Que la Justicia tiene que actuar es obvio para todos. Ni puede dejar de hacerlo ni debe someter sus ritmos a los intereses de los grupos políticos. Ciertamente resulta curiosa la casualidad aunque con tantos frentes abiertos lo raro sería que no hubiera coincidido ningún paso en los procedimientos judiciales con la campaña electoral o con sus larguísimos prolegómenos. No obstante, los ciudadanos deberíamos permanecer alerta y no ceder nunca a la confianza ciega en quienes tienen nuestro favor, sobre todo por si pudiera tratarse, en efecto, de una campaña orquestada. Se me dirá que ha habido más que eso –unos- y que solo es fruto de una manera de actuar previa –los otros-, pero insisto en que se hace necesaria una reflexión acerca del uso interesado de cualquier cosa en tiempo electoral. Al empezar, debería leérsele a todo político una versión adaptada de lo que dice la policía estadounidense en cada detención: “todo lo que exista, y hasta lo que no exista, puede ser utilizado en su contra”.

Lo han hecho los políticos durante décadas. Cualquier inauguración, conferencia o circunstancia sobrevenida ha sido aprovechada por los futuros candidatos para hacer campaña. Aún hoy lo hacen. Y durante toda la legislatura. No basta, pues, prohibir actos claramente intencionados ni sondeos de opinión a pie de urna por no influir en el voto. Hoy en día todo influye y lo hace en cualquier momento. También una denuncia contra un líder o una serie de ellas contra varios al mismo tiempo. ¿Es ilegal? Por supuesto que no. ¿Es inmoral? No parece que lo sea. ¿Qué problema genera, pues? Ninguno, siempre y cuando el ciudadano no se deje engañar. Lo grave no es que la Justicia actúe en vísperas electorales, lo grave es que tenga motivos para hacerlo. Ahora bien, jugar con toda la artillería, aunque la mitad sea de fuegos artificiales, es una estrategia legítima pero digna de ser descubierta por parte del electorado. En cualquier caso, de ser cierta esa orquestación solo tiene un riesgo y no es menor. Si el día 24 por la noche la cosecha no es histórica, las conclusiones son muy preocupantes para quien la diseñó. Después de Hiroshima, no podía seguir la guerra. Japón estaba hundido. Si sobrevive, habrá que reflexionar sin apasionamiento. Y no vale con decir que los ciudadanos somos tontos.

Así se ha visto estos días entre algunas gentecillas contemporáneas como Rodrigo Rato. Sobre todo, como el ciudadano que entró en un coche policial escoltado y con masaje capilar ex profeso a cuenta de un picoleto.

La polémica no tardó en llegar y hubo quien consideró impropio e inaceptable que un policía se encargara de aprisionar la testa del expresidente del Fondo Monetario Internacional al entrar en el vehículo. Tanto es así que la policía de Aduanas, responsable de los registros en la casa y el despacho de Rato, hubo de salir ayer al paso para aclarar que no era nada personal. Son negocios, faltó decir. La explicación que dieron tiene sentido: por lo general, los detenidos van esposados y tienen poca movilidad, de modo que hay que ayudarles para que no se golpeen la cabeza al entrar. Sin embargo, Rato no tenía las manos atadas a la espalda y podía moverse sin problemas. ¿Por qué se le ayuda, pues? Puede que fuera por costumbre; porque el policía mostrara demasiado celo profesional o, simplemente, porque quería salir en la tele. Si se mira bien, no había razón alguna para deslizar ese gesto en la escena ya de por sí incómoda para el interesado, pero al hacerlo, ganó todo el protagonismo. La foto, con un policía tratando a Rato como a un delincuente común, fue el modo más rápido de resumir lo sucedido. De confirmarse las sospechas, Rato se presentaba como un raterillo.

