Con los partidos aficionados a pontificar y a ejercer de jueces morales del resto, como en su momento UPyD o ahora Podemos, Ciudadanos o Compromís, ocurre eso. Quienes han sufrido su látigo inquisitorial no ven el momento de pillarles en falta. Sucedió con las sospechas sobre Monedero o sobre la novia del Querido Líder; sobre algunos candidatos de las listas de Rivera en vísperas electorales y, desde que gobiernan, sobre los amigos de Compromís. No cualesquiera sino aquellos que se incorporan a la nómina pública.

Resultaría muy feo ver cómo el “martillo de corruptos” se convierte en agencia de colocación para maridos, compañeras y colegas. Aunque la tengan, conviene no ceder a la tentación de parapetarse detrás de la mala imagen de quien acusa. Si se contrata a una empresa de amiguetes o de compañeros de “la causa”, da igual que quien pida explicaciones proceda del partido más corrupto del universo (etiqueta que cuesta otorgar a algunos, en vida de Berlusconi). Si Bonig pide explicaciones a Oltra, éstas deben llegar igual que si lo pide la Madre Teresa de Calcula o el Arcángel Gabriel, huido del belén para fugarse con las Reinas Magas. Son los ciudadanos quienes merecen tener la tranquilidad de que han pasado los tiempos antiguos de chanchullos, corruptelas y beneficios particulares. Valencia necesita mirar al futuro, no al pasado. Ni al de los 90 ni al de los 30, los 50 o los locos 80. El futuro pasa por la total transparencia y regeneración de la vida pública que no se reduce a abrir el balcón sino las cuentas, los contratos y las nóminas. Como decía la propia Oltra, la mujer del César ha de ser impoluta. Y el marido, el primo y el compañero de cañas. A quienes hoy gobiernan, que tanto han cacareado –y con razón-, se les va a exigir algo más: no basta con serlo ni parecerlo, hay que demostrarlo.

10.000 euros por un aeropuerto llamado “Don Quijote” es tan triste que solo puede inspirar el último episodio de la novela cervantina, aquel en el que el caballero manchego lucha contra bazares chinos al confundirlos con terribles dragones de colas aladas. Don Quijote merecía algo mejor que estuviera a la altura de su grandeza y no de sus ensueños, y España merece un caballero andante que la defienda de los malandrines que la han querido ordeñar durante años hasta la extenuación y se han ido después de rositas y hasta de crucero caribeño. Los “Malambruno” de esta historia no era valencianos, curiosamente, y ni siquiera eran del PP, aunque algunos siempre hayan visto a José Bono más cerca de Génova que de Ferraz. Eran localistas y con intereses electorales en el terruño. Y, en ese modo, no hay siglas sino primos que colocar. Así, creyeron que la Mancha necesitaba su aeropuerto, su universidad y si me apuran hasta su parque acuático. Eso sí es aldea y lo demás son cuentos.

Ahora, una obra que costó cientos de millones se malvende por calderilla. Y no hay nadie responsable del desaguisado. Ese es el comienzo de Burkina Faso. No se trata solo de que alguno se lo hayan llevado en maletines, sobres o cáscaras de plátano canario. Lo que nos ha empobrecido no ha sido tanto la corrupción como la impunidad, la gratuidad del malgasto. Nadie responde por haber dilapidado cientos de millones que podrían haberse destinado a esos colegios y hospitales que tanto teme desalojar la portavoz. Sobre los malgastadores no cae el peso de la ley porque no es delito, es mala praxis. Sin embargo, el agujero que crea un mal uso de los recursos públicos seguramente es mayor que el abuso de unos pocos. Y lo peor, en ambos casos, es el clima de generalización e indiferencia. Ese sentido de que lo público no es de nadie, como si cayera de los árboles. Pero no veo al ministro Montoro perseguir con saña a los “defraudadores de lo público” como hace con quienes intentan driblar a los recaudadores de impuestos. Estos defraudan en lo propio contra los intereses generales pero aquellos lo hacen con lo de todos contra esos mismos intereses, lo que multiplica su desvergüenza y su perjuicio colectivo. El localismo miope es uno de los mayores riesgos para la racionalización del gasto público. Si hay un aeropuerto a 50 kilómetros quizás no sea necesario otro. Y quien dice aeropuerto dice universidad, palacio de congresos y hasta radiotelevisión.

