El caso de la joven marroquí atada a un árbol frente a la mezquita de Catarroja causó una gran conmoción en esta localidad valenciana. La Guardia Civil detuvo a un familiar de la víctima como presunto autor de la agresión. Según la joven, su tío la amenazó y golpeó en varias ocasiones porque no consentía su relación sentimental con un chico español. Otros familiares de la supuesta víctima y del detenido aseguran que el sospechoso es inocente y que estaba en Barcelona cuando ocurrieron los violentos hechos en Catarroja.

Un hombre armado con una pistola protagonizó otro grave suceso al amenazar a tres familias que estaban cenando en el camping del complejo Devesa Gardens. El individuo fue detenido por la Guardia Civil de El Perellonet tras unos minutos de tensión, nerviosismo y pánico. Los violentos hechos ocurrieron después de que el hombre de nacionalidad francesa llamara la atención a estas personas porque le molestaban las voces que él escuchaba desde su autocaravana.

El portavoz de la Policía Nacional de Valencia, José Lozano, explica en el programa de CV Radio (94.5 FM) las características que deben tener las contraseñas de los teléfonos móviles y correos electrónicos para que sean seguras.

Pero la Policía Nacional no puede desnudar la intimidad genética de todos los detenidos, como hace EEUU al incluir el ADN de cualquier persona arrestada en sus bases de datos criminales, sin necesitar la autorización de un juez y sin importar el motivo. En España solo se puede requerir una muestra de ADN a determinados individuos que fueron detenidos o investigados por una serie de delitos de especial gravedad y repercusión social, como homicidios, violaciones, robos con violencia o fuerza en las cosas, así como en los casos de delincuencia organizada.

Cuando el sospechoso aún no ha sido detenido, la policía puede recoger su muestra genética abandonada, como un escupitajo o una colilla, sin que lo sepa el investigado y sin necesidad de autorización judicial. Una sentencia del Tribunal Supremo dio validez a la recogida y análisis de este tipo de pruebas.

La información genética se introduce después en la base de datos de interés criminal INT-SAIP, que tiene reseñas biológicas de origen conocido correspondientes a personas identificadas -sospechosos, detenidos e investigados- y perfiles dubitados que la policía no sabe a quién corresponden. Son restos de sangre, saliva o semen que fueron obtenidos en minuciosas inspecciones en escenas de crímenes, robos y violaciones. Las reseñas de ADN permanecen en la base de datos para el uso exclusivo de los investigadores, y resuelven muchos casos antiguos cuando se incluyen nuevos perfiles.

Las pruebas biológicas realizadas en el laboratorio de ADN de la Jefatura Superior de Policía de Valencia esclarecen una media de 50 delitos al mes, según fuentes oficiales. La Brigada Provincial de Policía Científica remite informes todos los días a los juzgados de su demarcación, concretamente la Comunitat Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, con pruebas irrefutables que condenan todos los años a un gran número de procesados.

«Todos los policías que trabajamos en el laboratorio sabemos lo importante que es nuestra labor para probar la comisión del delito, y por eso somos muy meticulosos para evitar contaminaciones», afirma Ricardo Collado, inspector de la Policía Nacional y jefe del laboratorio de ADN. Las mascarillas, batas y guantes forman parte de su vestuario en cuartos estancos con cabinas biológicas de seguridad y equipos robotizados de alta tecnología.

Ochos policías, tres inspectores y personal administrativo trabajan en el laboratorio en diferentes turnos. Doce de ellos son titulados superiores en Ciencias (Biológicas, Químicas y Farmacia) y uno es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En lo que llevamos de año, este equipo de profesionales ha realizado pruebas relacionadas con 1.800 asuntos, la mayoría de ellas en el curso de investigaciones por graves delitos, pero otras corresponden a la inclusión de perfiles genéticos en la base de datos de personas desaparecidas.

El laboratorio de ADN de Valencia cuenta con el reconocimiento de garantía de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de ensayos forenses. «Esta entidad confirma la competencia técnica y garantiza también la fiabilidad en los resultados de todas las pruebas que hacemos para enviarlas al juzgado», asevera Collado.

Aunque las series de televisión han idealizado las inspecciones oculares y la recogida de restos biológicos en la escena de un crimen, todas las muestras que se analizan en el laboratorio no son útiles para los investigadores. En un hueso incinerado, por ejemplo, es muy complicado hallar moléculas de ADN; y un cabello sin bulbo ni raíz se puede analizar para exculpar a un sospechoso, pero en caso de coincidencia hay que tener en cuenta que el ADN mitocondrial de un individuo es idéntico en todos los parientes maternos, por lo que la prueba no será concluyente.

