Dice Rafael Blasco que una dimisión no producida llevó a Fabra al Palau de la Generalitat. Se refiere a la del propio Presidente que fue imputado por una querella siendo alcalde de Castellón. Es cierto. Con una dimisión como ésa se hubiera terminado su carrera política, o al menos hubiera quedado paralizada.

Sin embargo, hay que recordar que fue una dimisión la que llevó a Fabra hasta la presidencia del Consell. No la suya pero sí la de su antecesor, Francisco Camps.

Es, pues, evidente que nos encontramos con dos posiciones con consecuencias futuras muy diversas.

El ejemplo que toma Blasco justifica que no se dimita por una sospecha, aunque provenga de los jueces. Lo que no me convence es la consecuencia que queda en suspenso.

Frenar una carrera política por verse implicado en un caso de corrupción no es inadecuado. Al contrario. Es saludable. Si uno resulta condenado, no mancha ni al partido ni a la institución que representa. En cambio, si resulta absuelto tiene la posibilidad de volver con laurel de vencedor.

Mantenerse en el cargo es hacer girar toda su actividad sobre el eje de la sospecha y quizás de la parálisis, como hemos visto.

Ahora bien, hay una razón por la cual parece admisible la reticencia de Blasco, más allá de intereses ocultos que se me escapan y, sin descartarlo, no puedo afirmar, por ejemplo, protegerse en el fuero de diputado. Desconozco si hay un interés como ése pero lo que sí veo claro es que, de ser automático el apartamiento del cargo ante la mínima sospecha, podría crearse ésta para eliminar a un oponente político. Y no lo digo solo de un partido a otro sino de una “familia” a otra dentro del mismo partido.

De cualquier forma, lo verdaderamente dañino es salpicar un área tan sensible como Cooperación. Si difícil es ya obtener recursos públicos y privados para la ayuda al desarrollo, casos como éste perjudican, de nuevo, al más débil. Al de siempre.

Enviado desde Camonos Los Viudas, Managua, Nicaragua.