Levantamieno del cadáver de una de las mujeres asesinadas en Elche. Foto de Daniel Madrigal.

Desde el 12 de enero, cuando Luis C. mató a su expareja y su excuñada en Elche, son ya 41 las personas asesinadas, 14 de ellas con armas blancas, en diferentes ciudades y pueblos de la Comunitat Valenciana. Por provincias, Alicante figura a la cabeza de esta estadística criminal con 25 víctimas; mientras que en la ciudad de Valencia murieron siete personas, cinco de ellas acuchilladas; en Serra falleció Dolores Moya González, de 45 años, en un incendio intencionado; en Llíria fueron asesinadas tres personas (dos mujeres en un crimen machista y un vecino al recibir una paliza durante un robo en su chalé); y un joven de 20 años murió de un disparo en el asalto a una plantación de marihuana en Palma de Gandia.

En la provincia de Castellón se registraron cuatro homicidios. El 29 de enero, José Vicente I. P., de 43 años, se desnucó al recibir un empujón durante una pelea en la Vall d’Uixó. Antonio Valls, exalcalde de Ribesalbes, murió el 27 de agosto tras ser atropellado con un coche de forma intencionada por un vecino. La tercera víctima, una mujer de 45 años, fue acuchillada por su hijo el 23 de junio en su domicilio en Vinaròs. El joven de 20 años prendió fuego a la casa días después para destruir las pruebas que le incriminaban, pero la Guardia Civil lo detuvo tras una investigación. Y en Benicàssim, un hombre de 57 años murió el 16 de diciembre en un incendio presuntamente intencionado.

Los crímenes de violencia de género también han aumentado y el número de víctimas, 13 mujeres de entre 36 y 70 años de edad, duplica la cifra que se registró en todo 2014 a pesar de los programas de prevención de violencia machista, las órdenes de alejamiento y los protocolos policiales de protección. En 2014, seis mujeres murieron en la Comunitat asesinadas por sus compañeros sentimentales o exparejas, y cinco de esos crímenes se produjeron en la provincia de Alicante.

Dos focos iluminan los restos humanos hallados en las lagunas de Rabasa. Foto de Álex Domínguez.

Según la estadística de homicidios de los últimos años, una persona muere de forma violenta cada diez días en la Comunitat Valenciana, aunque «el ánimo de matar no responde a parámetros matemáticos», afirma el psiquiatra forense José Carlos Fuertes. A pesar del aumento de la criminalidad este verano, el número de homicidios y asesinatos ha descendido un 46 por ciento en la última década. El año pasado terminó con 32 crímenes frente a las 60 muertes violentas que se registraron en 2004 en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. «Sabemos con fiabilidad que la reducción de actos criminales no está condicionada a la dureza de las penas, salvo en los delitos contra la seguridad vial, donde sí se ha podido demostrar esta influencia», asevera el experto en Medicina Forense.

2002, un año sangriento

El profesor de Criminología de la Universitat de Valencia, Vicente Garrido, relaciona el descenso de asesinatos con «una menor actividad de la delincuencia organizada» tras recordar que 2002 fue un año sangriento en la Comunitat con 75 víctimas. En los primeros años del nuevo milenio se afincaron en la provincia de Alicante un gran número de grupos mafiosos responsables de numerosas muertes violentas. La sangre que se derramó en aquella época obligó al Gobierno a crear en Benidorm y Orihuela dos subsedes del Grupo de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional. Estas unidades fueron desmanteladas en 2012, aunque algunos de sus integrantes reforzaron luego los grupos locales de Policía Judicial.

Levantamiento de uno de los cadáveres del triple crimen de La Vila Joiosa. Foto de Álex Domínguez.

Pero la terrible lacra de la violencia machista se cobró la vida también de cuatro niños. El pasado 30 de junio, Carlos Alberto Soler, de 37 años, mató a cuchilladas a su hijo de siete años y a su hijastra de 14 en una casa de campo en el término de La Vila Joiosa. El asesino acabó también con la vida de su madre, que tenia numerosas heridas de arma blanca. Luego prendió fuego a la vivienda y se suicidó. Los investigadores creen que la mujer de 64 años intentó proteger a los niños y se enfrentó a su hijo. Esto explicaría los múltiples cortes que contabilizaron los forenses en su cuerpo. Los menores fueron apuñalados por la espalda. Sus cadáveres estaban juntos en una habitación cuando los descubrieron los bomberos. Carlos Alberto, que estaba a punto de firmar el divorcio, premeditó el triple crimen para causar un gran daño a su exmujer. Antes de los asesinatos, envió una carta a varios vecinos donde explicaba los motivos que le empujaron a matar a los niños. «Yo no podía soportar que mis hijos se criaran con esta víbora», escribió.

El psicólogo y criminólogo Vicente Garrido.