Es cierto que el policía se extralimitó y que el gesto mostró la peor lectura de la situación para el exministro pero habrá que preguntarse por qué resulta un problema que a un ciudadano más se le trate como a los demás. Ni deben recibir un trato mejor por ser vos quien sois, ni debe ser peor por la misma razón. Quizás debiéramos dar la vuelta a la pregunta inicial: no debemos preguntarnos por qué Rato merece un trato mejor sino por qué a los ciudadanos no se les trata con el mismo tacto, deferencia y consideración aunque no hayan sido presidentes de Bankia ni gurús de la economía global. Me refiero a la policía pero también a los jueces, a los periodistas e incluso a la gente apostada en su calle para gritarle “ladrón”. El paso de reverenciar a Luis XVI, apartándose ante su litera, a abuchearle, empujarle y escupirle a la cara es corto y rápido. Esa es la naturaleza humana. La guillotina ahora es incruenta pero la actitud en la calle es muy similar. Los privilegiados creyeron ser inmunes a eso pero sus prerrogativas se acabaron. O no.

Quienes ayer elevaron la voz para mostrar su discrepancia ya saben que no estarán en las listas electorales. Esos ya se han sentenciado pero lo han hecho en conciencia, tal y como pedían los obispos españoles. La pregunta es por qué no actúan siempre así. Se me dirá que el aborto es un tema de conciencia pero yo defiendo que también lo es, salvando las distancias, la potenciación de las energías renovables, el uso de concertinas en la valla de Melilla o los acuerdos comerciales con Irán o con Marruecos haciendo la vista gorda a sus vulneraciones de derechos humanos. ¿Acaso en eso no se siente interpelado un diputado del PP? ¿Por qué en ese terreno no experimenta la necesidad de discrepar, de mostrar un punto de vista distinto o de cuestionar la línea mantenida por su partido? Tal vez será porque la rabieta ante el aborto también tiene un fin estratégico. Negarse a aceptarlo y afear la conducta del partido en esa cuestión es erigirse en portavoz de un sector que no es nada irrelevante, el democratacristiano. ¿Está también él contra las concertinas? ¿O contra una política restrictiva en materia de inmigración? ¿Por qué sobre eso no piden los obispos también libertad de conciencia mientras critican sistemáticamente la muerte de miles de inocentes en el Mediterráneo, como los 400 que se ahogaron ayer mismo? Toda la política es cosa de conciencia. La cuestión está en saber cuándo compensa la rebeldía. Ante el aborto, al parecer, sí. Lástima que no ocurra eso en todo lo demás.

Rubalcaba podría protagonizar él solo esa serie que triunfa en RTVE (lo único que parece triunfar en la televisión pública). Él sí ha querido manejar los hilos de este país aunque fuera alterando la realidad, introduciendo “agentes” en el pasado, presente y futuro o simplemente reescribiendo lo que algunos cuentan que sucedió. Por eso no me extraña la hipótesis del defensor de Pablo Crespo durante el juicio por Fitur en el TSJ que apunta a toda una estrategia del exvicepresidente socialista. La policía a su servicio, los servicios secretos bajo su control y hasta un PSPV a su aire, que no era el que necesitaba el partido para ganar algunos votos por aquí pero tampoco molestaba demasiado. RbCb podía hacer y deshacer. Lo imagino incluso convocando a los Tercios de Flandes con tal de acabar con un enemigo acérrimo. La pregunta, sin embargo, es ¿por qué, pudiendo hundir al PP en toda España, salen tantos casos en Valencia donde, además, no tiene un PSOE fuerte que pueda tomar el relevo en caso de hundimiento? Como estratega, Rubalcaba es mucho mejor que todo eso. No termina, pues, de cuadrar. Es posible, como dicen algunos imputados en Gürtel, que los informes de la UDEF estén inflados, tergiversados o sean inexactos, pero no se explica la abundancia de indicios en esta tierra. No todo depende de Maléfica. Eso solo sucede en los cuentos pero aquí se trata de cuentas que no se aclaran del todo. Ojalá fuera obra de un perverso rufián socialista. Ojalá fuera esa la explicación y nos la dieran con claridad. El problema es que, sea o no verdad, al final nos quedará la sensación de no haber llegado al fondo del asunto. O el malo o los pillos nos dejarán con cara de tontos. Siendo así, prefiero una trama emocionante y una peli de Amenábar con thriller psicológico. Al menos, el resultado habrá valido la pena tanta desazón.

