Si se trata de un político, hay una fórmula muy interesante para romper su efecto perverso y la tendencia de su séquito a mantenerle en la burbuja. Es hablar con los profesionales de cada tema, en especial los representantes más críticos con el grupo al que él pertenece. Eso no solo da sensación de apertura y escucha, tan valorada por los ciudadanos, sino también consigue un propósito: ver lo mismo desde otros puntos de vista.

Cuando Joan Ribó abrió el balcón del Ayuntamiento a los ciudadanos, parecía el súmmum de la democracia. El alcalde abría de par en par la casa común para que todos los valencianos pudiéramos subir, andar por sus pasillos y hablar, incluso, con su máxima autoridad de tú a tú. No sé qué habrá sido de aquellas reuniones primeras, un poco bisoñas, con ciudadanos que tenían algo que comentar con el primer edil. Quizás fuera entonces cuando debían haber pedido la vez los vecinos que hoy se molestan por la tala de moreras. O los comerciantes de María Cristina. O los dueños de restaurantes con carril bus cercano. Mucho tomar el té con las visitas, pero poco consensuar las decisiones sobre la ciudad.

Dice ahora Ribó que no le gusta la tala de moreras y que ha pedido a la concejala Soriano que busquen una “salida consensuada” con los vecinos tras la polémica de estos días. Lo mismo sucedió con el carril bus y quién sabe si ocurrirá con la peatonalización del entorno de la Lonja. El ayuntamiento de puertas abiertas espera a la polémica para echar marcha atrás y replantear su política. Tal vez sería preferible un anteproyecto más pausado y negociado con los afectados para lograr una entrada y no una salida consensuada. Errarían menos el tiro y se sacudirían la incomodidad que produce la crítica.

En las marchas ambientalistas ocurre algo de eso. La mayoría de quienes se concentran son personas concienciadas sobre los problemas del planeta para sobrevivir a los ataques de una humanidad empeñada en exprimir a la Naturaleza aunque eso le cueste el futuro. Por lo tanto, no parece que se trate de un grupo violento enfrentado sin más al poder. Sin embargo, ayer lo vimos en París, y en la celebración de otras Cumbres del Cambio Climático como en Copenhague. Sin duda, existe una sensibilidad especial entre grupos que reclaman respecto por el medio ambiente hacia unos poderosos que miran hacia otro lado cuando la Volskwagen engaña al mundo entero o que tiran de chequera comprando derechos de emisión para seguir contaminando como si fuera inocuo hacerlo. Pero convertir su protesta en una marcha antisistema no hace sino vincular la defensa del planeta con posiciones radicales y violentas con las que el ciudadano medio no se siente identificado. Pueden convencer a unos, quizás a una generación que necesita causas por las que luchar y enfrentarse al poder, pero así solo consiguen que el relato de lo sucedido hable de las barricadas, los heridos y los contenedores quemados. Su causa se olvida, se obvia y se pierde por el camino.

Con los animalistas sucede eso cada vez que alguien convierte una causa justa en una excusa para el insulto, el desprecio y el conflicto. Se trata de convencer acerca de la necesidad de cuidar o proteger al planeta, a los animales que sufren o a ambos pero no a costa de ofender o minusvalorar a quien aún no se ha concienciado. Es cierto que el conflicto “pone en el mapa” la causa. Hace que se hable de ella, que sea portada y que, quizás, algunos se interesen por ella. Pero no gana crédito ni apoyos. El radicalismo no convence a la mayoría. Los activistas deberían ser conscientes de ello y evaluar lo que tiene su discurso de racionalidad, lo que sobra de emotividad y la estrategia más eficaz para sus fines. No quiere decir renunciar a sus objetivos sino medir muy bien la forma de presentarlos y conseguirlos. Aunque tengan que apartarse ellos para lograrlo.