En cualquier caso, vivimos un momento en el que los grupos “anticasta” corren el riesgo de constituirse en una. No por prebendas materiales sino por la bula que parecen exigir hacia todas sus decisiones. Como la legitimidad moral de su actividad nace de la propia Verdad, así con mayúsculas, es difícilmente cuestionable. Aunque se vulnere la ley o se sitúa frente a la norma. Ellos son la norma. Es una suerte de sacralización de la protesta. Ya no es la Libertad guiando al pueblo sino la Rebeldía. Sin matices. Porque sí. Lo decía el otro día Rita Maestre, de la candidatura de la alcaldesa de Madrid, ante la petición de dimisión por estar imputada. Ella decía que había imputaciones e imputaciones. Pero no se refería solo a que la corrupción es una cosa y atacar la capilla de una universidad, otra. La diferencia radicaba en algo más que el tipo de falta. Era la legitimidad. ¿Dónde radica la diferencia? Los corruptos roban. No es que vayan contra la ley, van contra los intereses de todos. Como si eso fuera algo distinto a la ley. Los activistas, en cambio, protestan, pero su ataque es legítimo aunque sea ilegal, porque en su caso la ley no representa la voluntad popular sino la voluntad de la casta. Por eso continuaba diciendo Maestre que “llega gente con pasado de compromiso”. Incumplir la ley por compromiso con la diosa Rebeldía todo lo perdona. Habrá que ver si eso incluye atacar una clínica abortista. Hay quien lo considera cosa de conciencia y de protesta ante la injusticia y ante una ley al servicio de intereses de otro tipo de casta.

Algo similar ocurrió ayer con motivo de la detención de Alfon, un chaval acusado de llevar bombas caseras en la huelga general de 2012. Lo más llamativo no fue la protesta. Todos podemos tener una familia de “farruquitos” dispuestos a defender al primo. Lo curioso es el argumento que utilizó Celia Mayer, sustituta de Zapata en la concejalía de Cultura de Madrid, cuando vino a decir que la concentración de tantas personas en defensa de Alfon era una prueba de lo injusto de la decisión. Es cierto que el rechazo social puede poner en evidencia una injusticia pero también que no es difícil movilizar a muchos contra la policía a base de demagogia. La suya es una postura peligrosa porque separa la ley y el pueblo. Y entonces la ley no emana de él sino de la casta de comprometidos con la diosa Rebeldía.

Más le valiera a quien hace eso pasar la aspiradora a conciencia una sola vez que repetir la jugada, dos. En ambos casos, además, todo sería más fácil si cuidaran de no llenar la casa de porquería, dicho sea en todos los sentidos.

Por eso me impactó ayer conocer que en la operación desplegada en torno a Serafín Castellano habían estado trabajando, durante varias semanas, dos grupos de la UDEF, unas 15 o 20 personas. No es el primer caso en el que sucede eso ni tampoco el más notable. Cuando se trata de corruptelas –y hemos conocido tramas mayores en estos años- se necesita una ingente cantidad de horas para desentrañar una maraña fabricada con el propósito de ocultar el delito. Pero además, cuando los implicados se sienten amenazados por la Justicia, Hacienda o la Policía suelen redoblar los esfuerzos para no ser pillados in fraganti. Es una gran recreación del mito de Penélope, que de noche destejía lo tejido de día para posponer la boda con uno de sus pretendientes y hacer tiempo, así, a que volviera Ulises de Troya. La corrupción es un enorme agujero por donde se pierden miles millones de dinero público no solo por la estafa, el desvío o el simple robo sino también por los recursos destinados a investigarlo, sacarlo a la luz, juzgarlo y condenarlo. A cada euro sustraído hay que sumar las horas de trabajo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía y de la Judicatura dedicadas a conocer lo que otros han querido ocultar. Pero no acaba ahí la cuenta. Si hablamos, además, de servidores públicos, hemos de incluir el tiempo de su trabajo –pagado por todos- perdido en diseñar esas artimañas para evitar ser descubierto y en compartirlas con sus compinches. Son más horas laborables entregadas a una actividad impropia. En definitiva, la corrupción nos sale carísima no solo por lo que se lleva sino por los esfuerzos en ocultar y después desvelar lo oculto. Un coste que debería añadirse en la reclamación al condenado. De lo contrario, no está pagando, realmente, todo el daño producido por su actitud.