Toda la información genética que se obtiene en el laboratorio de Valencia se incluye en la Base de Datos Nacional de Perfiles de ADN, donde hay alrededor de 200.000 registrados, y para ello se utiliza el sistema informático CODIS, el mismo que usa el Departamento de Justicia de EEUU.

Las técnicas de análisis genéticos y la creación de bases de datos específicas constituyen el mayor avance en el área de la investigación criminal en los últimos diez años. Quizá en un futuro no muy lejano, además de una fotografía y de la huella dactilar, para expedir el DNI puede que sea necesario una muestra de saliva.

«El ADN no resuelve ningún delito por sí solo, pero contribuye en gran medida a su esclarecimiento, aportando pruebas y datos que son aprovechados por las unidades de investigación, como el Grupo de Homicidios o el de Atracos, y la propia autoridad judicial en última instancia», señala Francisco Planells, inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia.

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo de las unidades policiales de Valencia ha posibilitado la detención y el procesamiento de delincuentes muy violentos. «Hay que reconocer la labor callada que hay detrás de cada caso, desde el policía del grupo de reseñas hasta el personal administrativo que gestiona la documentación, sin olvidar que el asunto finaliza con la celebración del juicio, la condena del culpable, la satisfacción de la víctima o la exculpación del inocente», añade Planells.

El portugués Edgar Soares, de 40 años de edad, fue juzgado y absuelto en 2011 de una grave acusación: violar a una mujer bajo el antiguo cauce del río Turia. Soares estuvo en prisión preventiva casi un año hasta que un análisis de los restos de semen hallados en la víctima demostró que no coincidían con su perfil genético. Pese a que el fiscal no halló indicios de culpabilidad, la acusación particular mantuvo su imputación porque la víctima y su pareja lo habían reconocido sin ningún género de dudas.

Nada más entrar en las dependencias de la Policía Científica en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, una memorable frase en un cartel recuerda la importancia de la labor probatoria: «Todo aquello que se afirma sin pruebas, también puede ser negado sin pruebas». El trabajo de la Policía Científica no acaba en el laboratorio. Falta el último paso: responder a las preguntas de jueces, fiscales y abogados en el juicio. Las declaraciones de los especialistas desmontan coartadas y descubren mentiras de asesinos, violadores o ladrones.

Hace cuatro años, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a un hombre a doce años y nueve meses de prisión por matar a Alejandra Buesa, de 48 años, en una vivienda de la calle Císcar. Los restos de ADN hallados por la Policía Científica en el fular utilizado para estrangular a la víctima y una ardua investigación del Grupo de Homicidios posibilitó la detención, procesamiento y condena del homicida.

Otro crimen resuelto por el ADN y las pesquisas policiales fue el asesinato de Vicente Marco, abogado y cabeza de lista por Los Verdes Ecopacifistas a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 2011. El 13 de febrero de 2011, la Policía Científica halló ADN del asesino en un zapato en la escena del crimen, un piso de la calle Hernán Cortés donde el detenido dijo que no había estado nunca. Al final, Toufik S. confesó que mató al letrado de una puñalada en el corazón y fue condenado a 21 años de prisión.

El polémico trofeo entregado en la gala.

Los cerca de 40 deportistas que fueron galardonados en este acto recibieron una estatuílla con dos revólveres que rodean la frase textual: “No marcamos el 091”. Algunos de los socios federados mostraron su indignación al entender que era un mensaje para los partidarios de resolver problemas o conflictos con las armas que poseen como deportistas, sin recurrir a los cauces legales establecidos y al auxilio o mediación de la sala del 091, y por ende, de la Policía Nacional.

La sociedad violenta en la que vivimos no necesita dirigentes de una federación deportiva que defienda a los pistoleros en su acepción más negativa. Las personas de gatillo fácil no tienen cabida en el tiro olímpico. Varios de los galardonados no se llevaron a casa el trofeo y lo dejaron sobre la mesa, como protesta, cuando finalizó la gala en un conocido complejo hostelero de Gijón.

Hay personas que consideran el tiro olímpico un deporte violento o de pistoleros por el hecho de utilizar armas de fuego, pero se equivocan tanto como los dirigentes de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias.

Como su nombre indica es un deporte olímpico que pone a prueba la precisión y concentración en el manejo de un arma de fuego. Y la inmensa mayoría de sus practicantes, por no decir todos, sí que marcan el 091.

Yo también llamo al 091, 062 y 092, los teléfonos de emergencia del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local, respectivamente, para alertar de situaciones de riesgo y prevenir la comisión de delitos.

Cuando sospecho que un comerciante o vecino magrebí puede ser un ‘lobo solitario’ del yihadismo porque ensalza en público a los terroristas que cometieron los atentados de París o Bruselas, yo marco el 091.