La nueva ley que va a llegar al parlamento en breve se debate entre la regulación y la buena fe. Dice combatir los incendios intencionados pero permite construir en zonas quemadas si es de interés general prevalente. La razón que alega la ministra es tan inquietante como su contraria. Argumenta que con ello se pretende evitar la quema intencionada de una zona cuando se anuncia una obra pública que exige expropiación. De ese modo el propietario se asegura que no se tocará su terreno durante tres décadas. Lo opuesto era el pan nuestro de cada día hasta hace relativamente poco: la quema de un monte en el que, poco después, aparecía alguna urbanización oportunamente situada sobre sus rescoldos. Confieso que no me parece descabellada la hipótesis de la ministra pero su frecuencia y consecuencias son mucho menos graves que la segunda, tantas veces constatada. El problema radica en la pregunta esencial: ¿quién se encarga del monte? Las autoridades públicas no tienen los mismos recursos que hace años y, en ocasiones, ni siquiera la autorización para entrar en un terreno particular y limpiar lo que es un riesgo a gritos. Los propietarios aún lo tienen peor para sostener ese patrimonio o simplemente no lo contemplan como lo harían si en sus lindes estuviera la catedral de León. Y, mientras tanto, los ciudadanos nos movilizamos más por asuntos de menor enjundia y futuro incierto que por la riqueza ambiental de nuestro país. Salvo que toque el bolsillo de algún colectivo profesional. Ni siquiera exigimos que haya planes de gestión o que se impongan correctivos para compensar la realidad de que los bienes del patrimonio ambiental, que por definición deberían ser públicos, estén en manos privadas. Como ocurre con las playas. No parece que nos vaya la vida en ello. Aunque vaya la de nuestros hijos y nietos.

En España, por el contrario, la situación es muy distinta. Prueba de ello es que Arias Cañete fue ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sin que hiciera ni un mínimo ademán de querer vender sus acciones en compañías petroleras. ¿Por qué? ¿Por qué es un inconveniente tenerlas para dirigir la política de medio ambiente en la Unión y no para hacerlo en España? Esa es la primera pregunta que deberíamos hacer al PP cuando presume de que su candidato a comisario se ha desecho de un lastre que le puede perjudicar en su promoción comunitaria. En España no ha sido un problema ni un escándalo el conflicto de intereses. Si lo hay ahora, parece lógico pensar que lo había en 2011 cuando fue nombrado ministro. Así lo pensaron algunos grupos de izquierda. Sin embargo, no hubo presión para su renuncia como la ha habido ahora. Tal vez porque los verdes en Europa tienen más peso y más crédito que en nuestro país.

Los conflictos de intereses son, probablemente, un terreno propicio para modos de corrupción encubiertos, pues no hay un robo de caudales públicos pero sí un riesgo de prevaricación evidente. Diría más: el político honesto debería apartarse de cualquier sector que pudiera arrojar sombras sobre su honorabilidad. Es difícil decir eso cuando, por otra parte, se exige que un político tenga una profesión y, de ese modo, no se vea obligado a “vivir” y exprimir el cargo público. Si se espera de él que rechace aquella cartera que tiene relación directa con su especialidad, podemos estar impidiéndole que trabaje en aquello que conoce. La clave, quizás, está en la transparencia de sus activos y de los criterios aplicados a cada decisión. Explicarlos ayudaría a fiscalizar todo rastro de lobbies e intereses ocultos. Quien sale ganando es su propia imagen, no solo los ciudadanos tiquismiquis.

A su lado, la ciudad parece un tributo a los dioses que nos permitieron acampar junto a espacio tan peculiar. Y robar humedad, lodazal y metros al río y al mar. Hacer habitable el lugar hasta convertir unos meandros en pueblos y ciudades envidiadas. Habitable para las personas y, gracias a la protección impulsada en los últimos años, también para las demás especies.

‘Protección’ era la palabra clave ayer en el discurso de la alcaldesa de Valencia y en la explicación, al parecer, del alcalde de Cullera en relación a la petición de que la Albufera sea “Reserva de la Biosfera”. La primera aclaraba que no era elevar el nivel de protección frente, al parecer, los miedos del alcalde de que se viera incrementado. Dicho así resulta extraño. ¿Quién puede no compartir el deseo que ese espacio natural tan propio y tan rico se cuide hasta el extremo? La respuesta tiene que ver con las limitaciones que esa protección impone a los ayuntamientos para organizar el territorio.

