Cheka), el precedente del KGB. Desde ellas, y también desde las cárceles, se realizaban las temidas ‘sacas’ en las que los milicianos conducían a los detenidos fundamentalmente a la playa del Saler y al Picadero de Picassent, donde se realizaron la mayoría de ejecuciones sumarias y sin juicio previo en la Guerra Civil. Dos ubicaciones lo suficientemente alejadas de la ciudad para no llamar demasiado la atención. El número total de fallecidos en la Comunitat en este periodo alcanzó los 6.188, según la investigación de César Alcalá.

Conviene recordar que por una de estas checas pasó José Robles el traductor al español de John Dos Passos, y traductor de la embajada soviética que desapareció prácticamente sin dejar rastro en 1937.

Según el trabajo de Alcalá, en la provincia de Valencia hubo 35 checas, 12 en la de Alicante con un total de 55 en toda la Comunitat durante los años de la Guerra Civil.

En Valencia se contabilizaron 46 según los cálculos de Alcalá. Algunas de ellas fueron el colegio de los Escolapios en la calle Carniceros, en la calle Sorní, en la colegiata del Sagrado Corazón de Navellos; la iglesia de San Agustín, La Alameda, Convento de San Julián, Plana Na Jordana; el chalet Vila Rosa en el Grao; en Grabador Esteve, en Aparisi y Guijarro, en Santa Úrsula o en la Bailia. Además, en el puerto había un barco prisión.

En las checas se aplicaban todo tipo de torturas a los presos. En algunas había celdas de castigo con el piso cubierto de ladrillos puntiagudos. A veces se les introducía en pequeños armarios en los que no podían moverse.

Torres de Quart, utilizado como prisión en la Guerra Civil.

Según el autor de ‘Checas en Valencia‘, se pueden distinguir dos fases claramente diferenciadas. Hasta la eliminación de los anarquistas y troskistas en mayo-junio de 1937 las checas estuvieron controladas por la CNT y la FAI. Posteriormente, pasaron al SIM (la inteligencia miitar fundada por Indalecio Prieto). Aunque las checas en Valencia fueron creadas por Ángel Galarza, ministro del Interior, que al llegar a Valencia crea el Dedide (Departamento Especial de Información del Estado). El terror del Dedide, con el mayor número de ejecucione y sacas, se extendió hasta mayo de 1937. Galarza cayó en desgracia por los hecho de Barcelona y el lugar del Dedide fue ocupado por el SIM. Anteriormente el Dedide había ocupado el lugar del CEP (Comité Ejecutivo Popular) que sembró el terror en Valencia hasta la llegada del gobierno de Madrid.

Las sacas también se dieron en Valencia fundamentalmente al principio de la guerra. El procedimiento era asaltar una prisión y trasladar a los presos para ejecutarlos sin juicio previo, un hecho que se produjo fundamentalmente al inicio de la guerra.

Imagen de 'El acorazado Potemkin', prohibida por la II República.

La aprobación del Código Hays causó hilaridad y críticas al puritanismo americano. El conjunto de normas aprobado por Hollywood para velar por una supuesta moralidad sigue enrojeciendo a algunos aún hoy. En otros lugares no había tantos problemas. En la España republicana cuando no gustaba una película o se cortaba o no se emitía. Sin complejos, pese a que el artículo 34 de la Constitución prohibía la censura y garantizaba la libertad de expresión. Pero superestrellas como Charlot, Greta Garbo, Ingrid Bergman, Michael Curtiz, director de ‘Casablanca‘, Carole Lombard, Cecil B. De Mille, Sergi Eiseistein o Bette Davis fueron víctimas del fervor moralista de los dirigentes del nuevo régimen.

Bette Davis.

Un estudio de María Antonia Paz Rebollo y Julio Montero permite establecer las películas prohibidas así como censuradas entre 1931 y 1936 y mostrar así los valores que pretendían defender como los miedos y temores a los que se enfrentabana.

