Los casos de violencia contra la mujer han superado en los últimos años su dimensión estrictamente privada, policial y judicial para pasar a ser considerados como un atentado hacia la propia sociedad. La difusión de informaciones relativas a la violencia de género debe garantizar, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos; y también se debe tener especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Foto de Mateo Gil.

Además, los medios de comunicación no deben embellecer las informaciones sobre violencia de género (es decir, omitir detalles escabrosos para evitar el morbo y el sensacionalismo) y preservar los derechos de la víctima. Pero es también obligación del funcionario policial y de los gabinetes de prensa policiales no facilitar determinada información sobre la violencia de género, como la filiación de las víctimas o sus direcciones.

La identidad de una mujer o un niño maltratado se debe proteger al máximo, ya que la difusión de un caso de violencia de género o doméstica conlleva una victimización secundaria en muchas ocasiones. También se tiene que evitar entrar en aspectos que pudieran interpretarse como justificación de la acción violenta o eximentes de responsabilidad. La principal pauta es respetar la intimidad de la víctima y sus familiares. Tanto los periodistas como los funcionarios policiales que ejercen de portavoces tienen que evitar la intromisión arbitraria en la vida privada de la mujer maltratada.

La victimización secundaria es un sufrimiento añadido que infieren las instituciones y profesionales encargados de asistir a la víctima, investigar el delito o instruir las diligencias: policías, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y funcionarios, entre otros. La persona maltratada revive el papel de víctima durante el protocolo de actuación policial, y con el agravante de que este nuevo daño psíquico se genera por la intervención de instituciones y profesionales de las que la víctima espera ayuda y apoyo. Por ello, la persona afectada no es sólo víctima de un delito, sino también de la negligencia del sistema.

El daño psíquico que sufren las víctimas de malos tratos, así como la vulnerabilidad de estas personas, conlleva que sea más fácil que puedan padecer nuevos perjuicios, especialmente si reviven el episodio de violencia varias veces en una relación médica, policial, jurídica y psicológica. El protocolo de actuación en los casos de violencia de género victimiza de nuevo a la persona afectada al obligarla a contar la historia de su trauma por enésima vez, con el consiguiente riesgo de recaída en el daño moral padecido.

La calidad de la atención sanitaria, policial y judicial determinará si la víctima presenta en un futuro nuevas denuncias por violencia de género. La intervención debe ser apropiada en función de la situación de crisis de la persona afectada. Los objetivos en la primera toma de contacto o primera actuación del funcionario policial son fundamentalmente dos: aumentar la seguridad personal de la mujer agredida para que se sienta protegida, y seguidamente informarle de sus derechos.

En definitiva, hay que reducir al mínimo las molestias a las mujeres derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones. Esto se consigue cuando se presta a la víctima una atención lo más adecuada, agradable y eficaz posible. El protocolo no ha de ser seguido sin contemplaciones por la persona afectada, sino que son los profesionales (sanitarios, agentes sociales, psicólogos, funcionarios policiales, abogados, jueces y fiscales) los que se tienen que coordinar para actuar según las características específicas de cada víctima y sin generar más daños psíquicos a las mujeres. Otra circunstancia que puede causar victimización secundaria es la dilación del juicio, algunas veces por motivos que podrían haberse evitado.

Además de los policías, guardias civiles, jueces, peritos, forenses, abogados, fiscales y psicólogos, existen factores e instrumentos sociales que pueden generar una tercera victimización, como los medios de comunicación. El tratamiento informativo de una noticia o reportaje sobre un caso de violencia de género puede hacer mucho daño a la víctima.

Si ya es vejatorio para una mujer sufrir malos tratos o una agresión sexual, puede resultar aún más humillante para esta persona que todo el barrio o el pueblo conozca su caso a través de los medios de comunicación. Por ello, el respeto a la intimidad de la víctima y de sus familiares tiene que ser la principal pauta tanto para los periodistas como para los gabinetes de prensa policiales.

En octubre de 2012, unas imágenes de un menor liberado por policías armados hasta los dientes dieron la vuelta al mundo, y volvieron a cobrar actualidad estos últimos días tras el juicio por el rapto del niño. La difusión del vídeo causó un daño psicológico al menor cuando éste vio las imágenes en televisión y escuchó sus propias palabras. El muchacho se puso nervioso y revivió su cautiverio a pesar de que el vídeo mostraba unos momentos de alivio de su pena: el preciso instante en el que los Mossos d’Esquadra cortaban las ataduras y ponían fin a su secuestro.

Otro ejemplo común de victimización secundaria es cuando una víctima de una violación es interrogada en el juicio por el abogado del agresor. Las preguntas de algunos letrados tienden en ocasiones a tergiversar los hechos. para tratar de demostrar que las relaciones sexuales fueron consentidas o la violación se produjo como consecuencia de un acto de provocación de la mujer.

En las notas de prensa referidas a episodios de violencia de género sólo hay que reseñar la edad de la víctima, pero en ningún caso su nombre, ni dirección del domicilio familiar, ni el nombre de la población donde ocurrió el delito si la localidad tiene pocos habitantes y es fácil reconocer a la persona afectada. Respecto al detenido, los medios de comunicación suelen omitir los nombres y apellidos de los implicados y los sustituyen por las iniciales, excepto si el asunto afecta a personas de relevancia pública.

Una vez que hay sentencia firme, nada impide a un periódico publicar los nombres y apellidos de los condenados, aunque se deben omitir estos datos en los casos, por ejemplo, de que los detenidos sean menores de edad o se reconozca a una víctima por la identidad del agresor.

Tanto los gabinetes de prensa policiales como los periodistas debemos poner especial énfasis en las consecuencias penales a la hora de transmitir o publicar, respectivamente, una información sobre violencia de género. Convertir una noticia en espectáculo, destacar excesivamente un episodio de violencia de género o poner un titular sensacionalista conlleva un riesgo, ya que el autor del delito de violencia de género tiene tendencia al protagonismo. Además, algunas noticias sensacionalistas refuerzan las actitudes de un maltratador debido al efecto mimetismo.

Las imágenes sangrientas, los dramas contados con exceso de morbo, la información poco contrastada y los testimonios inoportunos de algunos vecinos ayudan muy poco en la prevención de los malos tratos en el ámbito familiar. Los expertos en delitos de violencia de género no son partidarios de la censura, pero insisten en que hay que informar con más prudencia y menos sensacionalismo.