“Que no hay dinero”. Me lo dice mi farmacéutica para explicarme el ahogo que viven día a día. La Administración no tiene más respuesta que ésa: que no hay dinero.

Y yo lo entiendo. No hay ni un euro. No lo hay. Pero tampoco vergüenza. Lo que la Generalitat está haciendo con las farmacias es traspasarles la responsabilidad del déficit y, lo que es peor, la preocupación por no poder superarlo.

Llevamos años escuchando por parte de la izquierda ese discurso de lo privado frente a lo público. Que si el PP privatiza la sanidad o la educación. Y no digo que no sea cierto pero lo que de verdad está privatizando es la responsabilidad y la ansiedad.

Los farmacéuticos no cobran lo que se les debe, como les ocurre a otros colectivos, con la diferencia de que ellos no pueden dejar de dispensar medicinas aunque sea comiéndose sus propios ahorros guardados para un «por si acaso». El «por si acaso» lleva meses instalado en la Comunitat y, por eso, mi farmacéutica temblaba de pensar en el año próximo.

Y yo la admiro. Le preocupa cómo afrontar otro año sin cobrar y teniendo que adelantarlo todo para que los ciudadanos no nos quedemos sin medicamentos. ¿No debía ser eso lo que preocupara al presidente Fabra?

Ahí es donde veo la privatización. No ya del servicio sino de la angustia. ¿Se imagina por un momento que, incapaces de adelantar el gasto, dejaran de darnos medicinas a quienes vamos con una receta? Cada receta es una deuda para ellos.

Es mi farmacéutica quien paga las medicinas de mi madre. No es el Consell con su sueldo; no son los diputados de Les Corts renunciando a móviles a cargo del erario público; no son los cargos públicos optando por minibuses en lugar de coches oficiales para cada uno.

Ellos, que yo sepa, no sacan la cartera y pagan el Diamicron. Eso lo hace mi farmacéutica. Cada mes. Y con una sonrisa. Eso sí, llena de angustia ante la perspectiva de no poder hacerlo más.