Frente a lo que pudiera parecer, la revolución bolchevique no era bien vista, el PSOE temía el ascenso del PCE. La obra maestra de Eiseistein ‘El acorazado Potemkin‘ no pudo ser vista en la España republicana, al igual que sucedió en otras naciones europeas. Según los estudiosos, el veto puede responder a que se considerara una incitación a la revolución.

Pero mucho más llamativo fue el acuerdo, a veces tácito, entre países para evitar películas en las que su imagen pudiera verse afectada.Es el caso de algunas películas sobre Alemania y la Primera Guerra Mundial. Se prohibió ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis‘ (1921) por el tono antialemán. También fue prohibida ‘Idilio en El Cairo‘ (1933) por las quejas del gobierno egipcio.

Greta Garbo como 'Mata Hari'.

Quizá llamá aún más la atención la vigilancia que puso el Gobierno de la II República en la defensa de lo que se consideraba moralmente adecuado. Es aquí donde aparecen censuradsa superestrellas de Hollywood o del cine europeo como Ingrid Bergman, Garbo, Michel Curtiz, Cecil B. de Mille, Mitchell Leisen, Carole Lombard, Merle Oberon o Douglas Fairbanks en una lista que se haría casi interminable.

‘Anna Karenina‘ (1935), protagonizada por Garbo, tuvo suerte y pese a tratarse de un adulterio, uno de los temas que más preocupaba a los censores, pudo verse tranquilamente porque no presentaba escenas visualmente inconvenientes. Otros temas tabú fueron la prostitución o la homosexualidad, que llevó a cortar ‘Abajo los hombres‘ (1936) y ‘Qué muchacho tan simpático‘ (1936).

Entre las películas prohibidas se encuentran ‘Mata-hari‘ (1931), protagonizada por la Garbo, antialemana, según la censura, y de dudosa moralidad. Tampoco se libró Michael Curtiz con ‘El agente británico‘ (1934), una historia de espías con la URSS como transfondo, que podía herir sensibilidades.

‘Los miserables‘ (1935), protagonizada por Frederich March y Charles Laughton, vieron como se eliminaron las secuencias que mostraban la construccíón de barricadas. Mientras que en ‘Crimen y Castigo‘ (1935), de Joseph Von Sternberg, se eliminó un título relativo a la incompetencia de la policía (“La policía siempre se equivoca”).

Charles Chaplin, Charlot, en una de sus películas.

Ni tan siquiera Charlot se libró de los censores de la idolatrada II República. ‘Charlot se va de campo‘ (1932) sufrió varios cortes. Para estos funcionarios la sensualidad era excesiva.

El director Cecil B. de Mille.

En ‘Agente especial‘ (1935), protagonizada por Bette Davis, los españoles no pudieron ver como un policía uniformado le quitaba con familiaridad un cigarrillo a un criminal y se lo fumaba. En ‘Vivamos de nuevo‘ (1934), del gran Rouben Mamoullian, se dejó fuera un fundido desde un rancho repugnante a una lujosa mesa de banquete y la escena en la que el príncipe reparte sus tierras entre los campesinos.

‘Los ángeles del infierno‘ (1930) fue censurada porque se daba una mala visión de Alemania.

En ‘Éxtasis‘ (1935) se produce un corte que no pasa desapercibido cuando la protagonista y yun hombre se encuentran en un diván y en la escena siguiente salen de la casa. No es difícil soltar la imaginación. Y son sólo algunos casos.

Lluís Companys durante un mitin.

Tal día como hoy en 1931 la Generalitat catalana aprobó por aclamación el Estatuto de Autonomía Catalán. Un día que parece adecuado para hacer alguna reflexión. ¿Lluís Companys era nacionalista por convicción o por necesidad? De lo que nadie duda es que su mentor, Francesc Masià, fue un claro defensor de la nación catalana. Pero la actuación de Companys en dos fechas claves (octubre de 1934 y julio de 1936) pone en entredicho su supuesto fervor nacioanalista e inclina a pensar más bien en un hombre que subordinaba a su ideología izquierdista a su sentimiento patriótico, un factor que ERC no se muestra en estos momentos muy dispuesto a dejar claro. Basta saber que historiadores de la talla de Anthony Beevor o Stanley Payne tampoco lo tienen demasiado claro.

