El de Consuelo Císcar no es el primero ni el último caso de compatibilización de cargos públicos. Hay diputados de Les Corts que son alcaldes, como Rita Barberá o Sonia Castedo, o diputados del Congreso que son concejales como Marta Torrado. Por eso no me extraña que hayan propuesto a la directora del IVAM para el Consell Valencià de Cultura.

Lo que me pregunto cada vez que conozco un caso de éstos es dónde está el error: en que existan los cargos o en que se compatibilicen.

Si un alcalde puede compaginar su puesto con el de diputado o bien no atiende a ninguna de las dos ocupaciones o bien éstas son tan livianas que permiten ser alternadas. Siendo benevolente, no puedo dar por válida la primera opción pues supone un manifiesto fraude a los votantes.

Así, pues, tomemos la segunda opción que se resume en que “no es para matarse”. Si un ayuntamiento permite atender otro negociado al mismo tiempo, quiere decir que no es una tarea ímproba, razón por la cual podría proponerse que el político trabajara en su profesión y atendiera luego sus funciones políticas.

Consecuencia de ello sería que no necesitaría un salario sino una mera gratificación pues seguiría en su puesto de trabajo y ganando su sueldo pero habría que agradecerle los servicios prestados. En una palabra, nos ahorraría dinero.

Hay otra consecuencia interesante en tiempos de recortes: si la tarea es llevadera ¿para qué existir de forma individualizada y no subsumida en otro cargo que ocupara de verdad todo el tiempo?

Se podría argüir que el alcalde no está en todos los detalles porque para eso tiene a su equipo pero de nuevo llegaríamos a una conclusión perversa: ¿por qué no suprimir a los políticos y dejar solo a los técnicos?

En definitiva, aglutinar cargos puede ser señal de inseguridad pues significa que hay pocas personas de confianza o, lo que es peor, señal de que alguno de los cargos debería amortizarse.

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