El polémico trofeo entregado en la gala.

Los cerca de 40 deportistas que fueron galardonados en este acto recibieron una estatuílla con dos revólveres que rodean la frase textual: “No marcamos el 091”. Algunos de los socios federados mostraron su indignación al entender que era un mensaje para los partidarios de resolver problemas o conflictos con las armas que poseen como deportistas, sin recurrir a los cauces legales establecidos y al auxilio o mediación de la sala del 091, y por ende, de la Policía Nacional.

La sociedad violenta en la que vivimos no necesita dirigentes de una federación deportiva que defienda a los pistoleros en su acepción más negativa. Las personas de gatillo fácil no tienen cabida en el tiro olímpico. Varios de los galardonados no se llevaron a casa el trofeo y lo dejaron sobre la mesa, como protesta, cuando finalizó la gala en un conocido complejo hostelero de Gijón.

Hay personas que consideran el tiro olímpico un deporte violento o de pistoleros por el hecho de utilizar armas de fuego, pero se equivocan tanto como los dirigentes de la Federación de Tiro Olímpico del Principado de Asturias.

Como su nombre indica es un deporte olímpico que pone a prueba la precisión y concentración en el manejo de un arma de fuego. Y la inmensa mayoría de sus practicantes, por no decir todos, sí que marcan el 091.

Yo también llamo al 091, 062 y 092, los teléfonos de emergencia del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local, respectivamente, para alertar de situaciones de riesgo y prevenir la comisión de delitos.

Cuando sospecho que un comerciante o vecino magrebí puede ser un ‘lobo solitario’ del yihadismo porque ensalza en público a los terroristas que cometieron los atentados de París o Bruselas, yo marco el 091.

Cuando escucho gritos y golpes procedentes de una vivienda donde un hombre presuntamente maltrata a su mujer, yo marco el 091.

Cuando veo un coche con la ventanilla forzada o la puerta de una casa o comercio con señales de violencia, yo marco el 091.

Cuando detecto pornografía infantil en una web o en programas de intercambio de archivos, yo marco el 091.

Cuando me encuentro a un niño o a un anciano perdido en la calle, yo marco el 091.

Cuando sospecho que en una vivienda o un parque trapichean con droga, yo marco el 091.

Cuando veo una pelea en la calle o a un individuo que persigue a otro con un arma en la mano, yo marco el 091.

Cuando un fin de semana o de madrugada escucho golpes en la pared o ruidos extraños, pienso que pueden estar cometiendo un robo con el método del butrón y marco el 091.

Cuando un intruso trata de entrar en mi casa o soy víctima de un hurto o un robo con intimidación en la calle, yo marco el 091.

Cuando sorprendo a un carterista en el metro o en un mercadillo, yo marco el 091.

Y en definitiva, cuando considero que una llamada a la policía puede prevenir un delito yo marco el 091 o el 112, el teléfono que gestiona la asistencia más inmediata ante cualquier situación de riesgo personal o colectivo en España.

Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años de edad, su novia Rosario Sayete Moedra, de 15 años, y Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, desaparecieron durante una excursión a Catadau. Los cadáveres de Rosario y Valeriano fueron hallados días después, sin signos aparentes de violencia, en diferentes fechas y lugares de Macastre, pero el cuerpo de Pilar apareció mutilado en un canal de riego de Turís y la calle Alcácer en la ciudad de Valencia. Según la autopsia, el asesino utilizó una herramienta con una hoja de hierro dentada para cortar un pie de la joven.

Los tres menores de Burjassot, Benimàmet y Benicalap desaparecieron el 15 de enero de 1989. Ese día fue la última vez que los vieron con vida en un bar de Catadau. Cuatro días más tarde comenzó el rompecabezas macabro con el hallazgo del cadáver de Rosario, con el pantalón desabrochado, en la caseta de un pastor en Macastre. El cuerpo se encontraba en posición decúbito ventral (boca arriba) sobre una cama. El 27 de enero apareció en la calle Alcácer de Valencia el pie amputado de Pilar; el 6 de abril, un hombre descubrió el cuerpo sin vida de Valeriano (cuando buscaba espárragos cerca de la caseta); y el 26 de mayo, unos niños localizaron en un canal de riego de Turís el resto del cadáver de Pilar con la cara desfigurada.

El equipo de criminólogos inspecciona el canal de riego donde apareció el cadáver de Pilar Ruiz Barriga.