Otro de los crímenes que causó una gran conmoción fue el apuñalamiento de un niño de 10 años en Torrevieja por el novio de su madre. Tumbado en el suelo del dormitorio y sangrando por varias heridas. Así encontró la Guardia Civil al pequeño Patrick el 4 de mayo. Los agentes intentaron derribar la puerta de la casa al oír los gritos del pequeño, pero no pudieron evitar su muerte.

«Matar a un niño es siempre una respuesta extrema de venganza hacia la pareja o expareja», asegura el psicólogo y escritor Vicente Garrido. «Estos asesinos tienen profundas carencias emocionales, sin necesidad de presentar una enfermedad mental propiamente dicha, y esto les impide desarrollar un amor maduro y un vínculo sano con su familia», añade Garrido.

El psiquiatra José Carlos Fuertes.

El psiquiatra forense José Carlos Fuertes agrega que estos crímenes los suelen cometer personas «con acusados desequilibrios psíquicos y alteraciones severas de la personalidad». Los expertos también detectan más violencia contra los niños «en casos de divorcios contenciosos», precisa Fuertes, y cuando el maltratador consume sustancias estupefacientes.

El 16 de marzo, un trabajador encontró el cadáver de un bebé de pocas semanas en la planta de reciclaje de basura de Villena. Siguiendo el protocolo en este tipo de investigaciones criminales, la Guardia Civil revisó los últimos registros de entrada de residuos en la planta, con especial interés en la zona donde estaban los restos del menor, y realizó indagaciones en hospitales y centros de salud sobre atenciones a embarazadas o mujeres con síntomas de haber dado a luz recientemente.

Familiares de la niña asesinada en la calle Tomás de Villarroya en Valencia. Foto de Jesús Montañana.

Otro doble crimen se cobró la vida de una niña de 10 años y su abuela, ambas de nacionalidad china, el 28 de agosto en una vivienda de la calle Tomás de Villarroya en Valencia. La Policía Nacional detuvo horas después en Castellón a una joven esquizofrénica, tía de la niña asesinada, por acuchillar hasta la muerte a su dos familiares.

Catorce de las 41 víctimas de este año fueron asesinadas con armas blancas, cinco murieron por disparos –dos mujeres en Llíria, un matrimonio británico en Xaló y un joven de 20 años en Palma de Gandia–, dos hermanas fallecieron al ser golpeadas con una barra de hierro y otra murió ocho días después del sartenazo que le propinó en la cabeza su marido en el domicilio familiar en Xàbia. La asfixia, un atropello intencionado o una paliza acabaron con la vida del resto de víctimas, según las investigaciones policiales.

Tres de los asesinos se suicidaron. Luis C. se ahorcó tras golpear con un hierro y matar a su expareja y a su excuñada en Elche; Carlos Alberto Soler murió en el incendio que causó después de acuchillar a su madre, su hijo y su hijastra en La Vila Joiosa; y un hombre de nacionalidad polaca se suicidó en Torrevieja tras matar a su mujer y a su hija de nueve meses. El concejal de Serra acusado de asesinar a su esposa también se quitó la vida horas después de ser encarcelado.

De las 41 víctimas cuatro murieron a manos de sus hijos en La Vila Joiosa, Vinaròs, Valencia y Elche. El 23 de junio de este año, una mujer de 45 años murió al ser acuchillada por su hijo en su domicilio en Vinaròs. El joven de 20 años ocultó el cadáver e incendió la casa una semana después para destruir las pruebas que le incriminaban, pero la Guardia Civil lo detuvo tras una investigación. El 4 de octubre de 2015, un esquizofrénico de 46 años mató a cuchilladas a su padre en el domicilio familiar en Elche y luego llamó por teléfono a la policía para confesar el crimen.

En este balance criminal no está incluido el crimen de Rosemary, una mujer británica que desapareció en extrañas circunstancias y cuyo cadáver fue encontrado el 10 de marzo de 2015 en un solar de Algorfa. La Guardia Civil detuvo al marido de la víctima después de que confesara que mató a bastonazos a su esposa en septiembre de 2014. La víctima tenía 76 años y residía San Miguel de Salinas.

Un policía local de Silla atiende a una mujer.

La Policía Local de Silla utiliza desde el año pasado el Sistema Integral de Violencia de Género (VioGen). Es la primera localidad de la Comunitat Valenciana que aplicó este sistema, según informaron fuentes municipales. Se trata de una aplicación informática común para todos los Cuerpo y Fuerzas del Estado para mejorar la eficacia en el seguimiento de las mujeres que sufren la violencia de género con el fin de evitar una nueva agresión. A través de esta base de datos, VioGen, la policía de cualquier punto de España puede acceder a la información sobre las víctimas, agresores y cualquier medida preventiva de protección y alejamiento existente en cada caso. “Es una herramienta de trabajo muy completa, donde dispones de un tratamiento global y permite un seguimiento integral”, advierten desde la Policía Local.