Cuando escucho gritos y golpes procedentes de una vivienda donde un hombre presuntamente maltrata a su mujer, yo marco el 091.

Cuando veo un coche con la ventanilla forzada o la puerta de una casa o comercio con señales de violencia, yo marco el 091.

Cuando detecto pornografía infantil en una web o en programas de intercambio de archivos, yo marco el 091.

Cuando me encuentro a un niño o a un anciano perdido en la calle, yo marco el 091.

Cuando sospecho que en una vivienda o un parque trapichean con droga, yo marco el 091.

Cuando veo una pelea en la calle o a un individuo que persigue a otro con un arma en la mano, yo marco el 091.

Cuando un fin de semana o de madrugada escucho golpes en la pared o ruidos extraños, pienso que pueden estar cometiendo un robo con el método del butrón y marco el 091.

Cuando un intruso trata de entrar en mi casa o soy víctima de un hurto o un robo con intimidación en la calle, yo marco el 091.

Cuando sorprendo a un carterista en el metro o en un mercadillo, yo marco el 091.

Y en definitiva, cuando considero que una llamada a la policía puede prevenir un delito yo marco el 091 o el 112, el teléfono que gestiona la asistencia más inmediata ante cualquier situación de riesgo personal o colectivo en España.

Varios transeúntes que se encontraban en las proximidades de la Grand Place de Bruselas pusieron en peligro los resultados del operativo policial al informar de los movimientos de los agentes en directo a través de Twitter. Antes de que el Gobierno confirmase que había comenzado la operación antiterrorista para intentar capturar a un grupo de sospechosos, los internautas ya difundían fotos de las calles cortadas por la policía. Los medios de comunicación se unieron también en pocos minutos a esta vorágine informativa a través de sus ediciones digitales. Y entonces llegó la reacción de la policía, que pidió a los periodistas y a los ciudadanos que dejaran de dar detalles del operativo policial para no obstaculizarlo, ya que los sospechosos podían enterarse de los movimientos de los agentes. Tanto la petición de las autoridades como la respuesta ciudadana fue más que acertada en aras de la seguridad de todos.

Cualquier ‘tuit’ que buscabas con las etiquetas #Bruxelles o #BrusselsLockedDown iba acompañado de una foto, un montaje o un vídeo de un gato. Los internautas se dieron cuenta de que tenían que apoyar a la policía porque los terroristas podían leer sus mensajes. Este ejemplo de colaboración ciudadana tiene que abrir los ojos a los responsables de esas cuentas oficiales de Twitter que tienen miles de seguidores. En situaciones de crisis, las redes sociales pueden convertirse en el mejor aliado de la policía o el peor enemigo de los malos. Prueba de ello fue la noche de los gatos con imágenes de ratones cazando en hocicos felinos, montajes de policías con cuatro patas o comandos gatunos armados hasta los dientes. Hace cinco años, un departamento del Gobierno belga propuso esterilizar a todos los gatos como forma de combatir su exceso de población; y ahora Twitter los convierte en un símbolo animal de la colaboración ciudadana y de la discreción a través de las redes sociales.

También es muy loable el esfuerzo de Anonymous para desmantelar el aparato propagandístico en internet de ISIS o Daesh, siglas del Estado Islámico, aunque hubo algunos fallos a la hora de identificar cuentas de Twitter supuestamente relacionadas con yihadistas. Muchos piensan que un ataque cibernético es la forma más efectiva para frenar la apología del terrorismo islamista en la red. Tras los atentados de París, un portavoz de los ‘hackers’ anónimos declaró la guerra a ISIS en un comunicado y anunció también el cibertataque más importante contra el grupo terrorista que controla parte de Irak y Siria. Días después de los asesinatos en la sede de la revista satírica francesa ‘Charlie Hebdo’, los piratas informáticos de Anonymous ya bloquearon páginas web relacionadas con ISIS. Todo suma contra la barbarie.

Construidos en los años 50 por el arquitecto Antonio Tatay, en estos bloques de seis alturas con 168 viviendas residían trabajadores portuarios, pero ahora en la mayoría de estas casas viven familias marginadas que derribaron la puerta a patadas, y sólo unas 40 aproximadamente mantienen la concesión inicial.

Cuando entras en cualquiera de estas fincas te das cuenta de que Valencia vive de espaldas al mar. La incertidumbre y vulnerabilidad se dan la mano todos los días en esta barriada. Casi todos los días, la policía acude a estos bloques para entregar una citación judicial, averiguar el domicilio de un sospechoso, realizar un informe de defraudación de fluido eléctrico o mediar en una disputa familiar.

Bloque de viviendas Ruiz Jarabo. Foto de Jesús Signes.