El lúgubre caso, que continúa sin resolver, centra ahora las investigaciones de un equipo de criminólogos del Proyecto Nacional Prometeo, una iniciativa de una asociación creada para la revisión de crímenes sin resolver en España. El coordinador de este grupo de investigadores, el criminólogo y perito judicial Félix Ríos, asegura que pretenden ayudar, de manera gratuita, «a familias de víctimas que llevan muchos años buscando respuestas para esclarecer las muertes de sus seres queridos».

Mihaela Zlota y Anna Mendoza, miembros de la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, descubrieron el caso de Macastre cuando revisaban la documentación del triple crimen de Alcàsser. Según las hipótesis que se barajaron para explicar las extrañas muertes de Rosario, Valeriano y Pilar, los adolescentes pudieron fallecer intoxicados por un cóctel de drogas, aunque tampoco se descarta que fueran atacados por alguien en la caseta de Macastre. Rosario habría muerto estrangulada, mientras que Valeriano y Pilar huyeron campo a través en la oscuridad de la noche, pero no lograron zafarse del asesino.

Sin embargo, ninguna de estas posibilidades pudo ser confirmada por los investigadores de la Guardia Civil. El único dato criminal constatado que figura en el sumario es el descuartizamiento del cuerpo de Pilar, pero las investigaciones de la Guardia Civil y los informes de los forenses no arrojaron luz sobre la ausencia de señales de violencia en los otros dos cadáveres. Tampoco esclarecieron las causas de las muertes ni pudieron explicar por qué aparecieron los cuerpos en diferentes lugares.

El único sospechoso interrogado por la Guardia Civil, Miguel V. E., fue visto con una de las jóvenes en Catadau pocos días antes de que apareciera el primer cadáver en Macastre, pero los investigadores no hallaron ningún indicio ni prueba que relacionara a este hombre con los crímenes.

«Haremos todo lo que esté en nuestras manos para aportar algo de luz al caso. Las muertes de los tres jóvenes quedaron muy pronto en el olvido», afirma Anna Mendoza. «Nos parece injusto que no prestaran a las tres víctimas la atención que merecían», añade Mihaela Zlota. Los menores, que pertenecían a familias desestructuradas, frecuentaban un conflictivo barrio de Burjassot, donde inhalaban benzol, la droga de los pobres en aquella época. Valeriano había pasado un tiempo en un reformatorio. Aquellas muertes apenas tuvieron cobertura informativa, todo lo contrario a lo que sucedió con el caso Alcàsser cuatro años después.

El equipo de criminólogos en el paraje de Macastre donde murieron Valeriano Flores y Rosario Sayete.

Respecto a la prescripción del triple crimen de Macastre, Ríos manifestó que es consciente de que no se puede reabrir el caso para la práctica de diligencias tendentes a localizar a un responsable penal tras haberse cumplido el plazo de 20 años. Sin embargo, el criminólogo matiza que la asociación Laxshmi pretende hacer «justicia social», y al mismo tiempo, dar respuestas a las familias de las víctimas. «Queremos averiguar de una manera extrajudicial quién fue el autor del triple crimen de Macastre», añade Ríos.

La asociación de criminólogos se ha personado como acusación popular en las diligencias abiertas hace 26 años por un juzgado de Requena. Su principal objetivo es conseguir datos que ayuden a reabrir el caso. «Cualquiera que sepa algo de lo ocurrido tiene ahora la oportunidad de colaborar en nuestras investigaciones. Pueden mandarnos información por correo electrónico o mensajes de WhatsApp, incluso con carácter anónimo», asevera Ríos.

Tras revisar el sumario e inspeccionar los lugares donde aparecieron los cadáveres, el equipo de criminólogos trata ahora de localizar a familiares de las tres víctimas, especialmente a los de Valeriano, para conseguir una exhumación del cadáver del joven y encargar luego un estudio antropológico forense que establezca con más precisión la causa de su muerte. «Averiguamos donde está el nicho de Valeriano y constatamos que Pilar y Rosario fueron enterradas en fosas comunes», explica la criminóloga Anna Mendoza, que entrevistó a algunos testigos para esclarecer ciertos aspectos del caso. La perito realizó también perfiles victimológicos y geográficos con otros dos miembros del equipo de investigación: Amós Vanacloig y Mihaela Zlota.

Después de revisar el sumario del triple crimen de Macastre, varias preguntas siguen sin tener respuesta. Son las incógnitas de este caso sin resolver.