Es lo que tiene vivir desahogado. Que puedes dedicarte al yoga, las plantitas, los animalillos del Señor y la armonía universal. Con los saqueos que algunos han hecho presuntamente en esta Comunidad, bien podrían dedicarse a escuchar el movimiento de las esferas celestes durante décadas sin que se resintiera ni su bolsillo ni los ritmos etéreos de las galaxias lejanas. Por eso no me extraña que el adicto arrepentido busque ahora la redención predicando el amor al prójimo. No necesita nuestro perdón. Solo queremos su dinero. Todo lo demás suena a montaje mediático de lo más estratégico.

No es que dude de su afición por las prácticas tántricas ni de su sincero arrepentimiento pero me pregunto si no será todo un modo de hacerse perdonar lo imperdonable. Soy capaz de aceptar pulpo como animal de compañía y Benavent, como converso de la austeridad y la indignación ciudadana. Lo que no termino de entender es su camino hacia la conversión. O, para ser exactos, el trayecto Ecuador-Japón-India fallida y Amsterdam, para terminar volviendo a casa. Será que tengo prejuicios y que atribuyo ese taichí emocional que parece ofrecer a cada paso a su última parada más que a la anterior. Es decir, a los efluvios holandeses más que al encuentro con la espiritualidad de la India. Entre otras razones, porque al parecer no llegó. Cambiar la India por Holanda resulta raro. Y viajar a Ecuador y Japón para tropezarse con ella ya es irse lejos. Parece más bien una ruta de la seda interrumpida para terminar recalando en el barrio rojo y en pleno “viaje” tomar la determinación de convertirse en hijo pródigo que será acogido con los brazos abiertos y el mejor cabrito de la familia. Cabritos los hay. Ya lo creo que sí.

Quizás el problema es mío, que ya no creo en conversiones de ningún tipo. Me presentan ahora a San Pablo y acabo preguntándole cómo fue la caída para saber qué piedra le rompió la crisma y le produjo la amnesia. En cualquier caso, dejemos que el yogui nos ilumine y nos enseñe a perdonar a los pecadores. Justo después de mostrarnos quién, cómo y cuánto se llevaron de lo nuestro.

Mañana, hasta las ocho de la tarde, comentaremos lo bien que ha transcurrido el día, con plena normalidad y apenas dos o tres anécdotas sin importancia. Presumiremos, pues, de que los españoles convocados a elegir representantes locales lo habremos hecho con libertad. De hecho, es un día para sacar a pasear el demócrata que todos tenemos dentro (o deberíamos). Sin embargo, 24 horas después –y, para algunos, desde ahora- no será difícil encontrar a presuntos demócratas que tienen un curioso sentido de lo que significa la palabra. Para esos, votar a las opciones situadas en sus antípodas es sencillamente la evidencia de una tara mental. En ello nos hemos instalado los valencianos desde que empezamos a conocer la existencia de corruptelas y casos sospechosos en la vida pública. Que a algunos electores les parezca mejor votar a quien ha ejercido el poder en la “edad oscura” les convierte, a juicio de esos supuestos demócratas, en poco menos que cómplices de los desmanes o, con suerte, en simples idiotas. Por extensión, si el domingo por la noche, la opción más votada en Valencia es el PP no faltará quien cuestione la capacidad mental de todos los valencianos. Y aún presumirá de demócrata…

Entiendo que para muchos sea inexplicable persistir en una dinámica conocida y con muchos claroscuros. Sin embargo, el votante es soberano incluso para equivocarse, en el supuesto de que esa elección sea un error. Ser demócrata supone asumir que nuestra opción puede no ser la más aceptada y no por eso resultar menos legítima. Es una lección que algunos se empeñan en suspender. Si Voltaire decía aquello de “no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, ahora deberíamos aplicarlo al voto y decir: “no entiendo cómo puedes votar a X, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a elegir votarle o no hacerlo”. Lo grave en cualquier caso es que el elector vea reducida su libertad y eso ocurre cuando se siente coaccionado por tomar una opción socialmente mal vista. Es el origen del “voto oculto”, pues afirmar que uno sigue creyendo en unas siglas denostadas le acarrea el reproche social. La falta de libertad no viene solo de eso sino de votar desconociendo si X o Y son corruptos o creyendo que lo son cuando es incierto. Por eso es decisivo aclararlo y censurar toda campaña que busque condicionar engañosamente el voto. En un sentido o en otro. La “fiesta de la democracia” o es libre o no es tal.

