Me gustaría saber cuánto ha costado el litigio del solar de Jesuitas. O quizás no. Quizás es mejor no calcular por cuánto nos ha salido a los valencianos décadas de enfrentamientos, pleitos y polémicas.

Es cierto que ahora todos nos congratulamos porque se han salvado los intereses de las partes sin afectar, como parecía, al del conjunto, esto es, habrá más espacio para el Botánico sin que los promotores del hotel se queden sin él y sin que el Ayuntamiento pierda.

Y la pregunta es inevitable ¿no debería regir ese principio cualquier actuación pública y cualquier reivindicación ciudadana? Es más, diríase que los intereses del conjunto debieran coincidir con los de la Administración toda vez que ésta gestiona sus bienes colectivos.

Es lógico que existan divergencias entre los distintos modos de gestionar. Ahí radica el juego político y el peso de las mayorías que, con razón, esgrimen los populares para justificar su actuación en Jesuitas o en el barrio del Cabanyal.

Esa divergencia, sin embargo, no debería ser obstáculo para consensuar posturas comunes cuando está por encima de todo el bien común. Dicho así parece evidente pero después resulta casi imposible separar el discurso partidista de una interpretación interesada del bien común.

En nuestra ciudad estamos hartos de ver que el diálogo requiere la vía judicial. Como en este caso. ¿No hubiera sido mejor utilizar el salón de plenos y no los juzgados? Han tenido que pasar décadas y ha tenido que intervenir la Justicia para lograr eso que las partes no son capaces por sí mismas: el acuerdo.

El obtenido, por cierto, beneficia a quienes prefieren espacios verdes en la ciudad sin dejar de responder al interés legítimo de los particulares. Y ahí es donde me surge la duda. Quien compra un solar, decide construir lo que quiera dentro de la legalidad. Sin embargo, mientras cierran hoteles de lujo en Valencia, se anuncia otro nuevo. ¿Es necesario?