La turismofobia llega a Valencia. Hace meses que se prepara a la opinión pública entre falacias, como la vinculación del precio de la vivienda y la evolución de la llegada de turistas, o simples exageraciones, como que el Cap i Casal está saturado de turistas (¡ojalá!). Y con el ambiente ya caldeado, el Ayuntamiento ha anunciado que, en los próximos días, aprobará una moratoria –manifiestamente ilegal- para la implantación de alojamientos turísticos en el centro de la capital.

Siguiendo la estela de otras ciudades, como Barcelona, o incluso de comunidades autónomas, como Canarias, que han padecido revolcones judiciales e indemnizaciones millonarias, el Govern de la Nau va a suspender el otorgamiento de licencias en Ciutat Vella, prohibiendo, de facto, la apertura de nuevos hoteles e incluso de viviendas turísticas.

O, al menos, esa es la intención, que no puede llevarse a término, pues la ley no lo permite. El Ayuntamiento está legitimado para suspender las licencias de obras mientras tramite un nuevo plan, sí. Pero, en cambio, no lo está para suspender la implantación de actividades; ni mucho menos para impedir la apertura de viviendas turísticas.

Sobre estas últimas, nuestros tribunales ya se han manifestado: las viviendas turísticas son viviendas, y no están sometidas a más control administrativo que el de una mera declaración ante la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de la Generalitat. Los municipios no pueden exigir que sus promotores se sometan al control ambiental del Ayuntamiento –mediante las antiguas licencias de actividades, hoy ambientales-, ni tampoco a ninguna otra autorización previa distinta de la que ya han superado como vivienda.

La sombra de la desviación de poder –tomar una decisión amparándose en la ley pero con una finalidad distinta de la que la ley permite- ya se advierte en esta decisión, como en las anteriores de otros ayuntamientos ya declaradas ilegales, con la que el Cap i Casal se presta a las exigencias del lobby turístico, paralizando la construcción de nuevos hoteles, pese a que que todos los valencianos acabaremos pagando cuantiosas indemnizaciones. Aun con todo, no podrán –que nadie se lleve a engaño-, paralizar con este brindis al Sol la apertura de nuevos apartamentos turísticos.

Pero, lo más preocupante no es que se paralicen inversiones, ni que se altere la competencia en beneficio de algunos actores turísticos preexistentes. Los males que resuelve el dinero, siempre son menores. Preocupémonos por la turismofobia paleta de la radicalidad, el odio al extranjero, el temor a lo diferente… Esa es la que lloraremos los que deseamos una ciudad cosmopolita.