Miguel Ricart.

Tras pasar entre rejas 21 años, ‘El Rubio’, apodo de Ricart en su juventud, vivió todo ese tiempo encerrado en su mundo. Su vida en la cárcel era tan mortecina como cómoda. Sólo la cuenta atrás de su libertad, cuando el Tribunal de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot, devolvió cierta complacencia al recluso.

Cinco familiares (su hija, una hermana y tres sobrinos) son las únicas personas allegadas que podrían compadecerse aún de Ricart, que no se ha puesto en contacto con ningún familiar desde que salió de prisión. Su expareja no quiere saber nada de él, pero su hija no descarta reunirse algún día con su padre «para escuchar sus explicaciones», asegura la joven. Su madre y sus tías le aconsejan que nunca dé ese paso. Siguen sin fiarse de ‘El Rubio’, aunque en 1993 asegurara a un psicólogo en la cárcel que su hija era «lo más importante de su vida».

«Yo pensaba que cuando saliera en libertad se pondría en contacto conmigo, pero han pasado ya tres años y es como si se lo hubiese tragado la tierra», afirma Rosa. «Me hubiera gustado que hubiera tenido algún interés por conocerme. Soy su única hija», añade. Respecto a los motivos de la falta de afecto o desinterés, la joven cree que Ricart teme no ser bien recibido. «Supongo que él piensa que lo hubiera rechazado, pero es mi padre y se merece como mínimo que lo escuche», señala.

Sobre la reinserción de ‘El Rubio’ después de pasar 21 años entre rejas, Rosa recuerda que había mucha gente que opinaba que volvería a delinquir tras salir de la cárcel. «La buena noticia es que se equivocaban», dice con firmeza. La joven de 26 años protege al máximo su intimidad y recela de algunas personas desconocidas que le preguntan por el caso Alcàsser. «Siempre he querido guardar mi anonimato. Soy ajena a todo lo que pasó, pero hoy en día con las redes sociales es casi imposible», asegura Rosa. «La gente, seguramente por morbo, me busca e intenta ponerse en contacto conmigo para poder llegar a mi padre, y eso lo sufrimos mi pareja y yo», agrega con el rostro cariacontecido.

Rosa Ricart.

El circo mediático que siempre ha rodeado al caso Alcàsser también ha afectado a la joven tras algunas falacias y comentarios macabros que se han difundido a través de internet. «Me gustaría denunciar las barbaridades que se han dicho sobre mí y mi madre por los foros de debate que hablan del caso. Casi todo lo que se ha dicho sobre nosotras es mentira, y a veces me faltan fuerzas para desmentirlo una y otra vez. Mi novio se ha ocupado de poner las cosas en su sitio», asevera Rosa con el ceño fruncido.

Rubén asiente con la cabeza y añade: «He leído el sumario y hay muchas cosas que no encajan en el caso Alcàsser. Buscamos respuestas y no sé si Ricart las tiene, pero apoyo y ayudo a mi pareja en lo que ella quiera hacer. Es su padre y yo no tengo nada más que decir», asegura el joven. Según la sentencia condenatoria del Caso Alcàsser, Ricart y Anglés pudieron actuar en compañía, «posiblemente de alguna otra persona más», cuando invitaron a las tres jóvenes a subir al vehículo. Pero nunca se pudo demostrar la implicación de un tercer individuo.

Anglés tendría 50 años

Mientras el único procesado por el triple crimen parece haber rehecho su vida, el presunto autor material de los asesinatos sigue en la lista de los delincuentes más buscados por Interpol. Antonio Anglés tendría ahora 50 años si viviera. Los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional creen que Anglés murió ahogado en aguas de Irlanda, pero su cadáver nunca apareció. Y por este y otros motivos, Interpol mantiene activa su búsqueda.

Rostro envejecido de Anglés. Imagen cedida por el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3.

Si nada ni nadie lo impide, los asesinatos y violaciones de Toñi, Míriam y Desirée prescribirían en 2029, cuando se cumplan veinte años de las últimas diligencias realizadas por el juzgado. A partir de esa fecha, Anglés sería inimputable en el supuesto caso de que estuviera vivo y fuera localizado. Las últimas investigaciones para intentar localizar su paradero se practicaron en 2009, cuando el juez autorizó la intervención de varios números de teléfono (fijos y móviles) de familiares de Antonio Anglés, entre los que se encuentra Kelly Faces, hermana del fugitivo y concursante del programa de televisión ‘Tú si que vales’ en 2012.

En enero de 2017 se han cumplido 24 años del hallazgo de los cadáveres de las niñas en un paraje de Tous. El 27 de enero de 1993, varios trozos de un volante médico con el nombre de Enrique Anglés, hallados cerca de los restos esqueléticos, condujo horas después a la Guardia Civil hasta el domicilio de los Anglés en Catarroja. Pero el presunto autor material de los crímenes ya no estaba allí, según los investigadores. Se iniciaba entonces una huida marcada por la suerte y el instinto de supervivencia del fugitivo, que se escondió durante varios días en casas abandonadas y chalés.

Tras ser cercado en los montes de Vilamarxant, Anglés secuestró a un agricultor y le obligó a llevarle en su furgoneta a la población conquense de Minglanilla. La víctima tardó dos días en denunciar los hechos. Las 48 horas de ventaja fueron decisivas en la fuga. Mientras la Guardia Civil buscaba al prófugo en los montes valencianos, el huido llegaba a Madrid y luego cruzaba la frontera de Portugal. Días después embarcó como polizón en el ‘City of Plymouth’ con destino a Dublín.