Mientras el controvertido proyecto de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sigue siendo eso, un plan urbanístico, los vecinos del Grupo Ruiz Jarabo echan de menos a las caravanas electorales que recorren las calles de la ciudad de Valencia. El patriarca de los bloques de viviendas tiene razón cuando dice que no hay partido político que se atreva a pedir el voto en este gueto.

También los periodistas tenemos que hacer autocrítica y denunciar más estas desigualdades sociales. El autor del vídeo de este post (servidor) no sabía ni cómo se llaman estos edificios cuando grabó las imágenes con su teléfono móvil: “Estamos en los bloques Luis Jarabo….” Perdón, perdón y perdón.

Una de las pocas personas que se ha preocupado por esta barriada es el arquitecto valenciano David Estal, que presentó hace años un proyecto para la revitalización de estos pisos y su transformación en una residencia universitaria. Su propuesta consiste en restaurar estos edificios del Cabanyal, en lugar de derribarlos, para convertir las viviendas en 144 habitaciones de estudiantes, adecentar los espacios comunes y abrir establecimientos comerciales en las plantas bajas.

AUDIO: La voz de los estafadores

Un hombre con un pasamontañas habla por teléfono.

El método delictivo consiste en realizar llamadas indiscriminadas, tanto a teléfonos fijos como a móviles, para comunicar el secuestro de un familiar, la mayoría de las veces un hijo o nieto de la persona que contesta. El cruel estafador afirma a su víctima que si quiere volver a ver con vida a su familiar tiene que pagar una determinada cantidad de dinero, acompañando la petición con expresiones como: “para evitar torturas” o “¿cuánto valoras cada dedo de tu hijo?

Para no ser víctima de esta estafa hay que tener muy claro cómo actuar si recibes una llamada de estas características. Guardar la calma y no facilitar ningún tipo de información familiar ni bancaria es el primer consejo. Luego es recomendable colgar el aparato e inmediatamente después hay que llamar a la policía para denunciar el caso. Si su teléfono fijo tiene el servicio de identificación de llamadas debe saber que la mayoría de estas estafas se realizan desde Chile, cuyo prefijo es 0056. En los secuestros reales, el individuo que exige el rescate suele realizar una llamada corta para que los investigadores no puedan localizar su paradero, mientras que los estafadores chilenos alargan la conversación para que la víctima no compruebe que su familiar está a salvo.

Al principio, los timadores elegían a sus víctimas tras estudiar información de estas personas que obtenían de diferentes fuentes, como las redes sociales. Con el tiempo, los estafadores siguieron criterios aleatorios para realizar un gran número de llamadas, prefiriendo los números fijos a los móviles. Esto explica que muchas víctimas se concentren en las mismas localidades o provincias.

Para darle más credibilidad a la amenazas, los delincuentes, con marcado acento sudamericano, además de identificarse como miembros de bandas criminales, imitan incluso la voz de los familiares que presuntamente están secuestrados, aunque con sollozos y muy pocas palabras, para evitar que las víctimas, inmersas en un gran nerviosismo por la situación, descubran el engaño. También recurren a efectos sonoros que despiertan terror en los interlocutores y los atenaza. De esta forma, el estafador provoca en la víctima un bloqueo emocional que le empuja a pagar cuanto antes sin comprobar la veracidad de la amenaza ni llamar a la policía.

Pero estos timadores no ofrecen ningún dato de la persona supuestamente secuestrada. Por ello, no hay que tener miedo a preguntar por rasgos físicos y personales (o simplemente el nombre y la edad) del familiar que el delincuente asegura que tiene retenido en ese momento. Los estafadores quieren evitar preguntas para las que no tienen respuestas y por eso exigen un ingreso rápido. Su intención es atemorizar a la víctima en muy pocos minutos e impedir que pueda localizar al hijo o nieto presuntamente secuestrado. Además, no piden grandes cantidades de dinero. Así es más fácil conseguir un pago rápido. También dan instrucciones para enviar el dinero desde un locutorio o utilizan el método de la transferencia bancaria.

La Policía Nacional identificó y localizó a los miembros de la trama chilena que estafó a 14 personas en España con este método delictivo, aunque los individuos llamaron a cientos de teléfonos de nuestros país en los últimos meses. Dos agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron recientemente a Santiago de Chile para colaborar con la Policía de Investigaciones Chilena (PDI) en la desarticulación del grupo de timadores. Los autores intelectuales de las llamadas delictivas fueron localizados en un centro penitenciario de Santiago de Chile, desde donde realizaban las comunicaciones telefónicas con España, y familiares y conocidos de ellos se encargaban de recibir los ingresos de dinero.

