Un policía introduce un hisopo de algodón en la boca de un detenido y lo frota por el interior de la mejilla. Segundos antes, el agente le ha informado de sus derechos y le ha pedido su consentimiento, en presencia de un abogado, para la toma de una muestra de ADN. La escena se repite casi todos los días en el cuarto de reseñas en la Inspección Central de Guardia (ICG) del complejo de Zapadores en Valencia, donde son plenamente identificadas todas las personas que dan con sus huesos en los calabozos.

Pero la Policía Nacional no puede desnudar la intimidad genética de todos los detenidos, como hace EEUU al incluir el ADN de cualquier persona arrestada en sus bases de datos criminales, sin necesitar la autorización de un juez y sin importar el motivo. En España solo se puede requerir una muestra de ADN a determinados individuos que fueron detenidos o investigados por una serie de delitos de especial gravedad y repercusión social, como homicidios, violaciones, robos con violencia o fuerza en las cosas, así como en los casos de delincuencia organizada.

Cuando el sospechoso aún no ha sido detenido, la policía puede recoger su muestra genética abandonada, como un escupitajo o una colilla, sin que lo sepa el investigado y sin necesidad de autorización judicial. Una sentencia del Tribunal Supremo dio validez a la recogida y análisis de este tipo de pruebas.

La información genética se introduce después en la base de datos de interés criminal INT-SAIP, que tiene reseñas biológicas de origen conocido correspondientes a personas identificadas -sospechosos, detenidos e investigados- y perfiles dubitados que la policía no sabe a quién corresponden. Son restos de sangre, saliva o semen que fueron obtenidos en minuciosas inspecciones en escenas de crímenes, robos y violaciones. Las reseñas de ADN permanecen en la base de datos para el uso exclusivo de los investigadores, y resuelven muchos casos antiguos cuando se incluyen nuevos perfiles.

Las pruebas biológicas realizadas en el laboratorio de ADN de la Jefatura Superior de Policía de Valencia esclarecen una media de 50 delitos al mes, según fuentes oficiales. La Brigada Provincial de Policía Científica remite informes todos los días a los juzgados de su demarcación, concretamente la Comunitat Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, con pruebas irrefutables que condenan todos los años a un gran número de procesados.

«Todos los policías que trabajamos en el laboratorio sabemos lo importante que es nuestra labor para probar la comisión del delito, y por eso somos muy meticulosos para evitar contaminaciones», afirma Ricardo Collado, inspector de la Policía Nacional y jefe del laboratorio de ADN. Las mascarillas, batas y guantes forman parte de su vestuario en cuartos estancos con cabinas biológicas de seguridad y equipos robotizados de alta tecnología.

Ochos policías, tres inspectores y personal administrativo trabajan en el laboratorio en diferentes turnos. Doce de ellos son titulados superiores en Ciencias (Biológicas, Químicas y Farmacia) y uno es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En lo que llevamos de año, este equipo de profesionales ha realizado pruebas relacionadas con 1.800 asuntos, la mayoría de ellas en el curso de investigaciones por graves delitos, pero otras corresponden a la inclusión de perfiles genéticos en la base de datos de personas desaparecidas.

El laboratorio de ADN de Valencia cuenta con el reconocimiento de garantía de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de ensayos forenses. «Esta entidad confirma la competencia técnica y garantiza también la fiabilidad en los resultados de todas las pruebas que hacemos para enviarlas al juzgado», asevera Collado.

Aunque las series de televisión han idealizado las inspecciones oculares y la recogida de restos biológicos en la escena de un crimen, todas las muestras que se analizan en el laboratorio no son útiles para los investigadores. En un hueso incinerado, por ejemplo, es muy complicado hallar moléculas de ADN; y un cabello sin bulbo ni raíz se puede analizar para exculpar a un sospechoso, pero en caso de coincidencia hay que tener en cuenta que el ADN mitocondrial de un individuo es idéntico en todos los parientes maternos, por lo que la prueba no será concluyente.

Toda la información genética que se obtiene en el laboratorio de Valencia se incluye en la Base de Datos Nacional de Perfiles de ADN, donde hay alrededor de 200.000 registrados, y para ello se utiliza el sistema informático CODIS, el mismo que usa el Departamento de Justicia de EEUU.

Las técnicas de análisis genéticos y la creación de bases de datos específicas constituyen el mayor avance en el área de la investigación criminal en los últimos diez años. Quizá en un futuro no muy lejano, además de una fotografía y de la huella dactilar, para expedir el DNI puede que sea necesario una muestra de saliva.

«El ADN no resuelve ningún delito por sí solo, pero contribuye en gran medida a su esclarecimiento, aportando pruebas y datos que son aprovechados por las unidades de investigación, como el Grupo de Homicidios o el de Atracos, y la propia autoridad judicial en última instancia», señala Francisco Planells, inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia.

Trabajo en equipo

El trabajo en equipo de las unidades policiales de Valencia ha posibilitado la detención y el procesamiento de delincuentes muy violentos. «Hay que reconocer la labor callada que hay detrás de cada caso, desde el policía del grupo de reseñas hasta el personal administrativo que gestiona la documentación, sin olvidar que el asunto finaliza con la celebración del juicio, la condena del culpable, la satisfacción de la víctima o la exculpación del inocente», añade Planells.

El portugués Edgar Soares, de 40 años de edad, fue juzgado y absuelto en 2011 de una grave acusación: violar a una mujer bajo el antiguo cauce del río Turia. Soares estuvo en prisión preventiva casi un año hasta que un análisis de los restos de semen hallados en la víctima demostró que no coincidían con su perfil genético. Pese a que el fiscal no halló indicios de culpabilidad, la acusación particular mantuvo su imputación porque la víctima y su pareja lo habían reconocido sin ningún género de dudas.

Nada más entrar en las dependencias de la Policía Científica en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, una memorable frase en un cartel recuerda la importancia de la labor probatoria: «Todo aquello que se afirma sin pruebas, también puede ser negado sin pruebas». El trabajo de la Policía Científica no acaba en el laboratorio. Falta el último paso: responder a las preguntas de jueces, fiscales y abogados en el juicio. Las declaraciones de los especialistas desmontan coartadas y descubren mentiras de asesinos, violadores o ladrones.

Hace cuatro años, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a un hombre a doce años y nueve meses de prisión por matar a Alejandra Buesa, de 48 años, en una vivienda de la calle Císcar. Los restos de ADN hallados por la Policía Científica en el fular utilizado para estrangular a la víctima y una ardua investigación del Grupo de Homicidios posibilitó la detención, procesamiento y condena del homicida.

Otro crimen resuelto por el ADN y las pesquisas policiales fue el asesinato de Vicente Marco, abogado y cabeza de lista por Los Verdes Ecopacifistas a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 2011. El 13 de febrero de 2011, la Policía Científica halló ADN del asesino en un zapato en la escena del crimen, un piso de la calle Hernán Cortés donde el detenido dijo que no había estado nunca. Al final, Toufik S. confesó que mató al letrado de una puñalada en el corazón y fue condenado a 21 años de prisión.