El encendido más conocido de Sevilla es el de la Feria de Abril que no tardará en producirse y llenar de luz el Real. Sin embargo ese mismo derroche lumínico es el que se está exigiendo a la Junta de Andalucía sin demasiado éxito por el momento.

Allí, al parecer, han cambiado los señoritos de familia bien llegada de la meseta por otra especie autóctona. El origen es distinto pero los modos son parecidos. Es mi finca y yo decido lo que se hace con ella. Para el niño y la niña de la casa.

Confieso que no había prestado demasiada atención a la historia de los ERE y de la familia Chaves porque me parecían guerras internas en vísperas electorales hasta que vi la resistencia del gobierno andaluz para dar a la Justicia las actas del Consejo de Gobierno.

No me sorprenden solo esas reticencias sino la posibilidad de que la Justicia avale el secreto en la actuación gubernamental. Entiendo que hay determinados datos que afectan a personas o empresas que no deben ser divulgados de forma frívola pero me pregunto si no debería ser transparente toda decisión de la Administración.

Lo digo también por los argumentos esgrimidos aquí en la Comunidad Valenciana acerca de contratos de la Generalitat con algunas empresas. Comprendo la prudencia en el uso de información confidencial pero parece razonable que todo aquello que esté financiado con dinero público deba ser público. Si yo pago, tengo derecho a saber qué pasa con mi dinero.

En ese sentido las decisiones de Consejo de Gobierno andaluz o del Consell se toman sobre la base de la financiación disponible. Financiación que no sale en ningún caso del bolsillo de los miembros de ese Consejo ni de particulares. ¿Cuál es, pues, la razón de que se mantenga la privacidad en lo que se refiere a acuerdos, no a los debates que entiendo que deben ser confidenciales para asegurar la libertad de opiniones? Esperemos que el Supremo nos dé una respuesta.