Además, no se trata solo de procesos en los que ande implicado un político. Esos llevan de fábrica la carga culpabilizadora asociada al partido al que pertenezca, como si su carnet fuera indicio de bandolerismo. Está sucediendo también en otros ámbitos aunque sin la losa de la marca política. Lo que urge es dejar de evaluar los casos como juez y parte. Cualquier causa se presta al desguace público del implicado en cuanto se convierte en el pimpampum de todos o en el arma arrojadiza contra el enemigo. Lo vemos a diario. El problema no es el lenguaje aunque entre los derechos del detenido debería incluirse uno que dijera “tiene derecho a guardar silencio, hablar o mentar a la madre pues todo lo que diga o calle puede ser utilizado en su contra”.

A veces no se trata de llamarle “preculpable” sino de tratarlo como tal. De ese modo, se apela a todo tipo de signo, evidencia o mera conjetura. Si se acoge a su derecho a no declararse culpable y alega aquello de “no sé, no recuerdo, no me consta, no conozco”, como la Infanta Cristina, será motivo más que suficiente para demoler lo poco que quede de su dignidad, y acabará crucificado por ello. Si se acoge simplemente a su derecho a no declarar, más que aconsejado en algunos casos, como el pequeño Nicolás, habrá quien verá en eso mala fe y confirmación de sospechas. Si contesta a su abogado pero no al fiscal, como hiciera Isabel Pantoja, sentará fatal en el populacho y en quien dice representarlo, y será abucheada y tachada de prepotente y de sospechosa eterna por siempre jamás. En definitiva, no es un problema de lenguaje sino de respeto a la prueba que el acientífico no necesita. No requiere de la demostración para calificar a los protagonistas de un caso judicial. Que ahora se llame “investigado” puede ser efectivo durante seis meses, pero, pasado ese plazo, volverá a instalarse ese término en el imaginario colectivo asociado a “cuando el río suena”. Lo único que habremos conseguido es resetear el vocabulario para terminar diciendo lo mismo. La razón es que el vicio no está en el léxico sino en el comportamiento, en la desvergüenza con la que juzgamos a los demás y en lo poquito que nos llegan a importar las conclusiones judiciales. Podemos citar mil veces a un perito que volverá a decir lo mismo y eso nos hará sospechar que algo oculta. Quizás solo una cosa e intenta darle luz aunque algunos se nieguen a ver: la verdad.

Sin embargo, a los pocos días de lograr, por fin, afianzar “el poder de la línea roja” con la salida de Castedo de la alcaldía de Alicante, saltaba la noticia de ciertas irregularidades en el Palau de les Arts bajo el mandato de Helga Schmidt. Lo que entonces parecía una sospecha por determinar, se presentó con toda su crudeza ayer cuando la policía procedió al registro del Palau y a la detención de su intendente. Lo llamativo de todo esto no es la propia situación penal de Schmidt ni que el coliseo valenciano haya sufrido, al parecer, un aprovechamiento personal que nos recuerda demasiado a su homónimo catalán. Lo grave es que hasta ayer el Consell no hubiera apartado a su responsable del puesto que ocupaba. Que lo hiciera al ser detenida dice poco a favor de esa alergia contra toda corruptela que parecía tener este gobierno. Si ya había sospechas con anterioridad -que motivaron los informes de la Intervención de la Generalitat a la Fiscalía-, no se explica con facilidad que esperaran a que la investigación policial les confirmara que había motivos para tenerlas. El Consell ayer llegó tarde. Poco importa que la línea roja estuviera marcada en la imputación. Esa línea se refiere a la confianza del partido pero no a la paciencia de los ciudadanos. Si había sospechas, la prioridad era poner a salvo los recursos públicos y apartarla de su cargo. Ahí no hay más línea roja que asegurarse de que ningún corrupto toque un solo céntimo de los valencianos. Eso no se ha hecho. Ni ha habido suficiente control durante años ni ha habido autoridad en el presente para evitar más daños.