Un policía nacional observa la pantalla de su ordenador. Foto de Roberto Ruiz.

Ahora, la autoridad judicial competente en aquel país tendrá que actuar en función de su legislación y de la comisión rogatoria internacional emitida desde España. En casi dos meses, la Policía Nacional ha recibido 162 denuncias en distintas provincias, la mayoría de ellas presentadas en Madrid, con 75 casos, y Málaga, con 35, seguidas de Zaragoza y Sevilla. Tan sólo un 10 por ciento de las víctimas pagaron el supuesto rescate.

En estas llamadas, los falsos secuestradores les exigían de 350 a 5.000 euros por la liberación de un familiar y lograron estafar a 14 víctimas unos 11.000 euros. Aunque sus objetivos eran elegidos de modo aleatorio, el perfil de la víctima que ingresó el dinero solicitado responde al de una persona de avanzada edad y no habituada a relacionarse en redes sociales. La policía sospecha que los presos chilenos podrían seguir realizando esta estafa telefónica hasta que no se cierre el proceso judicial abierto en aquel país.

La intriga se mantuvo hasta el final del rodaje. El asesino de la serie ‘Bajo sospecha’ se enteró de que era él cuando le dieron el último guión. Bambú Producciones se encargó de que el desenlace fuera el secreto mejor guardado, y prueba de ello es que tampoco figuraba el nombre del criminal en los primeros documentos que entregó a Antena 3.

Yon González, Blanca Romero y Lluís Homar.

Sorprende que se adopten tantas precauciones para que los actores no se contaminen de un guión predeterminado, y luego Atresmedia desvela demasiados detalles en los avances del siguiente episodio. Un consejo: cambien de canal nada más terminar el capítulo.

Cuando el guionista piensa antes en la trama que en el argumento aparece la mejor ficción. pero muchos telespectadores, entre los que me incluyo, quieren ver historias, sucesos o relatos creíbles. La intriga, el misterio y las elucubraciones criminales están muy bien, pero si el operativo policial para seguir a la sospechosa de un asesinato se realiza con coches patrulla que llevan las luces y sirenas encendidas, o policías infiltrados que te pisan los talones en pleno monte, la incredulidad puede apoderarse de hasta los telespectadores más agradecidos.

También es ficción elegir la demarcación rural de la Guardia Civil para que la Policía Nacional investigue un crimen, el excesivo tiempo de infiltración de dos agentes (que además encuentran sendos trabajos relacionados con los sospechosos), la conversación telefónica de un detenido en dependencias policiales con un familiar y la cobertura extraordinaria de los micrófonos o la calidad de sonido de las escuchas. Ya les gustaría a los investigadores de los grupos de homicidios de la Policía Nacional o de la Guardia Civil tener todas estas facilidades y medios técnicos para resolver un crimen.

Alicia Borrachero y Pedro Alonso.

Pero no seamos tan exigentes. Los presupuestos que se manejan en España para las series de televisión son más pequeños que en el mercado anglosajón, y esto repercute en los medios técnicos, el tiempo dedicado a la grabación, los decorados, las revisiones del guión, los equipos de postproducción o el reparto, aunque la interpretación de Alicia Borrachero (la madre de la primera niña desaparecida) es de lo mejor de la serie, junto con la trama de suspense.

La familia Vega.

Quizás, por eso, no son comparables otros deslices de conocidas series, como el botellín de plástico de agua en la foto promocional de la quinta temporada de Downton Abbey. Después de seguir con atención los primeros capítulos de ‘Bajo sospecha’, que en su estreno alcanzó más de 4,2 millones de espectadores, sorprende que coseche más audiencia en España que la mismísima ‘Broadchurch’, la serie de suspense de la cadena británica ITV que muestra con gran realismo la investigación de la muerte de un niño de 11 años en un pueblo costero, así como la desesperación de varios sospechosos y de los vecinos que conocían al chico. Cosas de la tele.

Y después del paréntesis televisivo de Semana Santa ahora tenemos que esperar unos días más para conocer el nombre del asesino. Cosas de Atresmedia. Mientras tanto, Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés, los productores ejecutivos de la serie, se frotan las manos por la audiencia conseguida con su drama policíaco.