Companys fue uno de los fundadores de ERC, fue el presidente de la Generalitat que proclamó en octubre de 1934 el ‘Estat Català‘. A partir de ese momento pasó a formar parte de la mitología nacionalista catalana. Pero como cualquier otra leyenda no siempre coincide con la realidad. De hecho, Companys se consideraba más republicano y de izquierdas que independentista y sólo las presiones de su partido le llevaron a realizar la proclamación.

Tras morir Francesc Masià, fue elegido su sucesor, pero sin concitar el entusiasmo entre la rama más nacionalista del partido que lo veía más identificado con los principios republicanos, obreristas e incuso su vinculación con el anarcaosindicalismo, un movimiento de enorme influencia como se vería más tarde.

Soldados republicanos en la Guerra Civil./EFE

Su trayectoria al frente de la Generalitat fue la continua búsqueda de un equilibrio. Por un lado, mantenía una pugna con el Estado sobre determinadas leyes que podrían romper el orden consituticional mientras que por otro hacía guiños a los sectores más izquierdistas. Su primer desmarque claro de las tesis más nacionalistas fue durante la revolución de octubre de 1934.  Tras la entrada de la CEDA en el Gobierno, el 6 de octubre de 1934, Companys, tras acusar al nuevo gobierno español de «monarquizante» y «fascista» proclamó el Estat Catalá, pero no independiente sino dentro de la República Federal Española, independendista pero lo justo. Ademas, invitó a a los republicanos de izquierda de toda España a establecer un gobierno provisional de la República en Barcelona.

Pero fue tras es incidente cuando comenezó el proceso de inclusión de Companys en el imaginario nacionalista comenzó en octubre de 1934.

Ahora bien su leyenda creció durante la Guerra Civil. Barcelona, ante la sorpresa de muchos, logró aplastar la intentona militar. Si embargo, no fueron los mossos d’esquedra ni els escamots. Fueron las milicias sindicales, especialmente las de la CNT. Como consecuencia, Companys se mantuvo fiel a la República (pese a sus malas relaciones con Manuel Azaña). Companys fue plenamente consciente de este hecho y entregó armas a las milicias y les dio en la práctica el control sobre Barcelona. Tras el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas en mayo y junio de 1937, los comunistas se hicieron con el control absoluto en un estado republicano claramente centralizado donde su margen de maniobra fue aún mucho menor.

Durante la Guerra Civil estuvo al frente de la Generalitat catalana y se exilió a Francia con la derrota de la República. Los nazis lo entregaron al gobierno de Franco tras invadir Francia en 1940 y fue ejecutado en el Castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940

Desde la Transición su figura ha sido objeto de diversos homenajes. El Ayuntamiento de Barcelona dio en 1979 su nombre a una avenidaen la se erigió una escultura en su honor. En julio de 2001, el Estadio Olímpico de Montjuic recibió el nombre de Lluís Companys y en 2005 se erigió un monolito en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuic, frente al lugar donde Companys fue ejecutado. Ahora bien, el expresidente de la Generalitat, como tantos otros, tuvo más de mito que de nacionalismo real. Pero la historia la escribe quien la escribe. Y ahora le toca a los inventores de mitos y leyendas para mayor gloria del nacionalismo.

Azaña y uno de sus gobiernos.

Pese a quien pese, Mariano Rajoy pasará a la historia. Es el único presidente del Gobierno en funciones que gana unas lecciones. Bien pueden aplicársele las palabras del Quijote: “Dejad al tiempo que haga de las suyas, que es el mejor médico para estas y otras mayores dificultades“. Si Rajoy ha sabido pegarse con cola al sillón, en el caso opuesto hay dos políticos españoles que mostraron un desapego al cargo un  tanto exagerado. Ambos fueron presidente de Gobierno apenas 24 horas. Uno fue el conde Cleonard en 1849 y el segundo Diego Martínez Barrio, por encargo de Manuel Azaña en julio de 1936.

