Cada vez que hurtan una cartera en un mercadillo de Valencia me viene a la memoria la medida cautelar que adoptó el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. El magistrado prohibió a unas carteristas bosnias acercarse a una distancia inferior a 50 metros del centro madrileño, y las ladronas no pueden transitar por la calle Bailén, Plaza Mayor, Carrera de San Jerónimo, Paseo del Prado y la plaza de Cibeles, entre otras céntricas vías de la capital de España. Con anterioridad ya les prohibieron acceder al Metro de Madrid, donde cometieron un gran número de hurtos en pocos meses. Desde entonces, los robos en el metropolitano bajaron hasta un 40 por ciento, y las carteristas se trasladaron a otras ciudades españolas para desvalijar a turistas y personas mayores, sus víctimas preferidas.

Un policía local persigue a un presunto carterista. Foto de Juanjo Monzó.

En Valencia, llueva o salga el sol, varios clanes de carteristas desembarcan todos los días de mercadillo en las calles aledañas. Una decena de expertas ladronas se reparten las zonas, los días y hasta las víctimas. La presencia de policías uniformados y de paisano no les intimida. Conocen al dedillo el Código Penal y saben que no darán con sus huesos en un calabozo si sustraen menos de 401 euros. Cinco de estas delincuentes, Antonia M. S., Tania L. M., Miguela M. M. y las hermanas Isabel M. N. y Carmen M. N., acumulan más de 500 detenciones e identificaciones en distintos mercadillos de la ciudad de Valencia. La policía les atribuye miles de hurtos desde la década de los 90.

La impunidad con la que actúan estas delincuentes multireincidentes indigna a los policías que recogen a diario las denuncias de las víctimas, pero también enoja a los agentes que vigilan los mercadillos y los jueces que instruyen cientos de diligencias por las faltas y delitos que cometen las carteristas. Sin embargo son los ciudadanos quienes más sufren esta falta de castigo. Además del dinero perdido, las víctimas luego tienen que hacer numerosos trámites para obtener sus nuevos documentos.

La Policía Portuaria retuvo a dos carteristas en Valencia en el verano de 2010. Foto de Javier Martínez.

Nuestro Código Penal puede considerarse blando en algunos de sus artículos, pero es el único que tenemos y dispone de herramientas para promover la justicia rápida. El acoso penal y policial de algunos colectivos de delincuentes, como los ladrones de cobre, ha sido efectivo en varias regiones de España, donde se ha reducido el número de robos en infraestructuras de regadío e instalaciones eléctricas. A los malhechores multireincidentes deberían aplicarles las medidas cautelares más duras posibles para retrasar su próxima detención, ya que en la mayoría de los casos los jueces no pueden decretar su ingreso en prisión, pero la imperiosa necesidad de luchar contra la inseguridad ciudadana tiene que aunar esfuerzos de policías, guardias civiles, fiscales, jueces y legisladores. Siempre será mejor coordinarse que eludir responsabilidades y echar la culpa a otros. España es uno de los países con la tasa de criminalidad más baja de Europa y con las tasas de población penitenciaria más altas, y duplica la estancia media en prisión de Francia, como sostiene el catedrático José Luis Díez Ripollés.

Las prisiones españolas están llenas y muchos de los delincuentes vuelven a las andadas nada más salir de la cárcel, mientras que otros acumulan hurtos y faltas todos los días sin pisar un calabozo. A Antonia M. S. la conocen todos los vendedores de los mercadillos de Valencia. Lleva veinte años robando carteras. Esta ladrona multireincidente y escurridiza suele actuar siempre en compañía de sus dos nueras. Son tan hábiles como insolentes. Una de ellas hurta el monedero tras abrir la cremallera de un bolso o una mochila y se lo pasa a su compinche en un abrir y cerrar de ojos. Luego, la segunda individua coge el dinero y tira la cartera al suelo. Cometen el hurto en muy pocos segundos y se deshacen de la prueba del delito con una rapidez asombrosa. La tercera mujer del clan suele vigilar por si aparece la policía o distrae a la víctima. Las ladronas se camuflan entre la gente para seguir a una víctima hasta que baje la guardia, hable a través del móvil, converse con una amiga o abra el bolso para pagar una prenda que acaba de comprar en una parada del mercadillo. Esos son los precisos instantes en los que suelen actuar.

Cartel difundido con los rostros de tres carteristas bosnias multireincidentes.

Cuando la policía las identifica, muestran su DNI y ponen cara de buenas chicas. Colaboran si es necesario, y algunas veces han llegado a devolver carteras, incluso, ante la insistencia de la policía. Hace dos años, la policía recuperó una quincena de carteras en una sola mañana en uno de los mercadillos de Valencia. Aquel día coincidieron dos clanes de carteristas. Antonia y sus nueras hurtaban por unas calles, y las hermanas Isabel M. N. y Carmen M. N., otras expertas ladronas, desvalijaban los bolsos y monederos de mujeres de avanzada edad, que son sus víctimas preferidas. Pero podría haber sido peor. Faltaba una quinta carterista con un amplio historial delictivo: Miguela M. M., de 27 años de edad. La joven se desplaza los días de mercadillo a Valencia desde un pueblo de la comarca de la Ribera Alta, y se mueve como pez en el agua en las calles Convento Jerusalén, Julio Antonio y Ermita. Miguela suele cometer los hurtos en compañía de su abuela y otra mujer del mismo clan.

Los policías que prestan servicio en esta barrio están hartos de identificarla y recriminarle sus acciones delictivas. Poco más pueden hacer. Los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Local y del Grupo de Hurtos de la Jefatura de Policía de Valencia montan operativos, de lunes a sábado, en todos los mercadillos de la ciudad para vigilar a las carteristas. Las dificultades y trabas legales que encuentran los policías para frenar la oleada de hurtos en los mercadillos preocupa a las víctimas, los comerciantes y a los sindicatos policiales. Algunos agentes piden a los jueces que sean valientes a la hora de dictar órdenes de alejamiento para las ladronas multireincidentes, como hizo el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.