De confirmarse todo lo que se está conociendo en torno al Instituto Nóos y a Urdangarín, estaríamos ante un “tocomocho ducal”, dicho sea con respeto a todos los Grandes de España y a sus ancestros. En especial, al duque de Gandía que llegó a los altares.

No sé si correspondería al tocomocho, al de la estampita o al nazareno pero de lo que no tengo duda es de que se trataría de un timo de los que hacen época. Lo que no acabo de asumir es la actuación de quienes aceptaron el timo como forma de relación con la monarquía.

Me refiero a quienes hoy apelan a que se “sentían obligados”. Entiendo que no es fácil decirle que no a quien dice representar a la Corona como le ocurrió al Villarreal pagando más de medio millón de euros por un informe de 13 páginas. Pero lo que me preocupa no es la entidad privada que decide aceptar el juego sino la administración pública que no tiene ninguna necesidad.

Que lo haga una empresa pequeña es comprensible. No tanto si se trata de grandes como Bancaja o el Valencia C.F. Ellos ni lo necesitan ni pueden excusar ahora el malgasto de dinero cuando han sido llevados entre algodones financieros vetados para el pobre particular que solo quiere comprar una casa o poner un negocio.

Para mí el problema no es Urdangarín o Correa. El problema es quien, desde la administración, aceptó pagar las cantidades desmesuradas de sus contratos. Ningún gestor público debería sentirse obligado a pagar a nadie. Solo a administrar como si fuera su propio bolsillo el que estuviera en juego. Si le intentan timar, ¿no lo confirma antes? Pues ¿por qué actuó igual con estos cobradores de impuestos revolucionarios?

El político no tiene más obediencia debida que gestionar con rigor, austeridad y transparencia. Su único patrón es la ciudadanía, no cualquier cobrador del frac. No solo es inmoral quien delinque sino quien mira hacia otro lado cuando ocurre. Y aquí muchos lo han hecho.