La brevedad en el cargo del conde de Cleonard se lleva la palma hasta el punto de que llegó a causar la hilaridad entre sus contemporáneos. El susodicho noble, militar de carrera y de nombre Serafín María de Sotto, protagonizó en octubre de 1849 el conocido el ‘ministerio o gobierno relámpago’. Alcanzó la presidencia del Gobierno al verse inmerso, casi sin pretenderlo, en un complot orquestado por Francisco de Asís, marido de la reina Isabel II, contra el general Narváez.

La consecuencia directa fue que la supuesta víctima, Ramón María Narváez, duque de Valencia, también conocido como el espadón de Loja y siete veces presidente del Gobierno, salió más  fortalecido políticamente que antes de la crisis.

Los sucesos tienen el antecedente inmediado de la conocida enemistad entre Narváez y el consorte de la reina, Francisco de Asís. Este último trató de aprovechar la conocida como ‘cuestión romana‘ en el pontificado de Pío IX.En pleno proceso de unificación italiana, los italianos intentaron anexionarse Roma. La cuestión no se cerró hasta los Pactos de Letran firmados en 1929.

Isabel II.

Francisco de Asís aprovechó la crisis italiana para ganarse el respaldo del confesor de Isabel II y del nuncio en España del Papa con su respaldo a los Estados Pontificios.

El marido de la reina propuso de esta forma a la reina que nombrara al conde Cleonard, un hombre mediocre al que creía que podía manejar, presidente del Gobierno en lugar de Narváez. Pero Isabel II no dio su brazó a torcer y el ejecutivo del conde apenas duró 27 horas y Narváez volvió a la presidencia, obviamente con mucho más poder del que disponía un día antes.

Como colofón, el triste y casi involuntario protagonista de la intriga fue desterrado a un cuartel de Jaén. Irónicamente fue el mismo conde de Cleonard el que recibió años más tarde el mandato de crear la comisión regia, antecedente de lo que serían los servicios de inteligencias y contraespionaje españoles.

El esperpento fue seguido por un suceso de proporciones semejantes unos años después cuando en julio de 1854, en pleno Bienio Progresista, se sucedieron dos presidentes del gobierno en cuatro días. Fernando Fernández de Córdova estuvo en el poder dos dias y cedió la presidencia al duque de Rivas que tampoco consiguió mantenerla más de 48 horas.

También la II República tuvo un presidente que duró poco más de 24 horas. Pero fue en circunstancias mucho más dramáticas a las puertas de la Guerra Civil. Manuel Azaña le encargó a Diego Martínez Barrio la formación de un gobierno el 18 de julio, pero renunció el día 20 tras fracasar en el intento.

Martínez Barrio intentó formar una gran gobierno concentración nacional, Hugh Thomas llega a afirmar que le ofreció un puesto al general Mola, uno de los cabecillas de la sublevación militar. Tras un día de frenéticas llamadas telefónicas, Martínez Barrios abandonó la tarea apenas 24 horas después de ser nombrado.

Azaña, segundo por la izquierda junto a a Alcalà Zamora en el primer gobierno de la II República.

17.000 personas han sido sancionadas por llamar colega a una agente, o por decirle que ha aparcado mal por aparcar mal. Es el balance del primer año de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, publicado recientemente por LAS PROVINCIAS. Pero este tipo de leyes no es nueva. Hasta la Arcadia feliz de la II República tuvo la suya en la que no cabían ni jueces, ni juicios ni abogados. Manuel Azaña la defendió en el debate parlamentario con el siguiente argumento: “Comprenda su señoría que de una decisión adoptada por el Ministro de la Gobernación no se va a recurrir ante un juez ni ante el Tribunal Supremo tampoco“.