Tras ser descubierto, Anglés escapó en una embarcación neumática, pero un helicóptero lo detectó a 300 millas de Burdeos y lo devolvió al buque. El fugitivo pudo haber saltado al agua días después en la costa de Dublín y su rastro se perdió en el Atlántico. Desde entonces, su búsqueda ha continuado por distintos países de Latinoamérica y Europa.

Tres años en el anonimato 

Desde que salió de la cárcel de Herrera de la Mancha en 2013, Miguel Ricart fue sometido a una discreta vigilancia por la policía. Así lo confirmó en su día el fiscal general del Estado, aunque el revuelo mediático que causó su excarcelación le obligó a huir de ciudad en ciudad. En el tren que cogió en Manzanares (Ciudad Real) para desplazarse a Jaén nada más salir de prisión, viajaban dos policías de paisano que siguieron al recién liberado para averiguar dónde iba a dar con sus huesos. Ricart se apeó en Linares, donde hizo sus primeras declaraciones en libertad a un periodista del programa ‘Espejo Público’ de Antena 3. «Mantengo lo que dije en su día. Soy una puta cabeza de turco. Tengo que demostrar que yo no fui», afirmó con su rostro oculto con un pasamontañas. «Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios», añadió mientras caminaba por una calle cercana a la estación de Linares.

Las palabras del exconvicto se difundieron en un informativo y la web de Antena 3. Era el avance de una entrevista que nunca se emitió.  En los 50 minutos de conversación que mantuvo con un periodista, el expresidiario también habló de su pasado delictivo: «He infringido la ley, he cometido errores, he robado un banco, he robado mucho. Gilipollas… Pero de ahí a lo otro…» Esa misma noche, Ricart fue trasladado a Madrid por dos reporteras de una productora. La polémica salpicó a Telecinco tras los rumores de que ‘El programa de Ana Rosa’ estaba detrás de una exclusiva. Horas después, Mediaset afirmó que no daría «minutos de gloria televisivos a un asesino temido y repudiado» por una sociedad muy dolida por las excarcelaciones de presos que se beneficiaron de la derogación de la doctrina Parot.

Tras pasar por Córdoba, el exrecluso llegó a Valencia, donde estuvo unos 45 minutos aproximadamente en la estación de autobuses, y luego viajó a Girona. Allí volvió a pisar unas dependencias policiales para renovar su DNI, pero no pudo hacerlo porque no había pedido cita y le faltaba un documento. La noche del 12 de diciembre de 2013, el exconvicto cogió un autobús con destino a Francia, donde se perdió su pista, aunque pudo regresar a España días después. Así lo indica un billete de autobús que compró para realizar el trayecto París-Girona, según publicó el periódico El Punt Avui. Ricart podría haber alterado el orden de sus apellidos cuando cruzó la frontera.

Aquellos días necesitaba pasar desapercibido. Ocultaba su cara. Cambiaba su aspecto. Mucha gente conocía su rostro con una calvicie incipiente al publicarlo en portada La Razón. «La cara del diablo», tituló este diario al día siguiente de la excarcelación de ‘El Rubio’, que se había dejado barba. Salió de prisión con cerca de 2.500 euros después de trabajar dos años en el comedor de la cárcel. Tras varias días de acoso periodístico, Ricart desapareció y su paradero actual es una incógnita. Su hija tampoco sabe por dónde anda o se esconde. Sin arraigo familiar ni social, ‘El Rubio’ tiene muy poca gente que se apiade de él.

Pero la Policía Nacional no puede desnudar la intimidad genética de todos los detenidos, como hace EEUU al incluir el ADN de cualquier persona arrestada en sus bases de datos criminales, sin necesitar la autorización de un juez y sin importar el motivo. En España solo se puede requerir una muestra de ADN a determinados individuos que fueron detenidos o investigados por una serie de delitos de especial gravedad y repercusión social, como homicidios, violaciones, robos con violencia o fuerza en las cosas, así como en los casos de delincuencia organizada.

Cuando el sospechoso aún no ha sido detenido, la policía puede recoger su muestra genética abandonada, como un escupitajo o una colilla, sin que lo sepa el investigado y sin necesidad de autorización judicial. Una sentencia del Tribunal Supremo dio validez a la recogida y análisis de este tipo de pruebas.

La información genética se introduce después en la base de datos de interés criminal INT-SAIP, que tiene reseñas biológicas de origen conocido correspondientes a personas identificadas -sospechosos, detenidos e investigados- y perfiles dubitados que la policía no sabe a quién corresponden. Son restos de sangre, saliva o semen que fueron obtenidos en minuciosas inspecciones en escenas de crímenes, robos y violaciones. Las reseñas de ADN permanecen en la base de datos para el uso exclusivo de los investigadores, y resuelven muchos casos antiguos cuando se incluyen nuevos perfiles.

Las pruebas biológicas realizadas en el laboratorio de ADN de la Jefatura Superior de Policía de Valencia esclarecen una media de 50 delitos al mes, según fuentes oficiales. La Brigada Provincial de Policía Científica remite informes todos los días a los juzgados de su demarcación, concretamente la Comunitat Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, con pruebas irrefutables que condenan todos los años a un gran número de procesados.

«Todos los policías que trabajamos en el laboratorio sabemos lo importante que es nuestra labor para probar la comisión del delito, y por eso somos muy meticulosos para evitar contaminaciones», afirma Ricardo Collado, inspector de la Policía Nacional y jefe del laboratorio de ADN. Las mascarillas, batas y guantes forman parte de su vestuario en cuartos estancos con cabinas biológicas de seguridad y equipos robotizados de alta tecnología.

