Hizo bien Pascual Sala en alabar las virtudes del Tribunal de las Aguas durante su visita junto a los miembros del Constitucional que hoy se reunirá en Valencia. Decía su presidente que el más antiguo órgano judicial valenciano es “paradigma de los tribunales consuetudinarios y tradicionales, y ejemplo de una justicia popular totalmente arraigada”.

Falta señalar que si ha llegado a ser paradigma de justicia bien impartida y -diría más- si ha llegado hasta nuestros días, no es por los juegos de poder ni por las mayorías políticas sino por el respeto que le tienen y la autoridad que le otorgan los protagonistas e implicados.

Digo esto porque, probablemente, si los miembros del Tribunal de las Aguas fueran escogidos como lo son los del Constitucional, esto es, si intervinieran las mayorías parlamentarias, los equilibrios imposibles y las broncas de vicepresidentas a su máxima autoridad como hemos visto estos años, posiblemente hoy hablaríamos de él por sus referencias en los libros de Historia.

El tribunal, además, es ejemplo de agilidad en la Justicia. Una reunión ejecutiva, ya sin el “calle vosté, parle vosté”, y el buen juicio de quienes imparten y de quienes se someten a su justicia y no se necesita más.

Es cierto que no puede compararse su ámbito de actuación con los demás tribunales -donde, por cierto, sí hay mujeres-, pero debe exigirse el mismo respeto a sus decisiones.

Para eso, como con el de las Aguas, el Constitucional tiene que ganarse el reconocimiento popular por su ecuanimidad e independencia que no sé si se consigue haciendo “bolos” por toda España o sencillamente alejándose de sospechas políticas.

Entiendo que es difícil cuando los asuntos que se le presentan son Estatuts, leyes de aborto o legalización de Amaiur. Sin embargo, es necesario que los ciudadanos veamos al Constitucional como garante de los derechos de todos y no de las decisiones de algunos.