Los concejales del Ayuntamiento de Valencia que se oponen a reducir el número de asesores deberían hacer un ejercicio de pedagogía, como le gusta decir a quien es criticado en gestión y echa la culpa a la comunicación.

Lo digo porque al ciudadano normal, que saca su trabajo, su casa y su familia adelante sin más ayuda, con suerte, de los abuelos o de un/a asistente que paga de su bolsillo, le cuesta mucho entender que un político necesite tantos asesores.

Yo misma no salgo de mi asombro por la cifra que hay, por su tarea, por su discrecionalidad al ser nombrados y por su eficacia. ¿Qué hace un asesor? Como su nombre indica, se supone que orienta pero esa orientación, si trata de urbanismo, medio ambiente o finanzas no requiere más que técnicos que conozcan el terreno. Para eso están los funcionarios mucho mejor preparados que los políticos.

En cambio, si lo que se pretende no es ayuda especializada sino política, solo podemos decir: «Houston, tenemos un problema». Lo tenemos porque en ese caso su criterio es poco útil para el ciudadano que no para el político; partidista, posiblemente sectario e interesado; en una palabra: prescindible.

Digo todo esto desde la humildad de quien no sabe y no entiende cuál es la función de los asesores. Unos tipos demasiado abundantes, que necesitan también secretarios, bedeles y despachos. O sea, que nos cuestan un dinero y cuya justificación no acabo de ver. Y solo pido información para entender la decisión: que alguien explique a la ciudadanía qué hace cada asesor y cuánto cobra por ello.

Esto me recuerda a las quejas porque los profesores de religión son pagados con dinero público pero seleccionados por la Iglesia y pienso ¿y los asesores? Les pagamos todos pero no solo no los escogemos sino que ni siquiera los controlamos, no sabemos qué hacen ni cuánto nos cuestan. Y lo más importante: no sabemos si podríamos ahorrárnoslos. Sospecho que sí.