Ochos policías, tres inspectores y personal administrativo trabajan en el laboratorio en diferentes turnos. Doce de ellos son titulados superiores en Ciencias (Biológicas, Químicas y Farmacia) y uno es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En lo que llevamos de año, este equipo de profesionales ha realizado pruebas relacionadas con 1.800 asuntos, la mayoría de ellas en el curso de investigaciones por graves delitos, pero otras corresponden a la inclusión de perfiles genéticos en la base de datos de personas desaparecidas.

El laboratorio de ADN de Valencia cuenta con el reconocimiento de garantía de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de ensayos forenses. «Esta entidad confirma la competencia técnica y garantiza también la fiabilidad en los resultados de todas las pruebas que hacemos para enviarlas al juzgado», asevera Collado.

Aunque las series de televisión han idealizado las inspecciones oculares y la recogida de restos biológicos en la escena de un crimen, todas las muestras que se analizan en el laboratorio no son útiles para los investigadores. En un hueso incinerado, por ejemplo, es muy complicado hallar moléculas de ADN; y un cabello sin bulbo ni raíz se puede analizar para exculpar a un sospechoso, pero en caso de coincidencia hay que tener en cuenta que el ADN mitocondrial de un individuo es idéntico en todos los parientes maternos, por lo que la prueba no será concluyente.

Toda la información genética que se obtiene en el laboratorio de Valencia se incluye en la Base de Datos Nacional de Perfiles de ADN, donde hay alrededor de 200.000 registrados, y para ello se utiliza el sistema informático CODIS, el mismo que usa el Departamento de Justicia de EEUU.

Las técnicas de análisis genéticos y la creación de bases de datos específicas constituyen el mayor avance en el área de la investigación criminal en los últimos diez años. Quizá en un futuro no muy lejano, además de una fotografía y de la huella dactilar, para expedir el DNI puede que sea necesario una muestra de saliva.

«El ADN no resuelve ningún delito por sí solo, pero contribuye en gran medida a su esclarecimiento, aportando pruebas y datos que son aprovechados por las unidades de investigación, como el Grupo de Homicidios o el de Atracos, y la propia autoridad judicial en última instancia», señala Francisco Planells, inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia.

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo de las unidades policiales de Valencia ha posibilitado la detención y el procesamiento de delincuentes muy violentos. «Hay que reconocer la labor callada que hay detrás de cada caso, desde el policía del grupo de reseñas hasta el personal administrativo que gestiona la documentación, sin olvidar que el asunto finaliza con la celebración del juicio, la condena del culpable, la satisfacción de la víctima o la exculpación del inocente», añade Planells.

El portugués Edgar Soares, de 40 años de edad, fue juzgado y absuelto en 2011 de una grave acusación: violar a una mujer bajo el antiguo cauce del río Turia. Soares estuvo en prisión preventiva casi un año hasta que un análisis de los restos de semen hallados en la víctima demostró que no coincidían con su perfil genético. Pese a que el fiscal no halló indicios de culpabilidad, la acusación particular mantuvo su imputación porque la víctima y su pareja lo habían reconocido sin ningún género de dudas.

Nada más entrar en las dependencias de la Policía Científica en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, una memorable frase en un cartel recuerda la importancia de la labor probatoria: «Todo aquello que se afirma sin pruebas, también puede ser negado sin pruebas». El trabajo de la Policía Científica no acaba en el laboratorio. Falta el último paso: responder a las preguntas de jueces, fiscales y abogados en el juicio. Las declaraciones de los especialistas desmontan coartadas y descubren mentiras de asesinos, violadores o ladrones.

Hace cuatro años, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a un hombre a doce años y nueve meses de prisión por matar a Alejandra Buesa, de 48 años, en una vivienda de la calle Císcar. Los restos de ADN hallados por la Policía Científica en el fular utilizado para estrangular a la víctima y una ardua investigación del Grupo de Homicidios posibilitó la detención, procesamiento y condena del homicida.

Otro crimen resuelto por el ADN y las pesquisas policiales fue el asesinato de Vicente Marco, abogado y cabeza de lista por Los Verdes Ecopacifistas a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 2011. El 13 de febrero de 2011, la Policía Científica halló ADN del asesino en un zapato en la escena del crimen, un piso de la calle Hernán Cortés donde el detenido dijo que no había estado nunca. Al final, Toufik S. confesó que mató al letrado de una puñalada en el corazón y fue condenado a 21 años de prisión.

Construidos en los años 50 por el arquitecto Antonio Tatay, en estos bloques de seis alturas con 168 viviendas residían trabajadores portuarios, pero ahora en la mayoría de estas casas viven familias marginadas que derribaron la puerta a patadas, y sólo unas 40 aproximadamente mantienen la concesión inicial.

Cuando entras en cualquiera de estas fincas te das cuenta de que Valencia vive de espaldas al mar. La incertidumbre y vulnerabilidad se dan la mano todos los días en esta barriada. Casi todos los días, la policía acude a estos bloques para entregar una citación judicial, averiguar el domicilio de un sospechoso, realizar un informe de defraudación de fluido eléctrico o mediar en una disputa familiar.

Bloque de viviendas Ruiz Jarabo. Foto de Jesús Signes.

Mientras el controvertido proyecto de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sigue siendo eso, un plan urbanístico, los vecinos del Grupo Ruiz Jarabo echan de menos a las caravanas electorales que recorren las calles de la ciudad de Valencia. El patriarca de los bloques de viviendas tiene razón cuando dice que no hay partido político que se atreva a pedir el voto en este gueto.