¿Por qué tardaron tanto en encontrar el cadáver de Valeriano?

¿Rosario fue asfixiada?

¿La persona que descuartizó el cadáver de Pilar mató también a Rosario y Valeriano?

¿Por qué apareció el pie de Pilar en una calle de Valencia?

¿Tomaron drogas los tres menores la noche que murieron?

¿Por qué mintió el único sospechoso cuando declaró que no conocía a las víctimas?

Foto de Mateo Gil.

Además, los medios de comunicación no deben embellecer las informaciones sobre violencia de género (es decir, omitir detalles escabrosos para evitar el morbo y el sensacionalismo) y preservar los derechos de la víctima. Pero es también obligación del funcionario policial y de los gabinetes de prensa policiales no facilitar determinada información sobre la violencia de género, como la filiación de las víctimas o sus direcciones.

La identidad de una mujer o un niño maltratado se debe proteger al máximo, ya que la difusión de un caso de violencia de género o doméstica conlleva una victimización secundaria en muchas ocasiones. También se tiene que evitar entrar en aspectos que pudieran interpretarse como justificación de la acción violenta o eximentes de responsabilidad. La principal pauta es respetar la intimidad de la víctima y sus familiares. Tanto los periodistas como los funcionarios policiales que ejercen de portavoces tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de la mujer maltratada.

La victimización secundaria es un sufrimiento añadido que infieren las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir las diligencias: policías, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, entre otros. La persona maltratada revive el papel de víctima durante el protocolo de actuación policial, y con el agravante de que este nuevo daño psíquico se genera por la intervención de instituciones y profesionales de las que la víctima espera ayuda y apoyo. Por ello, la persona afectada no es sólo víctima de un delito, sino también de la negligencia del sistema.

El daño psíquico que sufren las víctimas de malos tratos, así como la vulnerabilidad de estas personas, conlleva que sea más fácil que puedan padecer nuevos perjuicios, especialmente si reviven el episodio de violencia varias veces en una relación médica, policial, jurídica y psicológica. El protocolo de actuación en los casos de violencia de género victimiza de nuevo a la persona afectada al obligarla a contar la historia de su trauma por enésima vez, con el consiguiente riesgo de recaída en el daño moral padecido.

La calidad de la atención sanitaria, policial y judicial determinará si la víctima presenta en un futuro nuevas denuncias por violencia de género. La intervención debe ser apropiada en función de la situación de crisis de la persona afectada. Los objetivos en la primera toma de contacto o primera actuación del funcionario policial son fundamentalmente dos: aumentar la seguridad personal de la mujer agredida para que se sienta protegida, y seguidamente informarle de sus derechos.

En definitiva, hay que reducir al mínimo las molestias a las mujeres derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Esto se consigue cuando se presta a la víctima una atención lo más adecuada, agradable y eficaz posible. El protocolo no ha de ser seguido sin contemplaciones por la persona afectada, sino que son los profesionales (sanitarios, agentes sociales, psicólogos, funcionarios policiales, abogados, jueces y fiscales) los que se tienen que coordinar para actuar según las características específicas de cada víctima y sin generar más daños psíquicos a las mujeres. Otra circunstancia que puede causar victimización secundaria es la dilación del juicio, algunas veces por motivos que podrían haberse evitado.

Además de los policías, guardias civiles, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y psicólogos, existen factores e instrumentos sociales que pueden generar una tercera victimización, como los medios de comunicación. El tratamiento informativo de una noticia o reportaje sobre un caso de violencia de género puede hacer mucho daño a la víctima.

Si ya es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede resultar aún más humillante para esta persona que todo el barrio o el pueblo conozca su caso a través de los medios de comunicación. Por ello, el respeto a la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser la principal pauta tanto para los periodistas como para los gabinetes de prensa policiales.

En octubre de 2012, unas imágenes de un menor liberado por policías armados hasta los dientes dieron la vuelta al mundo, y volvieron a cobrar actualidad estos últimos días tras el juicio por el rapto del niño. La difusión del vídeo causó un daño psicológico al menor cuando éste vio las imágenes en televisión y escuchó sus propias palabras. El muchacho se puso nervioso y revivió su cautiverio a pesar de que el vídeo mostraba unos momentos de alivio de su pena: el preciso instante en el que los Mossos d’Esquadra cortaban las ataduras y ponían fin a su secuestro.