Explicaba el entusiasta devoto que lo hacía en nombre de un barrio de Alicante que está muy agradecido, mientras le decía a la interesada que era “la mejor del mundo”. No lo dudo. Quiero decir que no dudo de que en ese barrio lo piensen e incluso de que lo piensen muchos en Alicante. No de que lo sea. El problema es que la percepción personal no sustituye a la realidad de los hechos, si es que se confirman. Sin embargo, es curioso que eso suceda con algunos de los personajes más conocidos de la vida política y de algunos de los implicados en casos judiciales. Si una persona cualquiera fue ayudada por el protagonista de un proceso, siempre verá su imagen pasada por el tamiz de su devoción particular. Es lo que sucedió con Castedo ayer, para sorpresa de los concentrados en la puerta y de algunos otros. Pero no hay que olvidar que ocurre lo mismo en sentido opuesto. Quien se siente perjudicado por una decisión de un político analizará todo (e incluso no analizará nada de nada) a la luz de su frustración o de su enfado. Poco importará que sea inocente. A sus ojos no existirán vías posibles de redención. Si contraponemos ambas actitudes podemos ver la injusticia que suponen. Ambas. Ni los abucheos en la puerta de casa por haber tomado una decisión impopular ni los pétalos de rosa a los pies por sentirse afortunado con esa persona.

Con esa baza juegan los políticos. Saben que en muchos casos la emoción que causan anula todo sentido crítico, de ahí que sea más importante visitar un mercado o abrazar a unos ancianos que dar grandes explicaciones. Lo que sería deseable es que también los opositores aplicaran más la argumentación y el raciocinio que la sobreexplotación de las pasiones contra el dirigente en activo. De hacer eso, estarán sucumbiendo a lo mismo que el devoto de los pétalos de flor a los pies de Castedo. Aunque nunca reconozcan que se entregan a mover los hilos del amor-odio antes que a explicar las razones de su postura crítica. Los pétalos o las espinas son propias del ciudadano. A él se le perdonan. Pero no a la oposición.

Esa es la sensación que tengo cuando veo a jueces o fiscales hablar con los medios de comunicación más allá del límite de la cortesía. No quiero ni pensar en imaginarlos ignorando a los periodistas como hacen algunos famosos en la T-4. No se trata de ser maleducado ni de callar hasta el “buenos días” que a nadie ofende. Eso incluye comentar algún paso en el procedimiento en marcha o alguna novedad que no vulnere la sacrosanta privacidad de un proceso judicial. La cuestión es si resulta adecuado que un fiscal como Horrach conceda una entrevista a la televisión para explicar que no hay nada contra la Infanta Cristina en el caso Nóos. ¿Tendremos ahora la réplica del juez Castro? Ya no hablo del posado navideño y mi oculto temor de que Horrach salga este verano en bañador acompañando a Ana Obregón. Ha abierto una puerta desconocida hasta ahora.

Es evidente que esos coqueteos con la fama mediática, si no afectan a su actividad profesional, no suponen nada malo salvo una demostración de vanidad inflamada. Sin embargo, no parecen oportunos. Los norteamericanos suelen usar para eso una palabra muy pertinente: inapropiado. Puede que no esté mal una relación amorosa entre jefe y empleado pero resulta “inapropiado”. No es ilegal ni inmoral siquiera que un profesor o profesora salga con un estudiante universitario pero es a todas luces “inapropiado”. Es decir, son actuaciones que no pueden censurarse por sí mismas cuando tienen lugar entre adultos, pero que deberían hacer reflexionar a quien las lleva a cabo porque tampoco son ejemplarizantes. Eso sucede con jueces o fiscales cuando se muestran tan imprudentes como Horrach. Lo mejor es desconocer el nombre de quienes imparten Justicia o colaboran por conseguirlo. Sobre todo, porque, de ese modo, se convierten ellos en protagonistas cuando solo son servidores. Ella, la diosa, es la que debería ser siempre el centro de atención, no los sacerdotes que alimentan el fuego en su templo sagrado.