También los periodistas tenemos que hacer autocrítica y denunciar más estas desigualdades sociales. El autor del vídeo de este post (servidor) no sabía ni cómo se llaman estos edificios cuando grabó las imágenes con su teléfono móvil: “Estamos en los bloques Luis Jarabo….” Perdón, perdón y perdón.

Una de las pocas personas que se ha preocupado por esta barriada es el arquitecto valenciano David Estal, que presentó hace años un proyecto para la revitalización de estos pisos y su transformación en una residencia universitaria. Su propuesta consiste en restaurar estos edificios del Cabanyal, en lugar de derribarlos, para convertir las viviendas en 144 habitaciones de estudiantes, adecentar los espacios comunes y abrir establecimientos comerciales en las plantas bajas.

Cuando un policía, un guardia civil, un bombero, un brigadista o cualquier otro miembro de los servicios de emergencia muere mientras protegía a los ciudadanos, auxiliaba a una víctima en la carretera o luchaba contra el fuego, llegas a pensar que la vida es muy injusta. Demasiado injusta. Y entonces suele aflorar lo mejor de cada persona para arropar a las familias que perdieron a un ser querido. Después del entierro multitudinario, el homenaje póstumo y las sentidas condolencias llega el olvido. Demasiado olvido.

Antonio José Llorens Soria rodeado de compañeros en el Hospital La Fe en una emotiva visita que recibió el día de la patrona de la Guardia Civil.

Pero hay otras víctimas que sobreviven en condiciones adversas. Antonio José Llorens Soria, un curtido guardia civil que antes fue legionario y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR), resultó herido grave en un accidente de circulación ocurrido el pasado 16 de julio de 2014 en la pista de Ademuz. El agente del Destacamento de Tráfico Valencia B perdió el control de su motocicleta y se salió de la vía cuando realizaba un servicio en su demarcación. Desde entonces, Antonio sufre, de resultas, graves secuelas físicas y una gran invalidez. Aunque recibirá las correspondientes indemnizaciones del seguro concertado por la DGT y percibirá también una ayuda oficial, todo esto tardará un tiempo debido a los trámites y a la determinación final de sus lesiones. Mientras tanto, el guardia civil debe valerse con sus ingresos actuales.

Como consecuencia de esta situación, su esposa se ha visto obligada a dejar el trabajo para atenderle. Esto ha repercutido en la economía familiar y sus dos hijos pequeños han dejado de realizar actividades extraescolares para ajustar gastos. Además, Antonio necesita ahora un domicilio con condiciones de habitabilidad para su discapacidad, ya que el inmueble donde residía carece de ascensor y de posibilidad de instalarlo. De momento vive en un piso adaptado en Burjassot, aunque la vivienda requiere algunos trabajos de acondicionamiento.

Por todos estos motivos, sus compañeros han organizado una colecta benéfica para contribuir a reducir los costes del alquiler de la nueva vivienda hasta que se resuelva su situación y reciba las indemnizaciones, así como otros gastos generados por la situación de discapacidad del guardia civil. Las aportaciones económicas voluntarias con la periodicidad que cada uno estime oportuno serán recaudadas por la Asociación Benéfica Virgen del Pilar de la Guardia Civil de Paiporta, que se hará cargo de las mensualidades del alquiler de la vivienda y de otros gastos derivados de su invalidez mientras la situación económica del guardia civil no varíe. La cuenta bancaria de la Caixa Popular donde se pueden realizar los ingresos, con el concepto de “ayuda a Llorens”, es la siguiente: ES24-3159-0029-31-2337259523.

Compañeros del guardia civil José Manuel Donoso introducen el féretro en la iglesia.

Tres guardias murieron en 2011

El año 2011 fue trágico para la Guardia Civil de Tráfico. Tres agentes destinados en la Comunitat Valenciana murieron en acto de servicio. José Manuel Donoso, de 40 años, falleció el 24 de junio al ser arrollado en el peaje de Silla por un motorista que intentó eludir un control de velocidad en la autopista AP-7. El agente fue arrastrado varios metros cuando paró al conductor de una motocicleta de gran cilindrada que había cazado el radar a 150 kilómetros por hora. Una patrulla del Destacamento A de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia dio el alto al motorista, que carecía de carné de conducir, pero el individuo aceleró e intentó saltarse el control.

Lugar donde fue atropellado el agente de la Unidad de Atestados cuando auxiliaba a un conductor en la A-31 a su paso por el término de Monforte del Cid.

Otro guardia civil del mismo destacamento, Carlos Rubio Guzmán, murió el 6 de agosto de 2011 en Torrent al salirse de la A-7 con su motocicleta cuando acudía a un accidente. La víctima tenía 27 años. El siniestro tuvo lugar en la salida de Montroy-Montserrat del ‘by-pass’. El 25 de agosto del mismo año falleció el guardia civil Javier Vera Femenía al ser atropellado por un vehículo en la A-31, a la altura del término municipal de Monforte del Cid, cuando ayudaba a un conductor cuyo coche había sufrido una avería. La mala fortuna quiso que ese gesto altruista le costara la vida a Javier, de 42 años y padre de dos hijas, que estaba adscrito a la Unidad de Atestados y regresaba a la base del Subsector de Tráfico tras intervenir en otro accidente.

