Por un lado, la diputada del PP Beatriz Gascón no dijo nada que no fuera verdad, esto es, que el conseller Marzà ocupa el lugar menos recomendable pero más deseado por el sectarismo ideológico. Y ejerce. Lo que unido a la deriva catalana y a la presencia de ambas fuerzas nacionalistas en el Congreso de los Diputados puede tener efectos perniciosos para los valencianos y esa identidad que algunos creen representar sin que los afectados se hayan manifestado mayoritariamente en ese sentido hasta el momento. Eso no lo dice ella; lo digo yo. Ella se limitó a advertir del paralelismo entre la constitución de selecciones deportivas nacionales en Cataluña y en Valencia.

A priori, no presenta problemas pero, conociendo el contexto, no es tan abominable imaginar la sinergia en la que puede terminar esa “coincidencia”. Sin embargo, la respuesta del diputado de Compromís Josep Nadal lejos de defender la histórica reivindicación que la sociedad valenciana ha hecho durante décadas de una selección “nacional” –nótese la ironía- y obviando el entusiasmo que provoca “la roja” en la terreta, ha concluido con que las críticas eran cosas de la añoranza franquista del PP. Anótenlo. Será uno de los mantras de la temporada. Ahora resulta que el sentimiento nacional español es pecaminoso y, sobre todo, anticonstitucional. Es lo que se desprende de la apelación de Nadal al texto constitucional acusando al PP de no respetarlo en el punto en el que reconoce la diversidad de lenguas y naciones. Espero que ponga el mismo empeño en defender el inicio de la frase. El artículo 2, antes que hablar de nacionalidades, reconoce que la nación es una, “patria común e indivisible”. Así, defender la unidad de España no es una prerrogativa de los fascistas. Todo lo contrario. Es defender el orden constitucional, justo lo que reclamó Nadal ayer. Y lo que se espera de un verdadero demócrata.

La otra afirmación es considerar que la alternancia sin turnos establecidos es perjudicial. Es cierto que las mayorías absolutas invitan al “rodillo”, pero también dan estabilidad. Si éste fuera un país dialogante y con vocación por los pactos, sería ideal un arco parlamentario muy variado, pero dado que somos justo lo contrario, llegar a acuerdos puede ser un calvario y convertirse en un modo de ser rehén antes que en un acto de libertad.

En cualquier caso Rivera e Iglesias se presentan como nuevos líderes cuando en realidad lo que pretenden es sustituir a los actuales, no transformar su modo de hacer política. Por eso se cuestionó tanto el debate a dos del otro día. No es más libre el de 4 pues faltan fuerzas políticas. Tampoco es tan útil para PP y PSOE toda vez que acabó siendo un Debate sobre el Estado de la Nación fuera del Parlamento. Rajoy intentó defenderse de la “moción de censura”. Sánchez, convencer al PSOE de que es un buen líder, aunque se estrelle el domingo. Así era imposible otra cosa que la que vimos. Al menos, Rajoy estuvo en su papel, el de presidente del gobierno que recibió una herencia envenenada. Sin embargo, su oponente estaba forzado. Es el precio que ha de pagar cuando tiene que usurpar el rol a Pablo Iglesias para que éste no le robe la silla.

Es cierto que por fin hemos visto en España un debate con más de dos candidatos pero la presencia de partidos a los que nosotros mismos hemos catalogado de emergentes, aspirantes o imprescindibles y luego nos hemos sorprendido al verlo reflejado en el barómetro del CIS, es todavía un paso muy pequeño. Pequeño para el hombre, dirá aquel. En efecto, y también para la humanidad.

El verdadero avance no fue la presencia de unos -con el agravio comparativo de la ausencia de otros- sino la utilización del público como una decoración de pinturas egipcias momificadas y bidimensionales. Es cierto que, como contrapunto, la activa intervención de los periodistas era igualmente novedosa y mucho más enriquecedora, pero aún queda dar un paso más, a imitación de los británicos, que no tienen miedo a permitir las preguntas del público.