No creo que este año sea distinto, si bien es razonable que haya quienes se sientan molestos tras conocer las informaciones que hablan de aprovechados y triquiñuelas para enriquecer a unos pocos, pululando en torno al despacho de la reina del “caloret”. No se puede reprochar a un ciudadano que se levanta al alba para trabajar, se desloma todos los días por un sueldo ridículo y es sangrado con impuestos de todo tipo que esté indignado. Pero “indignado” es un estado, no un ser. No se puede “ser” indignado sino “estar” indignado. Sin embargo, hay quienes se han instalado en la indignación perenne y esencial porque es más rentable.

Entre los vendedores del mercado me encuentro preocupación, asombro y mucha pregunta sobre el futuro. Pocas veces he visto un comportamiento duro, agresivo o insultante. Me lo decía la señora Amparo, que vende verdura: “Filla meua, el que volem és que n’hi haja treball”. No elaboran un discurso antisistema sobre la base de un planteamiento hegeliano de la Idea y el Ser. No pretenden ni siquiera vivir a cuerpo de rey sin dar un palo al agua. Bien lo saben quienes trabajan como mulas y apenas tienen festivos ni puentes ni días de asuntos propios. Entre otras cosas, porque son una merma en sus ingresos. El día que no se trabaja, no se cobra. Y no están para ir perdiendo. Piden ganarse el pan que es lo que todo ciudadano decente y trabajador, como son ellos, espera que las autoridades garanticen. Poder ganarse su jornal y dar un futuro a sus hijos. Quienes así viven se enfadan con los corruptos, sin duda, pero no necesitan insultar, amenazar o gritar. Entre ellos, hay más preocupación y enfado que indignación postiza con ánimo electoral. Por eso resulta sangrante que quienes dicen representar al pueblo y a la gente humilde se dediquen a usar a los trabajadores sacrificados y decentes de un mercado municipal para lanzarlos contra la alcaldesa. O contra el sursuncorda. Me da igual. Dar voz a alguien no es gritar en su nombre. Sobre todo, porque cuando uno grita, no puede escuchar al otro. Tan ruin es robar al ciudadano honrado como utilizarle para alcanzar o retener el poder. En los mercados se sigue queriendo a Rita, aunque haya interesados en hacer creer que allí ya ni la aplauden.

Si tomamos, pues, esa referencia para analizar lo que ocurre en Andalucía, podemos llegar a la conclusión de que los políticos andaluces son unos auténticos irresponsables. O lo es quien convoca unas elecciones no demandadas por la mayoría de ciudadanos o lo es quien dilata el proceso con su indecisión. En cualquier caso, asistimos a la paralización de la vida política y a la repetición de unos comicios que dificultan el día a día del ciudadano y le cuestan sus buenos euros.

En el caso de quien convoca, resulta inaceptable el argumento de que los andaluces querían esa cita electoral antes de tiempo. Y lo es porque no puede confundir a los votantes del PSOE con todos los andaluces. Ni siquiera con una mayoría aplastante. El problema es que esa convocatoria no parecía estar al servicio del ciudadano. Si se trata de un partido, podemos aceptar que vele por sus propios intereses pero eso no puede decirse de Susana Díaz. Ella, ante la disolución del Parlamento autonómico, es sobre todo presidenta de todos los andaluces, no candidata. Su rol es distinto al de los demás cabezas de lista por esa razón. Lo que se está poniendo de manifiesto con lo que sucede estos días es que miró más por sí misma, por su liderazgo y por su partido que por lo que necesitaban sus conciudadanos.

No puede decirse menos de los representantes de los demás grupos políticos que prefieren dejar pasar dos meses –decisivos, con unas elecciones generales- para que se cumpla el plazo en el que la ley obliga a volver a convocar de nuevo, antes que a ponerse de acuerdo. Su papel, sin embargo, difiere ligeramente. Ellos defienden, sobre todo, a su partido. Es cierto que, como parlamentarios, no deberían tener en cuenta únicamente sus intereses sino la de todos los ciudadanos pero no tienen el mismo perfil que la presidenta. En cualquier caso es triste que todo el sainete andaluz se esté desarrollando como lo hace. Es el mejor ejemplo contemporáneo del pragmatismo político: poco importa que la administración esté parada o que sea un despilfarro la repetida llamada a las urnas. Sus estrategias están por encima de todo. Invertir en ellos, como se ve, es hacerlo en un valor que tiene un 0% de interés, directamente proporcional al que ellos tienen por los ciudadanos.

