Vivir en estado de alarma me inquieta. Ya sé que se activó por lo que se activó pero no dejo de pensar en que el gobierno ha tomado una medida pensada para una situación excepcional y con el Rey fuera del país.
Es cierto que ha sido el monarca el que ha firmado desde Mar de Plata pero hay tantas firmas a lo largo de la historia que se ejecutaron por obligación o con la esperanza de que no fueran papel mojado aun cuando todo indicaba lo contrario que me da mala espina.
Estoy segura de que dentro de diez días volveremos a la normalidad y esto quedará para los resúmenes del año en Nochevieja o para las enciclopedias y anuarios, pero no puedo evitar sentir cierto escalofrío cuando pienso en tantos acontecimientos de nuestra historia que empezaron por una anécdota y llegaron a constituir un capítulo triste y evitable.
Lo que me preocupa es lo que tiene de prueba. De momento el gobierno ya ha constatado lo que supone activar un estado de excepción en España. Y lo ha hecho -y eso es lo grave- como medida extrema tras meses de inacción. Ante una rebelión popular contra decisiones duras, se activa una medida extraordinaria y todo se calma por la fuerza.
Conociendo, además, a Rubalcaba nadie me podrá quitar el temor de que se ha calculado algo más que lo que vemos. Wikileaks, en ese sentido, nos ha robado la inocencia y todos somos conscientes de que una cosa es la explicación pública y otra, muy distinta, la realidad tras los focos de televisión.
Sé que me estoy poniendo tremendista pero estamos en estado de alarma y el Rey no está en España. Eso es un dato, no una opinión. Menos mal que ERC ha caído porque, de otro modo, mi estado personal ya no sería de alarma sino de sitio. Con algunos extremistas blandiendo la bandera republicana, un gobierno acosado y la sociedad soliviantada, parecería un dejà vu demasiado real. Alguno diría: “esta escena ya la he visto antes”. Y sería cierto.