Desde hace unos días no como manzanas españolas. No es porque no quiera -todo lo contrario- sino porque la parada del mercado donde suelo comprarlas, vende unas que llevan una etiqueta azul donde dice ‘Argentina’ o ‘Chile’.

La primera vez que me di cuenta de ello, pensé si es que no había manzanas royal gala de buena calidad en nuestra Comunitat. Luego me reproché a mí misma el chovinismo porque no estaban nada mal las del Cono Sur pero no pude evitar acordarme de algo que me había comentado Cristóbal Aguado, presidente de AVA, hace unos meses. Se refería entonces al riesgo del acuerdo preferente de la UE con Marruecos y alertaba sobre el que se preparaba con Mercosur.

Se quejaba él entonces del riesgo de flexibilizar tanto las condiciones que al final resultara más difícil para un agricultor valenciano colocar su producto en Europa que para uno sudamericano. Entre otras cosas, se refería a la existencia de menos controles fitosanitarios que tan estrictos son para los agricultores europeos.

Por eso me ha extrañado tanto la crisis del pepino y sobre todo el empeño por señalar a España. De ser cierto, es preocupante, sin duda, pero de no serlo, habría que exigir responsabilidades a quien desató la alarma. Una alarma de ese calibre hoy en un mundo globalizado supone un ataque cuando no un modo sutil de desactivar a la competencia. Es otro estilo de volcado de camión en la frontera mucho menos violento que los de antaño en las autopistas francesas, pero con peores consecuencias a largo plazo.

Del mismo modo que existen en Europa protocolos de actuación para evitar que una alarma terrorista o una catástrofe natural produzca pánico en la población, debería establecerse un modo de proceder para evitar pánicos en los mercados. No niego que la prioridad es la salud de los consumidores pero seguro que hay formas de actuar que no dañan a los agricultores ya suficientemente castigados.