Helga Schmidt obtuvo de Francisco Camps un poder ilimitado, casi absoluto. Confianza ciega. Todo el control para la intendente del Palau de les Arts. Desde esa posición ha hecho y deshecho, en general con buena crítica a su gestión artística, y, también en general, bastantes reservas a sus maneras y a la insuficiente transparencia contable de su ejecutoria. Schmidt ha estado por encima del conseller de turno, muy por encima, intocable, gracias a su ascendiente sobre los grandes divos, sobre un Plácido Domingo, o un Zubin Mehta, quienes, se aseguraba podían irle al ministro del ramo, o quién sabe si hasta la mismísima Reina Sofía, con el cuento del maltrato o la desconfianza de los políticos valencianos hacia la Schmidt. La intendente jugaba sus cartas, a su manera y en su terreno de juego. Y el conseller de turno había de callar, y el President miraba para otro lado, o hacía como que no sabía nada. Todo menos molestar a la diva, que había colocado a Valencia en el mapa de la lírica.

Confianza ciega. Pero en democracia no cabe la confianza ciega con el dinero público. Con nadie y en ninguna situación. El dinero público ha de estar contado, auditado, intervenido, controlado, auscultado. Vigilado. Y a ningún gestor le corresponde el privilegio de poder esconder sus cuentas o sus decisiones presupuestarias, o dejarlas en la zona de penumbra. Por eso fue un error de Camps concederle a Schmidt un poder y una autonomía tan desmedida y antinatura en la lógica de una administración pulcra y aseada.

A esta hora se desconoce casi todo del alcance de la investigación. Sí está acreditado que al frente está un magistrado prestigiado gracias a su solvente instrucción del ‘caso Emarsa’ y que hasta la fecha no se le conocen los alardes efecticistas propios de tanto juez estrella. No estamos ante un profesional de la justicia que disfrute con los telediarios y la exhibición, sino que se ha venido conduciendo con una ordenancismo ortodoxo, con una discreción medida y elogiada. Y hace unas semanas se hizo público que la responsable del Palau incurrió en grave irregularidad administrativa por un obvio conflicto de intereses, al ocupar un puesto de consejera en una empresa proveedora del Palau, en concreto la firma responsable de encontrar y fomentar los patrocinios. Un asunto feo, sin duda, punible, pero insuficiente para justificar una operación policial de tal calado.