Otro ejemplo común de victimización secundaria es cuando una víctima de una violación es interrogada en el juicio por el abogado del agresor. Las preguntas de algunos letrados tienden en ocasiones a tergiversar los hechos. para tratar de demostrar que las relaciones sexuales fueron consentidas o la violación se produjo como consecuencia de un acto de provocación de la mujer.

En las notas de prensa referidas a episodios de violencia de género sólo hay que reseñar la edad de la víctima, pero en ningún caso su nombre, ni dirección del domicilio familiar, ni el nombre de la población donde ocurrió el delito si la localidad tiene pocos habitantes y es fácil reconocer a la persona afectada. Respecto al detenido, los medios de comunicación suelen omitir los nombres y apellidos de los implicados y los sustituyen por las iniciales, excepto si el asunto afecta a personas de relevancia pública.

Una vez que hay sentencia firme, nada impide a un periódico publicar los nombres y apellidos de los condenados, aunque se deben omitir estos datos en los casos, por ejemplo, de que los detenidos sean menores de edad o se reconozca a una víctima por la identidad del agresor.

Tanto los gabinetes de prensa policiales como los periodistas debemos poner especial énfasis en las consecuencias penales a la hora de transmitir o publicar, respectivamente, una información sobre violencia de género. Convertir una noticia en espectáculo, destacar excesivamente un episodio de violencia de género o poner un titular sensacionalista conlleva un riesgo, ya que el autor del delito de violencia de género tiene tendencia al protagonismo. Además, algunas noticias sensacionalistas refuerzan las actitudes de un maltratador debido al efecto mimetismo.

Las imágenes sangrientas, los dramas contados con exceso de morbo, la información poco contrastada y los testimonios inoportunos de algunos vecinos ayudan muy poco en la prevención de los malos tratos en el ámbito familiar. Los expertos en delitos de violencia de género no son partidarios de la censura, pero insisten en que hay que informar con más prudencia y menos sensacionalismo.

Un policía local de Silla atiende a una mujer.

La Policía Local de Silla utiliza desde el año pasado el Sistema Integral de Violencia de Género (VioGen). Es la primera localidad de la Comunitat Valenciana que aplicó este sistema, según informaron fuentes municipales. Se trata de una aplicación informática común para todos los Cuerpo y Fuerzas del Estado para mejorar la eficacia en el seguimiento de las mujeres que sufren la violencia de género con el fin de evitar una nueva agresión. A través de esta base de datos, VioGen, la policía de cualquier punto de España puede acceder a la información sobre las víctimas, agresores y cualquier medida preventiva de protección y alejamiento existente en cada caso. “Es una herramienta de trabajo muy completa, donde dispones de un tratamiento global y permite un seguimiento integral”, advierten desde la Policía Local.

La localidad de Silla vivió un episodio traumático de violencia de género en 2003. Un caso que puso los pelos de punta a los vecinos de la localidad y desde el que la Policía Local junto a las autoridades han puesto todos los medios a su alcance para que no vuelva a repetirse. Fue en este año cuando la Policía Judicial puso en marcha el sistema de seguimiento y tratamiento integral con un contacto específico y personalizado con la víctima de la Violencia de Género. “La plantilla está integrada por gente especializada como abogados, psicólogos, criminólogos, lo que hace más fácil nuestra labor”, explican desde el cuerpo policial. Gracias a ello, “hace tiempo que no tenemos víctimas con lesiones importantes ni casos graves”, añaden. Un problema que podrá atenuarse todavía más con la aplicación del VioGen.

Con tan sólo un click de ratón, la Policía de cualquier punto de España, a donde se haya desplazado la víctima, puede acceder a su ficha y a la valoración policial de riesgo realizada por los agentes que llevan el seguimiento personalizado. “Si la mujer maltratada disponía hasta ahora de una garantía con el seguimiento personalizado ahora estará protegida en cualquier lugar de España”, explican. En el caso de cambio de domicilio, la policía envía una alerta al cuerpo policial pertinente para seguir con la protección de la mujer. “También intentamos evitar con ello el incumplimiento de las órdenes de alejamiento”, añaden fuentes policiales.

A pesar de los recortes presupuestarios del consistorio de Silla, el equipo de gobierno y todas las fuerzas políticas siguen apostando por mejorar la calidad del servicio de la protección de las víctimas de la violencia de género. “esta es una competencia que vamos a seguir apoyando a pesar de que la situación económica del Ayuntamiento nos obliga a recortar en algunas partidas”, advierte el alcalde de la localidad, Serafín Simeón.

