2018. EL GAS MÁS CARO

            Un amigo que está muy atento a la evolución de los textos del BOE ( una afición que yo admiro, porque en ese a manera de libro oficial, se le puede ver el plumero a la trayectoria política de la aplicación de nuestros recursos)- ha descubierto que en esta época, como cada año, el Gobierno anuncia los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas.

            Eso en cristiano no administrativo supone que las empresas que nos suministran el gas pueden repercutir en la factura del consumidor mediante un cargo adicional. O sea que suben el gas o la van a subir. No paran.

            Y ahí nos la han dado. Poca ironía cabe aquí, más bien lo que cabe es la sensación de que el Constitucional, un tribunal clave, es ninguneado en demasiadas ocasiones.

            ¿Usted se acuerda de una plataforma, en plan película por su colores y tamaño, anclada frente a las costas de Castellón(Comunidad Valenciana) y Tarragona ( futura y potencial Tabernia sede de los constitucionalistas fatigados de tanto procés) que se llama Castor?

            Hace algún tiempo fue gran noticia porque su uso parecía generar pequeños terremotos en el área costera frente a ella. Ahora está de nuevo en entredicho porque generará nuevos terremotos en la factura del gas, amén de los que ya generó en su día. Son implacables y eso que lo hacen por el bien común, aunque parezca que al final es el bien individual.

            El juego de socializar las perdidas y privatizar los beneficios es una trampa.

            Hace muy poco tiempo un decreto gubernamental de urgencia autorizaba el pago de 1.350 millones de euros aproximadamente a la empresa que fue la adjudicataria del proyecto. Acudimos a las fuentes y a la memoria

            Para recordar el asunto pensemos en un pozo de petróleo submarino en Amposta que ya estaba agotado y alguien dijo que se podía aprovechar para almacenar gas – unos 1900 millones de metros cúbicos- que servirían para garantizar gas durante 50 días de consumo. La idea aprobada por el Gobierno Zapatero en 2008 y ya en 2012 se produjo la primera inyección de gas.

            La idea era buena, pero…el mar y la tierra protestaron

            En 2013 la empresa ESCAL – (participada en un 67% por ACS – Florentino Pérez) recibió la orden de cesar la actividad por la alarma social producida por una serie de seísmos de pequeña escala en la zona y cesó.

            Parecía claro que la inyección de gas y su posible extracción eran responsables de esos seísmos y todos los organismos dijeron lo mismo por lo que la licencia revirtió en el Estado y la indemnización recae sobre el Gobierno que a su vez nos las traspasa vía empresas al recibo y ahí estamos.

            Según la OCU habremos pagado un 4500 millónes del ala los consumidores

            Diferentes organizaciones civiles, ya en el 2010, pusieron sendas denuncias porque parecía claro que se vulneraban aspectos ambientales y se evadía la responsabilidad de generar los correspondientes informes. Estaba claro que algo olía a podrido en este asunto.

            Y ahora la cosa sigue con  80 millones de euros.      El Tribunal Constitucional anula la orden emitida y…a buenas horas mangas verdes.

            2018 empezará con una subida del precio del gas. Las empresas están autorizadas a cargar al consumidor los costes de mantenimiento de la plataforma, un déficit tarifario y los peajes…pese a la orden del Constitucional al declarar nulo el trámite de urgencia para el pago de la indemnización.

            Una vez más al Constitucional se le niega la mayor, es decir el cumplimiento de la orden. ¿No hay para estos casos un algo similar al 155?

            ¿Por qué no se hace caso? ¿Hay una burla implícita en el desobedecer el mandato? Y a mi que me preocupa más el BOE misterioso, que solo los aficionados consultan, que la cabalgata de las magas por decir algo.