En cualquier caso se trató de un gran show, con algo de contenido capaz de activar el debate en la ciudadanía, que es el objetivo real más importante, y no solo de permitir a los candidatos una plataforma eficaz de campaña. Ellos no lo han visto así, a juzgar por las fiestas en las sedes de los partidos, como si de una noche electoral se tratara, pero los votantes no somos tan ilusos como se creen. Recordamos, sin duda, mucho más de lo que nos pueda pedir un demagogo como Pablo Iglesias. Sonreíd, decía quien no se quita el ceño fruncido ni con plancha de vapor. Sonreíd y recordad. Iglesias tuvo su momento “I have a dream”, de Martin Luther King. Quiso que su último minuto fuera su testamento visual con el que ser recordado dentro de siglos. Es de una vanidad tan hinchada que puede llevarle al fracaso. Es posible que en un par de años ni lo recordemos. Y tal vez tengamos que hacer verdaderos esfuerzos para rememorar el debate del otro día. Y hasta puede que se nos haya olvidado sonreír pero, sobre todo, las razones con las que alguien prometió darnos motivos para hacerlo.

Por eso, por esa necesidad de evaluar, analizar y confiar en lo que aconsejen los expertos, preocupa que determinada izquierda se agarre al rechazo a la guerra como mantra progresista y humanitario frente al estereotipo de una derecha sedienta de sangre. La guerra siempre debe ser la última opción pero eso no convierte al antibélico en sensato bajo todas las circunstancias. Nada es mejor que evitar el conflicto pero sería irresponsable si los gobiernos occidentales no intentaran acabar con ISIS como sea y antes de que crezca más. El “no a la guerra” es una opción cuando se puede elegir. La pregunta es si los yihadistas dan esa posibilidad y si la han dado a los ciudadanos de Iraq o Siria por quienes nadie ha levantado la pancarta del “no a la guerra”. También en este punto conviene separar las emociones y los intereses electorales de la política antiterrorista. En cambio, con la inacción del gobierno, por un lado, y la convocatoria de manifestación y el manifiesto del “no a la guerra”, por otro, estamos en la línea opuesta. Ambas partes se acusan de electoralismo. En efecto. Ambos buscan pescar votos. Unos, evitando una decisión impopular y los otros, ordeñando de nuevo la vaca del antibelicismo. El gobierno de Rajoy, pues, debería actuar sin tener en cuenta ninguno de los dos elementos. Si hubiera mandado tropas sería criticado. Si no lo hace, acusado de intereses ocultos. En ese punto, solo cabe buscar el mayor bien común y aceptar sus consecuencias. Eso es sentido de Estado.

Lo curioso es que la izquierda no duda en tomar ese camino cuando se trata de profesionales que se vinculan al PP ya sean actrices, cantantes o jueces. En este país e incluso en Europa hemos visto demonizar a decenas de ellos por sus creencias religiosas. Fernández Díaz, en el actual gobierno, o Gallardón, Federico Trillo, Michavila o Ana Mato, en anteriores. No hablo de su afortunada o desafortunada actuación política, muy cuestionable en algunos casos, sino en el prejuicio de quedar marcado por pertenecer a una organización religiosa o por manifestar su condición de católico. Si un juez, fiscal o general pueden tener sus ideas políticas, ¿por qué no sus creencias? Si en el primer caso no hay que suponer que sus opciones personales afectan a su profesionalidad, ¿por qué hay que darlo por supuesto cuando se trata de creencias y no de ideología política?

Esa tendencia, además, se ve ahora acrecentada por la tendencia a cruzar límites en televisión. La ligera separación entre la seriedad política y el espectáculo audiovisual se está rompiendo en esta campaña, con bailes, entrevistas rompedoras y visitas “a tu casa o a la mía” donde en breve veremos tanto a Rajoy como a Sánchez departiendo con Bertín Osborne. Por un lado exigimos que nuestros políticos sean puros y por otro estamos pidiendo que se muestren humanos como los demás mortales. Si los queremos así de mundanos, habrá que acostumbrarse a que tengan ideas, creencias y preferencias de todo tipo.

Nada de todo eso ha sido contemplado por Artur Mas y quienes le están empujando al precipicio. Él, por sobrevivir políticamente al hundimiento de Convergència y los otros, por utilizarlo a él de escudo humano. Al final, su fracaso no puede ser mayor. La CUP quiere a otro candidato. Posiblemente el suyo, aunque no lo digan. Artur Mas no pasará a la historia por ser un héroe –aunque así lo crea en su enajenación- sino un insensato que se inmoló sin necesidad y sin tan siquiera un poco de agradecimiento. Ayer mismo lo vimos de nuevo: quienes lo han usado para que hiciera lo que ellos no han podido lograr durante cuarenta años al carecer de suficientes apoyos en la sociedad catalana, ahora lo dejan caer y piden el recambio.