Es lo que vemos con las grabaciones de los últimos días. Nunca mejor dicho. Imagino a más de uno utilizando las viejas técnicas de los espías en la Guerra Fría: no hablar por teléfono, comerse el mensaje una vez leído o escribir en clave con versiones modernas de Enigma. Nunca sabes quién va a estar pulsando al “rec”. En cualquier caso, volvemos a lo mismo. Lo grave es el comportamiento impropio, no que un compañero acusica se haga con pruebas de ello. Los ejemplos que llaman la atención, sin embargo, son aquellos que implican a colaboradores y nunca a quien manda. No niego que pueda haber un jefe honesto y a su alrededor revoloteen sinvergüenzas de toda calaña. Sin embargo, en ese caso, la responsabilidad también le afecta a él. Será muy honrado, sin duda, pero ha sido incapaz de ver y oler la porquería a su alrededor. No tranquiliza nada, pues, que acabe perjudicado solo el “actor” de los hechos. Es posible que en términos legales sea el único responsable pero no en términos políticos. Hasta ahora hemos visto al “colaborador” pagar los platos rotos pero no hemos conocido que ninguno de los últimos responsables hayan asumido su error político al tenerlo de consultor, tesorero, organiza-fiestas o personal-shopper. Si los Bárcenas o los Pujol, los de Emarsa o los de Imelsa eran unos pillastres capaces de llevárselo a manos llenas, ¿qué les hizo pensar a quienes mandaban que no eran capaces de traicionarles? Y si lo hicieron, ¿qué promesas hay detrás de los silencios, medias verdades o documentación con cuentagotas? Si engañaron una vez, ¿por qué no pensar que lo siguen haciendo hasta cuando acusan, amagan o callan?

Entre todos esos, son mi debilidad los chivatos del “fuego amigo”, si es que ha sido así la revelación que han recibido algunos. Si son ciertas las grabaciones, lo que me provoca el interés no es tanto el proceder de los aprovechados –eso es infame pero un infame más de lo mismo- sino de quienes decidieron y organizaron la cosa para grabar sabiendo que no era legal ni podría utilizarse en un juicio. Supongo que les daba igual. En lugar de irse al juez de guardia y explicarle lo que sabían, para que éste solicitara escuchas o grabaciones con las garantías necesarias, decidieron invalidar la propia prueba de cara a un juicio. El que buscaban era el juicio sumarísimo del jefe y de los ciudadanos. El paralelo. Ese es el que cuenta porque quita y pone rey más que las togas.

De momento les ha salido bien sin que este reproche disculpe ni un gramo de la indecencia que parecen mostrar las famosas grabaciones. Han conseguido que Fabra señale la puerta de salida a Alfonso Rus. Solo queda saber en qué momento le dirá: coge tus cuchillos y vete. De momento, el entorno del afectado le acusa de presidencialista. Y no deja de ser curiosa la etiqueta y mucho más la admisión de que hasta ahora las cosas han funcionado así en el PPCV pero no deben continuar haciéndolo. El Consell, por su parte, se defiende matizando el sentido del presidencialismo. ¿Es acaso –dice Catalá- tomar decisiones que le competen al presidente? No parece que eso sea abusar de su condición, concluye. Resulta que tiene razón. ¿Es presidencialista el presidente que actúa? ¿Ha cambiado el PP su estructura por los círculos de Podemos? No hay noticia de ello. Lo que están haciendo los críticos es asimilando presidencialismo y autoritarismo para su propio beneficio. Presidencialista es la estructura. Autoritario, el comportamiento. El cambio parece estar en el parapeto que evita la responsabilidad en el que manda. Antes, los órganos consultivos donde se siempre diluye ésta. Ahora, los estatutos y normas internas que pueden dilatar procesos. La cuestión es echar balones fuera. Si el presidencialismo es limpiar, ¡Cenicienta for president!