El Black Friday es ya sinónimo de ofertón, de chollo, de concentrado de rebajas pero, a diferencia de estas, la sensación del consumidor no es la de hallarse ante un día sugerente sino ante el día D en el que no comprar una ganga es indicativo de disfuncionalidad aguda.

Con los partidos emergentes, tengo la misma inquietud. Viendo el interés por presentarnos el debate a cuatro como el Black Friday de la campaña, me pregunto si dejarlo pasar será una enorme pérdida o una decisión inteligente. Por lo pronto, los debates tienen más de espectáculo que de debate sereno donde hallar claves importantes para la decisión electoral. Pero, además, un debate con dos partidos en el poder y otros dos en el limbo me parece una desproporción de la que, razonablemente, se quejan quienes hoy ocupan escaños en el parlamento español y no son convocados a ninguna sesión televisiva. PP y PSOE hablan de su experiencia, e incluso cuando se reprochan mutuamente lo hacen desde su conocimiento directo de la torpeza del adversario. Sin embargo, Ciudadanos y Podemos intervienen desde el puesto más privilegiado en una campaña electoral: desde la oposición eterna. Ese es el chollo del Black Friday. ¡Qué mejor que quejarse del gobierno y hasta de la oposición sin tener que justificar ninguna decisión!

Por eso, seguramente, al gobierno valenciano se le va la fuerza por la pancarta y vemos cómo su política es la de una oposición retroactiva, esto es, gobernar contra el gobierno anterior. Es como mandar sin IVA: sin consecuencias, sin proyecto y sin explicaciones. Toda justificación procede de lo mismo, estar reparando una injusticia eterna y, aunque es cierto que en ocasiones es así, no se puede decidir solo por oposición al anterior. Al menos, sin sufrir el desgaste de que el electorado sienta una improvisación constante. El único que parece tener claro el proyecto es Marzà. La única hoja de ruta es el bombardeo de los “yihadistas” de la derecha, a ojos de Compromís: la educación privada y concertada; los grupos valencianistas no catalanistas o las entidades próximas al PP o al mundo empresarial tocado por la varita de la subvención. El problema es que la obsesión por los sospechosos lleva a un estado policial. La vigilancia es necesaria, sin duda, pero medir el éxito por sus resultados es escaso. Gobernar es construir, no solo destruir el mundo conocido.

Que quienes lo hacen sean los primeros ministros, presidentes o cancilleres de otros países gobernados por la derecha resulta previsible. Que sea Juncker o cualquier otro dirigente comunitario ya resulta más inquietante. No tendría por qué ser así. El problema es que miramos hacia la Unión Europea dando por hecho que sus máximas autoridades son seres apolíticos, burócratas y técnicos alejados de preferencias partidistas. Sin embargo, no es así. De hecho, son propuestos y elegidos por gentes que pertenecen a determinadas posiciones y partidos. La sorpresa suele llegar cuando un comisario europeo o un presidente de la Comisión ataca a un gobierno situado en sus antípodas ideológicas. Lo denunciaba ayer Gerardo Camps refiriéndose a Joaquín Almunia y a la Ciudad de la Luz. Nada nos asegura que un socialista, por muy comisario que sea, deje de velar por los intereses de los socialistas españoles. Y al contrario. El entusiasmo de las autoridades europeas en el apoyo electoral a Rajoy deja en muy mal lugar la presunta neutralidad de su figura. Una cosa es el sostén institucional a un primer ministro de un país miembro y otra, ese entusiasmo de partido en vísperas de un duelo electoral. La primera es deseable siempre. Sea propio o ajeno. En la segunda deberían ausentarse. Que sean sus compañeros electos de otros países, pero no los dirigentes -no elegidos por los ciudadanos- de la Unión Europea.

Cuando después sospechamos que Merkel, Sarkozy o Juncker ponen y quitan presidentes, como hicieron con Berlusconi e intentaron con Tsipras, la hipótesis gana credibilidad. Estos días han puesto a Rajoy. Basta saber si los españoles les secundan y también están dispuestos a cantar un “Que viva España” y que viva Mariano.