El cabo Miguel Ángel Herguido Díaz murió en otro accidente tras derrapar la rueda de su motocicleta y despeñarse por un desnivel cuando daba cobertura a la vuelta ciclista en Genovés. Murió casi en el acto aquel trágico 21 de julio de 1997. Según los informes periciales, el neumático tenía un severo desgaste tras más de 15.000 kilómetros sin cambiarlo, por lo que el vehículo no tenía las condiciones mínimas de seguridad.

La muerte de Juan Plá García también causó una gran conmoción en el Destacamento de Tráfico de Valencia. El cabo falleció en 1998 tras ser hospitalizado como consecuencia de las fracturas que sufrió al ser atropellado por el conductor de una moto. Aunque las lesiones no eran mortales, su estado se agravó por una infección y murió en el hospital. El autor del atropello se dio a la fuga, pero fue detenido días después.

Dos policías nacionales y tres jóvenes perdieron la vida en otro accidente al chocar un coche patrulla contra un Renault Mégane que circulaba correctamente por la pista de Ademuz. La colisión frontal tuvo lugar cuando los agentes perseguían a un conductor kamikaze, un dentista con trastorno bipolar y consumidor de cocaína, que sembró el pánico de madrugada al circular en sentido contrario y sin luces. Aquel trágico 9 de agosto de 1998 marcó un antes y un después en las persecuciones policiales. El juez calificó de «imprudente» la actuación de la policías por colocarse en paralelo al conductor temerario durante la persecución. Siete años después de aquellas muertes, el Tribunal Constitucional confirmó la condena de dos años de cárcel que la Audiencia Provincial de Valencia impuso a José Salvador Navarro Cru, el dentista que causó los cinco fallecimientos, “por su temeraria conducción”, según la sentencia. Las cinco víctimas mortales de aquel trágico accidente fueron los jóvenes Miguel Vicente Martín Galindo, Juan Marcos Sanchos Montesinos y Gemma Arribas Lacruz, ocupantes del Renault Mégane, y los agentes de la Policía Nacional Ismael Jesús Barez Caballero y Francisco Joaquín Rubio de Pedro.

El veterinario Ángel Rosillo (izquierda) con un perro que olfatea una zapatilla.

El Centro de Investigación Príncipe Felipe acogió el pasado lunes en Valencia una conferencia sobre las denominadas huellas olorosas con la asistencia de un grupo de guías caninos, policías y guardias civiles. El instructor de guías canino Javier Cano y el veterinario argentino Mario Rosillo, uno de los mayores expertos en odorología forense, explicaron cómo se aplica esta técnica policial en Estados Unidos, Argentina y Colombia, entre otros países.

Para utilizar esta herramienta de investigación criminal lo primero que hay que hacer es detectar los sitios donde estuvo el autor del delito o encontrar los objetos que manipuló, las prendas que abandonó durante su fuga o el coche que utilizó para escapar. Luego, con una pinza se coloca una gasa de algodón sobre la superficie que tuvo contacto con el sospechoso (para que se impregne de su olor durante 24 horas), y esa prueba se guarda en un frasco estéril. Días, meses o años después, la huella olorosa se puede utilizar en una rueda de reconocimiento en la que participa el perro adiestrado.

Adiestramiento de un perro.

Según los expertos, el olor corporal proporciona un rastro reconocible de cada individuo, que se puede detectar y recoger con sofisticados aparatos (como los que utiliza el FBI) o con una simple gasa en contacto con la prueba durante 24 horas. Es fundamental aplicar de forma correcta la técnica en la escena del crimen o el lugar donde desapareció la víctima; y por ende, se deben utilizar pinzas y frascos esterelizados para no contaminar la prueba y compararla después con el olor de los sospechosos del delito.

Entrenamiento de un perro.

¿Pero cómo se hace la rueda de reconocimiento con un perro adiestrado? Primero se abre el frasco para que el perro pueda olfatear (durante un minuto aproximadamente) la gasa que se guardó con el olor del autor del crimen, y después se colocan otras cinco gasas alineadas con las que cuatro voluntarios y un sospechoso se han frotado las manos entre 10 y 15 minutos. Y por último, el can marcará la gasa que esté impregnada del mismo olor recogido durante la inspección policial que se realizó en la escena del crimen.

Los perros tienen entre 125 y 220 millones de células olfativas frente a los cinco millones de este tipo de células que tienen los humanos. El bulbo olfatorio de un can es unas 40 veces mayor que el de una persona en proporción al tamaño total del cerebro. Por ello, un perro es capaz de reconocer a una persona antes por su olor que por su aspecto; al contrario que los seres humanos, que identificamos más de forma visual. Y si el can tiene un adiestramiento específico para detectar el olor humano, los resultados de la prueba pericial son aún más fiables.

Un delincuente esposado en el suelo, el 21 de marzo de 2013, tras ser detenido por la Policía Local de Paterna después de una espectacular persecución.

Desprecian la vida. Los delincuentes que circulan con un coche de forma temeraria para escapar de la policía ponen en peligro las vidas de peatones, automovilistas, policías y las de ellos mismos. Son tan imprudentes como estúpidos. Cuando huyen por una autovía en sentido contrario o con las luces del vehículo apagadas, como sucedió en la madrugada del pasado domingo en la V-30 y la pista de Ademuz, subestiman el riesgo y rozan la tragedia.

Basta con dar un vistazo a la sección de sucesos de los periódicos digitales para darnos cuenta de las barbaridades que puede cometer un delincuente cuando es perseguido por una patrulla de la Policía Nacional, Policía Local o Guardia Civil, o por los tres cuerpos policiales como sucede algunas veces.

