Con lo que le ha costado, no creo que lo deje tan fácilmente. Me refiero a Mariano Rajoy y a esa frase que coreaban ayer algunos manifestantes: “¡Mariano, Mariano, que no llegas al verano!”.
Me temo que sí llegará y no solo porque la huelga no va a hacer cambiar de posición a un gobierno convencido de estar haciendo lo correcto sino también porque el verano está a la vuelta de la esquina y en tan pocos meses es improbable que el clima social se deteriore tanto como para obligarle a renunciar.
Pero, además, hay una razón que, por mucho que enrabiete a sus enemigos, está ahí y justifica su permanencia: tiene una mayoría absoluta obtenida hace apenas unos meses. El problema es, como en época de Aznar, la diferencia entre la legitimidad de las Cortes y la voz de la calle.
El último periodo de Aznar pudimos escuchar constantemente la apelación a la voz del pueblo en las manifestaciones contra la guerra de Irak. Siendo válidas esas protestas –una servidora participó y lo haría ahora de nuevo- no pueden sustituir a los deseos ciudadanos que se evidencian en las urnas. Sobre todo, porque cuando el votante elige lo hace en secreto y con vocación de continuidad, en cambio una manifestación puede estar motivada por miles de razones ajenas a su verdadera finalidad.
Eso no significa que un dirigente ignore las protestas, sin duda, pero lo llamativo para mí es ver la forma diferente de otorgarle peso a éstas según quien gobierne. Cuando lo hacía el PSOE y la derecha se manifestaba, la izquierda reducía el impacto de la calle; cuando gobierna el PP y se cambian los papeles, reivindican la prioridad de esa voz por encima, incluso, de las que tienen otorgada la legitimidad por la Constitución.
Ayer escuché, cientos de veces, la apelación a que el derecho a la huelga es un derecho constitucional. Es cierto pero esa reivindicación se contradice con negar autoridad a la mayoría absoluta.