El enfoque parece sensato a priori. Los recursos públicos deben rentabilizarse al máximo. No es tiempo de perder dinero ni hacer inversiones sin resultados. Sin embargo, cuando se trata de la educación ni la rentabilidad puede medirse ni las inversiones se pierden aun cuando, incluso, así parezca. Hay estudiantes que pierden un año porque se despistan, se relajan y se dedican a vivir la vida durante el inicio de su carrera. Según ese planteamiento tan radical, habría que invitarles a irse y no volver jamás a la universidad. Sin embargo, algunos reaccionan tras un año “sabático” y estudian, se esfuerzan y llegan más lejos de lo que cabría esperar y mucho más que sus compañeros. La razón es la semilla sembrada y germinada en su tiempo y a su modo.

La educación es esa semilla normalmente incontrolable. Pocos profesores pueden afirmar de forma rotunda qué “resultado” dará cada uno de sus alumnos. De lo que sí pueden estar seguros es de que existen los aparentes “milagros” cuando ese estudiante que parecía ausente en clase dejó que la semilla del interés, la curiosidad y el afán de aprender fuesen asentándose en su interior. Es la cara más apasionante de la enseñanza, en ocasiones dura porque no se ve el fruto, pero a menudo grandiosa porque, con el tiempo, el buen docente sabe que ha depositado un germen de crecimiento que florecerá cuando proceda y que ayudará a otro ser humano a ser mejor persona, mejor intelectual y mejor ciudadano. Ese enfoque no tiene nada que ver con la miopía de Japón -y de algunos responsables locales- que solo mide el saber por su utilidad inmediata. Su planteamiento tiene, también, una perversión más: en el fondo se usa a las personas y se les “fabrica” como piezas de un engranaje. Aunque aparente libertad, ese modelo universitario nipón está más cerca del mundo feliz de Huxley que del avanzadísimo Imperio del Sol Naciente. Tampoco nosotros estamos alejados. Los últimos intentos por recortar esas materias en Bachillerato así lo indican. Más grave aún porque no se trata de formar a especialistas sino de enseñar a pensar en chavales que están construyendo sus propios cimientos.

El mensaje no iba dirigido a Podemos, aunque nos pueda parecer, sino a los votantes más centrados del PSOE que no ponen pegas a votar al PP en alguna ocasión. A esos se dirigía la alerta del ministro pues de ellos depende lo que suceda en las próximas elecciones. Los convencidos de Podemos ni siquiera se dan por aludidos pues no ven populismo en sus promesas. Los votantes del PP no necesitan que les digan qué efectos tienen las promesas que no son de nadie sino “del viento”. Para ellos, hay quien está haciendo bueno a Zapatero. En cambio quienes reniegan de la derecha pero no se ven votando a grupos novedosos, están a diez minutos de votar socialista buscando una especial sensibilidad por los débiles sin experimentos extremistas. Esa es la línea de flotación a la que se dirigía el ministro: a quienes creen que votar PSOE es votar moderación y políticas sociales. A la vista de algunos pactos, el más cercano el de Valencia, sabemos que eso no es del todo cierto y que ya no se trata de un “coco” con el que asustar a niños temerosos y votantes impresionables. Es una realidad que no ha hecho más que asomar la patita.

10.000 euros por un aeropuerto llamado “Don Quijote” es tan triste que solo puede inspirar el último episodio de la novela cervantina, aquel en el que el caballero manchego lucha contra bazares chinos al confundirlos con terribles dragones de colas aladas. Don Quijote merecía algo mejor que estuviera a la altura de su grandeza y no de sus ensueños, y España merece un caballero andante que la defienda de los malandrines que la han querido ordeñar durante años hasta la extenuación y se han ido después de rositas y hasta de crucero caribeño. Los “Malambruno” de esta historia no era valencianos, curiosamente, y ni siquiera eran del PP, aunque algunos siempre hayan visto a José Bono más cerca de Génova que de Ferraz. Eran localistas y con intereses electorales en el terruño. Y, en ese modo, no hay siglas sino primos que colocar. Así, creyeron que la Mancha necesitaba su aeropuerto, su universidad y si me apuran hasta su parque acuático. Eso sí es aldea y lo demás son cuentos.

