A Garzón no le insultan por haber nacido en España. Tampoco le pegan en el metro por su piel o su acento. Garzón no está sometido a la arbitrariedad de los “seguratas” porque para eso la Justicia tiene sus mecanismos de control y supervisión. Si hay un abuso, puede denunciarlo, como ha hecho. Incluso puede recusar a un juez o pedir su apartamiento si considera que su juicio va a estar viciado de origen.

Eso no pudo hacerlo Ramón. Ramón de Jesús Cardona es un colombiano que ha pasado dos meses de baja laboral porque unos vigilantes del metro de Madrid le sentenciaron sin causa, sin garantías, sin escucharle y sin permitirle la asistencia letrada. La razón fue defender a un compatriota que quiso subir en ascensor y no pudo porque los guardias se lo impidieron. Cuando Ramón, que bajaba del metro tras celebrar el aniversario de boda con su mujer, los vio, les recriminó su actitud. Ellos se volvieron y la emprendieron a golpes brutalmente contra el “sudaca de mierda” (sic).

Garzón no tiene nada que ver con Ramón. En efecto, el problema de Garzón es político y el de Ramón, social. Sin embargo, mientras los intelectuales orgánicos y representantes de la cultura se manifiesten hoy de nuevo a favor del juez, nadie lo hará en apoyo a Ramón. Y a todos los Ramones que viven en España, que trabajan honradamente, pagan los impuestos como los demás y tienen que sufrir un trato vejatorio en razón de su origen.

Por gente como él puede que haya concentraciones de repulsa o convocatorias de apoyo organizadas por entidades que luchan por la dignidad de los inmigrantes. Manifestaciones de gente anónima, no gente guapa ni famosa. No caras conocidas que solo se movilizan contra la guerra o contra el Supremo. O sea, contra el enemigo político.

Sin duda, hay libertad de expresión en este país y cada cual puede apuntarse a la “mani” que prefiera. Si me dan a escoger, yo me sumo a la protesta por unos vigilantes de metro que deben ser procesados. No sé si Garzón también debe serlo pero a mí me preocupa más Ramón.