José Antonio Merenciano Ruiz

El inspector jefe José Antonio Merenciano Ruiz, nacido en Valencia en el año 1955, fue asesinado junto con otros dos compañeros en Durango (Vizcaya). El atentado de ETA tuvo lugar en la mañana del 3 de octubre de 1980. Merenciano iba acompañado por el agente Jesús Hernando Ortega y el subcomisario Sergio Canal Canal. Los tres policías regresaban a Bilbao en un coche tras realizar los trámites oportunos para que los vecinos de Durango pudieran obtener el DNI. Al detenerse en un semáforo en rojo, cuatro terroristas se colocaron a ambos lados del vehículo y abrieron fuego cruzado con varias ráfagas de metralleta. El inspector Merenciano Ruiz, que ocupaba el asiento trasero, reaccionó y pudo hacer uso del revólver, con el que realizó un disparo. Para asegurarse de que ninguno de los policías salía vivo del atentado, los etarras se acercaron al vehículo y dispararon a la cabeza de las víctimas. A continuación, los terroristas huyeron en un vehículo que habían sustraído poco antes a punta de pistola. Merenciano se había casado cuatro meses antes.

Vicente Luis Garcerá López

La banda terrorista ETA utilizó un lanzagranadas para atacar una tanqueta de la Policía Nacional que circulaba con una dotación de nueve agentes por las inmediaciones del Puente de la Magdalena en Pamplona. El atentado tuvo lugar sobre las tres de la madrugada del 17 de abril de 1982. Varios de los policías, que habían prestado servicio en una subestación eléctrica, repelieron la agresión con sus armas reglamentarias. El proyectil perforó la cubierta blindada y estalló en el interior de la tanqueta. El conductor del vehículo policial, Vicente Luis Garcerá López, nacido en Valencia en 1953, resultó herido grave y murió una hora después. La víctima estaba casada y tenía una niña de corta edad.

Emilio García Martínez

El 19 de abril de 1983, el inspector jefe Emilio García Martínez fue asesinado por los GRAPO en Valencia. Aquel fatídico día estalló una bomba que las terroristas Mercedes Padrós Corominas y Josefina García Aramburu colocaron en el coche de la víctima. Su hijo oyó la explosión y acudió en su ayuda, pero el policía nacional falleció en el hospital. Nacido en Navas de Jorquera (Albacete) en 1935, Emilio García estaba casado y tenía dos hijos. Cuando ocurrieron los trágicos hechos, la víctima se encontraba destinada en Paterna.

Emilio Juan Casanova López

El oficial de la Policía Nacional Emilio Juan Casanova López, nacido en Ayora en 1953, murió en un atentado con coche bomba el 23 de junio de 1983 en San Sebastián. Otros seis policías sufrieron heridas de diversa consideración: José Antonio Quintana Cañuelo, Jesús María Díez Barcia, Heliodoro Borrás Jesús, Antonio Gutiérrez Pizarro, Juan Plaza Navarro y Engracio Calabuig Noguera. Los etarras detonaron la bomba pese a que a unos metros de la furgoneta policial circulaba un autobús escolar. El vehículo fue alcanzado de lleno por la metralla y la onda expansiva de la bomba. El artefacto explosivo, que contenía gruesos tornillos y tuercas, se encontraban en una Seat 127. El lateral izquierdo de la furgoneta policial quedó acribillada con orificios que en algunos casos alcanzaban varios centímetros de diámetro. Emilio Juan Casanova López fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja, donde falleció poco después. El agente tenía 29 años y estaba casado. Dos horas antes de que lo mataran, el policía valenciano había asistido al funeral por Juan Maldonado, asesinado la víspera en Pasajes de San Juan.

Manuel Julio Rodrigo Belenguer

Manuel Julio Rodrigo.

El 4 de noviembre de 1983 fue asesinado el policía nacional Manuel Julio Rodrigo Belenguer de un disparo a bocajarro por un atracador argentino. El crimen tuvo lugar en el centro de Valencia cuando el agente de la unidad de motos identificaba a un sospechoso tras un robo en la joyería Mora en la primera planta de un edificio de la calle Correos. El policía se topó en la puerta de la finca con un hombre bien vestido y le pidió la documentación. Según la portera del inmueble, el individuo introdujo una mano en un bolsillo de su chaqueta en un ademán de buscar su cartera, pero sacó una pistola y disparó dos veces contra el agente. Una de las balas perforó el corazón. del policía. Los atracadores, dos hombres y una mujer, huyeron con un botín de 40 millones en joyas en un Seat 131 Supermirafiori. El autor del asesinato, el delincuente argentino Jorge Eduardo Villarino, fue apresado poco después y solo cumplió una condena de 11 años de prisión. El criminal era un experto en fugas y logró evadirse de la cárcel Modelo. La policía lo consideraba el jefe de la mafia argentina en España en los años 80. Cuando fue detenido en Gerona, Villarino confesó su participación en 13 atracos a bancos y joyerías en Barcelona, Madrid y Valencia. El delincuente murió con 68 años tras hacerse la cirugía estética y cambiar su nombre por el de Jorge Leguizamón Vidal. Manuel Julio Rodrigo, nacido en el barrio valenciano del Cabanyal, estaba casado y tenía cuatro hijos, uno de ellos policía nacional, y un nieto de siete meses. Aquel fatídico 4 de noviembre de 1983 no tenía que patrullar con su moto, pero un compañero le pidió que le cambiara el servicio. La valentía y el esmero que ponía en su trabajo eran dos cualidades que distinguían a este policía nacional, según reconocieron sus jefes el día del entierro.

