Desde que supe de los recortes en educación y copagos en sanidad, ando preocupada por el entorno rural. La vida en algunas zonas despobladas o del interior no tiene nada que ver con la de las grandes urbes. El problema es que a menudo vemos la realidad desde estas últimas y se nos olvidan las penurias que deben pasar quienes viven en una localidad apartada y con pocos habitantes.

En esas zonas, el colegio muchas veces es único, con suerte. La otra opción es que haya un centro en otro pueblo cercano al que deben desplazarse los alumnos.

Lo mismo puede decirse de la atención médica. El copago de ambulancias para servicios no urgentes, como la diálisis o la rehabilitación, es una carga para pacientes que no tengan un hijo o una sobrina con coche. ¿Tendrán que pagar por algo así, que no es un capricho ni un gasto prescindible?

Me preocupa porque es una situación de partida injusta, en la que resulta evidente la discriminación por lugar de nacimiento y vivienda.

Los niños que han de ir al pueblo de al lado o los enfermos que han de acudir al médico en otra localidad no están en las mismas condiciones que los que vivimos en grandes capitales. Nosotros, incluso, hace años que podemos escoger médico, en cambio ellos ya pueden darse con un canto en los dientes si son atendidos no demasiado lejos.

Por todo ello me alegró saber que la consellería no iba a aplicar la ratio de alumnos por aula en los centros escolares de zonas rurales. Es un alivio, pues de otro modo sería una invitación a la desaparición de centros y reducción de oportunidades no solo para los niños escolarizados sino también para esas localidades que aún sufrirían más la despoblación.

Ahora solo queda esperar una aplicación igual de sensata para los copagos sanitarios, habida cuenta de las dificultades que ya tienen algunos para recibir atención médica habitual. Lo contrario sería un factor de desigualdad inaceptable.

Enviado desde CV-12, 12165 Ares del Maestrat, España.