En la madrugada del pasado domingo, las ocho patrullas que participaron en la persecución de dos ladrones lograron interceptarlos en la pista de Ademuz tras algunos momentos de gran peligro. El temerario conductor que estuvo a punto de causar dos accidentes de tráfico, José Antonio T. M., de 40 años de edad, tiene una amplio historial delictivo, al igual que su compinche Antonio R. B., de 38 años de edad, que iba en el asiento del copiloto. Ambos fueron detenidos e imputados por un delito contra la seguridad vial, pero horas después quedaron en libertad y quizás hayan vuelto ya a las andadas.

Un vehículo policial volcado.

Algunas veces los policías se preguntan si merece la pena implicarse tanto en su trabajo para detener a un individuo que conduce un coche con total desprecio a la vida de los demás. Hay quien piensa que es mejor dejarlo escapar si ya está identificado porque su detención es cuestión de horas, días o algunas semanas como mucho. Pero otros se dejan la piel y hasta la vida en algunas de estas persecuciones.

En 1998, dos policías nacionales y tres jóvenes murieron al chocar el coche patrulla contra un Renault Mégane que circulaba correctamente por la pista de Ademuz. El terrible accidente tuvo lugar cuando los agentes perseguían a un conductor kamikaze, un dentista con trastorno bipolar y consumidor de cocaína, que sembró el pánico de madrugada al circular en sentido contrario y sin luces. Aquel trágico 9 de agosto de 1998 marcó un antes y un después en las persecuciones policiales. El juez calificó de «imprudente» la actuación de la policías por colocarse en paralelo al conductor temerario durante la persecución.

Siete años después de aquellas muertes, el Tribunal Constitucional confirmó la condena de dos años de cárcel que la Audiencia Provincial de Valencia impuso a José Salvador Navarro Cru, el dentista que causó los cinco fallecimientos, “por su temeraria conducción”, según la sentencia. Las cinco víctimas mortales de aquel trágico accidente fueron los jóvenes Miguel Vicente Martín Galindo, Juan Marcos Sanchos Montesinos y Gemma Arribas Lacruz, ocupantes del Renault Mégane, y los agentes de la Policía Nacional Ismael Jesús Barez Caballero y Francisco Joaquín Rubio de Pedro.

Un coche patrulla con daños tras una persecución.

Años después, otro policía nacional quedó postrado en una silla de ruedas tras sufrir otro accidente durante una persecución en Valencia. Estas situaciones de riesgo se repiten demasiadas veces cada año en las carreteras de la Comunitat Valenciana. Según el balance estadístico de la Dirección General de Tráfico correspondiente a 2011, ese año se registraron en toda España 148 infracciones de conductores que circularon en sentido contrario a la circulación y que causaron accidentes con víctimas. bien sean personas fallecidas o heridas.

El 21 de marzo de 2013, la Policía Local de Paterna apresó a otro delincuente que protagonizó una peligrosa huida al volante de un coche robado. Los hechos sucedieron de madrugada cuando una patrulla dio el alto al conductor de un Ford Escort que tenía forzada la puerta. El individuo se dio a la fuga, circuló de manera temeraria por varias calles próximas al complejo de ocio Heron City y embistió a varios coches patrulla. Uno de los policías resultó herido.

Las situaciones de peligro se repiten en cada persecución, y por eso la prudencia tiene que imponerse siempre a la audacia, aunque tampoco se trata de dejar que escapen los malos, como dirían mis amigos policías y guardias civiles. Seguro que hay un término medio.

El helicóptero de la Guardia Civil de Valencia.

Los experimentados pilotos y mecánicos de las unidades de helicópteros de la Guardia Civil son conscientes del peligro de su labor, pero algunos montañeros o senderistas que asumen y corren riesgos innecesarios deberían de reflexionar sobre las graves consecuencias que puede acarrear una acción imprudente. El trágico accidente de León dejó sumidos en una profunda tristeza a los familiares y compañeros de las tres víctimas: el capitán Emilio Pérez Peláez, el teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez, ambos pilotos, de 55 y 48 años, y el guardia civil miembro del Grupo de Rescate Especial de Intervención de Montaña (Greim) José Martínez Conejo, de 49 años. Catorce guardias civiles y una espeleóloga inglesa han muerto en los accidentes de helicópteros de la Guardia Civil registrados en España desde el año 1982. En esta negra estadística están incluidas las tres víctimas del siniestro ocurrido el pasado 24 de agosto en León.

Reunión de la Unidad de Helicópteros de Valencia para preparar los servicios de la jornada.

Afirmar que algunas de estas muertes se podrían haber evitado es, seguramente, una aseveración oportunista, pero es la pura verdad. El último accidente ha reabierto el debate sobre los riesgos derivados de los deportes extremos en la montaña y las imprudencias que cometen algunas de las personas rescatadas. La exigencia de alcanzar un adecuado nivel de seguridad nacional ya propició en 1973 que se le encomendara a la Guardia Civil la misión de velar por los ciudadanos desde el aire. Con lluvia, viento traicionero o niebla, el ‘Cuco’ ha levantado el vuelo en numerosas ocasiones para rescatar a personas accidentas o perdidas en la montaña. En el argot policial, ‘Cuco’ es un nombre en clave para referirse al helicóptero de la Guardia Civil en las comunicaciones policiales.

Preparando el helicóptero para iniciar el vuelo.