Son gentes, por tanto, que no se verán nunca ante un tribunal pero que permitieron los desmanes sin hacerse preguntas. Es lo que vemos en las esposas de Urdangarín y de Jesús Sepúlveda. ¿Nunca se preguntaron de dónde salía el dinero para determinados dispendios? ¿A qué atribuían la capacidad para adquirir un palecete o para comprar un coche caro? Nunca ha sido delito hacerse el sueco pero hay responsabilidades no judiciales que una persona involucrada en algo así debería asumir. Y, como mínimo, disculparse por no saber, por no mirar o por no averiguar.

Eso mismo cabe aplicar a políticos, periodistas y ciudadanos que, sabiendo que los recursos públicos no llegan para determinados gastos, callan ante presupuestos irreales o compromisos de inversiones que no existen. Si sabemos que una línea de tren no es posible y se promete su construcción, ¿no somos acaso tan cómplices con el silencio como lo son la señora de Urdangarín y la ex de Sepúlveda? Durante años hemos visto anunciar aeropuertos, grandes eventos u obras suntuarias cuyo coste se adivinaba pero no se avalaba. Ahora sabemos que serán las próximas generaciones las que terminarán de pagarlo. La pregunta es si alzamos la voz lo suficiente. Parece que no. En algunos casos, además, lo grave es que ni siquiera somos “partícipes a título lucrativo” porque no los hemos visto en funcionamiento. Así como la infanta Cristina disfrutó de Pedralbes y Ana Mato, de algún viaje o alguna fiesta, los ciudadanos hemos pagado, hemos ignorado y no hemos disfrutado. Deberíamos, pues, pedir explicaciones en órganos parlamentarios a esos que fueron partícipes a título lucrativo. De los artífices ya se encargan los jueces pero de estos otros si no exigimos los ciudadanos no lo hará nadie. Y no deberíamos permitir que se fueran de rositas. Al menos, sin afearles la conducta en público.

Centrarlo todo en razones personales, aunque sea verdad, es perder una oportunidad de “colar” su mensaje. Para el ciudadano es difícil aceptar que, a punto de culminar su mandato, renuncie al cargo un personaje como Torres-Dulce. Si a eso unimos una oposición necesitada de polémicas como agua de mayo o de octubre en Valencia después de un año de sequía, el resultado es una inquietud a la que deben responder. El PSOE, famélico, ha mordido la presa. No la soltará hasta acabar con ella. Así, pues, el PP debería ser más inteligente y adelantarse explicando, si las hay, unas diferencias de criterio razonables, de modo que le beneficie. Si no hay interpretaciones lógicas, buscaremos una y tal vez no salga bien parado el partido en el poder. Del mismo modo, si acaba por dar la suya pero tarde, el efecto será boomerang; en lugar de servirle para neutralizar otras visiones, ratificará la peor que hayan dado. En este caso parece que ésa se refiere a las presiones sobre el Fiscal. La decisión de “no perder ni un minuto” puede hacer que los ciudadanos crean confirmado eso que dicen de que le han “dimitido”, o sea, le han obligado a irse. Que Rajoy tenga por costumbre dejar que se pudran los temas y los personajes molestos caigan por sí mismos no significa que el gobierno haga lo mismo. Sobre todo porque el desgaste al que le someten mientras tanto ya no es recuperable. Todo lo fían a los datos económicos. Un error. En vísperas de elecciones, ni han construido un mensaje que haga brillar los logros ni anticipan estrategias contra las crisis como la que comenzó ayer. No es sensato. O confían demasiado en que la recuperación llegue a sus votantes aunque no roce siquiera a otros, o dan por perdido el partido y solo quieren irse al vestuario. Un fuego no se apaga por no hablar de él. Sobre todo cuando los demás no quieren hablar de otra cosa.