Ahora, una obra que costó cientos de millones se malvende por calderilla. Y no hay nadie responsable del desaguisado. Ese es el comienzo de Burkina Faso. No se trata solo de que alguno se lo hayan llevado en maletines, sobres o cáscaras de plátano canario. Lo que nos ha empobrecido no ha sido tanto la corrupción como la impunidad, la gratuidad del malgasto. Nadie responde por haber dilapidado cientos de millones que podrían haberse destinado a esos colegios y hospitales que tanto teme desalojar la portavoz. Sobre los malgastadores no cae el peso de la ley porque no es delito, es mala praxis. Sin embargo, el agujero que crea un mal uso de los recursos públicos seguramente es mayor que el abuso de unos pocos. Y lo peor, en ambos casos, es el clima de generalización e indiferencia. Ese sentido de que lo público no es de nadie, como si cayera de los árboles. Pero no veo al ministro Montoro perseguir con saña a los “defraudadores de lo público” como hace con quienes intentan driblar a los recaudadores de impuestos. Estos defraudan en lo propio contra los intereses generales pero aquellos lo hacen con lo de todos contra esos mismos intereses, lo que multiplica su desvergüenza y su perjuicio colectivo. El localismo miope es uno de los mayores riesgos para la racionalización del gasto público. Si hay un aeropuerto a 50 kilómetros quizás no sea necesario otro. Y quien dice aeropuerto dice universidad, palacio de congresos y hasta radiotelevisión.

El contexto, además, lo promueve. Que sea Grecia quien vote para decidir si su gobierno sigue negociando o no con la UE crea un entorno ideal para recordar que el país heleno es el inventor de eso que llamamos democracia. Aunque la consulta de ayer quede muy lejos de lo que hacían los habitantes de las ciudades-estado en el siglo V. Entre otras cosas porque entonces buena parte de la población –la activa, precisamente- no votaba. En esos tiempos, también había casta que vivía del trabajo de otros pero es mejor no recordarlo para no romper la magia que proporciona el contexto. Lo mismo sucede con la imagen de la Acrópolis, aunque el Partenón sea un ejemplo de aquello que combatió la Ilustración, más cerca que los ancestros griegos de la verdadera democracia contemporánea.

Sin embargo, es posible que en todo ese juego populista y demagógico haya un poso de verdad. El que se refiere a la crisis de la representatividad. Ni los atenienses ni los Estados Generales que se reunían en París acogían a todos los ciudadanos. En el primer caso, porque estaban excluidos los extranjeros, mujeres y esclavos; en el segundo, porque quienes se sentaban a debatir no eran todos sino los representantes de cada estamento. Es curioso, pues, que pongan como ejemplo ambos periodos para reclamar la democracia con mayúsculas. Posiblemente el mundo nunca ha disfrutado de tanta democracia. ¿Por qué nos parece escasa? Porque se ha pervertido el sentido de la representación. Porque muchos políticos han olvidado que estaban allí para pelear por los intereses de otros y han buscado su propio beneficio. Y porque determinadas decisiones son tomadas por personas que no han sido elegidas sino de forma muy indirecta, sea el FMI, el Eurogrupo o una canciller que actúa de presidenta de toda Europa habiendo sido elegida solo por Alemania. Esa sensación incómoda que nos causa estar en manos no buscadas es a lo que apelan Syriza, Podemos y otros grupos similares. No les falta razón. Sin embargo, la pierden cuando atribuyen esa falta de representatividad a los partidos de “la casta”. Serán más o menos eficaces o estarán más o menos anquilosados pero han sido elegidos democráticamente con la misma legitimidad que ellos. Iglesias o Tsipras no representan más a la voluntad popular que Rajoy o Merkel.