Algunos de los salvamentos son muy peligrosos debido a las condiciones meteorológicas adversas. En diciembre de 2004, los agentes de la Unidad de Helicópteros de Valencia (UHEL 31) localizaron en el barranco del Infierno en la Vall d’Ebo a cuatro personas que estaban aisladas en un peñasco y a punto de ser arrastradas por las crecidas aguas. La tripulación del helicóptero fue condecorada por aquel complicado rescate con escasa visibilidad. Otro servicio destacado tuvo lugar en diciembre de 2000 cuando la aeronave de la Guardia Civil colaboró en la detención de dos atracadores en Moncofa. Los agentes recuperaron 80 millones de las antiguas pesetas (el botín) y dos armas de fuego. Y en mayo de 2006, dos helicópteros de la UHEL 31 persiguieron y posibilitaron la captura de otro peligroso ladrón que huyó de forma temeraria con un coche por la A-3.

El 'Cuco' en pleno vuelo.

Con sofisticados aparatos de grabación, nada o casi nada se escapa a vista de pájaro. Plantaciones de marihuana, vertidos ilegales en espacios protegidos, lanchas neumáticas con alijos de hachís, atracadores que huyen a toda velocidad con un coche de alta gama… Toda actividad delictiva que detecta la tripulación del helicóptero puede ser fotografiada o grabada desde el aire. Las imágenes quedan inmortalizadas en las cámaras digitales y se convierten en las pruebas del delito. La mayoría de los vuelos se realizan de día, pero el ‘Cuco’ también vigila el litoral de noche para impedir los frecuentes desembarcos de droga y localizar pateras. Un potente foco de rastreo y otros elementos optrónicos aumentan las posibilidades de éxito de estos servicios nocturnos.

Las aeronaves de la Guardia Civil están dotadas de la más moderna tecnología. Disponen de radares, visores con sistema de infrarrojos y cámaras fotográficas de alta resolución. También cuentan con dispositivos de vídeo que graban y transmiten imágenes en tiempo real. El Servicio Aéreo de la Guardia Civil tiene encomendadas misiones heterogéneas; por un lado, el apoyo desde el aire a las unidades del cuerpo, y por otro, la seguridad de instalaciones, pasajeros, y equipajes del transporte aéreo civil. Una hora de vuelo puede costar hasta 3.000 euros en función del consumo de combustible, el mantenimiento de la aeronave y de otros gastos, y para algunas operaciones de salvamento en alta montaña suelen ser necesarias hasta tres horas desde la salida hasta el regreso a la base.

Emilio Pérez y Marcos Antonio Benito.

Como homenaje póstumo a las tres víctimas del accidente de León, el capitán Peláez, el teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez y el guardia civil José Martínez Conejo, publicamos en este blog la carta que fue leída en la misa de difuntos que se celebró en Nouadhibou (Mauritania), donde hay comisionado un helicóptero de la Guardia Civil, dos patrulleras del Servicio Marítimo y su personal de apoyo y enlace..

“Este domingo, tras despedir al helicóptero en su servicio diario buscando cayucos, llegaba la noticia… Un mazazo.

Pedro, uno de los mecánicos, intentando contener las lágrimas nos preguntaba a Javi y a mí: ¿Sabéis que Emilio y Benito se han matado?

Seguidamente un escalofrío. ¿Qué dices?

-Sí, han tenido un accidente, han tocado palas contra una pared en Picos.

-No fastidies.

Siguieron las llamadas telefónicas, intentando desmentir o hablar con alguien que nos negara que eso había ocurrido. Desgraciadamente, los teléfonos iban confirmando la terrible noticia y nuestro contacto con España mediante internet no albergaba dudas. Las identidades ya las sabíamos: Emilio, Benito y José (a este último no lo he llegado a conocer). Han perdido la vida haciendo lo que tanto les llenaba: ayudar, ayudar y ayudar. Esta vez intentaron sacar a un corredor de montaña herido, pero no lo consiguieron y dejaron lo más preciado en el empeño. Han muerto pero no han perdido la vida, porque la han disfrutado con su esposa, hijos, nietos y amigos. Su pasión era volar ¿Qué más se puede pedir?

Mientras Correa avisaba al resto del contingente, me ha correspondido a mí notificar a Ángel (al igual que Pedro está destinado en la Unidad Aérea de León) y a Carlos la suerte de nuestros compañeros. Lo confieso, no ha sido fácil. Ángel y Carlos regresaban de un vuelo cuyo fin primordial es evitar que los inmigrantes se maten en el mar intentando alcanzar el sueño de Europa. Emilio y Benito también ejercieron esta labor aquí, en Mauritania, la última vez en 2008 el primero, y en octubre de 2013 el segundo.

Para una comunidad tan pequeña como la nuestra, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, en la que todos nos conocemos, la muerte del capitán Emilio Pérez Peláez, jefe de la Unidad Aérea de León, y del teniente Marcos Antonio Benito Rodríguez ha supuesto un efecto desgarrador, y nuestras familias se ven reflejadas en esta tragedia. También ha fallecido el guardia civil del Equipo de Montaña de Sabero José Martínez Conejo. Grandes profesionales, experimentados pilotos y montañeros. Grandes personas. Todos ellos han sido conscientes del peligro de su labor, siempre correspondida con esa mirada de agradecimiento que sólo las personas auxiliadas saben emitir. Son incontables los malos ratos que habéis evitado y no son pocos los que os deben la vida. Habéis cumplido y habéis dejado huella.