Eduardo Navarro Cañada

El día 15 de diciembre de 1983, ETA asesinó en San Sebastián al oficial de policía Eduardo Navarro Cañada, nacido en Burjassot en 1956, e hirió gravemente a su compañero de patrulla, Clemente, y a un peatón. La víctima pertenecía a la Compañía de Reserva General con base en Valencia y fue enviado al País Vasco para reforzar la seguridad. Dos miembros del comando Bianditz de ETA, vestidos con el uniforme de la Policía Municipal de San Sebastián, descendieron de un vehículo policial que habían robado horas antes, se acercaron a los agentes por la espalda y les dispararon a bocajarro en la cabeza. Su compañero de patrulla quedó incapacitado tras casi dos años de recuperación. Eduardo Navarro estaba casado y tenía dos hijos.

Avelino Jiménez Pérez

El 12 de noviembre de 1987, el policía nacional Avelino Jiménez Pérez murió al ser tiroteado en la calle Jesús de Valencia por dos delincuentes que acababan de atracar una sucursal del Banco de Valencia. Tras intimidar a clientes y empleados con armas de fuego, los dos atracadores se apoderaron de un botín de más de dos millones de las antiguas pesetas. Uno de los trabajadores del banco accionó el sistema de alarma y varias patrullas acudieron con urgencia al lugar. Los primeros en llegar fueron dos agentes de la unidad de motos. Uno de ellos era Avelino. La víctima era natural de Alborea (Albacete), estaba casado y tenía tres hijos de 11, 9 y 4 años. Ingresó en la Policía Nacional el 1 de abril de 1973 y prestaba sus servicios en la sección de motos de la Brigada de Seguridad Ciudadana desde septiembre de 1986.

Francisco Javier Delgado González-Navarro y José Ángel Garrido Martínez

Francisco Javier Delgado.

José Ángel Garrido Martínez.

Dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Javier Delgado González-Navarro y José Ángel Garrido Martínez, de 27 y 28 años de edad, respectivamente, fueron asesinados el 13 de diciembre de 1991 en Barcelona por dos etarras. Garrido, alumno de la policía en prácticas, murió en el acto y Delgado falleció poco después en el hospital Clínico. Los terroristas tirotearon a los agentes en la puerta de un taller de instalación de radios de coche en la calle de Caballero, cuyo propietario era amigo de uno de los policías. José Ángel Garrido Martínez, nacido en Valencia, se había casado un mes antes y fue trasladado a Barcelona para reforzar el dispositivo de seguridad olímpica. Francisco Javier Delgado era natural de Fregenal de la Sierra (Badajoz), pero estaba casado con una valenciana. Ambos fueron enterrados en Valencia

Ignacio José Moreno Arroyo y Francisco Pascual Martínez García

El inspector jefe Ignacio José Moreno Arroyo.

El 6 de febrero de 2000, un perturbado mental asesinó en el Cabanyal al inspector jefe Ignacio José Moreno Arroyo, el policía Francisco Pascual Martínez García, el bombero Vicente Sivera Cervera y la anciana octogenaria Vicenta Darder Dubón. Ramón Tatay Zanón provocó primero una explosión de gas en su casa en el número 147 de la calle de Escalante. Luego se apostó en la terraza para esperar a sus víctimas y disparó contra ellas conforme iban llegando y se ponían a tiro. Uno de los primeros policías que llegaron al lugar, Francisco Pascual Martínez García, de 43 años, recibió un impacto de bala y cayó fulminado. Los bomberos acudieron minutos después para sofocar el incendio de la vivienda, pero ignoraban la existencia de un francotirador. Una vez apagadas las llamas, entraron en la casa y encontraron muerta a Vicenta Darder Dubón, una vecina que había acudido a la vivienda del perturbado mental tras oír la explosión. Durante los trabajos de retirada de escombros, el bombero Vicente Sivera Cervera, de 40 años, recibió otro disparo mortal. La última persona asesinada fue el inspector jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Ignacio José Moreno Arroyo, de 41 años, que entró en la casa para apresar al homicida. El francotirador intentó huir por el tejado, pero fue abatido por la policía de un disparo en la cabeza.

Un policía nacional observa unas imágenes en internet.