La Ley de Defensa de la República fue aprobada por las Cortes en octubre de 1931 para tener un instrumento excepcional para frenar actos contra la República. La propuesta partió de un gobierno en el que se encontraban Manuel Azaña, Niceto Alcalá Zamora, Largo Caballero o Indalecio Prieto, entre otros. Pese a que la la Constitución reconocía la libertad de expresión y otras libertades pública, esta norma convertía en delito:

La policía interviene en una manifestación de estudiantes. /Txema Rodríguez

– Difundir noticias que puedan dañar “el crédito” de la República o perturbar el orden público (Art. 1.3). Es decir, coartar la libertad de expresión además de que su redacción favorecía la arbitrariedad.

– Menospreciar las instituciones y organismos del Estado (Art. 1.5). Otra vez contra la libertad de expresión.

–Hacer apología de la monarquía o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras (Art. 1.6). ¿Qué pasaría si se prohibiera la bandera de la República?

– La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación suficiente. (Art. 1.7). Coarta el derecho de huelga.

–Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación (Art. 1.8). Contra la libertad de manifestación.

– La falta de celo de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios. ¿Cómo se podía medir? ¿Qué dirían ahora los sindicatos? El funcionario podía perder la plaza.

Al infractor se le podía poner una multa de hasta 10.000 pesetas de entonces, ser encarcelado e incluso exiliado.

Tal y como la actual ‘ley mordaza’, se prescindía de juicios, jueces y abogados. Eso sí, se podía reclamar ante el Consejo de Ministros en un plazo de cinco días si era una entidad pública (como un periódico) y sólo de uno si era un particular.

Ante la interpelación de un diputado sobre la absoluta indefensión en la que se encontraban los ciudadanos y la petición de más garantías individuales, Azaña le espetó: “De ninguna manera, señor Ossorio, un recurso de carácter judicial. Comprenda su señoría que de una decisión adoptada por el Ministro de la Gobernación no se va a recurrir ante un juez ni ante el Tribunal Supremo tampoco“.

Guardias de asalto desfilando.

El artículo 4 también es bastante sorprendente, ya que la aplicación de la legislación quedaba en manos del ministro de la Gobernación que podía nombrar ‘Delegados Especiales‘, que recuerdan a los tribunales especiales que luego se harían famosos en los dos bandos durante la Guerra Civil o en la Alemania nazi durante la Segura Guerra Mundial.

En la práctica, se convirtió en una censura previa. No era extraño ver en las publicaciones espacios en blanco. La censura no fue una exclusiva de la España de Franco.

Diputados socialistas en 1933 con Largo Caballero y Prieto, entre otros.

Los resultados de las últimas generales en España imponen una política de pactos para formar gobierno. Aunque es una práctica extraña, no es la primera vez que ocurre. En las elecciones de 1933 ganaron los partidos de derecha. En ese momento podría haber goberbado con el apoyo del centro (más de 5 millones de votos frente a los dos y medio de las formaciones de izquierda). Pero no fue así. El veto y las amenazas del PSOE de dar un golpe de estado y desencadenar una revolución llevaron al principal partido de la derecha a no entrar en el Gobierno.

Gil Robles en un mitin.

El 19 de noviembre de 1933 se celebraron elecciones generales en España. La fuerza más votada fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con 115 diputados. El Partido Radical obtuvo 102 escaños. El PSOE fue la tercera fuerza política con 59. La victoria de las derechas fue incuestionable, ya que logró cerca de 200 diputados sobre un total de 473 frente a los 170 del centro y centro-derecha y el centenar de parlamentarios obtenidos por las fuerzas de izquierda que pagaron no haber concurrido en coalición. Si la gran vencedora de los comicios fue la CEDA, el gran derrotado fue el PSOE que se había presentado con la esperanza de lograr la mayoría para gobernar en solitario y así convertir una república burguesa en una república socialista a imagen de la URSS. En cierta forma buscaban un refrendo a su nueva política tras renunciar en septiembre de 1933 a la vía reformista y optar por revolucionaria para alcanzar sus objetivos.

