A menudo los políticos apelan a su condición de representantes para justificar sus posturas. Así, dicen que “los españoles quieren… “ o “han hablado en las urnas y han dicho que…”. A partir de ahí legitiman su actuación atribuyendo el voto al apoyo de las leyes concretas. Normalmente no les falta razón. Cuando los electores votan, están indicando a quién prefieren para gobernarles. El argumento es utilizado, también, cuando pactan. En ese caso, alegan que “la mayoría progresista quiere desbancar a la derecha” o “la mayoría conservadora rechaza los experimentos de la izquierda”.

Si tomamos, pues, esa referencia para analizar lo que ocurre en Andalucía, podemos llegar a la conclusión de que los políticos andaluces son unos auténticos irresponsables. O lo es quien convoca unas elecciones no demandadas por la mayoría de ciudadanos o lo es quien dilata el proceso con su indecisión. En cualquier caso, asistimos a la paralización de la vida política y a la repetición de unos comicios que dificultan el día a día del ciudadano y le cuestan sus buenos euros.

En el caso de quien convoca, resulta inaceptable el argumento de que los andaluces querían esa cita electoral antes de tiempo. Y lo es porque no puede confundir a los votantes del PSOE con todos los andaluces. Ni siquiera con una mayoría aplastante. El problema es que esa convocatoria no parecía estar al servicio del ciudadano. Si se trata de un partido, podemos aceptar que vele por sus propios intereses pero eso no puede decirse de Susana Díaz. Ella, ante la disolución del Parlamento autonómico, es sobre todo presidenta de todos los andaluces, no candidata. Su rol es distinto al de los demás cabezas de lista por esa razón. Lo que se está poniendo de manifiesto con lo que sucede estos días es que miró más por sí misma, por su liderazgo y por su partido que por lo que necesitaban sus conciudadanos.

No puede decirse menos de los representantes de los demás grupos políticos que prefieren dejar pasar dos meses –decisivos, con unas elecciones generales- para que se cumpla el plazo en el que la ley obliga a volver a convocar de nuevo, antes que a ponerse de acuerdo. Su papel, sin embargo, difiere ligeramente. Ellos defienden, sobre todo, a su partido. Es cierto que, como parlamentarios, no deberían tener en cuenta únicamente sus intereses sino la de todos los ciudadanos pero no tienen el mismo perfil que la presidenta. En cualquier caso es triste que todo el sainete andaluz se esté desarrollando como lo hace. Es el mejor ejemplo contemporáneo del pragmatismo político: poco importa que la administración esté parada o que sea un despilfarro la repetida llamada a las urnas. Sus estrategias están por encima de todo. Invertir en ellos, como se ve, es hacerlo en un valor que tiene un 0% de interés, directamente proporcional al que ellos tienen por los ciudadanos.