Sin embargo, aun comprendiendo las reticencias de algunos, la puesta en valor de la Albufera debería estar entre las prioridades de las poblaciones que son lo que son gracias a ella. En otros países, un espacio de biodiversidad tan peculiar sería uno de sus mayores reclamos. En cambio, todavía son pocas las referencias turísticas que hablan de la posibilidad de conocer un lugar infrecuente en el Mediterráneo. No significa multiplicar un turismo simplón que se limita a llenar Instagram de fotografías de atardeceres espectaculares sino de aquel turismo de calidad que busca otra cosa en sus visitas. Se trata de conquistar a un grupo avanzado de ciudadanos que valoran los tesoros naturales de un país y cuyo interés los convierte en la mejor imagen de Valencia y de Cullera en el mundo.

El barco de los “verdes” es una de sus “armas” mediáticas más conocidas, valga la paradoja en una entidad que lleva la paz en su nombre. Con él consiguieron sensibilizar sobre la necesidad de cuidar el mar y tratarlo como un tesoro y no como un vertedero.

Ahora llegan a Valencia y en los próximos días irán a Ibiza, Mallorca y Canarias. Su ruta se corresponde con aquellos lugares amenazados por las prospecciones petrolíferas que el Gobierno no parece estar dispuesto a parar. Al contrario. Por mucho que los ciudadanos canarios hayan reclamado que sus costas se preserven del riesgo del petróleo y hayan confiado en un ministro conocedor de la riqueza de las islas por haber nacido allí, el gobierno ha dado luz verde a las prospecciones. ¿Para qué necesitamos, pues, mayor presencia local en el gobierno central? Cuántas veces hemos pensado que Valencia pierde poder en Madrid y lo hemos lamentado. Los hechos demuestran que no es el origen de un ministro lo que asegura una política beneficiosa para los territorios de España. Son los intereses de quien realmente manda. Y no me estoy refiriendo a José Manuel Soria.

Por eso es tan importante que una organización nada sospechosa de intereses políticos locales nos apoye a los valencianos, como a los habitantes de Baleares y Canarias, en la exigencia de un cuidado extremo del mar. Ellos no lo piden por el beneficio económico del turismo o la rentabilidad de la pesca que no dejan de ser intereses legítimos pero particulares. Lo hacen, como lo hacemos muchos, por legar a las generaciones futuras un planeta al menos tan rico y diverso como el que conocimos. Por saber que la tierra y las olas que vieron nuestros ancestros serán los mismos que vean nuestros nietos.

El caso Castor puede convertirse en un ejemplo de gestión imprudente que no ha tenido consecuencias graves. Mejor así. Pero indica que algún sistema de control ha fallado para que se haya producido esta situación. Es el núcleo de la protesta que deberían llevar adelante los ayuntamientos afectados. Cada vez que hay una iniciativa que implica riesgos, los responsables repiten una y otra vez que están minimizados, bajo control y que, de producirse, las consecuencias no serían terribles. Así lo hemos visto con el almacén de residuos nucleares o con las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia. Por lo general, terminamos por aceptarlo y claudicar. ¡Nos lo dicen con tanta convicción que es difícil negar lo que parece evidente! Sin embargo, llegado el problema, la conclusión es que… había una falla y no se sabía. Las únicas fallas que pueden sorprendernos son las de los artistas del ninot. Cualquier otra debe ser conocida, calculada y alejada de experimentos y proyectos aparentemente seguros. Tampoco quienes protestan deben reducir todo a un eslogan, “No al Castor”. La responsabilidad de los políticos es exigir todos estos informes antes. Y si ahora no coinciden ponerlos en relación y preguntar cuáles son las 7 diferencias, como en los pasatiempos infantiles. O conocemos los riesgos antes de ponerlo en marcha o todo indica que nos puede volver a suceder.