ADA DASÍ.

1. Transmisión de información sobre violencia de género.

Los medios de comunicación han conseguido en los últimos años que la violencia contra la mujer haya superado su dimensión estrictamente privada, policial y judicial para pasar a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, un ataque a la esencia de la democracia.

La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer debe garantizar, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se debe tener especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Además, los medios de comunicación deben fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos, así como no embellecer las informaciones sobre violencia de género (es decir, omitir detalles escabrosos para evitar el morbo y el sensacionalismo) y preservar los derechos de la víctima.

Pero es también obligación del funcionario policial no facilitar determinada información sobre la violencia de género. Asimismo, nunca se deben facilitar a los medios de comunicación la filiación de las víctimas ni sus direcciones.

La identidad de la víctima se debe proteger al máximo, ya que la difusión de un caso de violencia de género conlleva una segunda victimización en muchos casos.

Cuando se facilitan datos a los medios de comunicación sobre un caso de violencia de género (a través de una nota de prensa o declaraciones de un portavoz policial) se deben evitar entrar en aspectos que pudieran interpretarse como justificación de la acción violenta o eximentes de responsabilidad.

Así, la principal pauta es respetar la intimidad de la víctima y sus familiares. Tanto los periodistas como los funcionarios policiales que ejercen de portavoces tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de la mujer maltratada. Para ello, los agentes no pueden facilitar a los periodistas ningún dato identificativo de la víctima ni sus familiares.

En las notas de prensa referidas a episodios de violencia de género sólo hay que reseñar la edad de la víctima, pero en ningún caso su nombre, ni dirección del domicilio familiar, ni el nombre de la población donde ocurrió el delito si la localidad tiene pocos habitantes y es fácil reconocer a la persona afectada.

Respecto al detenido, los medios de comunicación suelen omitir los nombres y apellidos de los implicados y los sustituyen por las iniciales, excepto si el asunto afecta a personas de relevancia pública.

Una vez que hay sentencia firme, nada impide a un periódico publicar los nombres y apellidos de los condenados, aunque se deben omitir estos datos en los casos, por ejemplo, de que los detenidos sean menores de edad o se reconozca a una víctima por la identidad del agresor.

2. Consecuencias penales.

Tanto los gabinetes de prensa policiales como los propios periodistas deben poner especial énfasis en las consecuencias penales a la hora de transmitir o publicar, respectivamente, una información sobre violencia de género.

Todas las semanas se difunden notas de prensa con estadísticas sobre el número de detenidos por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los juzgados también facilitan sentencias a los medios de comunicación sobre condenas por delitos de violencia de género.

Convertir una noticia en espectáculo, destacar excesivamente un episodio de violencia de género o poner un titular sensacionalista conlleva un riesgo, ya que el autor del delito de violencia de género tiene tendencia al protagonismo. Además, algunas noticias sensacionalistas refuerzan las actitudes de un maltratador debido al efecto mimetismo.

Las imágenes sangrientas, los dramas contados con exceso de morbo, la información poco contrastada y los testimonios inoportunos de algunos vecinos ayudan muy poco en la prevención de los malos tratos en el ámbito familiar. Los expertos en delitos de violencia de género no son partidarios de la censura, pero insisten en que hay que informar con más prudencia y menos sensacionalismo.

3. La segunda victimización, un sufrimiento añadido.

Las personas que sufren episodios de violencia de género padecen en muchos casos lo que se conoce como segunda victimización, que es un sufrimiento añadido que les infieren las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir las diligencias: policías, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, entre otros.

Asimismo, la segunda victimización es la angustiosa situación que supone revivir el papel de víctima durante el protocolo de actuación para los casos de violencia de género, y con el agravante de que este nuevo daño psíquico se genera por la intervención de instituciones y profesionales de las que la víctima espera ayuda y apoyo. Por ello, la persona afectada no es sólo víctima de un delito, sino también de la negligencia del sistema.

El daño psíquico que sufren las víctimas de malos tratos, así como la vulnerabilidad de estas personas, conlleva que sea más fácil que puedan padecer nuevos perjuicios, especialmente si reviven el episodio de violencia varias veces en una relación asistencial (médica, policial, jurídica, psicológica, social, etc.) que genera la segunda victimización.