Mujeres votando en 1933.

Para la izquierda el que fueran las primeras elecciones en las que votaban las mujeres distorsionó el resultado y le restó legitimidad, ya que consideraban que estas eran más conservadoras y hacían “lo que les mandaba el director espiritual”. Una afirmación desmentida tanto por los hechos (en 1936 también votaron las mujeres y ganó la izquierda) como por los más recientes estudios historiográficos.

Alcalá Zamora en un mitin.

La primera reacción de los perdedores fue, encabezados por Manuel Azaña y Largo Caballero entre otros dirigentes, presionar al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para que formara un gobierno de izquierdas, anulara las elecciones y convocara otras. Alcalá Zamora llegó a escribir que en apenas 20 días le habían propuesto tres golpes de estado. De hecho, para ERC era una llamada a la guerra tras vencer “la Inquisición y el fanatismo religios”.

La reacción más virulenta provino de la CNT que organizó una revuelta a los dos días de constituirse las Cortes que causó cerca de noventa muertes (entre las acciones se incluye la voladura de un tren). Al tiempo, en el seno del PSOE se desató una lucha interna para apartar al moderado Besteiro. Los dirigentes que apostaban por un régimen comunista como Largo Caballero o Indalecio Prieto  pensaban llegado el momento, similar a octubre de 1917 en Rusia, para derribar la república burguesa. Era el año de la revolución.

Largo Caballero, el 'Lenin' español.

Ante la tensión, la CEDA, liderada por José María Gil Robles, optó por renunciar a entrar en el Gobierno y limitarse a darle su apoyo en las Cortes. Alejandro Lerroux, del Partido Radical, formó un gobierno sin ministros de la derecha, pese a la mayoría que había obtenido en las urnas. El statu quo se mantuvo hasta septiembre de 1934 cuando la CEDA retiró su apoyo a Lerroux y reclamó su entrada en el gobierno. La tensión creció: al tiempo que se confiscaba un alijo de armas encargado por Indalecio Prieto., la izquierda vio el movimiento de la CEDA como un intento de golpe de estado.

Detenidos en la revuelta de Asturias custiodados por la Guardia Civil.

El 4 de octubre el partido de Gil Robles lograba la entrada en el Gobierno con cuatro ministros. Al día siguiente estalló el golpe de estado auspiciado por el PSOE, la UGT, PCE y anarquistas (con un comité revolucionario presidido por Largo Caballero). Los focos principales fueron Cataluña, donde se declaró la independencia, y Asturias con la rebelión obrera que se prolongó un mes y obligó a intervenir al ejército.

Los hechos evidenciaron la escasa madurez de la democracia española. Indalecio Prieto reflexionando años más tarde, se declaró culpable ante su “conciencia, ante el Partido Socialista y ante España” por su participación en este golpe de estado. El radicalismo y el componente antidemocrático de muchos partidos vetó el acceso al Gobierno a una formación que ganó unas elecciones legítimas.

Las tres diputadas de la primera legislatura de la II República: Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent.

El mito: las mujeres lograron el derecho al voto gracias a la izquierda. Bien distinto es que esta afirmación responda a la realidad de los hechos. Tal y como se dice en ‘El hombre que mató a Liberty Valance‘, “cuando la leyenda se convierte en realidad, imprime la leyenda“. El hecho es que en las Cortes Constituyentes de la II República (1931) el voto de las mujeres salió adelante con algunos votos de la derecha y muchos más de la izquierda. Pero también es irrefutable que dos de las tres diputadas que había en el hemiciclo, una pertenecía al PSOE y otra al Partido Radical,  votaron contra este derecho. Otra cosa es lo que ha quedado escrito.