No todo es pesimismo. Hace veinte años, posiblemente, no hubiéramos visto a pescadores, universitarios, políticos y ecologistas unidos por una causa común como es la defensa del mar que nos identifica y que nos ha reunido durante milenios. Es cierto que hasta en las protestas hay intereses particulares pero el fin común es un logro por sí mismo. Que los valencianos se unieran ayer en Castellón contra las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia es un paso enorme en el cuidado del medioambiente, salvando toda la demagogia que envuelve el debate.

El logro se debe, entre otras cosas, al esfuerzo de divulgación que se ha hecho durante décadas explicando a los ciudadanos la riqueza que hay en los mares. Gracias a eso hemos tomado conciencia de que el Mediterráneo no es un almacén al que acudir cuando nos falta petróleo o gas ni el contenedor al que tirar los desperdicios del día a día. No solo porque es casi un mar interior y la costa está muy cerca de todo, a diferencia de los grandes océanos. Si algo hemos aprendido en estos años es que en la Tierra nada está lejos de nada. La globalización nos dice que el aleteo de una mariposa puede desembocar en un huracán. Todos impactamos en todos. Por eso conviene tener una mirada más amplia que la del propio ombligo, aunque éste sea un negocio turístico, una barca de pesca o un chiringuito en la playa. Posiblemente ése sea el salto cualitativo que conviene dar: ser capaz de mirar hacia el Mediterráneo como un tesoro en sí mismo, no como nuestra herramienta de trabajo. Solo así podremos implicarnos todos en cuidarlo como una herencia única y frágil. Nuestra responsabilidad es preocuparnos por él, aunque no vivamos de él.

Y no lo digo solo por mí. Si ya la aviación convencional y las líneas de alta tensión son un peligro constante para las aves migratorias, imagino el terror que uno de esos drones puede producir en los estorninos urbanos. Sin duda serían mucho más eficaces que las mascletàs que tira el ayuntamiento de Valencia en zonas superpobladas, pero convertiríamos su vida en una pesadilla. Ya estoy viendo a un pobre estornino adormilado por la mañana, asomándose a su rama mientras se despereza y de pronto se le congela el bostezo viendo venir un drone de cara. ¿Qué puede pensar un pajarillo ante semejante cacharro alado? Que se acerca el apocalipsis, sin duda. El pobre no superaría la crisis cardíaca y caería redondo al suelo. Eso por no hablar del susto para las mascotas que pasean tranquilamente por la calle y, después de hacerse el ánimo de que hay quien camina en plataformas de cuatro ruedas; otros, de dos rozándoles los bigotes y algunos al trote, tendrían que integrar un trasto volador amenazante. A Whisky no lo saco de casa después de eso. Bastante tiene con petardos, ambulancias, motos y Harley Davidson como para aceptar que un drone no sea peligroso. De momento ya estoy buscando cascos a juego para ir conjuntados no sea que el cielo, de verdad, caiga sobre nuestras cabezas.

La sentencia del Prestige, sin embargo, es mucho más que un punto y seguido en el ámbito político. Lo más importante no es si el gobierno tuvo o no responsabilidad sino si alguien la tuvo. Y ahí la conclusión de los jueces es desoladora. La sentencia dice que “una conducta profesional razonada y razonable puede resultar fallida” y en esa línea termina por no encontrar reproche penal para nadie. Así, nos vemos en la triste situación de no tener a quien mirar para hallar un culpable. La costa da Morte se vio salpicada de un asqueroso chapapote que acababa con la fauna y flora y con el sustento de miles de familias, pero nadie es responsable. Los jueces no han sido capaces de explicar qué mal comportamiento fue el origen de esa catástrofe. Habrá que mirar, pues, más allá y exigir que se revisen las rutas marítimas del crudo o, adoptando el modo más iluso posible, pedir que se potencien las energías que no nos exponen a tanto peligro. Una cosa es no criminalizar con ligereza y otra, aceptar que algunas prácticas peligrosas no pueden ser erradicadas. Pueden y deben, aunque haya intereses empeñados en hacernos creer que no.