La localidad de Silla vivió un episodio traumático de violencia de género en 2003. Un caso que puso los pelos de punta a los vecinos de la localidad y desde el que la Policía Local junto a las autoridades han puesto todos los medios a su alcance para que no vuelva a repetirse. Fue en este año cuando la Policía Judicial puso en marcha el sistema de seguimiento y tratamiento integral con un contacto específico y personalizado con la víctima de la Violencia de Género. “La plantilla está integrada por gente especializada como abogados, psicólogos, criminólogos, lo que hace más fácil nuestra labor”, explican desde el cuerpo policial. Gracias a ello, “hace tiempo que no tenemos víctimas con lesiones importantes ni casos graves”, añaden. Un problema que podrá atenuarse todavía más con la aplicación del VioGen.

Con tan sólo un click de ratón, la Policía de cualquier punto de España, a donde se haya desplazado la víctima, puede acceder a su ficha y a la valoración policial de riesgo realizada por los agentes que llevan el seguimiento personalizado. “Si la mujer maltratada disponía hasta ahora de una garantía con el seguimiento personalizado ahora estará protegida en cualquier lugar de España”, explican. En el caso de cambio de domicilio, la policía envía una alerta al cuerpo policial pertinente para seguir con la protección de la mujer. “También intentamos evitar con ello el incumplimiento de las órdenes de alejamiento”, añaden fuentes policiales.

A pesar de los recortes presupuestarios del consistorio de Silla, el equipo de gobierno y todas las fuerzas políticas siguen apostando por mejorar la calidad del servicio de la protección de las víctimas de la violencia de género. “esta es una competencia que vamos a seguir apoyando a pesar de que la situación económica del Ayuntamiento nos obliga a recortar en algunas partidas”, advierte el alcalde de la localidad, Serafín Simeón.

ADA DASÍ.

1. Transmisión de información sobre violencia de género.

Los medios de comunicación han conseguido en los últimos años que la violencia contra la mujer haya superado su dimensión estrictamente privada, policial y judicial para pasar a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, un ataque a la esencia de la democracia.

La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer debe garantizar, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se debe tener especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Además, los medios de comunicación deben fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos, así como no embellecer las informaciones sobre violencia de género (es decir, omitir detalles escabrosos para evitar el morbo y el sensacionalismo) y preservar los derechos de la víctima.

Pero es también obligación del funcionario policial no facilitar determinada información sobre la violencia de género. Asimismo, nunca se deben facilitar a los medios de comunicación la filiación de las víctimas ni sus direcciones.

La identidad de la víctima se debe proteger al máximo, ya que la difusión de un caso de violencia de género conlleva una segunda victimización en muchos casos.

Cuando se facilitan datos a los medios de comunicación sobre un caso de violencia de género (a través de una nota de prensa o declaraciones de un portavoz policial) se deben evitar entrar en aspectos que pudieran interpretarse como justificación de la acción violenta o eximentes de responsabilidad.

Así, la principal pauta es respetar la intimidad de la víctima y sus familiares. Tanto los periodistas como los funcionarios policiales que ejercen de portavoces tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de la mujer maltratada. Para ello, los agentes no pueden facilitar a los periodistas ningún dato identificativo de la víctima ni sus familiares.

En las notas de prensa referidas a episodios de violencia de género sólo hay que reseñar la edad de la víctima, pero en ningún caso su nombre, ni dirección del domicilio familiar, ni el nombre de la población donde ocurrió el delito si la localidad tiene pocos habitantes y es fácil reconocer a la persona afectada.

Respecto al detenido, los medios de comunicación suelen omitir los nombres y apellidos de los implicados y los sustituyen por las iniciales, excepto si el asunto afecta a personas de relevancia pública.

Una vez que hay sentencia firme, nada impide a un periódico publicar los nombres y apellidos de los condenados, aunque se deben omitir estos datos en los casos, por ejemplo, de que los detenidos sean menores de edad o se reconozca a una víctima por la identidad del agresor.

2. Consecuencias penales.

Tanto los gabinetes de prensa policiales como los propios periodistas deben poner especial énfasis en las consecuencias penales a la hora de transmitir o publicar, respectivamente, una información sobre violencia de género.

Todas las semanas se difunden notas de prensa con estadísticas sobre el número de detenidos por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los juzgados también facilitan sentencias a los medios de comunicación sobre condenas por delitos de violencia de género.

Convertir una noticia en espectáculo, destacar excesivamente un episodio de violencia de género o poner un titular sensacionalista conlleva un riesgo, ya que el autor del delito de violencia de género tiene tendencia al protagonismo. Además, algunas noticias sensacionalistas refuerzan las actitudes de un maltratador debido al efecto mimetismo.

