La introducción en la agenda pública de un tema olvidado solo tiene dos orígenes: la aportación de un hecho novedoso o la calculada estrategia de algún actor público.

Desde la llegada a la lehendakaritza de Patxi López, el terrorismo ha estado muy relegado en el debate social y político y, lo que es más importante, ha perdido puestos entre las preocupaciones de los ciudadanos según manifiestan las encuestas del CIS.

Solo ha reaparecido por la voluntad del PP, por la situación penal de alguno de sus miembros más ‘ilustres’ y de sus presos o bien por alguna operación policial. La pregunta, pues, es si todo ello tiene algo que ver.

El PP insiste en advertencias y declaraciones que suenan extrañas en un contexto de calma. Rechina su continua referencia al peligro de una negociación en la sombra entre el Gobierno y ETA pero no por eso es menos probable.

Ante esa realidad, conviene adoptar la misma técnica que los detectives de novelas de misterio, esto es, preguntarse a quién beneficia esa presunta negociación. Si es verdad toda esa conspiración aunque suene a paranoia, el Gobierno estaría hablando con la banda o preparando el terreno para hacerlo, no solo con comunicaciones ocultas sino con decisiones públicas como las tomadas con Díez Usabiaga o las dejadas de tomar con De Juana Chaos.

Sin duda, el deseo de acabar con ETA es un anhelo de cualquier gobierno. Lo ha sido en todos los casos pero para el actual es una necesidad perentoria si quiere ganarse a un electorado al que no podría llegar de otro modo.

El Gobierno puede estar calculando que con su política social encabezada por Bibiana Aído se gana a la izquierda pero con su victoria sobre ETA podría llegar a la derecha o, al menos, a los sectores moderados más próximos.

Si a eso le añadimos el desgaste social que le va a producir la crisis, es razonable pensar que el único éxito que puede ofrecer a la ciudadanía en esta legislatura es un pacto educativo que no va a llegar; la reforma del aborto que no alcanza al centro-derecha o el fin de ETA.