En Cataluña no hay plan B. La elección es independencia o independencia. Ante eso la única vía que tiene el Estado es otra disyuntiva falsa: legalidad o legalidad. Sin embargo, tanto unos como otros deberían haber buscado un plan B con todas sus fuerzas. Diría más: aunque fuera oculto; aunque lo hubieran hablado en privado; aunque hubieran pactado con intermediarios. Ciertamente, en estos tiempos, no se puede negar transparencia a nuestros gobernantes pero entiendo que a veces hay que dar pasos sin focos ni cámaras, porque abrir el debate antes de tiempo puede frustrar el objetivo. Y aquí el objetivo era evitar el choque sin ceder soberanía. En lugar de eso han enfrentado, dividido y sembrado la discordia. Tropezaban, casi sin poder evitarlo, con el mensaje que unos y otros querían ofrecer a sus seguidores. Rajoy, de firmeza y Mas, de patriota, confundiendo sus intereses con los de todos. A ambos hay que reprocharles que les haya podido más esa exigencia que un final feliz para todos aunque les quemara a ellos en la hoguera. Terminará por devorar a ambos. Esperemos, al menos, que sea solo a ellos.

No es que le falte razón. Es cierto que una cosa es orientar sobre la necesidad de favorecer la convivencia entre los españoles y evitar rupturas dolorosas y otra, defender un modelo de Estado. Lo engañoso es presentar la dicotomía. El Arzobispado de Valencia ya está acogiendo en la Diócesis a refugiados necesitados de toda la ayuda del mundo. Lo está haciendo antes de que el Gobierno valenciano se ofreciera a lograr el corredor humanitario en el Mediterráneo. El problema es que el cardenal Cañizares se vende peor que Bergoglio.

La pregunta es si la Iglesia debe incluir entre esos “desamparados” cuya atención reclama Oltra a los catalanes afectados por un sistema opresor que les impide vivir con naturalidad y libertad su condición de españoles. Es deseable que ante esa realidad, los obispos también hablen. De lo contrario podría parecer que la libertad y las condiciones políticas que permiten un desarrollo integral de la persona y de las familias no fueran “competencia” de la Iglesia. Si consideráramos que solo es “desamparo” la falta de alimento y vivienda, reduciríamos al ser humano al de un ser vivo necesitado de protección elemental. Como si de un perrillo abandonado se tratara. Es verdad que hay necesidades básicas que deben cubrirse de inmediato pero hay otras cuya protección también debe ser reclamada por la Iglesia.

Presentar a una Iglesia sensible frente a una ambiciosa es una estrategia de división antigua. La responsabilidad de los creyentes es no dejarse engañar por ella, y asumir de una vez por todas la tarea de la reflexión política sin dejársela a los obispos, como hasta ahora, por desgana o por miedo.

Durante meses había habido rumores, especulaciones y reacciones al temor, más que a la realidad. Las baterías periodísticas estaban a punto para bombardear en cuanto los obispos hicieran público el texto final. Sin embargo, toda aquella estrategia se desinfló. Algunos lo atribuyeron a la habilidad de Blázquez y otros, a la mejora de relaciones entre la Iglesia y el gobierno de Zapatero, tras una primera etapa difícil por sus decisiones sobre el matrimonio gay, el divorcio express y la asignatura de “Educación para la ciudadanía”. La impresión que quedó entonces fue que el grupo más duro respecto a los nacionalismos periféricos, Rouco y Cañizares, había tenido que ceder ante la realpolitik. Después de aquello, no es, pues, sorprendente la convocatoria del Arzobispo de Valencia. Ni por su trayectoria ni por la realidad que vive nuestro país.

En 2006, poco podíamos imaginar el punto al que hemos llegado ahora, pero las advertencias de los obispos, hace casi una década, siguen siendo igual de válidas, si no más. La diferencia es que ahora el cardenal Cañizares pide oraciones por la unidad de España y entonces sus hermanos lo hacían “en favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España”. No es tan distinto. Ambos ven en el deseo de estar juntos la argamasa que nos une. Por eso la gravedad actual no es la ruptura de una forma de organización política sino de la vida en común. El mayor pecado de Mas es haber desestabilizado la convivencia, pues eso no se arregla ni se defiende por decreto. Ni siquiera suyo.

