Desde hace días tengo la sensación de que, en Valencia, las autoridades están aplicando la penalización del cachete a la actuación policial. Vaya por delante mi repulsa a todo tipo de exceso violento, sea de quienes rompen cristales de bancos como ocurrió ayer en Barcelona o sea de los cuerpos de seguridad del Estado.

Más allá del uso desproporcionado de la fuerza que nunca es admisible, ver cómo cortan las calles sin aviso previo ni ruta alternativa; cómo colapsan la ciudad; cómo pintan en monumentos históricos con la coartada de que es su único altavoz o cómo campan a sus anchas porque de perseguidos se convirtieron en intocables, da que pensar.

Andar por la calle y ver el centro colapsado, sin autorización, mientras tres o cuatro patrullas de policía local intentan lo imposible, es decir, que los coches lleguen a su destino sin demasiados problemas, me ha hecho recordar cómo, para evitar el maltrato infantil se quitó a los padres la potestad del cachete.

Aquí está ocurriendo lo mismo. Por culpa de los excesos de algunos, se está ordenando a la policía que no actúe ni siquiera para frenar la pataleta infantil. En una palabra, de seguir así, podemos convertir a los estudiantes más exaltados en pequeños dictadores que llevan a la autoridad de cabeza, como hacen los niños malcriados cuando sienten que dominan a sus progenitores.

No es ningún atentado contra su libertad que sigan los cauces establecidos para convocar una protesta, para manifestarse y reclamar o para sensibilizar a la opinión pública. Esos cauces no son un corsé artificial que elimina la espontaneidad del enfado colectivo. Si este existe, puede esperar 24 horas para mostrarse sin perjudicar a los demás o minimizando el daño.

Hasta para ser revolucionario, es bueno seguir el protocolo. Lo contrario es un acto de soberbia antidemocrático pues da por hecho que el interés de uno mismo es más digno que el del vecino.

Enviado desde Gabriela Mistral, Colonia del Sacramento, Uruguay.