Los resultados de las últimas generales en España imponen una política de pactos para formar gobierno. Aunque es una práctica extraña, no es la primera vez que ocurre. En las elecciones de 1933 ganaron los partidos de derecha. En ese momento podría haber goberbado con el apoyo del centro (más de 5 millones de votos frente a los dos y medio de las formaciones de izquierda). Pero no fue así. El veto y las amenazas del PSOE de dar un golpe de estado y desencadenar una revolución llevaron al principal partido de la derecha a no entrar en el Gobierno.
El 19 de noviembre de 1933 se celebraron elecciones generales en España. La fuerza más votada fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con 115 diputados. El Partido Radical obtuvo 102 escaños. El PSOE fue la tercera fuerza política con 59. La victoria de las derechas fue incuestionable, ya que logró cerca de 200 diputados sobre un total de 473 frente a los 170 del centro y centro-derecha y el centenar de parlamentarios obtenidos por las fuerzas de izquierda que pagaron no haber concurrido en coalición. Si la gran vencedora de los comicios fue la CEDA, el gran derrotado fue el PSOE que se había presentado con la esperanza de lograr la mayoría para gobernar en solitario y así convertir una república burguesa en una república socialista a imagen de la URSS. En cierta forma buscaban un refrendo a su nueva política tras renunciar en septiembre de 1933 a la vía reformista y optar por revolucionaria para alcanzar sus objetivos.
Para la izquierda el que fueran las primeras elecciones en las que votaban las mujeres distorsionó el resultado y le restó legitimidad, ya que consideraban que estas eran más conservadoras y hacían “lo que les mandaba el director espiritual”. Una afirmación desmentida tanto por los hechos (en 1936 también votaron las mujeres y ganó la izquierda) como por los más recientes estudios historiográficos.
La primera reacción de los perdedores fue, encabezados por Manuel Azaña y Largo Caballero entre otros dirigentes, presionar al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para que formara un gobierno de izquierdas, anulara las elecciones y convocara otras. Alcalá Zamora llegó a escribir que en apenas 20 días le habían propuesto tres golpes de estado. De hecho, para ERC era una llamada a la guerra tras vencer “la Inquisición y el fanatismo religios”.
La reacción más virulenta provino de la CNT que organizó una revuelta a los dos días de constituirse las Cortes que causó cerca de noventa muertes (entre las acciones se incluye la voladura de un tren). Al tiempo, en el seno del PSOE se desató una lucha interna para apartar al moderado Besteiro. Los dirigentes que apostaban por un régimen comunista como Largo Caballero o Indalecio Prieto pensaban llegado el momento, similar a octubre de 1917 en Rusia, para derribar la república burguesa. Era el año de la revolución.
Ante la tensión, la CEDA, liderada por José María Gil Robles, optó por renunciar a entrar en el Gobierno y limitarse a darle su apoyo en las Cortes. Alejandro Lerroux, del Partido Radical, formó un gobierno sin ministros de la derecha, pese a la mayoría que había obtenido en las urnas. El statu quo se mantuvo hasta septiembre de 1934 cuando la CEDA retiró su apoyo a Lerroux y reclamó su entrada en el gobierno. La tensión creció: al tiempo que se confiscaba un alijo de armas encargado por Indalecio Prieto., la izquierda vio el movimiento de la CEDA como un intento de golpe de estado.
El 4 de octubre el partido de Gil Robles lograba la entrada en el Gobierno con cuatro ministros. Al día siguiente estalló el golpe de estado auspiciado por el PSOE, la UGT, PCE y anarquistas (con un comité revolucionario presidido por Largo Caballero). Los focos principales fueron Cataluña, donde se declaró la independencia, y Asturias con la rebelión obrera que se prolongó un mes y obligó a intervenir al ejército.
Los hechos evidenciaron la escasa madurez de la democracia española. Indalecio Prieto reflexionando años más tarde, se declaró culpable ante su “conciencia, ante el Partido Socialista y ante España” por su participación en este golpe de estado. El radicalismo y el componente antidemocrático de muchos partidos vetó el acceso al Gobierno a una formación que ganó unas elecciones legítimas.