Las imágenes sangrientas, los dramas contados con exceso de morbo, la información poco contrastada y los testimonios inoportunos de algunos vecinos ayudan muy poco en la prevención de los malos tratos en el ámbito familiar. Los expertos en delitos de violencia de género no son partidarios de la censura, pero insisten en que hay que informar con más prudencia y menos sensacionalismo.

3. La segunda victimización, un sufrimiento añadido.

Las personas que sufren episodios de violencia de género padecen en muchos casos lo que se conoce como segunda victimización, que es un sufrimiento añadido que les infieren las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir las diligencias: policías, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, entre otros.

Asimismo, la segunda victimización es la angustiosa situación que supone revivir el papel de víctima durante el protocolo de actuación para los casos de violencia de género, y con el agravante de que este nuevo daño psíquico se genera por la intervención de instituciones y profesionales de las que la víctima espera ayuda y apoyo. Por ello, la persona afectada no es sólo víctima de un delito, sino también de la negligencia del sistema.

El daño psíquico que sufren las víctimas de malos tratos, así como la vulnerabilidad de estas personas, conlleva que sea más fácil que puedan padecer nuevos perjuicios, especialmente si reviven el episodio de violencia varias veces en una relación asistencial (médica, policial, jurídica, psicológica, social, etc.) que genera la segunda victimización.

El protocolo de actuación en los casos de violencia de género victimiza de nuevo a la persona afectada al obligarla a contar la historia de su trauma por enésima vez, con el consiguiente riesgo de recaída en el daño moral padecido.

La calidad de la atención sanitaria, policial y periodística determinará si la víctima presenta en un futuro nuevas denuncias por violencia de género. La intervención debe ser apropiada en función de la situación de crisis de la persona afectada. Los objetivos en la primera toma de contacto o primera actuación del funcionario policial son fundamentalmente dos: aumentar la seguridad personal de la mujer agredida para que se sienta protegida y seguidamente informarle de sus derechos.

En definitiva, hay que reducir al mínimo las molestias a las mujeres derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Esto se consigue cuando se presta a la víctima una atención lo más adecuada, agradable y eficaz posible. El protocolo no ha de ser seguido sin contemplaciones por la persona afectada, sino que son los profesionales (sanitarios, agentes sociales, psicólogos, funcionarios policiales, abogados, jueces y fiscales) los que se tienen que coordinar para actuar según las características específicas de cada víctima y sin generar más daños psíquicos a las mujeres.

El sentimiento de indefensión, la sensación de que le responsabilicen en parte del episodio de violencia, la presunta indulgencia con el agresor, o el hecho de que pongan en tela de juicio los hechos que relata o juzguen su forma de vida, su indumentaria, etcétera, son aspectos que contribuyen también a la segunda victimización y que afectan a la toma de decisiones de la mujer afectada.

Durante la entrevista que periodista o el funcionario policial mantienen con la denunciante hay que evitar realizar comentarios que puedan generar un sentimiento de culpabilidad en la mujer. Existe una tendencia en las víctimas a sentirse personalmente responsables o culpables por el incidente traumático, por no ser capaces de detener la violencia o por tolerar los malos tratos. Además de informarle de sus derechos, el agente puede hacerle comprender que no está sola y que otras personas se interesan por ella y le ayudarán a superar el trauma.

Si se actúa con delicadeza y eficacia desde el principio se puede reducir la carga de culpabilidad y autocondena que pesa gravemente sobre las víctimas de malos tratos, y evitar su segunda victimización.

En los casos en los que las víctimas o los testigos son niños se debe evitar que los procedimientos sufran dilaciones innecesarias. El lenguaje y los aspectos formales tienen que tener en cuenta la edad y el desarrollo del menor. Asimismo, los funcionarios policiales tratarán de que el niño no declare más veces (de las que estrictamente sean necesarias) sobre los mismos hechos violentos que sufrió o presenció.

4. Tercera o cuarta victimización.

Además de los policías, guardias civiles, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, existen otros factores sociales que pueden generar la segunda, tercera o incluso una cuarta victimización. Estos son los medios de comunicación. Asimismo, el tratamiento informativo de una noticia o reportaje sobre un caso de violencia de género puede hacer mucho daño a la persona protagonista de esa información, es decir, a la víctima.

Si ya es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede resultar aún más humillante para esta persona que todo el barrio o el pueblo conozca su caso a través de los medios de comunicación.

Por ello, el respeto a la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser la principal pauta tanto para los periodistas como para los gabinetes de prensa policiales. Los medios de comunicación tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de las víctimas, por lo que no debenfacilirar ningún dato identificativo de estas personas ni de sus familiares.