Si tomamos, pues, esa referencia para analizar lo que ocurre en Andalucía, podemos llegar a la conclusión de que los políticos andaluces son unos auténticos irresponsables. O lo es quien convoca unas elecciones no demandadas por la mayoría de ciudadanos o lo es quien dilata el proceso con su indecisión. En cualquier caso, asistimos a la paralización de la vida política y a la repetición de unos comicios que dificultan el día a día del ciudadano y le cuestan sus buenos euros.

En el caso de quien convoca, resulta inaceptable el argumento de que los andaluces querían esa cita electoral antes de tiempo. Y lo es porque no puede confundir a los votantes del PSOE con todos los andaluces. Ni siquiera con una mayoría aplastante. El problema es que esa convocatoria no parecía estar al servicio del ciudadano. Si se trata de un partido, podemos aceptar que vele por sus propios intereses pero eso no puede decirse de Susana Díaz. Ella, ante la disolución del Parlamento autonómico, es sobre todo presidenta de todos los andaluces, no candidata. Su rol es distinto al de los demás cabezas de lista por esa razón. Lo que se está poniendo de manifiesto con lo que sucede estos días es que miró más por sí misma, por su liderazgo y por su partido que por lo que necesitaban sus conciudadanos.

No puede decirse menos de los representantes de los demás grupos políticos que prefieren dejar pasar dos meses –decisivos, con unas elecciones generales- para que se cumpla el plazo en el que la ley obliga a volver a convocar de nuevo, antes que a ponerse de acuerdo. Su papel, sin embargo, difiere ligeramente. Ellos defienden, sobre todo, a su partido. Es cierto que, como parlamentarios, no deberían tener en cuenta únicamente sus intereses sino la de todos los ciudadanos pero no tienen el mismo perfil que la presidenta. En cualquier caso es triste que todo el sainete andaluz se esté desarrollando como lo hace. Es el mejor ejemplo contemporáneo del pragmatismo político: poco importa que la administración esté parada o que sea un despilfarro la repetida llamada a las urnas. Sus estrategias están por encima de todo. Invertir en ellos, como se ve, es hacerlo en un valor que tiene un 0% de interés, directamente proporcional al que ellos tienen por los ciudadanos.

Si lo que dice es cierto, su éxito no está en las urnas sino en las plazas; su objetivo no es ganar las elecciones sino las manifestaciones y su lugar no es el parlamento sino la televisión. De hecho allí es donde retaba a Rajoy.

Es lo que este tipo de discurso llama el “debate real”. Consideran, de ese modo, que el existente es irreal. Según eso, lo sucedido estos días en el Congreso de los Diputados es una representación alejada de la gente, de la calle y de la realidad. Sin embargo, Rajoy, Sánchez, Garzón o Díez están en la tribuna porque detrás de ellos hay diez millones de personas; casi siete; más de millón y medio, o en torno a un millón, respectivamente. En definitiva casi 20 millones, de un total de 24,5 millones de votos emitidos. Frente a eso, Iglesias defiende que 1.200.000 españoles que le respaldaron en las Europeas representan más el debate de la calle que el desarrollado entre quienes depositaron su confianza en los partidos clásicos. ¿Tiene razón? Es cierto que muchas veces nos sentimos alejados de las preocupaciones de “la casta”. Jugar al Candy Crush mientras se debate sobre el empleo es estar muy lejos de la realidad. Pero, aun con todos sus defectos, son muchos quienes sienten que los “portavoces” de esos 20 millones de votantes les representan más que un millón de personas en la Castellana. ¿Por qué es más fiable la calle si también en ella puede gestarse una casta de intereses poco claros? Es verdad que “la casta” aún se muestra insensible a la realidad de los ciudadanos pero es mejor la lentitud de reflejos ante el cambio que la prepotencia de quien cree saber lo que quieren los demás sin preguntárselo. Iglesias debería asumir que representa a quienes están en una acera de la calle pero que hay más gente, igualmente recelosa hacia la casta, que está en la de enfrente. No es más real él que quienes exigen cambios a sus representantes. En el Congreso.