Nadie duda de que el sufragio universal femenino salió adelante en España con apoyo de buena parte de la izquierda, especialmente del PSOE. Pero igual de cierto es que destacados dirigentes de partidos izquierdistas se opusieron con vehemencia a que en la Constitución de 1931 (II República) se incluyera el voto de las mujeres. Entre ellos se encontraban el partido de Manuel Azaña, Acción Republicana, o el Partido Radical Republicano, además de destacados dirigentes socialistas y de otras formaciones del mismo espectro ideológico.

Sesión de las Cortes de la II República.

Más llamativo aún son algunos de los argumentos utilizados, que bastarían en la actualidad para estigmatizar a cualquiera que los sostuviera. El diputado de Federación Republicana Galega, catedrático de Medicina y considerado uno de los introductores de la medicina modena en Galicia, Roberto Novoa Santos, recurrió a la ‘ciencia’ para oponerse al voto femenino. Llegó a afirmar que la mujer está dominada por la emoción y no por la reflexión y el espíritu crítico, lo que las invalidaba para votar. Reforzó sus tesis acudiendo al psicoanálisis para sentenciar que el histerismo era algo inherente a la condición femenina.

Clara Campoamor.

Pero aún más llamativo es el hecho de que dos mujeres, y ambas militantes de partidos de izquierda, (Margarita Nelken, del PSOE, y Victoria Kent, del Partido Radical) se opusieran abiertamente a la inclusión de este derecho en la Constitución. La diputada Clara Campoamor, del Partido Radical, para poder defender el voto femenino tuvo que romper la disciplina de voto, ya que la posición de su formación era contrario a aprobar el sufragio femenino.

Margarita Nelken.

Margarita Nelken, diputada del PSOE, fue una de las dirigentes de la II República más apasionada. Para hacerse una idea sobre su papel, basta leer las memorias del anarquista Juan García Oliver (compañero de Buenaventura Durruti y cofundador del grupo terrorista ‘Los solidarios’). Oliver la considera responsable de estar al frente de un grupo violento de Juventudes Socialistas Unificadas. De hecho, algunas investigaciones apuntan que alguno de los asesinos de José Calvo Sotelo se refugió en su domicilio tras el homicidio. La parlamentaria rompió la disciplina de voto del PSOE, que estaba favor del voto de las mujeres, para rechazar abiertamente este derecho.

Victoria Kent.

Victoria Kent, del mismo partido que Campoamor, también se opuso a la aprobación del sugragio femenino e intervino con vigor en el debate en las Cortes. Encabezó una maniobra para retrasar la entrada en vigor pidiendo que las mujeres sólo pudieran votar en las generales tras haberlo hecho dos veces en unas municipales. Su propuesta, similar a la presentada por Matías Peñalba, de Acción Republicana, fue rechazada por sólo cuatro votos.

Manuel Azaña.

El propio Manuel Azaña se atrevió a ironizar sobre el enfrentamiento entre Kent y Campoamor en el Congreso al señalar que sólo había dos mujeres en la cámara y ni así podían ponerse de acuerdo. Una afirmación con cierto sesgo machista que ahora le condenaría al ostracismo social. El socialista Indalecio Prieto también fue uno de los que votó contra del sufragio femenino y abandonó el salón de plenos bastante indignado.

Kent argumentaba que tanto la inmadurez como la falta de responsabilidad social de la mujer podía dañar a la República y favorecer en las elecciones a sus enemigos, ya creía que gran parte de las mujeres “antes de votar, lo consultaría con su director espiritual“.

Estos argumentos eran compartidos por Margarita Nelken, quien a su vez llegó a afirmar que: “Poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario”.

Una argumentación que Clara Campoamor, tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, desmontó con una lacónica frase: “la intervención de la mujer no es dañosa al mantenimiento de una política izquierdista”. Al final ella tuvo razón y no sus dos compañeras.

Pero la historia la escribe quien la escribe, normalmente los vencedores, y ya se sabe, lo importante es la leyenda mientras la realidad sólo se tiene en cuenta en la medida que interesa.