La exalcaldesa de Carlet.

Resulta extraño encontrar mayor unanimidad en la protesta vecinal que en las multas de tráfico. Quizá porque raro es aquel que nunca ha sido multado y más todavía quien reconoce su culpa. Por eso este tipo de noticias despiertan siempre gran expectación. Recuerdo especialmente un caso relacionado con esta actividad sancionadora. El de la exalcaldesa de Carlet María Ángeles Crespo, una histórica del PP que fue denunciada por la fiscalía por presionar a los policías para que anularan determinadas multas de tráfico. La investigación se sigue en el juzgado número 3 del municipio. Al parecer, la responsable anotaba en los expedientes «anular» o «ratificar» según el destino final que quería que tuviera la sanción. El caso comenzó a raíz de la denuncia del exjefe de Policía Local del municipio quien reveló presiones para dejar de multar a los residentes. Supuestamente una de las propuestas de Crespo, ahora imputada, era que antes de sancionar a un infractor por una doble fila entraran en los comercios cercanos para encontrar al conductor.

La exalcaldesa, que también fue senadora del PP, se encuentra representada por el abogado Javier Boix. Cuando alguien se ve en apuros no hay ideología que valga, cualquier propuesta es aceptada. Así, recientemente solicitó en el juzgado que se admitiera un recorte de prensa en el que se recogía la medida del actual alcalde de Valencia de limitar la velocidad en el centro histórico a 30 km/h pero no sancionar a los que incumplieran la norma. El letrado trataba, con escaso éxito a la vista del resultado, de comparar la situación investigada con la medida de Joan Ribó. La juez ha rechazado esa documentación. “No tiene nada que ver con la presente causa”. Se trata de un supuesto “distinto”.  Y tan distinto. Cómo se puede comparar una normativa ex novo, que no incorpora sanción para los conductores, con presuntamente saltarse la aplicación de aquellas que sí la tienen.