¿Qué podemos ofrecer como homenaje? ¿Qué podemos hacer desde Mauritania? ¿Cómo podemos ayudar a sus familias? De momento nada. Mandar una corona, buscar símbolos de lo que nos une, como una bandera de España, un tricornio, un par de fotos y una misa de difuntos en francés organizada a toda prisa, en la que los de los “molinillos” nos vemos arropados por nuestros compañeros del Servicio Marítimo, patrullas mixtas y el oficial de enlace. A su vez todos nosotros, guardias civiles-, nos vemos arropados por nuestros compañeros y amigos de la Policía Nacional y del Consulado y gente de la colonia española en Nouadhibou. Gracias por estar ahí. Pedro y Ángel, vosotros lo habéis tratado en profundidad. Lo sentimos y estamos con vosotros. Desde Nouadhibou, un mensaje de aliento para sus familias”.

F. Uceda

'Secuestro a la española'.

Esto es un español, un italiano y un marroquí que planean secuestrar a un expresidente del Valencia, y un conocido de ellos se chiva a la policía. La trama delictiva lleva camino de convertirse en un chiste sin gracia. Si no fuera por la gravedad de los hechos y las penas de cárcel a las que se enfrentan los implicados, entre tres y seis años de prisión, la chapuza de plan parece el argumento de una película cómica: ‘Secuestro a la española’.

Juan Bautista Soler Luján (Valencia, 1956) es el actor principal, un exmillonario cándido que quería recuperar el dinero que presuntamente le estafaron: 85 millones de euros. El papel de víctima, que no es tan víctima, está representado por Vicente Soriano Serra (Puzol, 1953), un promotor e inversor inmobiliario que comenzó exportando cítricos y terminó como intermediando en la compra de terrenos y representante de grandes grupos inversionistas.

La truculenta historia comenzó a fraguarse en los años 2008 y 2009 tras la deuda que Soriano contrajo con Soler por la compra de su paquete de acciones en la frustrada llegada de Inversiones Dalport al Valencia CF, club que ambos presidieron. El Tribunal Supremo dio la razón a Soler en 2013 y confirmó que Soriano y Dalport tenían que pagarle 39 millones de euros por incumplimiento de contrato. Con anterioridad, el alto tribunal había condenado también a Soriano y al grupo inversor a pagar 20 millones de euros a Soler por impago del primero de los cuatro pagarés por la venta de acciones del club.

Pero Soriano se declara insolvente y dice que no tiene ni un duro. Tras la supuesta incapacidad del deudor para pagar, la víctima, en este caso Soler, parece que pierde la esperanza de recuperar algún día sus millones. Y comienza la trama delictiva. Primero encargan a un detective un informe sobre el patrimonio de Soriano y las cuentas bancarias que podría tener en otros países, luego planean el secuestro y, por último, contactan con una persona para que busque a dos hombres, sin escrúpulos, que se atrevan a raptar a Soriano con la intención de amenazarlo para que haga una transferencia bancaria. Casi nada. Una trama muy complicada para botarates que no tienen experiencia delictiva.

Los implicados se lo pusieron muy fácil a la policía. Uno de ellos cantó por soleares. Confesó y colaboró. Luego había que identificar a todos los actores de la película y proteger al mismo tiempo a Soriano para que no se repitiera el caso de Paco González, cuya mujer e hija fueron apuñaladas a pesar de que un mendigo avisó a las autoridades de que alguien planeaba matar a la esposa del periodista radiofónico. Desde el principio, la Jefatura Superior de Policía de Valencia se marcó un doble objetivo: salvaguardar a Soriano y obtener suficientes pruebas, entre las que se encuentran la grabación de una reunión de los implicados, para demostrar la organización criminal auspiciada por Soler.

Vicente Soriano, expresidente del Valencia CF.

Tras las investigaciones y seguimientos a los sospechosos, la policía detuvo a Juan Soler, el restaurador iltaliano Ciro d’Anna y el empresario marroquí Abdellatif Laaroubi, conocido como ‘Tati’ en el mundillo de la noche valenciana. Los tres fueron imputados en una causa abierta por un delito de secuestro en grado de tentativa. Y los tres quedaron en libertad con cargos tras acogerse a su derecho de no declarar ante el juez. Según las investigaciones, el plan consistía en encargar el secuestro a dos delincuentes colombianos (aunque la policía no ha podido identificarlos), trasladar a Soriano a Francia en el maletero de un coche y obligarle a hacer una transferencia bancaria. Ahora se duda incluso de la existencia de los captores colombianos en el supuesto caso de que el organizador del rapto hubiese intentado engañar a Soler para quedarse con el dinero que iban a pagar a los secuestradores.

Juan Soler sale de los calabozos del juzgado.

Y el cuarto implicado en la rocambolesca trama es el prestigioso abogado Juan Carlos Navarro, letrado en Valencia de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Navarro fue citado en dependencias policiales como imputado, aunque se acogió también a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario. Y cuando todos callan y eligen la misma estrategia de guardar silencio, entonces entra en escena el detective Juan de Dios Vargas y anuncia que tiene ganas de hablar con el juez. El investigador privado realizó un informe, por encargo de Soler, sobre el patrimonio y las empresas de Soriano, pero asegura que no conocía el plan del secuestro.

La parte cómica de esta historia, con todos mis respetos para el señor Soriano, me recuerda a una película del director Mateo Cano con Esperanza Roy y Quique Camoiras como actores principales. En ‘Secuesto a la española’ , en plena temporada turística de Torremolinos, tres pillos hacen su agosto robando a los turistas para poder mantener a sus familias. Pero se les presenta la oportunidad de cometer un golpe importante e intentan perpetrarlo a pesar de la multitud de problemas que surgen. Salvando las diferencias, la trama del secuestro de Soler también cuenta con listillos que jugaron a ser delincuentes. Y demostraron que eran botarates.