Igual que a los amigos se les encuentra en la adversidad, al político se le mide ante la corrupción. La corrupción es la peor forma de fracaso en la vida política porque no solo supone esquilmar los bienes comunes sino engañar a aquellos que han depositado la confianza en uno. Por eso la grandeza o miseria de un político se comprueba ante este fenómeno, por acción o por pasividad ante la fechoría de un compañero.

Resulta sorprendente que los políticos se extrañen del desapego ciudadano cuando han traicionado su buena fe. Si no nos rebelamos en el pago de impuestos es por coacción, no por convencimiento. Al menos, ya no. ¿Cómo entregar de buena gana nuestros modestos recursos a alguien que puede hacerlos desaparecer para su beneficio?

Sin embargo, ante un hecho tan grave, que es capaz por sí solo de minar las bases de la democracia porque es como una carcoma que destruye la estructura, los políticos tienen una actitud demasiado laxa. Solo se mueven contra ella cuando es un arma para el enemigo político.

Lo más que hacen es anunciar controles. Cada vez que sale un caso, el grupo afectado anuncia un plan de choque, medidas de supervisión, más rigor con los implicados o tolerancia cero con los corruptos. O sea, nada.

En principio deberíamos decir que es mucho más que nada. Si la primera vez que eso sucede y se implantan mecanismos para erradicar un comportamiento lamentable realmente se cumplieran, no iría a más; se conseguiría extirpar el mal. ¿Por qué no se logra? Porque solo son estrictos en los diez primeros minutos tras el anuncio de las medidas de control. A partir de entonces comienza la flexibilidad: que si el momento procesal no es la imputación; que si hay que esperar a que un juez diga; que si con éste no, por sus servicios al partido; que si aquel es buena gente y pongo la mano en el fuego por él. Al final, el resultado es papel mojado y menos confianza ciudadana.

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