Hace años no hubiéramos frenado, con el “grito en el cielo” mediático y social, la compra de los terminales de telefonía móvil más caros del mercado. Ni hubiéramos aplaudido el cambio de coches oficiales por bicicletas o la rebaja de los sueldos en los altos cargos. Durante años, aceptamos que ésas eran las reglas del juego y los peajes que pagar por tener unos políticos en condiciones. Ahora sabemos que no es descabellado aspirar a la austeridad como norma de los servidores públicos y no solo como mantra para asfixiar a los ciudadanos. Sin embargo, estamos iniciando apenas el camino para mayor control del gasto y más conocimiento del mismo por los contribuyentes. En esta fase no es extraña, pues, la incoherencia o la falta de equidad.

El argumento que se ha dado para mantener el “kit del diputado” con móvil y ordenador a cargo del erario público es la necesidad de comunicación. Al menos, así lo justificó Colomer. Es cierto que ningún trabajador hoy puede plantearse estar aislado. También los electricistas o los repartidores llevan móvil a cargo de la empresa y no parece una frivolidad. La cuestión es la gama. Si lo ponemos en relación al transporte lo veremos mejor. En estas últimas semanas nos hemos cansado de comentar la llegada en bici de Ribó al ayuntamiento o las imágenes de Ada Colau y Manuela Carmena en el metro de Barcelona o Madrid. Nos gusta ver que nuestros políticos saben lo que cuesta un billete en el transporte público, que lo siguen tomando y que, incluso, optan por él antes que por el carísimo transporte privado (en lo económico y en lo ambiental). Sin embargo, a veces necesitarán ir en coche por razones de tiempo y de seguridad. Con los ordenadores y móviles pasa lo mismo. Los diputados los necesitan. Negarlo es extremo. Pero para llamar y ser llamado, no necesitan un iPhone de última generación. Como no necesitan un coche de alta gama para ir de casa a la plaza del ayuntamiento en la misma ciudad.

La austeridad no es una pose, es una costumbre. El educado en ella recicla las fotocopias por la otra cara, aprovecha las sobras del cocido o va dando un paseíto si puede evitarse el taxi. Eso es lo que esperamos de quienes tanto han pregonado el control del gasto público. Que tengan criterio. ¿Que renuncien siempre y a todo? No. Que lo hagan cuando sea razonable. Si los padres comparten libros de texto en los colegios públicos, no hay razón para que los diputados no compartan el material de trabajo.

El paso lo dio. Sin duda. El problema es que el ser humano siempre demuestra que está dispuesto a retroceder en el camino de su superación. El pensamiento positivo de los 60 se dio de bruces con la crisis del petróleo y el de los 90, lo está haciendo con la de 2008.

Pero sería inexacto considerar que todo se ha perdido. Es cierto que la ONU no funciona como quisiéramos, pero los derechos humanos ya están instalados en la conciencia colectiva y no es fácil eliminarlos, aunque quede muchísimo por hacer para que se respeten en todas partes y con todos. Del mismo modo, Europa ha demostrado reiteradamente su limitación como entidad unida, pero la superación del enfrentamiento histórico entre las naciones que hoy componen la UE es evidente. Ahora bien, cuando vemos el trato al inmigrante, el Mediterráneo convertido en un cementerio olvidado por el mundo rico o el asesinato sistemático de cristianos por el Estado Islámico, da la impresión de haber vuelto a la Edad Media. A lo peor de ella. La discriminación, el abuso del ser humano por sus iguales o la indiferencia de los opulentos hacia el dolor de los desfavorecidos son retrocesos. No hemos vuelto al punto de partida, pero son malos tiempos para el optimismo social. La única esperanza es saber que tras una crisis moral como la actual, el avance será mayor y contará con una ventaja histórica: el contexto será global. Lo que desconocemos es cuándo llegará y qué precio habrá que pagar. De momento, parece carísimo.

