El gobierno municipal de una gran ciudad europea se desvive por el cierre en domingo de los comercios. Parece que sean noticias de 1950 rescatadas de la hemeroteca de Las Provincias, pero no. Es (todavía, aunque por poco tiempo) 2015 y aquello de que el Señor descansara en el séptimo día sigue presente, a pesar de la exaltación laicista, en la agenda política y pública de Valencia –aunque no para camareros, taxistas o empleados de cines o gasolineras; ellos que trabajen siempre. Se acerca el nuevo año y con él se ha hecho urgente pactar con los comerciantes sobre la que fuera una promesa electoral del actual alcalde que, como era ya evidente cuando la formuló, no ha podido respetar. El nuevo gobierno, empecinado en imponer el cierre dominical, quería una única zona de gran afluencia turística, estratégicamente diseñada para dejar fuera de ella a todos los grandes establecimientos. Pero se encontró, era de esperar, con la advertencia de un recurso que acabara, por segunda vez, quitándole la razón al ayuntamiento. La Constitución –nada menos- prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, y claro, qué hay más arbitrario que trazar las líneas al antojo del alcalde.

Ahora hay pacto entre el ayuntamiento y la patronal del sector para limitar las zonas con libertad de horarios a sólo dos, frente a la delimitación actual que abarca a todas las grandes superficies de la ciudad; lo que deja fuera al entorno de lugares de indudable interés turístico como el Bioparc, los dos estadios de fútbol de primera división, el Palacio de Congresos o la Marina Real y el frente marítimo. Por ello, con todo su derecho y mucha razón, los agraviados llevarán de nuevo a los tribunales la decisión pues, como sentenció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia el pasado año 2014 en un recurso interpuesto por una conocida cadena de comercios de electrónica, la discrecionalidad con que cuenta el ayuntamiento para declarar las zonas de gran afluencia turística no permite la exclusión injustificada de unas frente a otras. Y menos en este caso, cuando los motivos son de mera oportunidad política.

Pero más allá de la actualidad inmediata, cabe la reflexión de si tiene sentido seguir limitando la libertad comercial en un tiempo en el que los horarios ya no existen y las grandes empresas –muchas de ellas multinacionales extranjeras que además no tributan en nuestro país- venden durante 24 horas al día por sus canales de Internet, ofreciendo entregas casi inmediatas de cualquier producto imaginable. Podemos pensar si conviene potenciar la vida en la ciudad durante todos los días de la semana o si preferimos dejar abandonados los barrios comerciales de la capital e incentivar a sus vecinos a los desplazamientos en coche a los polígonos comerciales alejados de la ciudad. La apertura comercial en los domingos ha devuelto la actividad y el ambiente a muchas zonas de todas las grandes ciudades –no sólo de Valencia-, aportando un nuevo atractivo a los habitantes de la urbe y a los turistas. Lo dije en este mismo medio y me ratifico: la apertura en domingos y festivos en los centros urbanos no aporta sólo beneficios para los comerciantes y sus trabajadores sino para toda la sociedad. La libertad horaria se puede presentar y defender como una política urbana progresista de promoción de la vida social, aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en los servicios –principalmente, en el transporte público- y sostenibilidad ambiental, más allá de su más notoria vertiente económica mientras que, por el contrario, la limitación de la actividad mediante el bloqueo horario de los comercios es un comportamiento reaccionario que pone coto al derecho a la ciudad.