El protocolo de actuación en los casos de violencia de género victimiza de nuevo a la persona afectada al obligarla a contar la historia de su trauma por enésima vez, con el consiguiente riesgo de recaída en el daño moral padecido.

La calidad de la atención sanitaria, policial y periodística determinará si la víctima presenta en un futuro nuevas denuncias por violencia de género. La intervención debe ser apropiada en función de la situación de crisis de la persona afectada. Los objetivos en la primera toma de contacto o primera actuación del funcionario policial son fundamentalmente dos: aumentar la seguridad personal de la mujer agredida para que se sienta protegida y seguidamente informarle de sus derechos.

En definitiva, hay que reducir al mínimo las molestias a las mujeres derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Esto se consigue cuando se presta a la víctima una atención lo más adecuada, agradable y eficaz posible. El protocolo no ha de ser seguido sin contemplaciones por la persona afectada, sino que son los profesionales (sanitarios, agentes sociales, psicólogos, funcionarios policiales, abogados, jueces y fiscales) los que se tienen que coordinar para actuar según las características específicas de cada víctima y sin generar más daños psíquicos a las mujeres.

El sentimiento de indefensión, la sensación de que le responsabilicen en parte del episodio de violencia, la presunta indulgencia con el agresor, o el hecho de que pongan en tela de juicio los hechos que relata o juzguen su forma de vida, su indumentaria, etcétera, son aspectos que contribuyen también a la segunda victimización y que afectan a la toma de decisiones de la mujer afectada.

Durante la entrevista que periodista o el funcionario policial mantienen con la denunciante hay que evitar realizar comentarios que puedan generar un sentimiento de culpabilidad en la mujer. Existe una tendencia en las víctimas a sentirse personalmente responsables o culpables por el incidente traumático, por no ser capaces de detener la violencia o por tolerar los malos tratos. Además de informarle de sus derechos, el agente puede hacerle comprender que no está sola y que otras personas se interesan por ella y le ayudarán a superar el trauma.

Si se actúa con delicadeza y eficacia desde el principio se puede reducir la carga de culpabilidad y autocondena que pesa gravemente sobre las víctimas de malos tratos, y evitar su segunda victimización.

En los casos en los que las víctimas o los testigos son niños se debe evitar que los procedimientos sufran dilaciones innecesarias. El lenguaje y los aspectos formales tienen que tener en cuenta la edad y el desarrollo del menor. Asimismo, los funcionarios policiales tratarán de que el niño no declare más veces (de las que estrictamente sean necesarias) sobre los mismos hechos violentos que sufrió o presenció.

4. Tercera o cuarta victimización.

Además de los policías, guardias civiles, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, existen otros factores sociales que pueden generar la segunda, tercera o incluso una cuarta victimización. Estos son los medios de comunicación. Asimismo, el tratamiento informativo de una noticia o reportaje sobre un caso de violencia de género puede hacer mucho daño a la persona protagonista de esa información, es decir, a la víctima.

Si ya es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede resultar aún más humillante para esta persona que todo el barrio o el pueblo conozca su caso a través de los medios de comunicación.

Por ello, el respeto a la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser la principal pauta tanto para los periodistas como para los gabinetes de prensa policiales. Los medios de comunicación tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de las víctimas, por lo que no debenfacilirar ningún dato identificativo de estas personas ni de sus familiares.

Cristian era un joven extrovertido, valiente y deportista. «Era un chico normal. Nunca llevaba navaja y no era violento, pero tampoco se achicaba si se metían con él», asevera uno de sus mejores amigos.

Su pasión era el fútbol; y su equipo, el Barça. Jugaba con sus amigos en el Green Black en una liga que disputan 18 equipos suramericanos en los campos del viejo cauce del Turia. Respecto a la posibilidad de que una rencilla en un partido pudiera haber desencadenado el crimen, sus compañeros negaron esta hipótesis. «Los detenidos nunca habían jugado contra nosotros», afirmó uno de los deportistas.

El 21 de enero de 2010, Fernando Cristian, de 24 años, murió apuñalado por una pandilla colombiana tras una discusión en un tranvía de Valencia. La víctima cayó mortalmente herida a escasos metros de la comisaría de la Policía Autonómica, junto a la estación de Pont de Fusta. El grupo agresor estaba formado por una decena de individuos, según varios testigos. El crimen tuvo lugar sobre las 19.30 horas.

El vídeo del crimen de Celeste