Del mismo modo, los ciudadanos nos quedamos, demasiadas veces, con la mera cifra de paro o de inflación que se publica cada mes pero desconocemos cuáles son los fallos del sistema. Siendo importante, la cifra es un elemento cuantitativo más que cualitativo. El número nos dice si crece o decrece; si la cifra es esperanzadora o deprimente, pero no nos habla de otras entretelas importantísimas. Cuando conocemos, por ejemplo, que el desempleo subió en la Comunidad Valenciana después de Navidad nos queda un mal sabor de boca inevitable. Sin embargo, lo más preocupante no es eso sino la actitud con la que lo afrontan los protagonistas. Da la sensación de que muchos parados ya “descuentan” la temporalidad como los mercados y las Bolsas descuentan un “default” o una mala noticia que produce inestabilidad. Los parados que han sido contratados en diciembre para afrontar la campaña navideña ya saben que su trabajo más que temporal, es efímero. Les resuelve uno o dos meses pero poco más. Y, así, van encadenando precariedad tras precariedad. Desde esa mirada, la subida del desempleo no es imprevisible ni sorprendente. Y diría que no es ni siquiera subida en sentido estricto. Ese trabajo no debería ni computarse como empleo creado ni como empleo destruido. Está más allá de todo eso por su fugacidad y distorsiona la visión que acabamos teniendo del mercado de trabajo.

El peligro es que nos estemos acostumbrando a ello o que ni siquiera podamos diferenciar una cosa y otra. Leemos la cifra global y no acabamos de saber si es un trabajo de calidad o no lo es. La mirada cuantitativa nos empaña la visión. Es el momento de conocer a fondo el tipo de trabajo creado y el destruido. Que se pierda un puesto de trabajo cualificado e indefinido y, en su lugar, surjan otros tres sin cualificación y temporales produce espejismos. No se han creado tres puestos de trabajo. No, al menos, en las mismas condiciones. La cifra no habla de la realidad de esos trabajadores. Lo que cambia es el impacto de esa transformación en la vida de los ciudadanos. Ocurre lo mismo cuando de ese mismo contrato implica además que el trabajador asuma la condición de autónomo. Es una tendencia que se multiplica día a día pero queda oculta bajo cifras de creación de empleo. Deberíamos exigir a nuestros dirigentes que dejaran de refugiarse tras las cifras y que tuvieran una visión cualitativa del trabajo. Tal y como lo viven los afectados: con detalle y con conciencia de lo que cambia un tipo u otro de creación de empleo.

Supongo que tenemos que acostumbrarnos a algo infrecuente por estos lares pero muy presente en otros países. La salud también se contempla como un negocio lo que no significa, necesariamente, que busquen el beneficio a cualquier precio. Mirarlo como negocio quiere decir que quieren ganar y plantean estrategias para lograrlo, publicidades agresivas, ofertas y descuentos. Como si nos vendieran una lavadora. No parece que haya nada malo en eso. Al menos, a priori. Reconozco que aún me cuesta ver anuncios donde se cuentan las bondades de una citología como quien habla de las prestaciones del último monovolumen pero por otro lado, veo interesante el papel de la publicidad en esos casos. Sin ella, quizás, no sabríamos que en determinada clínica hacen chequeos completos por un módico precio. España es un país todavía excesivamente precavido en ese sentido.

Quizás tiene razones para serlo y es una medida de cautela beneficiosa. Es un contrapeso para evitar las estafas que, si bien en otros campos son molestas, cuando se trata de la salud son verdaderamente inquietantes. Eso es lo que sucede con algunas clínicas dentales low cost, tal y como denunció el Colegio de Odontólogos de Valencia hace unos meses. Lo grave es ver cómo algunas engañifas están afectando a los grupos más vulnerables de la sociedad que confían en precios bajos para arreglar su dentadura postiza o los empastes que requieren. Personas mayores, inmigrantes o familias numerosas que no pueden costear tratamientos caros se ven enredados en “las preferentes dentales”. En ese caso no es solo un problema de Consumo sino de Salud, el peor ámbito para jugar con el low cost. Y más, todavía, cuando se trata de personas que no tienen alternativa a esa peculiar ruleta rusa.