¿Pero quién difunde estas mentiras y por qué? Algunos de los mensajes no tienen otro objetivo que dañar a una empresa determinada, a veces por competencia comercial, y otros dan proporciones excesivas a lo que se dice o a un suceso sin someterse a la realidad ni a la verdad. Así, la mayoría de los bulos generan alarma de una forma intencionada, y cuanto más llame la atención, más veces será reenviado.

La difusión de una noticia falsa o curiosa a través del correo electrónico permite seguir el rastro de miles de direcciones personales para luego capturarlas con el fin de comerciar con ellas o utilizarlas en fraudes cibernéticos. De esta forma, los miles de correos que reciben el bulo sobre las falsas bombas de ETA, las llamadas perdidas o el yogur bebible, pasan a formar parte de una base de datos, una lista con información muy apetecible para el marketing digital. El uso del ‘e-mail’ para la publicidad presenta varias ventajas: mínimo coste, personalización, almacenamiento, rapidez y medición de resultados. Por ello, esta forma de comunicación tiene cada vez más novias.

¿Pero cómo se distingue una información veraz entre las patrañas que circulan por la red? Los bulos suelen ser anónimos, están redactados de forma atemporal y normalmente contienen una petición de reenvío. Al carecer de fecha, la mentira puede pervivir más tiempo en la red o incluso resurgir años después. Tampoco citan fuentes para que resulte más difícil contrastar la historia inquietante.

Un bulo difundido en internet con los membretes del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico.

Pese a los continuos desmentidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, algunas leyendas urbanas siguen causando desconfianza e incluso alarma social. Prueba de ello es que aún hay conductores que dudan sobre cómo actuar cuando se cruzan en la carretera con un coche que circula con las luces apagadas. «Ojo con hacer ráfagas a estos vehículos», advierte un bulo, porque se trata de «un juego de iniciación de una pandilla denominada Sangre». Deslumbrar al conductor que circula con las luces apagadas es supuestamente una señal para el individuo que aspira a ingresar en la banda criminal. Y entonces, el candidato a asesino tiene que perseguir al coche hasta sacarlo de la carretera y matar a sus ocupantes. Todo mentira. Semejante falacia, según fuentes policiales, surgió en 2005 en Sudamérica tras el reenvío masivo de un correo electrónico que firmaba Interpol Guatemala. El ente policial advertía de la existencia de la pandilla latina y de su terrorífico método de iniciación. Otro suceso ficticio. Pero la leyenda cruzó el charco y, nueve años después, sigue generando en España toda clase de comentarios en foros, blogs, redes sociales, grupos de WhatsApp, tertulias de bar y reuniones de amigos.

En caso de ser identificados, los autores de algunos bulos pueden ser acusados de los delitos de amenazas y falsificación documental. Según el actual Código Penal, “si las amenazas de un mal que constituye delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población”, el autor se enfrenta a una pena de dos años de cárcel.

La Guardia Civil registra un despacho durante la operación 'Enredadera' contra una trama de funcionarios corruptos.

Cuando no hay una novedad de la trama Gürtel, son los flecos de los ERE de Andalucía o de los papeles de Bárcenas, sin olvidarnos del caso Filesa, el fraude fiscal de la familia Pujol o el Caso Nóos. Día sí, y día también, nos despertamos con un nuevo caso de corrupción o una macrooperación del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que tienen ya unidades especiales para luchar contra esta lacra, aunque con pocos agentes especializados.

La mayoría de ellos cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, apropiación indebida o malversación de fondos sin intimidación ni amenazas. Tampoco usaron armas ni métodos violentos. Llevaban guantes blancos para no mancharse la manos, como hacen los expertos ladrones de joyas inmortalizados en la gran pantalla.

Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

Los políticos y funcionarios corruptos, al igual que algunos estafadores y criminales, suelen utilizar métodos cada más sofisticados para no dejar pruebas de sus delitos. En cierta manera actúan como los grupos de delincuencia organizada. Falsifican documentos, blanquean capitales, defraudan a Hacienda, usan varios teléfonos móviles para eludir las escuchas telefónicas, mienten a sus familias y a sus amigos, cobran dinero tan negro como el carbón, sobornan a cargos públicos, infiltran a compinches en las instituciones…

Carlos Fabra, expresidente del PP en Castellón. Efe,

La lista de fechorías y delitos es interminable, pero causa más alarma social cuando los presuntos autores, implicados en la trama o culpables de los desfalcos son personas que tenían la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos; y por lo tanto, debían respetar, y nunca lapidar, los principios y normas que regulan el derecho administrativo.

Cuando se demuestre que cometieron los delitos y la sentencia sea firme, todo el peso de la justicia tiene que caer sobre estos corruptos de guante blanco. Y mientras tanto, la condena social está ya envuelta en papel de regalo, como las dádivas que presuntamente recibieron.